Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Colombia se ha convertido en un país atractivo para el dólar. Así lo evidencia el comportamiento de la tasa representativa del mercado (TRM) en los últimos ocho meses y medio. Desde que en noviembre 06 de 2022 alcanzó el precio más alto la divisa, con una tasa de 5.061,21 pesos, la moneda colombiana ha presentado un descenso cíclico que se mantiene hasta hoy y promete continuar. Al iniciar la última semana de julio de 2023, la TRM se ubica en el país en 3.971,38 pesos. Lo que representa una valorización del 20,14% en lo corrido del año. Un comportamiento, que puede ser leído —dependiendo del agente— como una buena señal para la economía, pues significa que cada día están llegando al país más dólares, y con ello se presiona a la baja el precio de la divisa. Fuente: Valora Analitik Este es un fenómeno tan visible en el mundo que en estos días se ha catalogado al peso colombiano (COP) como la moneda más fuerte del globo, en lo que va del 2023. Incluso por encima del peso mexicano, cuya valorización es del 16,53%, y de otras monedas de la región latinoamericana que, al igual que la colombiana, se han comportado de manera muy positiva. Para los economistas —que son expertos en leer estas variables disciplinares— este comportamiento de la tasa de cambio se debe a diversos factores externos e internos. Para los que ponen la mira en los factores externos, dicen que el principal responsable de esta caída en el precio de la divisa es la misma economía norteamericana. Las políticas macroeconómicas aplicadas por la Reserva Federal (FED) —de aumentar las tasas de interés buscando reducir los niveles de consumo y al mismo tiempo el aumento de la inflación— han llegado a su límite, reduciendo su atractivo para la inversión, lo que hace más cotizado las inversiones en economías como la nuestra. Luego de la pandemia y en medio de una recesión económica mundial, los inversionistas han buscado colocar sus recursos, primero, en activos sólidos, como los bonos del tesoro norteamericano, pero luego, en otras inversiones que tengan mayor rentabilidad en el futuro y que les ayude a diversificar la puesta de su riqueza. Convirtiendo a las economías emergentes —como las latinoamericanas— en un lugar tentador, que finalmente se ha convertido este año al país en una buena opción para la inversión. También la buena calificación de la economía colombiana por parte de organizaciones tan importantes como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha ayudado a poner a Colombia en la mira de las inversiones. Este organismo se ha encargado de evaluar y difundir el buen comportamiento del país en materia económica, como, por ejemplo, el buen manejo que le da el gobierno Petro al ajuste fiscal (Ver: Las felicitaciones del FMI al gobierno colombiano). Que, finalmente, lleva a que al país lo consideren un buen pagador y reduzca el riesgo-país. Por otro lado, aquellos que ponen la mirada en los factores internos, encuentran varias razones para explicar este fenómeno valorativo del peso. La primera de ellas es un cambio de postura frente al gobierno de Gustavo Petro. Pues, desde su elección el domingo 19 de junio de 2022, el precio de la divisa se aumentó hasta romper la barrera histórica de los 5.000 pesos, lo que se leyó como un aumento de la incertidumbre económica y un riesgo para la inversión. Los discursos del presidente causaron ruido que generó un efecto adverso en el mercado de la divisa. Sin embargo, la caída cíclica muestra que esta desconfianza se ha reducido —recordemos que el precio de la divisa, como la de todos los mercados, sube y baja constantemente, pero en el mediano plazo está presentando en Colombia un comportamiento a la baja, como se vio en la gráfica—. Los inversores pueden estar pensando que las reformas económicas y sociales representan poco riesgo para el capital extranjero. Lo mismo puede estar pasando con los anuncios de reducir las concesiones para la exploración de gas y petróleo. Está política de gobierno, que, según muchos, era el factor de mayor peso para el aumento del precio del dólar —pues se estaban en presencia de una fuga de capitales—, poco a poco se ha ido desvirtuando. Hoy, por el contrario, la propuesta de convertir al país en la “potencia mundial de la vida”, sustentado en la descarbonización de la economía y la protección del medio ambiente y los recursos naturales, se está convirtiendo en uno de los factores que impulsa la entrada de capitales al país. Estamos en la construcción de una economía sustentable y que ofrece poco riesgo en un mundo en el que caerá la demanda de hidrocarburos. Finalmente, hay otra serie de explicaciones como las decisiones del Banco de la República de elevar las tasas de interés, que están impulsando la llegada de capitales. O la del aumento de las remesas, que este año alcanzarán los 9.900 millones de dólares, presentando crecimientos históricos, que traen dólares que entran al mercado. Sea cual sea la explicación que más explique la caída del precio de la divisa, lo cierto es que esta conducta a la baja de la TRM del dólar tiene varios efectos positivos para el país. Tal vez el más importante es la reducción en la tasa de inflación, que ya lleva un par de meses mostrando señales positivas de control y reducción. De nuevo hay que poner la mira un par de años atrás y recordar que el aumento de la inflación en el país y la mayoría de las economías en el mundo se debió a un aumento del precio de los insumos para producir bienes y servicios finales —en especial, los insumos para la producción agropecuaria—. Situación que se vio agravada con un incremento del precio del dólar. Ahora la situación es otra, los insumos que seguimos importando para la producción de bienes y servicios en el país se compran en el exterior con un dólar más bajo. Teniendo que entregar menos pesos por estas compras externas, y, por tanto, presionando menos el precio interno de las mercancías que se venden en el mercado colombiano. En conclusión, nos encontramos en un momento favorable en términos de valorización del peso colombiano. Un comportamiento que representa un alivio para la economía interna y para la mayoría de los consumidores —que podrán comprar, según el DANE, más barato, pues el 38% de su canasta familiar es importada— y pagar sus deudas en dólares —incluso el Estado, a quien le rinde más el pago de la deuda externa—. Son una suma de factores los que hacen que el país se vea atractivo para el arribo de dólares. Una situación que, como dije, podría seguirse presentando en los próximos meses, debido a la mira externa en las economías emergentes y la apuesta por lo ambiental en la región suramericana (Ver: El cuidado de la Amazonía en el gobierno Petro), pero que también podría girar en cualquier momento, pues estamos frente a un mercado cambiante y volátil, que depende de la dinámica internacional, en el que cualquier ruido podría ahuyentar los inversores. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guardianes de la Transparencia Veeduría Soy Joven de Buenaventura Oficina Pares Pacífico En medio de un entorno marcado por la incertidumbre y la adversidad en Buenaventura, un grupo de jóvenes ha asumido la responsabilidad de proteger los bienes públicos y fomentar una cultura de transparencia. El Centro de Atención Integral para la Juventud (CAIJU) se ha convertido en el epicentro de esta lucha liderada por jóvenes comprometidos. Preocupados por la falta de espacios recreativos, los retrasos sistemáticos en las obras de infraestructura y equipamientos, sumado a la falta de apoyo institucional, esta ciudadanía vigilante ha emprendido una misión de veeduría para garantizar el éxito de esta obra, promover ejercicios de apropiación del espacio y evitar que se convierta en un elefante blanco más (Ver: Las juventudes de Buenaventura inician veeduría al CAIJU y La obra del CAIJU en Buenaventura: avanzan los procesos de veeduría). La reciente visita a las obras de remodelación ha generado inquietudes sobre posibles retrasos y deficiencias en áreas clave como las plazoletas culturales y la cancha. Aunque se destacan importantes avances en otros aspectos del proyecto, la entrega total y puntual del CAIJU sigue siendo una demanda prioritaria para estos jóvenes comprometidos con su comunidad. Veeduría y control ciudadano al CAIJU En el marco del programa Juntos por la Transparencia (JxT), el sábado 24 de junio se llevó a cabo la segunda visita a la obra del CAIJU, liderada por los Guardianes de la Transparencia, la Veeduría soy Joven de Buenaventura, en compañía de la sub-mesa de juventud del Comité del Paro Cívico, la Plataforma de Juventudes y la Oficina Pares Pacífico, socio local del programa JxT. El propósito de esta visita fue verificar los avances en la construcción y dotación del espacio, en línea con las actividades de veeduría que están llevando a cabo las organizaciones juveniles en la ciudad. Durante la visita se percibió una creciente preocupación por parte de los jóvenes debido a los retrasos en las obras. Especialmente, existe la urgencia de que el espacio esté completamente listo y entregado para agosto, cuando se tiene prevista la inauguración en la semana de la juventud, según los planes de la administración distrital. En este artículo se recopilan las percepciones de los veedores que han realizado este ejercicio de control ciudadano, destacando los avances significativos que se han logrado en la obra. Sin embargo, también se evidencia la preocupación por la terminación oportuna en las fechas previstas, así como por algunos aspectos pendientes que requieren atención. Visita de veedores al CAIJU. Foto: Pares Percepciones de la veeduría Durante la segunda visita, los Guardianes de la Transparencia expresaron su expectativa de encontrar avances significativos en la obra, en comparación con la primera visita realizada en mayo. Esperaban que los salones estuvieran completamente equipados y listos para su entrega. Sin embargo, el inspector de la Alcaldía, encargado de dirigir la visita, explicó que solo faltaba instalar ventanas, pintar puertas y colocar el equipamiento en una etapa posterior, una vez finalizadas todas las actividades de construcción, para evitar posibles daños. La Plataforma de Juventudes advierte que la obra está bajo una "contrarreloj" y existe incertidumbre acerca de su finalización al 100% para la fecha acordada de entrega. No obstante, se espera que la tercera visita, programada para el 24 de julio, muestre avances más significativos en aspectos como los baños, las plazoletas culturales, las rampas de acceso para personas con movilidad reducida, la cocina y los pisos. Por último, la principal preocupación de las tres organizaciones se centra en la cancha, ya que aún no se han iniciado los trabajos de adecuación. Según lo manifestado durante la visita, este espacio será intervenido al final. Esta situación genera inquietud, dado que el proyecto no contempla la instalación de una malla para cercar la cancha, como había sido planificado anteriormente, y su ejecución dependerá de un posible ajuste presupuestal o de una donación. Representante de la Alcaldía muestra a los y las visitantes los avances de la obra. Foto: Pares Avances Según el inspector de la Alcaldía encargado de liderar la visita de supervisión, la construcción de la obra se encuentra en un 70%, mientras que las compras para el equipamiento están en un 90% de avance. Entre los logros destacados se encuentra la instalación del sistema de acueducto en todas las áreas que lo requieren, así como la correcta implementación del sistema eléctrico. En cuanto a la infraestructura de la cocina y el comedor, se encuentran en su etapa final de construcción, aunque aún se encuentran en obra gris. El cuarto de vigilancia ha sido completamente construido, al igual que los salones, los cuales se encuentran en un 95% de avance. Los pilotes y las bases subterráneas para las plazas culturales ya han sido construidos, y se ha realizado la remoción total de los antiguos baños, además del cercado del CAIJU. Instalación de sistema eléctrico y lámparas. Foto: Pares Pendientes y compromisos para la tercera visita Durante la visita se identificaron varios aspectos pendientes en términos de construcción que generaron gran preocupación entre los veedores. Estos son los siguientes: · Las terrazas culturales aún se encuentran en estado inicial de construcción, faltando la instalación de las planchas y la creación de las rutas de acceso para personas con movilidad reducida. · Se debe encontrar y resolver un problema de humedad en uno de los salones. A pesar de los intentos previos de solucionarlo, se realizó una intervención en el lugar y se debe verificar si esta acción ha subsanado el problema, ya que no se tiene certeza al respecto. · Es necesario instalar las unidades sanitarias y completar el trabajo de acabado en los baños. · Se requiere reparar los pisos del pasillo, habiéndose iniciado recientemente la remoción parcial del piso anterior. · Se deben instalar las tapas del desagüe que ya han sido intervenidas. · En los salones se deben instalar las ventanas, habilitar el sistema eléctrico, pintar las puertas, aplicar la última capa de pintura en las paredes y colocar el mobiliario necesario. · Se debe llevar a cabo la remodelación de la cancha y la recuperación de la cubierta. · Se planea adquirir e instalar un lavaplatos industrial para la cocina, así como llevar a cabo los trabajos de acabado correspondientes. Avance de las terrazas contratadas para el CAIJU. Foto: Pares Conclusiones Las principales preocupaciones de los veedores se centran en los retrasos percibidos en las plazoletas culturales y la cancha. Durante la segunda visita se esperaba un avance significativo en estos dos espacios. Sin embargo, se constató que las plazoletas aún están en proceso de remoción y construcción de pilares, mientras que la remodelación de la cancha no ha comenzado. Esto ha generado la percepción de que no estarán listos para la fecha acordada. No obstante, es importante destacar que el inspector aseguró que sí se cumplirá el plazo, ya que las etapas más complicadas de las plazoletas ya han sido completadas y la adecuación de la cancha es un proceso más sencillo. Además, se debe tener en cuenta que los veedores no son expertos en construcción, lo que dificulta determinar si el retraso evidenciado resultará en un incumplimiento definitivo. Por lo tanto, se espera que en la tercera visita, programada para el 24 de julio, se observe un avance significativo en estas dos áreas. En cuanto a los demás espacios del CAIJU, se ha observado un avance sustancial, especialmente en los salones, donde solo faltan algunos detalles que solo pueden ser finalizados una vez se haya completado la construcción en su totalidad. Los veedores esperan la entrega del 100% del CAIJU para la inauguración de la semana de la juventud y han dejado en claro que no aceptarán una recepción parcial de la obra. El compromiso es que se cumpla íntegramente con lo proyectado en el contrato.

Por: Katerin Erazo, Periodista En la tarde del pasado miércoles 12 de julio, el presidente Gustavo Petro firmó la resolución 205 de 2023, ratificando el equipo negociador del Gobierno Nacional para la reanudación de los diálogos de paz con el Estado Mayor Central de las FARC. Tras la suspensión de la negociación en mayo, debido al asesinato de cuatro menores indígenas que habían huido de las filas del frente Carolina Ramírez en Putumayo, las conversaciones entre el Gobierno y la disidencia autodenominada Estado Mayor Central, liderada por “Iván Mordisco”, retoman su curso. La delegación oficial, compuesta por once integrantes, representa una variedad de perspectivas y conocimientos para abordar los desafíos y tensiones que enfrenta Colombia en esta etapa crucial de la búsqueda de la Paz Total. A continuación, presentamos un breve perfil de los delegados del Gobierno, que podría ampliarse o variar un poco según información de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz: Camilo González Posso: director de Indepaz, su experiencia en temas de paz y conflicto lo convierte en un miembro clave del equipo negociador. Será el “coordinador de los representantes del Gobierno” para participar en la fase preliminar de alistamiento y en la mesa de diálogos que está próxima a instalarse. Fabio Valencia Cossio: exministro del Interior y de Justicia durante el gobierno de Álvaro Uribe, aportará su conocimiento en políticas gubernamentales y seguridad. Valencia también fue embajador, congresista y ya fue negociador con la extinta guerrilla de las FARC cuando se dieron los diálogos en el Caguán. Feliciano Valencia: exsenador de la República y exdirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), representará a las comunidades indígenas en la mesa de diálogo. Luz Dary Landázury Segura: lideresa social de Tumaco (Nariño) y víctima de las antiguas FARC en 2012, dará voz a las mujeres y las negritudes afectadas por las disidencias. Carlos Murgas Guerrero: empresario palmero y exministro de agricultura durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango. Óscar Salazar: coordinador del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PSUOC) en Cauca, aportará su experiencia sobre la violencia y las apuestas de paz en esa región. Pedro José Arenas García: cofundador de la Corporación VisoMutop y conocedor de las dinámicas de la guerra en San José del Guaviare. Yezid Arteta Dávila: excomandante del Frente 29 de las extintas FARC, se destaca por su papel en los procesos de pacificación en las cárceles del país. Gloria Quiceno Acevedo: exintegrante del M-19 y antigua directora del proyecto de reinserción, aportará su visión sobre procesos de paz anteriores. Darío Fajardo: exviceministro de Desarrollo Rural, será un consultor en temas de derechos humanos y desplazamiento. Coronel Genny Calvo Olmos: exdirectora de la Escuela de Capacitación de la Policía Nacional, brindará su experiencia en el ámbito de la seguridad. Coronel Luis Novoa: comisionado para los derechos humanos de la Policía, contribuirá con su perspectiva institucional. Asimismo, el Gobierno designó a Germán David Rodríguez, asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), como miembro del personal de apoyo en la fase preliminar de los diálogos, incluyendo la instalación de la mesa. Por otro lado, el Ejecutivo reconoció a los miembros de la delegación del grupo residual al mando de “Iván Mordisco”. Entre ellos se encuentran Luis Carlos Pinilla Cortez, Renzo Alirio Martínez, Robinson de Jesús González, Ramiro Pinzón Novoa y Walter Freddy Ruiz Montaño, cuyas órdenes de captura fueron suspendidas durante 30 días más. Además, con la resolución 197 se reconoció a Carlos Eduardo García, alias “Andrey Avendaño”, como el sexto miembro de la delegación de esa estructura ilegal en las conversaciones de paz, teniendo en cuenta que Avendaño es con quien ha tenido un mayor acercamiento el Alto Comisionado de Paz. La reanudación de la mesa de diálogo con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC representa una oportunidad crucial para abordar los desafíos de la paz en el país y buscar soluciones a la persistente violencia que afecta a ciertas regiones. Según Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), es fundamental considerar el papel de las delegaciones del grupo armado. Aunque no conocemos a fondo los perfiles de los voceros del Estado Mayor Central, Valencia mencionó que se espera que estos tengan una injerencia directa sobre sus subalternos. Al ser comandantes, se espera que tengan la capacidad de enviar mensajes unificados a sus tropas, logrando cohesionar el discurso desde la comandancia. De esta manera, se buscaría una unificación de mando y una coherencia en torno al propósito de las negociaciones con el Gobierno. Esto sería importante para mitigar las acciones violentas contra la población civil y evitar que haya facciones dispersas del discurso central. Lo que se esperaría con este diálogo es que haya una unificación de mando; que haya una unidad en torno al propósito de lo que se está negociando en las mesas de diálogo con el Gobierno; que no haya facciones que estén un poco dispersas de ese discurso y que se lleve a cabo el propósito principal que es acabar con las acciones violentas contra la población civil. Mauricio Valencia también señaló que las mesas de diálogo podrían enfrentar retos significativos. Un reto fundamental para este diálogo de paz es frenar el cese de hostilidades contra la población civil y lograr una implementación efectiva del mecanismo de verificación y monitoreo. Aunque se han dado algunos lineamientos y se cuenta con la presencia de actores internacionales, como la OEA y la misión de apoyo al proceso de paz, es necesario formalizar los protocolos para rastrear y sancionar las acciones violatorias de derechos humanos en el marco del cese bilateral. Otro reto que se deberá trabajar en esta mesa de diálogo es el reclutamiento, que ha aumentado en los últimos meses y contribuyó a una ruptura parcial del cese con el Estado Mayor Central, el pasado mes de mayo, tras el asesinato de cuatro menores que intentaban huir del grupo armado. Además, la simultaneidad de combates entre el Estado Mayor Central, el ELN y la Segunda Marquetalia agrega complejidad a la situación. Por esta razón, Mauricio Valencia considera de gran importancia superar estos desafíos para avanzar hacia una paz duradera y mejorar la situación en las regiones afectadas por el conflicto armado. La reanudación de los diálogos de paz también genera grandes expectativas sobre lo que se negociará en términos de beneficios jurídicos para los integrantes del Estado Mayor Central. Es importante tener en cuenta que esta negociación no es de carácter socio-jurídico, sino principalmente política, ya que busca reconocimiento político otorgado por el Gobierno. Esto crea mucha expectativa acerca del mecanismo bajo el cual serán juzgados, es decir, si se contemplarán los mecanismos de justicia transicional establecidos en el Acuerdo de Paz con las FARC. Sin embargo, esto parece poco probable debido a que el Estado Mayor Central nunca se suscribió a dicho acuerdo, ya que estaban en desacuerdo con los términos y buscaban transformaciones sociales más explícitas. A pesar de las dificultades y complejidades involucradas, este escenario no debe ser descartado y debe seguir siendo objeto de discusión. Se plantea la posibilidad de contemplar un nuevo mecanismo de justicia transicional, lo cual también sería complicado desde el punto de vista burocrático, ya que implicaría duplicar ciertas acciones desde la institucionalidad. Tanto si se elige el mecanismo de justicia transicional de la JEP o los mecanismos del Acuerdo de Paz, o si se crean unos nuevos, la complejidad persistirá.

Por: Juan Alejandro Pérez Montañez, Asistente de Investigación. Este 20 de julio de 2023 inició la segunda legislatura del Congreso 2022-2026. En la instalación, Gustavo Petro dio un discurso de más de hora y media en el que tocó diferentes temas, pasando por cambio climático hasta lucha contra las drogas. Después vino la réplica de la oposición, réplica que el presidente de la República se quedó a escuchar, en ese espacio intervinieron: María Fernanda Cabal, por el Centro Democrático; Erika Sánchez, por Liga Gobernantes Anticorrupción; Marelen Castillo, por la silla del Estatuto de la Oposición; Daniel Carvalho, por Verde Oxígeno; y David Luna, por Cambio Radical. Después de las intervenciones vinieron las elecciones de las mesas directivas de Senado y Cámara para la legislatura 2023-2024. En Cámara, el Partido Liberal, de manera unánime, decidió postular a Andrés Calle, cercano al Gobierno Nacional, como su candidato a la presidencia de dicha corporación. Esto dejó inconforme al candidato más cercano a César Gaviria, Julián Peinado, quien acusó al ejecutivo de romper la separación de poderes. Aun así, Calle fue elegido como presidente de la Cámara con 179 votos. Por su parte la elección del presidente de Senado estuvo marcada por la disputa interna en el Partido Alianza Verde, que terminó teniendo dos candidatos, Angélica Lozano e Iván Name. Name, lejano al Gobierno, fue elegido como presidente del Senado con 54 votos contra los 50 que obtuvo Lozano. Presidente de la Cámara: Andrés Calle Aguas Andrés Calle Aguas es abogado y politólogo de la Pontificia Universidad Bolivariana. Calle Aguas es hijo de Gabriel Calle Demoya, exalcalde de Montelíbano, Córdoba, entre 2012 y 2015, y quien espera el 29 de octubre de 2023 ser elegido de nuevo en la máxima dignidad de dicho municipio. Calle Demoya ha sido investigado por presuntos hechos de corrupción denunciados por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), pues su administración habría estado relacionada con irregularidades en varios convenios interadministrativos firmados entre el municipio de Montelíbano y la empresa de economía mixta Jaguazul S.A. En el 2019, la Fiscalía imputó a Gabriel Calle Demoya por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. Por su parte, Calle Aguas inició su carrera política de la mano del liberal Fabio Amín, en el 2018 fue su fórmula para la Cámara de Representantes en Córdoba. Calle Aguas fue elegido con 52.213 votos. En las elecciones a Congreso del 2022 fue reelegido con más de 72 mil votos. Calle Aguas tiene gran parte de su capital político en Montelíbano y hace parte del clan político que lidera su padre, el clan Calle. Presidente del Senado: Iván Leónidas Name Iván Name es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Name inició su carrera política en el Partido Liberal. Por este partido en 1980 fue elegido diputado por Cundinamarca. Entre 1982 y 1986 estuvo en la Cámara de Representantes por Cundinamarca. En 1991 fue elegido representante a la Cámara por Bogotá, cargo que ocupó hasta 1994. Buscó sin éxito su reelección para el periodo 1994-1998. Por ello, en 1994 se lanzó al Concejo de Bogotá, cargo que ocupó hasta 1997. Después no se volvió a lanzar a esta corporación, pero le heredó su caudal político para el Concejo de la capital a su hermano Darío Name​ (1998-2000) y a su esposa María Clara Ramírez (2001-2007). En 2007 volvió a la política, se lanzó sin éxito de nuevo al Concejo de Bogotá. Name, que venía de la vieja política liberal, se camufló en la ola verde que lanzó a Antanas Mockus a la presidencia de Colombia en el 2010. Por medio de la fuerza alternativa liderada por Mockus logró ser elegido senador por el Partido Verde para el periodo 2010-2014. Desde ese entonces ha sido reelegido por el Partido Alianza Verde para los periodos 2014-2018, 2018-2022 y 2022-2026. Name, entre 1997 y 2007, años que estuvo lejos de la política, según Cuestión Pública, formó un imperio inmobiliario por medio de la empresa San Leonidas SCS, creada en 1999. Además, junto a su primo José David Name, senador por el Partido de la U, fue accionista en el Grupo de Consultores Asociados (GCA). En sus años como senador, Iván Name, según este portal investigativo, ha legislado bajo interés propio temas relacionados con impuesto predial y avaluó catastral, temas con los cuales sus empresas tienen relación directa. ¿Qué significa la elección de Calle y Name para el Gobierno Nacional? La elección de Andrés Calle como presidente de la Cámara significó una victoria para Gustavo Petro contra César Gaviria al interior del Partido Liberal. Recordemos que Calle es muy cercano al Pacto Histórico, incluso su hermano, Gabriel Calle, aspirante a la Gobernación de Córdoba, recibiría el apoyo de esta coalición en su aspiración. Con Calle, Petro se asegura en Cámara un margen de maniobra para que sus reformas puedan pasar, pues Calle, político de origen tradicional, como se evidenció en su propia elección como presidente de Cámara, pues estaba acompañado por Milena Flórez (esposa del condenado por parapolítica y siempre cuestionado Musa Besaile), tiende puentes con partidos tradicionales. Todo lo contrario sucedió con la elección de Iván Name como presidente del Senado. Name, como mostró en sus discursos de postulación y de posesión, no será un presidente afín al Gobierno Nacional. De hecho, llegó a dicha presidencia con apoyo de los partidos tradicionales, venciendo a la candidata del ejecutivo que era Angélica Lozano. Name será sin duda alguna una piedra en el zapato para Gustavo Petro y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que suma una nueva derrota en el legislativo con la elección de Name. La elección de Name, político tradicional camuflado en el sector progresista, muestra una vez más que el Gobierno no tiene mayorías en Senado, pues Name fue elegido con casi el 52% de votos totales, los cuales fueron de la oposición, que son el Partido Centro Democrático y Cambio Radical, al igual que con votos de partidos independientes como La U, Conservador, Colombia Justa Libres y MIRA, además de unos cuantos votos seguramente de senadores liberales. Mientras que Lozano apenas alcanzó casi el 48%, porcentaje con el que cuenta la bancada de gobierno. Estos votos evidencian lo difícil que será pasar las reformas como salud, pensión, a la educación, laboral, servicios públicos y cannabis, la cual en la legislatura pasada Name votó negativo. Además de que nuevamente habrá elección de Contralor General de la República, proceso que liderará Name. La gran conclusión que se puede sacar de estas elecciones es que el Gobierno tiene margen de maniobra en Cámara con la llegada de Andrés Calle, pero en Senado con la llegada de Name hay una incertidumbre total. El apoyo de Name se cotiza al alza y su poder ahora en el Congreso es un problema para el Gobierno y sus reformas. Problema que deberá solucionar Luis Fernando Velasco, el cual salió ayer del recinto solo y cabizbajo, y que además desde su llegada arrastra derrota tras derrota.

Por: Katerin Erazo, Periodista En un importante paso hacia la paz urbana en el distrito portuario de Buenaventura, el pasado martes 18 de julio se instaló la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y las bandas criminales “Shottas” y “Espartanos”. El evento tuvo lugar en la casa cural de encuentros Bagno Regio y fue liderado por miembros de la Iglesia Católica y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), bajo la dirección de Danilo Rueda. A la reunión también asistieron representantes de organizaciones sociales, gremios económicos y víctimas del conflicto urbano, quienes formarán parte activa de este espacio de conversación. Según el comunicado oficial del Gobierno Nacional, esta nueva fase del proceso de paz urbana fue posible después de superar un primer período de acercamiento y generación de confianza entre las dos estructuras criminales. Este proceso está enmarcado en la Ley 2272 de 2022, la cual establece a la “Paz Total” como una política de Estado. Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz, resaltó que estos diálogos “sociojurídicos” contarán con testigos internacionales y mecanismos de verificación para garantizar su validez y transparencia. Rueda también anunció que las reuniones con los representantes de las bandas tendrán lugar semanalmente, mientras que los diálogos con la ciudadanía serán constantes. Uno de los principales objetivos de esta mesa de diálogo es que los “Shottas” y los “Espartanos” adquieran compromisos con la comunidad de Buenaventura. “Vamos a tener varios espacios de interlocución: uno con quienes están privados de la libertad o han pertenecido a estas estructuras armadas, otro con los voceros delegados por ellos que viven en Buenaventura, y otro espacio diferenciado de interacción y diálogo permanente con los ciudadanos de Buenaventura”, declaró Rueda. El fin de la mesa de diálogo es la erradicación de la violencia entre estas organizaciones criminales, aunque, por el momento, no se ha establecido una pausa de las hostilidades. “La expectativa es crear un escenario donde los habitantes de Buenaventura vivan en dignidad y parte de esa dignidad es vivir libres de zozobras, sin el temor a ser violentados, sin fronteras invisibles, donde los niños y jóvenes tengan esperanza de vivir”, añadió Rueda. Según Dennis Huffington, investigador territorial de la Oficina Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la actual etapa del proceso de paz en Buenaventura llega en un momento oportuno. Esto se debe a que se ha registrado una crisis en los últimos tres meses, durante la cual se temía que el proceso de Paz Total en la ciudad fracasara. Se creía que esto podría desencadenar nuevamente enfrentamientos armados en los diferentes barrios de las comunas. Afortunadamente, esta etapa, según Huffington, es una muestra o señal de que el proceso sigue en marcha y que existen intenciones por parte de los grupos y voceros de las bandas para continuar con el proceso. Esto brinda esperanza a la ciudadanía que, con gran anhelo, esperaba conocer el destino de este proceso. La instalación de esta mesa de diálogo ocurre en medio de un contexto de violencia en diversas partes del distrito, especialmente en las comunas alejadas del centro y la zona portuaria. La tregua anunciada a finales de 2022 se ha visto amenazada por rencillas internas entre algunos de los integrantes de los “Shottas” y los “Espartanos”, así como por la presencia de otros actores ilegales que buscan controlar las rentas ilícitas de estas dos estructuras. Cabe destacar que, de acuerdo con monseñor Rubén Darío Jaramillo, uno de los intermediarios en el proceso, estas estructuras no llegaron a la mesa con acuerdos definidos, pero se espera que las medidas a tomar sean discutidas en el espacio sociojurídico. Entre los pedidos de las bandas se encuentra la aprobación en el Congreso de la ley de sometimiento a la justicia, la cual será presentada en la segunda legislatura que iniciará a partir de este jueves 20 de julio, según el ministro de Justicia, Néstor Osuna. El proceso de sujeción y reincorporación de los miembros de ambas bandas a la sociedad civil será objeto de discusión en el Congreso, donde los legisladores contarán con información actualizada del avance de los diálogos. Según Dennis Huffington, en esta etapa del proceso de paz en Buenaventura se espera la instalación de la mesa sociojurídica y se albergan diversas expectativas. En primer lugar, se busca reducir la violencia armada en la ciudad, deteniendo los homicidios selectivos y los enfrentamientos, especialmente en las comunas 10 y 12. Asimismo, se espera garantizar la seguridad de los líderes y lideresas de la ciudad, poniendo fin a las amenazas y extorsiones dirigidas a sectores vulnerables como las platoneras, los pescadores y los pequeños comerciantes o como los tenderos de barrios. Esta solicitud fue directamente transmitida por el Comisionado de Paz a los voceros del grupo y se espera que sea bien acogida como una muestra de voluntad para construir la paz en Buenaventura. Otro objetivo importante de esta mesa es identificar las causas subyacentes de la violencia y diseñar estrategias efectivas para combatirlas. El propósito es evitar que nuevos grupos armados ocupen el espacio que dejarían estos grupos en caso de que el proceso de Paz Total con ellos culmine exitosamente. Para lograr estos objetivos, el investigador de Pares mencionó que es fundamental la participación activa de la ciudadanía, la cual debe ser escuchada y apoyar el proceso de paz para fortalecerlo frente a posibles crisis causadas por diferencias entre los grupos armados. Además, Huffington destacó que se espera avanzar en la aprobación de una ley de sometimiento en el Congreso de la República, lo que permitiría establecer una ruta jurídica para el sometimiento de los integrantes de estos grupos armados. En este sentido, el consenso entre el Gobierno y la oposición sería ideal para avanzar de manera efectiva. Dennis Huffington añadió que ya se han percibido resultados positivos desde que se anunció la realización de esta mesa de paz tras la visita del presidente y la vicepresidenta a la región, ya que ha habido una disminución significativa en los enfrentamientos armados entre los grupos y en los homicidios selectivos. Si esta fase sigue el mismo rumbo, se espera que contribuya a desescalar la violencia y la guerra en Buenaventura, mejorando la seguridad y el bienestar de la comunidad en general. Actualmente, alrededor de 1.700 jóvenes forman parte de las estructuras de los “Shottas” y los “Espartanos”, tanto en zonas urbanas como rurales de Buenaventura. Con la instalación de este espacio de conversación sociojurídica, el Gobierno Nacional busca reducir la violencia armada en el municipio y lograr una transición hacia el Estado Social de Derecho, garantizando la participación de los diferentes sectores sociales y económicos de la ciudad en la construcción de paz. El proceso, que también cuenta con el apoyo de la Misión de Verificación de la ONU y la MAPP-OEA, representa un paso significativo hacia la anhelada paz en Buenaventura y refleja la voluntad y esperanza de toda la sociedad en la construcción de un futuro más seguro.

Por: Dennis Arley Huffington, Investigador Territorial Oficina Pares Pacífico El 18 de julio se instaló en Buenaventura el “espacio de conversación sociojurídica para la construcción de paz urbana en Buenaventura” entre el Gobierno Nacional y los voceros de los “Shottas” y “Espartanos”, que da inicio a la segunda etapa del proceso de diálogo que busca el sometimiento colectivo a la justicia de los integrantes de estos dos grupos armados de alto impacto que controlan el casco urbano de la ciudad y que desde finales del año 2020 se disputan el control territorial, lo que llevó a Buenaventura a estar entre las ciudades más violentas del mundo durante 2021. El espacio estuvo acompañado por organizaciones de la sociedad civil, la Gobernación del Valle a través de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación, las alcaldías de Buenaventura y Cali, la comunidad internacional a través de la ONU y MAPP OEA, los delegados de presidencia, y fue presidido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Iglesia Católica en cabeza de Monseñor Rubén Darío Jaramillo. ¿En qué consiste la mesa sociojurídica? Durante la primera etapa que fue de acercamiento y exploración hubo diversas dificultades, como la reactivación de los enfrentamientos armados y homicidios en algunas comunas de la ciudad (10, 11 y 12) durante los tres últimos meses y el hundimiento del proyecto de ley de sometimiento en el Congreso de la República. A pesar de esto, y de acuerdo a lo expresado por el Alto Comisionado durante el evento, hubo alrededor de 14 reuniones privadas con los voceros de estos grupos que permitieron avanzar a esta segunda etapa del proceso de conversación sociojurídica. El espacio será una herramienta de diálogo sobre asuntos temáticos para elaborar la hoja de ruta para el desmantelamiento de estas estructuras armadas de alto impacto, desvinculación de los menores y desarme e implementación de los programas de gobierno aprobados en el PND que permita consolidar la construcción de paz urbana en Buenaventura en el marco de la Ley 2272 de 2022. La mesa estará integrada por los voceros de los “Shottas” y “Espartanos”, la Oficina del Alto Comisionado de Paz, la Iglesia Católica y los delegados del Gobierno que fueron anunciado durante el evento y representan diversos sectores de la ciudad. En cuanto a estos últimos se conocieron los nombres, entre ellos destacan los de Alexander López, quien hasta hace poco fungió como presidente del Senado; el representante a la cámara por el Valle del Cauca Alejandro Ocampo; Miladys Garcés Arboleda, presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura; y Lucila Martínez Montaño, actual concejala de Buenaventura por el Partido Liberal. A los mencionados se les suman Víctor Julio Gonzáles Riascos, director ejecutivo del Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura; Luis Guillermo Pérez, superintendente de Subsidio Familiar; Joaquín Garzón, docente de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá; Jesús Alfonso Flórez López, decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Occidente; y William Mina, defensor de los derechos humanos en representación de las organizaciones sociales de Buenaventura. Las voces de los participantes “La comunidad internacional está con ustedes”, fue el contundente mensaje que expresó Daniel Lux, el delegado de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, dirigido al pueblo de Buenaventura y el proceso de paz. Y es que como se mencionó al inicio, el evento contó con el acompañamiento de diversos sectores de la sociedad civil y organismos internacionales, quienes manifestaron de manera tajante el respaldo y acompañamiento en esta segunda etapa. La Misión de Verificación también manifestó que la construcción de paz urbana en Buenaventura “debe ser un proceso de ciudad”, a la vez que reconocieron los pasos que vienen dando los grupos armados, las víctimas y el Gobierno Nacional en la búsqueda de la paz, para la cual se debe tender un puente entre lo rural y lo urbano. Desde la MAPP OEA se hizo el llamado a los delegados del Gobierno y voceros de las estructuras armadas a “escuchar a las comunidades y hacerlos partícipes”. A su vez, le pidieron a la ciudadanía que rodeara el proceso que se viene implementando para fortalecer y proteger la construcción de la paz en la ciudad. Diferentes actores acompañaron la instalación de la mesa. Foto: Pares De parte de las estructuras armadas ilegales fueron Jimmy García Rivas como vocero de los “Shottas” y Felix Orlando Luna como vocero de los “Espartanos”, quienes reafirmaron públicamente la intención que tienen los integrantes de los grupos de reincorporarse a la sociedad civil y desarticular sus estructuras armadas. “Sigamos adelante con la paz entre todos”, fue el mensaje que dejó Felix Luna al final de su intervención. Finalmente, fueron la Alcaldía de Buenaventura, la Gobernación del Valle y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz quienes se expresaron desde la institucionalidad. El alcalde Víctor Vidal hizo el llamado a confiar más en el proceso que se viene adelantando, reconoció las dificultades suscitadas que han generado lamentables tragedias como la masacre en la comuna 6 o la muerte de la niña de 7 años Kimberly Quiñonez por una bala perdida, pero que son estos hechos los que deben motivar a la comunidad a continuar en la búsqueda de la paz para evitar que los niños, niñas y jóvenes sigan siendo víctimas de la guerra. Mientras que desde la Secretaría de Paz de la Gobernación se manifestó la intención de acompañar el espacio de conversación. Por su parte, el alto comisionado Danilo Rueda manifestó que “este proceso requiere que el pueblo de Buenaventura lo proteja”, sin embargo, reconoce que el principal obstáculo para que esto ocurra es que la población civil siga siendo víctima de los grupos armados, por ende, les hizo una solicitud explícita a los “Shottas” y “Espartanos” de dar otra muestra de compromiso con la construcción de paz rompiendo nuevamente las fronteras invisibles, dejar de hacer uso de la violencia ante los desacuerdos que se presenten entre ellos y parar las extorsiones inicialmente a por lo menos a las 1.100 platoneras y pequeños comerciantes de la ciudad. Lo que se espera Durante la instalación del espacio ocurrieron en simultáneo tres homicidios en la ciudad, a lo que la oficina del Alto Comisionado respondió con un comunicado aclarando que uno de ellos no tenía relación con los grupos armados y los otros dos, que ocurrieron en la Ciudadela San Antonio, fueron producto de una riña. Esta rápida respuesta son los primeros resultados que evidencian una comunicación asertiva e inmediata ante los hechos que puedan perturbar y poner en entredicho el proceso. De esta segunda etapa en las mesas se espera que haya una reducción de la violencia armada en la ciudad, garantías de seguridad para los líderes y lideresas sociales, identificar las causas de la violencia en Buenaventura y diseñar estrategias para combatirlas y para evitar el resurgimiento de la misma a través de nuevos grupos armados. Para ello se requiere de la participación activa y armónica de la ciudadanía, a lo cual se hizo énfasis desde diferentes sectores que acompañaron la jornada. Esto significa que a corto plazo haya nuevamente una disminución sustancial de los enfrentamientos y los homicidios selectivos en la ciudad, teniendo en cuenta que no todos los homicidios que se registran están relacionados con la disputa criminal entre estos dos grupos. Se espera una respuesta positiva ante la solicitud del Comisionado con respecto a las extorsiones. Se requiere recuperar la economía local para combatir la pobreza y el hambre, parte de ello pasa por parar las extorsiones a pequeños comercios y evitar que se continúen cerrando los establecimientos, ahí son clave los delegados de Gobierno que representan al sector privado. También, que se diseñe e implemente una estrategia de comunicación para informar a las comunidades sobre los avances durante esta segunda etapa, junto a ello una mayor articulación con la ciudadanía que resulte en un respaldo por parte de la misma al proceso. Finalmente, y la de mayor dificultad, que se avance y apruebe la ley de sometimiento. Para esta nueva legislatura ya se conoce que se presentarán ante el Congreso de la República dos proyectos de ley, uno por parte del Gobierno que retoma los puntos y alcances ya presentados, y otro de la oposición. Lo que se requiere es que las partes logren llegar a un consenso para contar con los términos de sujeción a la justicia y reincorporación de los integrantes de los grupos, evitar nuevamente la dilatación del proceso para que este salga avante, pues la paz de Buenaventura requiere de la voluntad y el compromiso de todos los sectores políticos del país.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda La Secretaría de Trasparencia de la Presidencia de la República dio a conocer lo que todos los colombianos advertidos sabíamos: que la impunidad es la cara reinante de la justicia en nuestro país. El informe revelado precisa, con respecto a denuncias contra la corrupción administrativa, que “hay en total 57.582, entre los años 2010 y 2023, de las cuales el 93,99% no tienen condena; el 89,7% sin captura, y el 77,15% están en indagación”. Unas cifras que en una sociedad elementalmente cívica desenvolverían sentimientos de fracaso y vergüenza; pero principalmente de rabia e impotencia. Pese a ello, pareciera que estamos acostumbrados a consentirlo así, aunque la impunidad sea la prueba máxima de que un Estado pasa por un momento político de barbarie. El derecho a cometer delitos –como el derecho de pernada en la Edad Media– es un asunto tan degradante como en desuso. En el presente, en los regímenes políticos limpiamente democráticos, la impunidad ha sido desmontada de los sistemas de derecho positivo (el conjunto de normas jurídicas escritas) y ya ni siquiera se le comprende como una licenciosa interpretación de la justicia, sino como la ausencia de ésta. La impunidad –que es resultado de un acto delincuencial llevado a cabo por quienes administran la justicia– siempre pareciera ocurrir por cuenta absoluta de la omisión o la acción de funcionarios judiciales (por culpa de los magistrados de la corporaciones judiciales, de los jueces de la república y especialmente por culpa de los fiscales, pues estos constituyen el resorte de la investigación). No obstante, abiertamente se tiene por cierto que la mayoría de las veces estas acciones u omisiones delictuosas, en una suerte de concierto para delinquir, van por cuenta de algunos poderosos –por cuenta de gobernantes o de personas injustamente privilegiadas– que se han apropiado del poder político, de las armas y de las instituciones del Estado. Cuando eso ocurre, cuando la rama ejecutiva maneja a su antojo la rama judicial o, lo que es peor, cuando lo hacen fuerzas oscuras que le sobreviven a gobiernos corruptos anteriores; entonces comienza la degradación de la democracia y en consecuencia –eso ya lo hemos vivido en Colombia– se desata un festín criminal contra la población y se validan –ética, moral y legalmente– las violaciones a los derechos humanos. En Colombia la impunidad no es nada nuevo, siempre hemos escuchado, por ejemplo, que la justicia es para los de ruana, aludiendo precisamente a la falta de juzgamientos y castigos, a las conductas antijurídicas realizadas por miembros de una aristocracia criolla conformada por familias que, tradicional y consanguíneamente, han detentado el poder. Y, por supuesto, la justicia tampoco es para los hechos punibles cometidos por los émulos de estos círculos sociales –los miembros de los clanes políticos y de las bandas criminales– y, al parecer, la justicia se cubre los ojos para ignorar los delitos cometidos por la autodenominada “gente de bien”; es decir, por ricos ambiciosos. En consecuencia, buena parte de la ciudadanía confunde la impunidad con la inimputabilidad; piensan que la impunidad es un escudo natural de algunas personas por su condición de especiales, más allá de estar desprovistos de madurez sicológica –como los niños– y más allá de ser personas adultas fuera de sus cabales. En efecto, a la impunidad la confunden con la inimputabilidad que en materia penal ha sido concebida estrictamente para aquellas personas que no pueden comprender la ilicitud de su conducta. Son tan diferentes la impunidad y la inimputabilidad, que a los impunes no se les aplica la justicia en ninguna proporción, mientras que a los inimputables se les imponen medidas de seguridad (de corriente son recluidos en centros especializados de curación y rehabilitación). En el peor de los casos, a la impunidad la confunden incluso con la inmunidad, creyendo que esta es un derecho de los poderosos, de esos sujetos ordinarios a quienes el pueblo teme o venera: me refiero a los gobernantes, a los parlamentarios, a los altos mandos del ejército y de la policía, y me refiero a los jerarcas de la iglesia y a los grandes capos de la droga. Distinta a la inmunidad y a la inimputabilidad, la impunidad es una sola cosa: una estrategia anómala usada por un sujeto para evitar ser judicializado. Una estrategia cuya existencia está condicionada por el querer de los administradores de la misma justicia, bien sea presionada por un gobernante sin escrúpulos o por togados que la venden al mejor postor (el cartel de la toga es prueba palmaria). Pero, ¿a quiénes venden la impunidad? Casi siempre a políticos con nexos con la delincuencia organizada; no en vano a la impunidad se le relaciona con la existencia de un sistema político corrupto, con un grupo social –léase también delincuencial– con la suficiente riqueza para corromper y debilitar al sistema de justicia. Con todo, aunque lo ideal sea que en una sociedad ningún ciudadano tenga que ser juzgado y recibir castigos, la realidad es que no hacerlo tras la comisión de un hecho delictivo produce esencialmente estas precisas consecuencias: primero, se pierde la reparación a las víctimas; segundo, no se corrige la conducta del delincuente –lo que se consigue en las cárceles, cuya función es la rehabilitación de los condenados– y, tercero, no aprende la sociedad, perdiéndose el carácter teleológico del derecho[1]. [1]Fuente: "Impunidad". Autor: Equipo editorial, Etecé. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: https://concepto.de/impunidad/. Última edición: 5 de agosto de 2021. En: https://concepto.de/impunidad/#ixzz87jpnygsw *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista, investigadora Pares En medio del ciclo electoral, la ciudad de Buenaventura enfrenta a una grave crisis de seguridad que ha cobrado la atención de los medios nacionales. En este contexto, el canal de televisión local Telemar organizó un conversatorio con algunos de los precandidatos a la Alcaldía, quienes tuvieron la oportunidad de expresar sus puntos de vista y propuestas para abordar este desafío. En medio de los discursos, es fundamental analizar las propuestas expuestas para enfrentar dicha realidad. La crisis de seguridad en Buenaventura ha escalado en los últimos meses, con múltiples balaceras y enfrentamientos. Esta compleja dinámica por el control territorial ha contribuido al deterioro de la seguridad y esto se puede evidenciar en el incremento de los homicidios, después de haber presentado una significativa reducción en los meses en que los “Shottas” y los “Espartanos” tuvieron una tregua mientras se hablaba de Paz Total. El conversatorio se realizó a partir de los resultados de un sondeo realizado que permitió identificar a las cinco precandidaturas más respaldadas. Si bien el canal no publicó los resultados por no ser una firma encuestadora, se conocieron los resultados: la intención de voto la lidera Ligia del Carmen Córdoba con 26,3%, quien no asistió al conversatorio; seguida de quienes sí asistieron al evento: Johan Valencia con 16,3%, Libia Mosquera con 9%, Jaime Marinez con 7,9% y Javier Torres con 7%. Johan Valencia, del Partido Liberal, es hijo de Bartolo Valencia, exalcalde destituido por el escándalo de “estudiantes fantasmas” que generó un detrimento patrimonial que supera los dos mil millones de pesos. Entre otras cosas propone establecer una agenda de relacionamiento con el Gobierno Nacional y departamental para abordar de manera integral la crisis de seguridad, y destaca la importancia de asignar los recursos necesarios para abordar la crisis, además de que enfatiza que los líderes deben ofrecer discursos de esperanza y debatir sobre los temas transversales de la ciudad. Libia Mosquera fue candidata a la Alcaldía en las elecciones pasadas, avalada por el Partido Conservador, si bien se enuncia como independiente, estuvo recolectando firmas, estrategia que le permitió hacer campaña meses antes del calendario electoral, y acaba de inscribir su candidatura por el Partido En Marcha, resaltando que para el 2022 en la campaña presidencial apoyó a Rodolfo Hernández. De hecho, llegó a sonar como posible fórmula vicepresidencial del candidato que actualmente se encuentra sancionado e inhabilitado por corrupción. También hizo parte de la actual administración como encargada de la oficina distrital de relaciones internacionales. Plantea que para el tema de seguridad se debe tener un sistema inteligente de reacción inmediata en tiempo real, así como el uso de cámaras, drones y tecnologías adecuadas. Enfatiza la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre la institucionalidad y las familias. Jaime Marinez fue candidato a la Alcaldía en las elecciones pasadas y quedó en segundo lugar, lo que le permitió una curul en el Concejo Distrital. Cuenta con el apoyo de iglesias cristianas y el Partido Verde. Sugiere mejorar los equipos de inteligencia y establecer un fiscal especializado para acelerar las investigaciones. Enfatiza en la importancia de contar con un Plan Integral de Seguridad que implemente un sistema de cámaras de seguridad y resalta la importancia del fortalecimiento del tejido social. Javier Torres, quien ha sido crítico de la administración actual, es miembro del Paro Cívico, del cual surgió el actual alcalde, quien alcanzó una desaprobación de su gestión de un 63%, según el Buenaventura Cómo Vamos. Destaca la importancia de establecer un “frente común” para abordar el problema de seguridad, creando una comisión de fiscales especiales, fortalecimiento de la fuerza pública, crear un “Laboratorio del Delito” y destaca la importancia del papel de la familia en la prevención de la delincuencia. Cabe resaltar que aparte de los cuatro candidatos que asistieron al conversatorio al que se hace referencia, se encuentra en la carrera Ligia del Carmen Córdoba, quien es apoyada por el Partido de La U, y quien actualmente tiene la mayor intención de voto. No va a debates y es muy cercana a Dilian Francisca Toro –quien parece que aspirará a ser de nuevo gobernadora y que ha sido investigada por vínculos con grupos ilegales y lavado de activos, con una gran estructura electoral en el departamento del Valle–. Finalmente, en los últimos días el líder social Leonard Rentería manifestó su intención de aspirar a la Alcaldía, como un proyecto alternativo, diferente a las estructuras tradicionales, quien aparentemente tendría el aval del partido Ecologista Colombiano, lo cual estaría por confirmarse. La comunidad espera coherencia, experiencia, compromiso y capacidad de gestión. Aunque presentaron propuestas para abordar los desafíos de seguridad en Buenaventura, sus enfoques se centran principalmente en medidas superficiales y enunciación de generalidades, como el uso de cámaras de vigilancia. Aunque se mencionó la importancia de la inversión social, no se presentaron propuestas concretas para abordar las desigualdades y generar oportunidades. Se requiere una estrategia multidimensional que involucre políticas sociales efectivas, si bien expresan buenas intenciones, esto no es suficiente, y se reflejan muy conservadoras en tanto desplazan cierta responsabilidad al papel de las familias. La ciudadanía necesita escuchar propuestas con metas y estrategias específicas para abordar la inseguridad en todas sus dimensiones. Adicionalmente no se refleja una apropiación de lo que se logró en los Acuerdos del Paro Cívico, el cual necesita que se le haga un seguimiento constante para su implementación, independientemente del sector político que apoye cada candidatura, y más cuando reconocieron constantemente que se debe apostar a una inversión social para prevenir el delito. Finalmente, y no menos importante, no se evidencia un enfoque transversal de género y diversidad para abordar la problemática de seguridad y reducir la victimización de mujeres y comunidad LGTBIQ+, dicho enfoque es fundamental para promover la igualdad y la protección, aún más por las cifras de violencias basadas en género que hoy enfrenta Buenaventura. En definitiva, vale la pena preguntarnos ¿cuándo los candidatos a la Alcaldía de Buenaventura van a presentar propuestas que den respuesta concreta a las problemáticas de seguridad que enfrenta la ciudad? *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Juan Alejandro Pérez Montañez, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad Este 20 de julio inicia la segunda legislatura de este periodo del Congreso 2022-2026. La primera parte de esta legislatura estará marcada seguramente por el trabajo a media máquina por parte de muchos congresistas, porque estarán volcados en diversas zonas del país con sus candidatos para estas elecciones locales. También en esta legislatura, de nuevo, se elegirá contralor general de la República a raíz del fallo del Consejo de Estado que sacó de este puesto a Carlos Hernán Rodríguez. Además, el Gobierno Nacional medirá, otra vez, luego de casi un mes sin sesiones, sus fuerzas en el Congreso. Luchas internas entre partidos Aún no se tiene certeza de quiénes estarán en las presidencias de Cámara y Senado. Pero por los acuerdos realizados entre los partidos políticos a inicios de este nuevo Congreso en julio de 2022, la presidencia del Senado le corresponderá al Partido Alianza Verde y la presidencia de la Cámara al Partido Liberal. La disputa por la presidencia del Senado tiene cuatro nombres: Angélica Lozano, Ariel Ávila, Inti Asprilla e Iván Name. De cada uno se puede decir lo siguiente: Lozano tiene apoyo mayoritario de su partido, puede tejer puentes con partidos tradicionales, pero en la bancada del Pacto Histórico no tiene mucha acogida; Ávila puede tener apoyos en su partido, no cae mal en la bancada del Pacto Histórico, pero por su trabajo previo como analista e investigador no se sabe hasta qué punto políticos tradicionales le caminen como presidente; Asprilla es el más cercano al Pacto Histórico, pero no tiende puentes en su partido y mucho menos con los partidos tradicionales; Name es quien tiene mejor relación con los políticos tradicionales, en su partido ha pasado desapercibido y es el más lejano al Pacto Histórico. El resultado de esta disputa se sabrá el próximo jueves 20 de julio. Por su parte la disputa por la presidencia de la Cámara de Representantes se encuentra entre tres nombres: Julián Peinado, Carlos Ardila y Andrés Calle. Sobre estos se puede decir lo siguiente: Peinado, representante por Antioquia, es uno de los más cercanos a César Gaviria, pero no es un congresista que resalte en el Liberal ni es el más lejano al Pacto Histórico; Ardila, representante por Putumayo, es cercano a César Gaviria y puede tender puentes con partidos tradicionales y con el mismo Pacto Histórico; Calle, representante por Córdoba, es el más lejano a César Gaviria, puede tener algún tipo de acuerdos con partidos tradicionales y es el más cercano al Pacto Histórico. La disputa por esta presidencia, que al igual que la de Senado, se definirá hasta el 20 de julio. Al respecto de la presidencia de la Cámara se puede ver que Gustavo Petro continúa con su estrategia de romper al Partido Liberal, pues con Andrés Calle espera quietarle la presidencia de la Cámara a alguno de los congresistas cercanos a Gaviria. Estado de la coalición de Gobierno Gustavo Petro retoma su relación con el Congreso con una disputa importante, la elección del contralor general de la República, pues quien había sido elegido para el periodo 2022-2026, Carlos Hernán Rodríguez, fue removido de su cargo tras un fallo del Consejo de Estado que declaró nula su elección. El mismo falló instó a la mesa directiva del Congreso a iniciar de cero el proceso de elección. Recordemos que Rodríguez fue elegido Contralor con 260 votos cuando Gustavo Petro tenía mayorías aplastantes en el Congreso y Roy Barreras era el presidente del Congreso. El panorama es diferente en estos momentos. Ahora el Gobierno Nacional cuenta con una mayoría corta que es de 155 de los 293 congresistas, lo que representa apenas el 52,9% del Congreso en pleno. En Cámara su mayoría es del 55% y en Senado es minoría con el 49,05%. No la tiene nada fácil el Gobierno para elegir de nuevo Contralor como lo hizo en 2022, de por sí no tiene asegurados todos los votos de su coalición, pues de esos 155 votos, 46 pertenecen al Partido Liberal, que si bien es de gobierno, no cuenta en estos momentos con la mejor relación con Gustavo Petro. Las reformas El Gobierno Nacional cerró la primera legislatura logrando pasar a segundos debates tanto la reforma a la salud, como la reforma pensional, pero por tiempos se le hundieron la reforma laboral y la ley de sometimiento. La puja de Gustavo Petro en el Congreso se centrará en aprobar sus dos reformas que ya vienen de la legislatura pasada; de igual manera la reforma laboral, que presenta de nuevo, y la reforma a la educación que radicará después del 20 de julio. El panorama para aprobación de este paquete reformista no es nada alentador por la fragilidad ya mencionada sobre la coalición de gobierno. A este hecho se suma que el primer semestre de esta segunda legislatura estará marcado no por la celeridad en el debate, sino por todo lo contrario, lo lento que este será. Recordemos que hay elecciones de autoridades locales y departamentales el próximo 29 de octubre de 2023 y los congresistas están volcados en las diferentes zonas de Colombia promoviendo a sus candidatos. De hecho, se dice que muchos congresistas pedirán a las mesas directivas tanto de Cámara como de Senado que el miércoles, día de plenarias, estas no se citen, todo para que ellos puedan estar en sus diferentes departamentos haciendo campaña. Salidas del Gobierno El Gobierno Nacional liderado por Gustavo Petro y acompañado del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, continuará con su estrategia de negociar uno a uno con los congresistas y no acudir a los líderes de partidos como el Conservador, el Liberal y La U. Desde algunos meses Pares ha mencionado que la estrategia del Gobierno, sino le pasan sus reformas en el Congreso, será acudirá a las calles, lo que se denomina radicalización democrática. Se verá en los próximos días quiénes ganan la puja por las presidencias tanto de Cámara como de Senado y si quienes resulten elegidos pueden ser operadores políticos útiles para el Gobierno o si, por el contrario, son congresistas lejanos que le aumentrán los costos de transacción al ejecutivo.

Por: Katerin Erazo, Periodista En un paso significativo hacia la construcción de la paz en Colombia, el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) firmaron los protocolos del cese al fuego bilateral, nacional y temporal el cual surgió del tercer ciclo de negociación. Este acuerdo, conocido como el “Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal” (CFBNT), tiene un carácter temporal de seis meses y busca reducir la intensidad del conflicto y las confrontaciones para permitir la participación de la sociedad civil en el proceso de paz, una de las piezas fundamentales para alcanzar un gran acuerdo nacional. Los 13 puntos fundamentales del Cese al fuego bilateral son los siguientes: El primer punto establece que el “Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal” (CFBNT) se enmarca en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), específicamente el Protocolo II de 1977, Adicional a los Convenios de Ginebra, y los Acuerdos de la Mesa de Diálogos de Paz. En consecuencia, ambas partes se comprometen a respetar el DIH, lo que implica que ninguna de ellas podrá violar sus disposiciones durante el periodo del cese. En el segundo punto, se establece que una vez entre en vigor el acuerdo del cese, tanto las Fuerzas Armadas, la Policía y los organismos de seguridad del Estado, por un lado, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), por otro lado, suspenderán las operaciones ofensivas entre sí, lo que incluye la prohibición de llevar a cabo acciones de inteligencia entre ambas partes. Es decir, se acuerda la suspensión de toda actividad ofensiva, incluyendo acciones de ataque y recolección de información contra el grupo contrario. En el tercer punto, se aclara que tanto las Fuerzas Armadas, la Policía y los organismos de seguridad del Estado colombiano, así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se comprometen a mantener únicamente acciones defensivas. Esto implica que ambas partes podrán responder en caso de ser atacadas, pero no llevarán a cabo acciones ofensivas que puedan aumentar la intensidad del conflicto. En el cuarto punto, se enuncian los objetivos fundamentales del “Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal” (CFBNT), los cuales son los siguientes: Bajar la intensidad del conflicto. Desarrollar acciones y dinámicas humanitarias. Propiciar la participación de la sociedad en el proceso de paz. Concretar acuerdos humanitarios para las zonas con mayor crisis humanitaria, los cuales serán definidos por la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este punto enfatiza la necesidad de reducir la violencia y el conflicto armado para facilitar el desarrollo de iniciativas humanitarias que beneficien a las comunidades afectadas. Asimismo, destaca la importancia de involucrar activamente a la sociedad civil en el proceso de paz y buscar acuerdos específicos para las áreas más afectadas por la crisis humanitaria. El quinto punto establece que para cumplir con el Acuerdo del cese y prevenir y resolver los incidentes que puedan surgir durante su implementación, tanto el Gobierno como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se guiarán por los principios de buena fe, voluntad política y lenguaje respetuoso. Además, se comprometen a proporcionar información rigurosa, veraz y oportuna a los medios de comunicación y espacios de difusión, así como a llevar a cabo labores de pedagogía con el fin de que la población comprenda la importancia y utilidad de este proceso de paz. En este punto, se destaca la importancia de incentivar valores fundamentales como la transparencia, el respeto y la comunicación efectiva, tanto hacia la población como hacia los medios de comunicación, para generar confianza en el proceso y garantizar su éxito. Asimismo, se enfatiza en la necesidad de llevar a cabo una labor de pedagogía que permita a la sociedad comprender los beneficios de la paz y su implicación en el desarrollo del país. El sexto punto marca el inicio del proceso de alistamiento para el cese al fuego bilateral. Desde el 9 de junio hasta el 5 de julio de 2023, se llevaron a cabo diversas acciones en este proceso, que incluyeron la activación de un canal de comunicación entre ambas partes a través del Representante Especial del secretario general de la ONU en Colombia. También se redactaron los protocolos pendientes, se iniciaron actividades de pedagogía y se preparó el terreno para la implementación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV). Es relevante resaltar que el concepto de alistamiento en este contexto implica poner en marcha los preparativos necesarios para garantizar el cumplimiento efectivo del cese al fuego. Es decir, se emitieron los decretos y protocolos, se establecieron canales de comunicación y se llevaron a cabo acciones para informar y sensibilizar tanto a las partes involucradas como a la población sobre la importancia y los detalles del cese. El 10 de julio, en una reunión plenaria, la mesa de diálogos de paz aprobó los protocolos elaborados, abordando aspectos relacionados con la participación, y se avanzó en la labor de pedagogía, especialmente a través de los medios de comunicación. Desde el 3 de agosto, el cese al fuego bilateral nacional y temporal iniciará oficialmente, marcando el día 1 de los 180 días contemplados, con una vocación de continuidad y con la presencia del mecanismo de monitoreo y verificación. El séptimo punto establece que la Mesa de Diálogos para la paz entre el Gobierno, el ELN conforman un Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) con presencia a nivel nacional, regional y local. Este MMV está compuesto por delegados del Gobierno, del ELN, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Conferencia Episcopal de Colombia. Su función principal es monitorear y verificar el cumplimiento del Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal (CFBNT) y sus objetivos. El octavo punto hace referencia a los componentes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV), en específico la Conferencia Episcopal y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Estos componentes trabajarán en coordinación con organizaciones sociales para establecer una Veeduría Social, la cual consiste en una articulación de equipos locales y regionales que fortalecerán el monitoreo con el objetivo de prevenir incidentes armados entre las partes, así como reportar y alertar sobre la presencia y acciones armadas que puedan poner en riesgo la vida y seguridad de las comunidades, generadas por cualquier actor armado. Este aspecto representa una novedad significativa en el marco del Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal, ya que se reconoce la participación activa de las organizaciones sociales en el seguimiento del acuerdo. Estas organizaciones podrán articularse con los equipos locales y regionales para fortalecer la vigilancia y monitoreo, con el propósito de prevenir situaciones que puedan comprometer el cese al fuego. De esta manera, se reconoce que no solo las fuerzas militares o el Estado tienen la responsabilidad de supervisar el cumplimiento del cese, sino que se involucra activamente a la sociedad civil. Este enfoque busca generar alertas tempranas sobre la presencia de acciones armadas que puedan afectar la vida, seguridad y los derechos humanos de las comunidades. El noveno punto destaca la importancia de priorizar las regiones con mayor conectividad armada y crisis humanitaria para fortalecer el funcionamiento y la eficacia de los enlaces, comunicaciones y monitoreo regionales y locales del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV). El objetivo principal de esta priorización es identificar y detectar oportunamente las acciones de actores armados que puedan interferir o afectar el desarrollo del Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal (CFBNT), ya sea mediante ataques contra una de las partes involucradas o contra la población civil. En este sentido, se busca enfocar recursos y esfuerzos en aquellas áreas del país que presentan un mayor riesgo de enfrentamientos armados y de crisis humanitaria. Por ejemplo, regiones como Chocó, donde existen enfrentamientos con el Clan del Golfo, o Arauca en la frontera, que ha experimentado acciones predominantes del ELN y disputas con disidencias, se convierten en lugares prioritarios para la implementación efectiva del cese al fuego. La priorización territorial garantiza que se adopten medidas específicas en estas áreas con el propósito de prevenir y contener cualquier acción armada que pueda afectar el desarrollo del acuerdo de cese, asegurando así la protección de las comunidades y la sostenibilidad del proceso de paz en estos territorios sensibles. El décimo punto establece los protocolos que rigen el Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal (CFBNT), los cuales son los siguientes: Protocolo de Acciones Específicas. Protocolo de Evaluación, Prórroga o Suspensión del CFBNT. Mandato del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV). Rol de la Mesa en el CFBNT. Rol específico de la Iglesia Católica. Seguridad y protección para los integrantes del MMV. Protocolo sobre la seguridad para el ELN y los lugares donde hace presencia. Veeduría social y mecanismos de protección humanitaria. Pedagogía sobre el Acuerdo de CFBNT. Comunicaciones. Cada uno de estos protocolos detalla aspectos fundamentales para el funcionamiento y cumplimiento del Cese al Fuego. El Protocolo de Acciones Específicas establece las acciones concretas a seguir por las partes durante el cese. El Protocolo de Evaluación, Prórroga o Suspensión se encarga de revisar el desarrollo del acuerdo y decidir si se extiende o suspende según los resultados alcanzados. El Mandato del MMV define el alcance y las funciones del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, mientras que el Rol de la Mesa en el CFBNT señala el papel del grupo amplio de diálogo en la implementación del cese. El rol específico de la Iglesia Católica se refiere a su función en el proceso de paz y su contribución a la seguridad y protección de los involucrados. También se establecen medidas de seguridad y protección para los integrantes del MMV, las partes involucradas y la sociedad en general. El protocolo sobre la seguridad para el ELN y los lugares donde hace presencia asegura la aplicación de medidas para resguardar la integridad de dicha organización y las zonas donde tiene presencia. La Veeduría social y mecanismos de protección humanitaria buscan la participación de la sociedad civil y su rol en la protección de los derechos humanos durante el cese. Asimismo, se considera la importancia de la pedagogía sobre el Acuerdo de CFBNT, es decir, la divulgación y difusión de información relevante sobre el cese y su significado para la paz en el país. Finalmente, el punto establece que cualquier nueva acción necesaria para mejorar el acuerdo será discutida y acordada en la mesa de diálogos y anexada a los protocolos del Cese al Fuego. El punto once subraya que en todo momento se debe tener presente que las partes actúan dentro del marco del proceso de paz. Esto significa que el cese al fuego bilateral está íntimamente ligado a las negociaciones y diálogos en curso. En otras palabras, lo que suceda en las futuras etapas de negociación y en la mesa de diálogos también influirá en el desarrollo y la continuidad del cese al fuego bilateral. El punto doce establece que el Gobierno Nacional será responsable de emitir las órdenes necesarias y precisas a las Fuerzas Armadas, la Policía y los organismos de seguridad del Estado, con el propósito de garantizar el cumplimiento del Cese al Fuego Bilateral y Temporal (CFBNT). Además, el Gobierno proporcionará orientación en cuanto a pedagogía y dinámicas para que estas instituciones estudien y comprendan a fondo los protocolos y acuerdos que deben cumplir en el marco de este acuerdo. En este punto, el Gobierno asume su papel directo en asegurar que sus fuerzas militares y cuerpos de seguridad acaten la orden de cesar actividades ofensivas y operaciones contra el grupo contrario. También se destaca la importancia de capacitar a estas instituciones para que comprendan y cumplan adecuadamente con los protocolos y acuerdos estipulados en el CFBNT. De esta manera, se busca garantizar la efectividad y el cumplimiento del cese al fuego y contribuir al éxito del proceso de paz. El punto trece establece que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitirá las órdenes necesarias y precisas a todas sus estructuras para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral y Temporal (CFBNT). Asimismo, se encargará de proporcionar orientación, pedagogía y dinámicas para que sus integrantes estudien y comprendan a fondo los protocolos y acuerdos que deben cumplir durante la implementación de este acuerdo. En este punto, se enfatiza que el ELN asumirá la responsabilidad de dar las directrices a todas sus bases y estructuras para que cesen las acciones ofensivas contra el gobierno y se ajusten al acuerdo del cese al fuego. Además, se resalta la importancia de capacitar a sus integrantes para que estén plenamente informados sobre los detalles y requerimientos del CFBNT, con el objetivo de asegurar su cumplimiento efectivo y contribuir al éxito del proceso de paz. Este CFBNT tiene una vocación de continuidad y se espera que sea el punto de partida para avanzar en un proceso de paz más amplio y sostenible. Actualmente, ambas partes se encuentran en la fase de alistamiento, preparándose para la implementación del cese al fuego, que comenzará el próximo 3 de agosto de 2023. En cuanto a la instalación del Comité Nacional de Participación, inicialmente programada para el 25 de julio, se anunció un cambio de fecha y será llevada a cabo el 3 de agosto en Bogotá, coincidiendo con el inicio del cese al fuego bilateral. El Comité Nacional de Participación desempeña un papel crucial en la agenda y está conformado por 80 representantes de 30 organizaciones de la sociedad civil. Será su responsabilidad recoger las peticiones de la población colombiana y proponer una agenda de transformaciones, destacando su relevancia para el proceso de paz.

Por: Luis Eduardo Celis El papel de los medios de comunicación está en un amplio cuestionamiento a nivel mundial, no hay sociedad en la que el tema no sea controversial. Bueno, para acotarlo de manera realista, digamos que es un tema controversial donde hay democracias con pesos y contrapesos en la dinámica de la sociedad: instituciones elegidas de manera democrática y unos medios de comunicación más o menos plurales. Hace tiempo sabemos del poder que tiene la información, la comunicación y el periodismo en la dinámica de las sociedades. Un poder que se complejiza ahora con la revolución tecnológica, que coloca a cada ciudadano y ciudadana como un reportero in situ, con todo lo bueno y lo complejo que ello significa para poder entender, comprender y relacionarnos con un mundo de información que nos puede abrumar y saturar, y las múltiples dinámicas de tergiversación, manipulación y atropello diario ante la mentira descarada o sutil. Aterrizando en Colombia, tenemos un panorama de grandes medios de comunicación ligados a poderes económicos que van más allá de la comunicación, con muy pocas excepciones. Eso ya es un problema delicado, lo cual está diagnosticado hace décadas y frente a lo cual nada se ha hecho. Los medios de comunicación no se pueden declarar como imparciales, sus dueños tienen múltiples intereses en la economía y han construido lazos de acción con la política y los gobiernos a todos los niveles, es un tema en el cual hay que insistir en el debate público y en una agenda de transformaciones, partiendo de que hay mucho por transformar en la información y la comunicación pública. No es un tema fácil, como ninguno que toque intereses y se meta con grandes poderes. De hecho, hay valoraciones en el sentido de que los medios de comunicación son campo inexpugnable y cualquier alusión a su mal funcionamiento despierta a tirios y troyanos, y entramos en el difícil campo de los señalamientos de autoritarismos, censuras y propósitos autoritarios. Hay que colocar en la agenda pública el tema de los medios de comunicación y su desempeño, y trabajar en cambios que son pertinentes, por ejemplo la separación de los medios periodísticos del poder económico y político. Un segundo punto sería el tema de su financiación, para que puedan ser independientes del poder, de cualquier poder y realmente ser unos implacables y escrutadores del poder, de todos los poderes. Eso suena como utópico e inviable, pero si ese es el mundo ideal, unos medios plenamente autónomos e independientes de los poderes que debe fiscalizar desde su acción periodística. Hay que apuntarle a ese máximo objetivo, por irrealizable que hoy se vea. En las últimas semanas nos enteramos de que el trabajo periodístico de Laura Ardila para mostrar el poder de la familia Char en Barranquilla ha recibido una abierta censura de la editorial Planeta. Una muestra más del poder controlando al periodismo, mala cosa, igualmente hemos sabido del acto digno y solidario de Juan David Correa de renunciar a su puesto, al sentir que su trabajo ya no tenía ninguna viabilidad en esta empresa, acto que lo enaltece como ciudadano y como intelectual, ninguna censura y atropello nos debe ser indiferente. Hay que persistir en que los medios de comunicación igualmente están infectados por el poder de manera nociva y perniciosa, y que eso debe ser transformado. Sin prensa libre no hay democracia de calidad. Postdata: esta es mi última columna, por ahora, asumo mi participación en el equipo del Alto Comisionado de Paz, con un rol distinto. Cierro por ahora mi participación en el debate público y asumo mi participación en la promoción de la política de Paz Total. Gratitud con la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) por esta posibilidad de ser parte de un equipo tan vital y comprometido con una Colombia en paz y con una democracia de calidad. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Bonilla, Subdirectora Para @confidencialcol Sahagún es un municipio eminentemente agrícola, pero exporta políticos. Desde la fundación del departamento de Córdoba en 1952, todos sus parlamentarios –con excepción de Eleonora Pineda– provienen de apellidos que se repiten, se juntan y se separan como en una danza cerrada de castas: Náder, Elías, Besaile, López, Burgos, Bula, Amín. La profunda devoción con la que liberales y conservadores llevaron a cabo sus cruentas guerras en La Violencia se ha sustituido por acuerdos entre casas y familias que han acumulado poder y riqueza a través de un negocio: la intermediación. Los políticos de exportación están especializados en el manejo de la política real, aquella que se oculta a plena vista y se compone de alianzas y negociaciones, de relaciones prácticas con el poder central, que les garantiza siempre sobrevivir y jamás ser relevados. La política se pasa de generación en generación, simplemente porque el vínculo intrafamiliar es una receta local conocida contra la traición. Y tienen cierta razón. En el Congreso, donde constantemente se negocian apoyos por puestos, sobrevivir como grupo es lo más importante. Si algo caracteriza a los clanes políticos es su flexibilidad y apertura al cambio. Paradójicamente. El poder de los clanes se basa en una relación muy simple: el gobierno central siempre les contesta el teléfono. Así, contratistas y empresarios, políticos nacionales, inversionistas buenos y malos, y cualquier interesado en hablar con el Estado Central y sus ministerios simplemente los “contratan” a cambio de una cita, una reunión o una oportunidad para que el gobierno, que es un monstruo en cuanto a contratación se refiere, les preste atención y les haga un guiño. Una vez dentro, el reto es mantenerse. A la gente en Sahagún le interesa muy poco esta compleja relación. Salen a saludar a Ñoño Elías porque, ante todo, es alguien a quien conocen. Lo ven como al Robin Hood que roba al Estado para llevar obras al pueblo. A los ojos de muchos de sus habitantes, no existe otra forma de hacer política distinta a la que han conocido desde los años cincuenta. Y cuando el departamento empezó a producir en los noventa liderazgos sociales interesantes que estaban retando a las castas regionales, éstos fueron asesinados. La política, incluso después del gran escándalo de la parapolítica y la corrupción, sigue siendo un asunto de familia. En el fondo, la gente sabe que la corrupción tiene dos lados: el político local que hace la intermediación, y el gobierno nacional que la promueve, acepta y financia. Recuerde, quien me lee, que en municipios de categoría 6, los más pobres del país, el 90% del plan de desarrollo debe ser financiado a través del gobierno nacional. Una oportunidad de oro. Un incentivo perverso. Las personas que han convivido durante años con esta clase política no son tontas. Saben que juegan al todo o nada: un Ñoño corrupto, pero presente, a cambio de un Estado Central que perciben igualmente corrupto, pero ausente. Un regalo el día de la madre, o nada en los próximos cuatro años. Un trabajo en el ministerio donde el Ñoño haya gestionado cuotas que sostendrán a dos o tres familias, o el desempleo. Ustedes ya saben que, si el político pierde su influencia, todas sus cuotas –sin importar si lo hicieron bien o mal– irán a la calle. Podemos reformarlo todo, cambiar el Consejo Nacional Electoral, meterlos a todos en la cárcel, hacer mil talleres invitando a la gente a “votar bien”, pero nada servirá. La candidez de la indignación centralista, que no ha encontrado una solución mejor que una combinación fallida de campañas educativas y concentración de recursos en el centro del país, comete un error al señalar a los pobladores de Sahagún como responsables de su desgracia, cuando el centro político, los líderes de los partidos, y todos y cada uno de los gobiernos centrales que han gobernado junto a ellos, son igualmente responsables. Un clan no se vuelve poderoso de la noche a la mañana, incluso si la contratación departamental es lucrativa. Además, de forma muy subyacente, hay mucho de aporofobia en los análisis que se realizaron después de la caravana de recibimiento de Ñoño Elías en su pueblo. Se les pide a los pobres que cumplan con estándares democráticos más altos que cualquier otro colombiano, además de renunciar a sus mínimos de bienestar, a cambio de un futuro improbable. No suena muy racional. Al contrario, lo sería si su bienestar y acceso a servicios, empleo, agua potable y demás necesidades básicas no dependieran de que su intermediario siempre gane. Este gobierno no inventó el mecanismo de intermediación favorable a la corrupción, pero tampoco lo ha rechazado por completo. Sería una buena oportunidad para hacerlo, ¿no creen?