Por: Laura Bonilla, Subdirectora Para @confidencialcol Sahagún es un municipio eminentemente agrícola, pero exporta políticos. Desde la fundación del departamento de Córdoba en 1952, todos sus parlamentarios –con excepción de Eleonora Pineda– provienen de apellidos que se repiten, se juntan y se separan como en una danza cerrada de castas: Náder, Elías, Besaile, López, Burgos, Bula, Amín. La profunda devoción con la que liberales y conservadores llevaron a cabo sus cruentas guerras en La Violencia se ha sustituido por acuerdos entre casas y familias que han acumulado poder y riqueza a través de un negocio: la intermediación. Los políticos de exportación están especializados en el manejo de la política real, aquella que se oculta a plena vista y se compone de alianzas y negociaciones, de relaciones prácticas con el poder central, que les garantiza siempre sobrevivir y jamás ser relevados. La política se pasa de generación en generación, simplemente porque el vínculo intrafamiliar es una receta local conocida contra la traición. Y tienen cierta razón. En el Congreso, donde constantemente se negocian apoyos por puestos, sobrevivir como grupo es lo más importante. Si algo caracteriza a los clanes políticos es su flexibilidad y apertura al cambio. Paradójicamente. El poder de los clanes se basa en una relación muy simple: el gobierno central siempre les contesta el teléfono. Así, contratistas y empresarios, políticos nacionales, inversionistas buenos y malos, y cualquier interesado en hablar con el Estado Central y sus ministerios simplemente los “contratan” a cambio de una cita, una reunión o una oportunidad para que el gobierno, que es un monstruo en cuanto a contratación se refiere, les preste atención y les haga un guiño. Una vez dentro, el reto es mantenerse. A la gente en Sahagún le interesa muy poco esta compleja relación. Salen a saludar a Ñoño Elías porque, ante todo, es alguien a quien conocen. Lo ven como al Robin Hood que roba al Estado para llevar obras al pueblo. A los ojos de muchos de sus habitantes, no existe otra forma de hacer política distinta a la que han conocido desde los años cincuenta. Y cuando el departamento empezó a producir en los noventa liderazgos sociales interesantes que estaban retando a las castas regionales, éstos fueron asesinados. La política, incluso después del gran escándalo de la parapolítica y la corrupción, sigue siendo un asunto de familia. En el fondo, la gente sabe que la corrupción tiene dos lados: el político local que hace la intermediación, y el gobierno nacional que la promueve, acepta y financia. Recuerde, quien me lee, que en municipios de categoría 6, los más pobres del país, el 90% del plan de desarrollo debe ser financiado a través del gobierno nacional. Una oportunidad de oro. Un incentivo perverso. Las personas que han convivido durante años con esta clase política no son tontas. Saben que juegan al todo o nada: un Ñoño corrupto, pero presente, a cambio de un Estado Central que perciben igualmente corrupto, pero ausente. Un regalo el día de la madre, o nada en los próximos cuatro años. Un trabajo en el ministerio donde el Ñoño haya gestionado cuotas que sostendrán a dos o tres familias, o el desempleo. Ustedes ya saben que, si el político pierde su influencia, todas sus cuotas –sin importar si lo hicieron bien o mal– irán a la calle. Podemos reformarlo todo, cambiar el Consejo Nacional Electoral, meterlos a todos en la cárcel, hacer mil talleres invitando a la gente a “votar bien”, pero nada servirá. La candidez de la indignación centralista, que no ha encontrado una solución mejor que una combinación fallida de campañas educativas y concentración de recursos en el centro del país, comete un error al señalar a los pobladores de Sahagún como responsables de su desgracia, cuando el centro político, los líderes de los partidos, y todos y cada uno de los gobiernos centrales que han gobernado junto a ellos, son igualmente responsables. Un clan no se vuelve poderoso de la noche a la mañana, incluso si la contratación departamental es lucrativa. Además, de forma muy subyacente, hay mucho de aporofobia en los análisis que se realizaron después de la caravana de recibimiento de Ñoño Elías en su pueblo. Se les pide a los pobres que cumplan con estándares democráticos más altos que cualquier otro colombiano, además de renunciar a sus mínimos de bienestar, a cambio de un futuro improbable. No suena muy racional. Al contrario, lo sería si su bienestar y acceso a servicios, empleo, agua potable y demás necesidades básicas no dependieran de que su intermediario siempre gane. Este gobierno no inventó el mecanismo de intermediación favorable a la corrupción, pero tampoco lo ha rechazado por completo. Sería una buena oportunidad para hacerlo, ¿no creen?

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia A partir del 20 de julio de 2023 se iniciará en el Congreso de la República el proceso deliberativo sobre varias de las reformas sociales que propone el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Entre ellas, las ya conocidas propuestas sobre el sistema laboral, pensional y de salud; pero habrá otras nuevas, muy necesarias y urgentes, como la reforma a la educación superior pública. El Gobierno Nacional buscará en esta segunda legislatura incorporar cambios estructurales a la Ley 30 de 1992, la cual cumple tres décadas de vigencia y el mismo tiempo de continuas presiones y movilizaciones de la sociedad, en especial de la población joven –como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE)– y del personal que labora en este sector –como el Sistema Universitario de Estatal (SUE)– que buscan introducir transformaciones necesarias y convenientes a la ley. Entre los cambios propuestos más importantes están el de modificar los artículos 86 y 87, relativos a la metodología del crecimiento del financiamiento al sistema de educación superior pública. Con el cual se buscará atender el acumulado del déficit financiero del sector universitario –que hoy supera los 16 billones– y con ello avanzar en el aseguramiento de la cobertura y calidad en el ofrecimiento de este bien meritorio. Pero tal vez el cambio más importante es un giro en la concepción de la educación superior pública, pasando de entenderla como un servicio que se presta a comprenderla como un derecho fundamental al que puedan acceder todas y todos los colombianos. Según el documento que se discutirá, el Gobierno buscará dar el gigante paso de pensarse como un actor que, junto al sector privado, ofrece el servicio de educación, y pasar a un Estado que se responsabiliza con la ciudadanía, y que pretenderá ofrecer a toda persona educación superior pública. Esta propuesta lleva a repensar muchos asuntos, en especial la educación pública superior que se ofrece en los territorios rurales; un sector y una población que ha estado abandonado en Colombia. El continuo conflicto armado interno y el desdén del Estado ha provocado que las instituciones de educación terciaria lleguen poco a la ruralidad, generando brechas educativas alarmantes de desigualdad entre lo urbano y lo rural; contribuyendo, finalmente, a que las tasas de pobreza en este territorio se multipliquen. En este sentido, el Estado debe priorizar el sector rural en todos los asuntos. Trabajar en crear las capacidades para que la ciudadanía rural pueda avanzar en las transformaciones de sus territorios. El gobierno Petro y los venideros deben preguntarse por cómo hacer las inversiones que se requieren en infraestructura, formación docente y condiciones para una educación pertinente y de calidad; de cómo llevar educación pública de calidad a todos los territorios, para que la educación superior llegue a las poblaciones más remotas, pobres y desfavorecidas. Un giro en la intervención Estatal en la educación superior pública que obliga necesariamente a repensar los temas de cobertura, calidad, pertinencia y equidad; además de los clásicos asuntos de financiación, investigación y extensión social y solidaria. En un contexto muy distinto al que hace treinta años se forjó y pensó la educación superior, y que hoy exige otras transformaciones. En materia de cobertura, que es el tema más urgente, es necesario que el Estado diseñe una estrategia financiera y de inversión en infraestructura que permita el acceso a la educación superior a toda la población –universalización de la matrícula–, independientemente de las características territoriales. Un sistema que permita que cualquier persona que desee estudiar pueda cumplir su sueño, y que no sea discriminada o tenga barreras, como el no tener recursos –gratuidad–. Recordemos que existe una enorme brecha en materia de acceso a la educación superior en el país, cuya tasa de cobertura es del 53,9% en promedio. Pues mientras existen regiones donde la tasa de cobertura de la educación superior es cercana al 100% –como en el Valle de Aburrá en Antioquia, donde para 2018 tenía una del 95%–, existen otras donde esta no llega al 5% –como pasa en los territorios de frontera o en Antioquia en lugares del Nordeste donde esta tasa se sitúa en este nivel para ese año–. Un esfuerzo similar se encuentra en el tópico de la calidad. Aunque es cierto que la prioridad del Estado debe concentrarse primero en la cobertura, el tener acceso a una educación de calidad es un derecho en el que debe trabajarse. De nuevo la desigualdad en este tema en el país es evidente. Cuando se revisan las cifras sobre las instituciones que han buscado y obtenido la acreditación de alta calidad, estas se concentran en Bogotá, Medellín y Cali. Son muy pocas las universidades que hoy buscan la acreditación de calidad de sus sedes regionales. Casos excepcionales como el de la Universidad de Antioquia –que acaba de obtener, por tercera vez, la acreditación institucional de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional, esta vez en la modalidad multicampus, en la que se reconocen sus esfuerzos en regionalización y todas sus sedes y seccionales–, pero esta debe ser la regla para el país. Finalmente, debe pensarse en este momento especial que vive el país en la pertinencia. Este tema es un factor fundamental para lograr el desarrollo productivo y laboral de la educación superior en los territorios. Se requiere formar ciudadanos y profesionales que sepan responder a las necesidades del medio, que estén al servicio de las comunidades y que logren aportar a las transformaciones del contexto –para erradicar la pobreza, el hambre, la violencia y el analfabetismo, entre otros males–. En síntesis, a partir de esta semana el país se encontrará con una propuesta de cambios para la educación superior pública. Una que buscará convertir este servicio estatal en un derecho fundamental, al que tenga acceso cualquier ciudadano. En especial, una propuesta que nos invita a pensar los temas de cobertura, calidad y pertinencia en aquellos espacios territoriales en los que la educación superior ha sido marginal. Esperemos que esta propuesta que nos hace el gobierno Petro y su ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa, sea escuchada y debatida como debe ser. También que sirva como un momento para que la democracia deliberativa se fortalezca y se dé una participación de los múltiples actores interesados para que continúe la lucha por los avances en los derechos sociales en el país. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Semana del 10 al 16 de julio de 2023 El Gobierno Colombiano y el ELN anunciaron este viernes 14 de julio la conclusión de los trabajos para detallar la dinámica del Comité Nacional de Participación y los protocolos para el Cese Bilateral Nacional y Transitorio, que formalmente iniciará el 03 de agosto, fecha en la que igualmente se instala el Comité Nacional de Participación en Bogotá. Esta semana el Frente de Guerra Occidental anunció la suspensión del Paro Armado que inició el 03 de julio y que evidencia la crítica situación que se vive en el Chocó, subregiones del Baudó y San Juan, donde el ELN se confronta con el Clan del Golfo, a la vez que denuncia supuestas complicidades de la Fuerza Pública del lado del Clan del Golfo, tema que ha sido recurrente en los últimos años y sobre los cuales se requiere atención del Ministerio de la Defensa para aclarar estas graves acusaciones. Las declaraciones de Juan Carlos Cuéllar, gestor de Paz del ELN, en el sentido de que la variable tiempo hay que establecerla en relación con el desarrollo de las transformaciones y la construcción de un acuerdo sólido, nuevamente colocan la pregunta sobre las posibilidades de cerrar el conjunto de este proceso durante el gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, que bien sabemos culmina el 07 de agosto de 2026. Pregunta muy importante que va a requerir de estrategia y método del equipo de Gobierno para lograr el objetivo de culminar todo el proceso durante su periodo. El montaje del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese Bilateral Nacional y Transitorio va a requerir de mucho trabajo y acción coordinada del Gobierno Colombiano, el ELN, la Misión de la ONU y la Conferencia Episcopal Colombiana. Se viene dando la selección de integrantes al Comité Nacional de Participación, aún faltan nombres por definir y es de esperar que el 100% de las y los integrantes queden definidos antes de finalizar el mes de julio, teniendo como nueva fecha de instalación el 03 de agosto. 1. Comunicado conjunto de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional: "Avanzamos en el Cese al Fuego y en la Participación”. 2. Aquí se pueden consultar los documentos firmados el pasado viernes 14 de julio en La Habana entre el Gobierno Colombiano y el ELN, referidos al reglamento del Comité Nacional de Participación y los protocolos que detallan aspectos del Cese Bilateral Nacional y Transitorio: https://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/Documentos%20del%20Comit%C3%A9%20Nacional%20de%20la%20Participaci%C3%B3n%20Reglamento%20y%20Plan%20de%20trabajo%2C%20y%20Protocolos%20de%20Cese%20al%20Fuego%20Bilateral%2C%20Nacional%20y%20Temporal..pdf 3. ¿Qué dicen los nueve protocolos que acordó el Gobierno con ELN para cese al fuego?: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/dialogos-con-eln-explicacion-sobre-que-dicen-los-protocolos-que-acordo-el-gobierno-para-cese-al-fuego/ 4. Paso a paso sobre cómo podrá participar la ciudadanía en los diálogos con ELN: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/dialogos-con-eln-asi-sera-la-participacion-de-la-sociedad-en-la-mesa-de-negociacion-y-encuentro-regionales-paz-total/ 5. Antes de inicio de cese al fuego con ELN se sabrá si ONU podrá verificarlo: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/cese-al-fuego-con-eln-extension-de-mandato-de-mision-de-de-onu-para-verificar-se-sabra-antes-del-3-de-agosto/ 6. El senador Iván Cepeda hace un balance de lo avanzado entre el Gobierno Colombiano y el ELN: 7. Antonio García, primer comandante del ELN, anuncia en su cuenta de Twitter los acuerdos logrados: 8. José Félix Lafaurie sobre inicio del cese al fuego con el ELN: “No existe ninguna razón de afectar la tranquilidad en los territorios”: https://www.infobae.com/colombia/2023/07/16/jose-felix-lafaurie-sobre-inicio-del-cese-al-fuego-con-el-eln-no-existe-ninguna-razon-de-afectar-la-tranquilidad-en-los-territorios/ 9. Resolución de lenguaje respetuoso con ELN trata de "proteger su accionar criminal", según analistas: 10. Mensaje de Nicolás Rodríguez Bautista a las prisioneras y prisioneros: 11. “La participación de la sociedad en los diálogos es el corazón del proceso”: ELN: https://www.eluniversal.com.co/colombia/la-participacion-de-la-sociedad-en-los-dialogos-es-el-corazon-del-proceso-eln-LK8590049 12. ELN anunció que levantará el paro armado en el Chocó desde este jueves 13 de julio: El Tiempo: 13. Colombianos no ven coherencia entre discurso de paz del ELN y sus actos terroristas, según expertos: 14. El cese al fuego solo beneficia al ELN, escrito de Armando Borrero: https://razonpublica.com/cese-al-fuego-solo-beneficia-al-eln/ Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Al escuchar la frase que da título a esta columna –expresada por el presidente Gustavo Petro en la promoción de un programa de asistencia social para los jóvenes– recordé a ciertas personas que, embuchadas de viandas y pescados, no vacilan en profesar que “no hay que dar el pescado, sino enseñar a pescar”, interpretando a rajatabla un proverbio chino tan antiguo como insensato: “regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”. Y pienso en esas personas porque, al tomar como ciertas las buenas intenciones de tal proverbio, desconocen cómo para dedicarse al oficio de la pesca, primero hay que estar bien alimentado, bien nutrido. No en vano al oficio de los pescadores se le denomina faena, porque implica exigencias físicas y mentales. Exigencias físicas, porque al requerir esfuerzo corporal el pescador debe estar bien alimentado para asumirla; y exigencias mentales, porque quien la comete debe tener –desde el sentido común y desde la misma experiencia consuetudinaria– un conocimiento acerca de cómo realizarla. De manera que, vistas las cosas en un contexto de objetividad, lo coherente es concluir que debe darse primero el pescado, para asegurarnos que quien lo consuma pueda desarrollar eficazmente la faena. Pero, como el asunto en cuestión ocurre indefectiblemente en un contexto económico en el que no importa si alguien tiene alimentos o no, sino lo que importa es que tenga un trabajo que se los provea, entonces, a ese a quien se le da el pescado para que aprenda a pescar con las fuerzas requeridas hay que darle también un bote, un chinchorro, algunos anzuelos, una porción de carnadas, una lámpara para la luz de los fanales y un termo para el café. Sin ese conjunto de utensilios y accesorios, la pesca se le convertiría más que en una ardua faena, en un ejercicio imposible de realizar (de hecho, pescar es más complicado que soplar botellas). De modo que, para suplir esas exigencias del oficio de pescar, como estar bien alimentado, debidamente instruido en la faena y poseer los utensilios y accesorios necesarios, sólo haría falta la voluntad de quienes tienen con qué proporcionar el pescado, dar la instrucción y proveer el equipo de pesca. En los tiempos de las monarquías, el propio rey –recordemos a Luis XIV y su célebre frase “El Estado soy yo” – era quien tenía el poder de asegurarles el pescado a cada súbdito. En el presente, en los tiempos de las democracias en las que el Estado es el pueblo, les corresponde a sus elegidos como administradores –a los gobernantes y presidentes– asegurar la solución del mentado dilema: dar el pescado (subsidio de alimento escolar), proporcionar instrucción (educación pública gratuita) y garantizar la eficacia de la faena (proporcionando los medios para la producción). Con todo, valga decir que los reyes medievales no se inquietaban por darle de comer o por enseñar a nadie. Les bastaba con asegurarse que en su mesa no faltarían las viandas y los pescados. Por eso los historiadores, los sociólogos y los escritores, han hecho evidente el relato de cómo en los tiempos monárquicos, los jóvenes para sobrevivir, para dejar de ser pobres y conseguir un pescado para alimentarse, preferían apostarle a la trampa, al acto reflejo que se activa cuando alguien se encuentra en una extrema situación de sobrevivencia (pienso ahora en estas líneas de Héctor Abad Faciolince: “En la España literaria de los siglos XVI y XVII, el pobre, para sobrevivir, se iba de pícaro. En la Antioquia literaria de finales del siglo XX, el pobre, para salir de pobre, se mete de sicario”. Una conducta que, por estar ligada a la naturaleza del ser, pareciera lícita, como justamente el derecho penal lo comprende, al proteger a quien mata a otro en legítima defensa; es decir, amparando su propia vida, sobreviviendo. En tal contexto, en la Edad Media, resultaba muy difícil juzgar moralmente a los pícaros, como también es muy difícil juzgar hoy a los sicarios de Medellín o de Colombia; porque, siendo pobres –sin pescado, sin formación en el oficio de la pesca y sin equipo de trabajo– han encontrado en el sicariato una manera expedita de dejar de serlo. Los sicarios de hoy y los pícaros de la Edad Media tienen de común la extrema pobreza, pero también el entendimiento natural anómalo de cómo para salir de pobres, cuando está en juego la sobrevivencia, resulta mejor la inmediatez de la picaresca, en el caso de los jóvenes truhanes de los tiempos monárquicos, y de la “sicaresca” en el caso de nuestros asesinos a sueldo. De manera que, si volvemos a la esencia del proverbio chino, podemos observar efectivamente que buena parte de esos jóvenes a quienes sus gobernantes –rey o Estado– les negaron el pescado y tampoco les enseñaron a pescar ni les proveyeron de instrumentos de producción, terminaron eligiendo caminos non sancto, distintos a los ofrecidos por un sistema estatal decente, y en respuesta se la jugaron a las conductas que implican quitarle la vida a otros. No en vano, la sociedad provista de conciencia moral y los jueces en su sana crítica, también consideran a estos jóvenes delincuentes como víctimas de un contexto de sobrevivencia, forjado por la absoluta pobreza, forjado por un Estado que se ha despreocupado de sus necesidades; por un Estado que no les ha dado a sus pobladores soberanos el pescado, que no les ha proporcionado instrucciones para pescar, y que no les ha provisto de los instrumentos de producción; pero, en cambio, les exige miserablemente que no falte el pescado en las mesas de los gobernantes. De manera que si hay una conclusión básica acerca de cómo hacer para acabar con esa tradición en la que los jóvenes matan por un sueldo, es la siguiente pregunta: ¿por qué no podemos conseguir que ocurra a la inversa, que los jóvenes reciban un sueldo por no matar? Sea como fuere, mientras a los pobres no se les instruya en el arte de la pesca, mientras no se les proporcione el bote, ni los anzuelos, ni las carnadas, ni los utensilios, ni los accesorios y la lámpara para la luz de los fanales, entonces, no podemos decir que ha comenzado el verdadero progreso; porque, para que ello ocurra, infortunada o afortunadamente, hay que empezar dándoles a los jóvenes el pescado y, sobre todo, hay que comenzar pagándoles para que dejen de ser pobres, para que bajo los efectos de la angustia por sobrevivir, no elijan ser pícaros o sicarios. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado viernes, el presidente Gustavo Petro anunció desde Buenaventura el comienzo del programa "Jóvenes en Paz", una estrategia anunciada el año pasado, destinada a abordar el problema de las bandas criminales y reducir la tasa de delitos perpetrados por jóvenes en el país. Con el objetivo de ofrecer una solución innovadora, el mandatario propuso un enfoque que involucra la asignación de recursos económicos como incentivo para que los jóvenes abandonen la vida delictiva y encuentren nuevas oportunidades. Según el presidente, se les pagará a estos jóvenes por abstenerse de cometer actos violentos. De acuerdo con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se planea entregar una suma cercana al millón de pesos mensuales a los jóvenes que decidan alejarse de la delincuencia. Sin embargo, se aclara que esta ayuda económica no será indefinida, sino que se brindará durante el proceso de transición hacia actividades académicas que buscarán alejarlos de los entornos delictivos. Inicialmente, se contempla que el programa tenga una duración de un año, tiempo durante el cual se evaluará su efectividad. Velasco también hizo énfasis en que el nombre del programa, “pagar para no matar”, es una metáfora y que el objetivo real es brindar mecanismos que permitan a estos jóvenes acceder a oportunidades laborales y educativas. El programa se enfocará en ayudar a aquellos jóvenes que están siendo atraídos por las bandas criminales, buscando identificarlos en colaboración con las comunidades locales y realizar un trabajo social conjunto. El ministro reconoció que no es una tarea fácil determinar la cantidad exacta de jóvenes que se encuentran en esta situación, y también señaló que será un desafío tratar con aquellos que hayan cometido delitos graves, especialmente en términos de su relación con las autoridades judiciales. El objetivo final es que estos jóvenes tengan la oportunidad de ingresar a instituciones educativas, completar su formación y buscar empleo. El programa piloto se iniciará con 150 jóvenes como un primer paso para motivar a otros a unirse. Se llevará a cabo un seguimiento constante para evaluar su progreso y ajustar el programa según sea necesario. Se espera que el programa se implemente inicialmente en ciudades como Bogotá, Puerto Quijada, Quibdó y Medellín. Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), mencionó que este tipo de programas que están dirigidos a jóvenes en riesgo, jóvenes en vulnerabilidad o jóvenes que han estado en grupos delincuenciales o expuestos a ese tipo de violencias, son muy importantes. “Yo creo que ahora que se anunció Jóvenes en Paz, que van a ser 100.000 jóvenes a nivel nacional, tienen que empezar a delinear mejor este programa”, mencionó Torres. Además, Juan Manuel Torres resaltó la falta de claridad sobre la entidad responsable de este programa. No se sabe si estará a cargo de Colombia Joven, la oficina liderada por Gabriela Pozo, ya que no se han proporcionado detalles al respecto. Tampoco está claro si está bajo la responsabilidad del Ministerio de la Igualdad, que se espera cuente con un viceministerio de la juventud, o si estará a cargo del Departamento de Prosperidad Social. Por lo tanto, considera que es necesario especificar con mayor precisión esta información. En cuanto a las posibles alternativas, el coordinador de la oficina de Buenaventura de Pares considera que más que reemplazar el programa Jóvenes en Paz, que forma parte del Plan de Desarrollo, se necesitan complementos. Torres destacó que es fundamental implementar planes de acción inmediata para fomentar la generación de empleo, brindar oportunidades para el emprendimiento y facilitar la creación de ingresos. Aunque es cierto que cada vez más jóvenes en Colombia completan su educación media e incluso obtienen un título de bachiller, no todos continúan hacia la educación universitaria. Es evidente que no se puede resolver por completo el problema del desempleo juvenil únicamente a través de la educación. Si observamos las alarmantes cifras de desempleo entre los jóvenes, Juan Manuel Torres explicó que resulta necesario complementar las estrategias existentes en lugar de buscar alternativas al programa Jóvenes en Paz, ya que este programa representa una parte importante de la solución. Si bien el programa ha generado polémica, especialmente en cuanto a la selección de los beneficiarios y el enfoque selectivo, líderes políticos como el senador Iván Cepeda han expresado su apoyo, considerándolo una propuesta fundamental en el marco de la paz y una medida adecuada para abordar el reclutamiento forzado y la participación de los jóvenes en el conflicto armado y la delincuencia. A pesar de las críticas, el Gobierno espera que este programa ayude a reducir la delincuencia juvenil y brinde a estos jóvenes una oportunidad real de construir un futuro mejor a través de la educación y el empleo. Juan Manuel Torres planteó interrogantes sobre el proceso de selección de los jóvenes para el programa. Si bien el Plan de Desarrollo ya establece ciertos criterios, considera necesario incluir a grupos y organizaciones juveniles que han estado trabajando. No se trata de pagarles, sino de involucrar a jóvenes en contextos de vulnerabilidad que están haciendo un buen trabajo, como instructores de danza para niños del barrio, artistas muralistas o personas que brindan apoyo complementario a otros niños. Son jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, pero que están generando un impacto positivo. “Recuerdo cuando en el programa de gestores se vinculaban a jóvenes directamente que pertenecían a las pandillas, se les pagaba un salario por 18 meses, iban a hacer actividades de ciudad, que apropien la ciudad. Estos jóvenes pueden ser un grupo de jóvenes que pueda respaldar”, destacó Torres. En términos generales, se espera que este programa otorgue protagonismo a la juventud, que durante mucho tiempo ha sido desatendida, algo que se refleja en los datos macroeconómicos y de participación. A mediano plazo, se espera que se reduzcan ciertas cifras y que la juventud se acerque más a la esfera pública y a la democracia. Sin embargo, Juan Manuel Torres sostiene que el programa Jóvenes en Paz por sí solo posiblemente no logrará esto, ya que requiere de múltiples complementos. Además, señaló que, en el caso de Buenaventura, donde hay miles de jóvenes en una ciudad con un índice de desempleo juvenil del 50% y una alta informalidad, el programa probablemente no podrá brindar una solución completa. No obstante, se espera que, a medida que el programa se desarrolle, los jóvenes puedan tener un mejor futuro."

Por: María Juliana Jiménez, Investigadora Nacional Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana Después del largo periodo de cierres y regulaciones del espacio público debido a la pandemia de Covid-19, retomar definitivamente el uso de este ha sido un importante reto para los bogotanos y la administración de la ciudad: la gestión de la alcaldía frente a los problemas de movilidad, infraestructura, informalidad laboral, orden público y contaminación son asuntos que tienden a estar bajo escrutinio constante. No obstante, el auge de inseguridad se ha consolidado como el principal reto a atender, y los medios de comunicación no dejan de referenciar casos de hurto en las calles y en el transporte público, estafas, atracos, extorsiones, entre otros hechos que impactan directamente en la percepción de seguridad de la población. Ahora bien, este no es solo un tema de percepción, y así lo ha reconocido la administración local desde octubre del 2021: el comportamiento de los delitos de alto impacto (cuya medición depende del número de denuncias que tienden a ser muy bajas) presenta un escenario preocupante para el periodo 2021-2022 según SIEDCO, pues hubo un aumento significativo de lesiones personales (141%), amenazas (92,7%) y hurtos (30%), mientras que los homicidios y la extorsión tuvieron tendencias decrecientes. Coherente con estas cifras, se tiene que tan solo el 25,9% de los bogotanos se siente seguro en la ciudad y, adicionalmente, el 43% de las personas que fueron víctimas de algún delito no recurren a ninguna entidad para solucionar sus necesidades de justicia. Lo anterior según la encuesta más reciente de percepción ciudadana de Bogotá cómo vamos. Entre grupos delincuenciales y grupos armados organizados Paralelamente, las nuevas prioridades de seguridad del Gobierno Nacional —orientadas a consolidar procesos de sometimiento con grupos delincuenciales y procesos de negociación con las guerrillas— han dado un vuelco al comportamiento de estos grupos en diversas regiones del país. Al respecto, si bien se han priorizado los procesos de construcción de Paz Urbana en territorios con problemáticas más erosionadas que Bogotá (como Buenaventura, Quibdó, Cali, Medellín y Cúcuta), la realidad de la capital no es alentadora. Por un lado, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) mantiene un mapeo a más de diez grupos delincuenciales consolidados en Bogotá que oscilan desde pequeñas estructuras de alcance local, hasta organizaciones complejas que afectan a toda el área metropolitana o que incluso tienen incidencia transnacional (como el Tren de Aragua). Estos grupos gozan en algunas zonas de la ciudad de control territorial y rentas ilegales de estupefacientes y armas. Por otro lado, en las zonas rurales de la ciudad (especialmente en Sumapaz), la alcaldesa Claudia López ha reconocido la presencia de disidencias de las FARC, y en abril del presente año se prendieron las alertas por la supuesta refundación del frente 53 de las FARC en este territorio; coherente con la alerta temprana 010 de 2021 hecha por la Defensoría del Pueblo sobre posible reclutamiento de menores de edad en la capital, la cual fue referenciada constantemente por la institución durante el 2022. Cartel de las disidencias de las FARC en Bogotá. Fuente: Twitter @luciabastidasu Políticas distritales vs. Políticas nacionales Sobre la responsabilidad de las administraciones distrital y nacional para hacer frente a la situación de la capital, hay varios factores para tener en cuenta: - El desfase temporal entre las elecciones regionales y las elecciones de Presidencia y Congreso implica que todas las administraciones locales convivan con dos planes nacionales de desarrollo. Por tanto, la administración de turno atravesó no solamente los bruscos cambios administrativos por la pandemia de Covid-19, sino también el gran cambio en el espectro político del Gobierno Nacional, pasando de la derecha tradicional a la materialización de una izquierda sin precedentes para el país. - Tanto Claudia López como Gustavo Petro han mantenido relaciones ambivalentes con la fuerza pública. Sobre la alcaldesa, 070 hace un pertinente mapeo que da cuenta de una relación conflictiva al inicio de su administración (que giraba en torno a la gestión de las protestas y la obediencia de la policía hacia la mandataria) que migró a un esfuerzo por lograr relaciones más amenas al hacer parte de cursos de capacitación de la policía y nombrar secretario a un general en retiro de la misma institución. Por su parte, el primer mandatario llegó al poder con las promesas de acabar con el ESMAD y el servicio militar obligatorio, además de un discurso que movilizaba una postura en contra del accionar de las fuerzas militares en el marco del conflicto armado y la necesidad de transformar de fondo a la Policía Nacional. Sin embargo, en el desarrollo de su política de Paz Total, la relación con la fuerza pública es esencial para materializar los procesos de sometimiento a la justicia de los grupos delincuenciales organizados, lograr presencia estatal en los territorios apartados y la persecución de todos los grupos que no harán parte de la Paz Total. Así, su mayor interés tiene que ver con mostrar un pie de fuerza consolidado y estable que funcione de respaldo a su gran agenda de paz. - Es ideal que los planes de acción que establezcan las administraciones locales sean complementarios a los objetivos que establezcan los gobiernos nacionales. Sin embargo, la nueva política de Seguridad, Defensa, Convivencia y Justicia —junto con el Plan Nacional de Desarrollo— mantiene un enfoque territorial que prioriza las zonas rurales que han sido históricamente desatendidas por el Estado, por lo cual no se ha ponderado la Paz Urbana en la capital. Ante este escenario, es claro que a la administración local le ha costado ajustarse al hilo conductor nacional, mientras que se mantiene como uno de los epicentros de fenómenos como la migración venezolana, el aumento de la densidad demográfica, la urbanización informal y la movilización social. Estos factores llevan a que la materialización de las estrategias de seguridad en la capital sean accidentadas: mientras que el ejecutivo tacha de inaceptables algunos de los casos que se viralizan, la alcaldesa critica al Gobierno Nacional sobre la distribución de la fuerza pública en la capital (al haber redistribuido a 1.300 uniformados de Bogotá en otros territorios priorizados a nivel nacional) e, inclusive, propone la creación de una policía propia de la capital bogotana para hacer frente a la situación. Sin embargo, concejales de Bogotá mantienen una fuerte veeduría a la alcaldía y señalan que la situación de inseguridad de la ciudad representa incluso un “retroceso de décadas”, y resaltan que la inseguridad es un asunto que ha colmado la agenda distrital desde el fin del periodo de pandemia. Entretanto, la realidad para los bogotanos es que la administración de turno solo cuenta con seis meses más de gobierno, y son muy pocas las soluciones de contención ante una problemática que ya se percibe como desbordada. Discurso de seguridad como oportunidad política Ante este escenario, la crisis de inseguridad, más allá de ser una prioridad evidente para la administración y un martirio para la ciudadanía, es una oportunidad política para los candidatos a las elecciones que se aproximan en octubre; las propuestas en materia de seguridad serán determinantes para movilizar votos. Sin embargo, las candidaturas mejor consolidadas hasta el momento (Rodrigo Lara, Carlos Carrillo, Juan Daniel Oviedo y María Fernanda Rojas) no han dado pistas de soluciones de fondo, sino que se han concentrado en la enunciación de los retos de la ciudad —especialmente en materia de movilidad—, la recolección de firmas para avalar sus candidaturas o las disputas internas de sus mismos partidos. De forma paralela, los medios nacionales se han enfocado en seguir la pista al Gobierno Nacional entre sus procesos de construcción de paz, las reformas estructurales que ha presentado al Congreso y la agenda diplomática del ejecutivo. Por tanto, los bogotanos —que están muy acostumbrados a las largas esperas— tendrán que esperar una vez más para vislumbrar posibles caminos a seguir para lograr una ciudad más segura y garante de derechos para los ciudadanos.

Por: Juan Manuel Rueda Castaño, Editor El pasado 12 de julio se conoció una sentencia, proferida por el juzgado cuarto penal del circuito especializado de Bogotá, que afirma que las disidencias de las FARC (línea “Gentil Duarte”, actualmente Estado Mayor Central o EMC) estuvieron detrás de las manifestaciones de noviembre de 2019 en Bogotá. Con base en la sentencia, los medios de comunicación titularon “Disidencias Farc estuvieron detrás de los desórdenes del 21 N de 2019”, “Fallo judicial establece que disidencias de Farc y Eln estuvieron detrás de disturbios de 2019” o “Disidencias de las Farc estuvieron detrás del los desórdenes durante el estallido social del 2019, asegura la Fiscalía”. Inmediatamente los representantes de la derecha colombiana salieron a declarar que esto demostraba que las protestas de 2019 no fueron un estallido social, sino una toma guerrillera, o que el grupo armado habría financiado desmanes y actos vandálicos en la ciudad. Sorprendentes titulares y afirmaciones si tenemos en cuenta que, leyendo al detalle la sentencia, los condenados que demostrarían la supuesta infiltración de las disidencias de las FARC en las protestas de 2019 —que, recordemos, se originaron por la indignación ciudadana frente a la ineptitud y cinismo del gobierno Duque, que por esa época bombardeaba niños y asesinaba testigos clave del caso de megacorrupción de Odebrecht— son solo cuatro personas: Wilson Reinel Moreno, supuesto jefe del “Frente Segundo Manuel Marulanda Vélez” de las disidencias de las FARC, un grupo del que la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) no tiene ningún conocimiento en su juicioso mapeo de actores armados; Justo Ernesto Villarraga, un adulto mayor de 74 años, paciente de cáncer, líder social y exmilitante de Colombia Humana; Erika Lorena Flórez, joven investigadora social candidata a magister en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital; y Greissy Perilla, joven docente y también investigadora en temas de derechos humanos, quien trabajaba con campesinos y víctimas del conflicto armado. Así, un supuesto cabecilla de un bloque de las disidencias de las FARC que no existe, un adulto mayor de 74 años enfermo de cáncer, y dos mujeres jóvenes dedicadas a la investigación y el trabajo social, habrían, según la Fiscalía General de la Nación del desmeritado Francisco Barbosa, infiltrado una de las protestas sociales más duras y sentidas del país de las últimas décadas. Protesta que rápidamente se tornó violenta, por cuenta de una fuerza pública que intentó reprimir las juventudes en las calles y terminó generando caos, muertos, heridos y detenidos. Las pruebas de la Fiscalía en este caso son cuando menos débiles y oscuras, y parecen obedecer más bien al orden de falsos positivos judiciales. A los sentenciados se les acusa, entre otros delitos, de terrorismo, concierto para delinquir agravado, perturbación de la vía pública, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. La supuesta estructura de las disidencias de las FARC funcionaba a través del liderazgo de Wilson Moreno, quien tenía supuesta línea directa con “Iván Mordisco”, y quien contactaba con Justo Villarraga, el señor de 74 años, para coordinar pequeñas células en Bogotá y dirigir las manifestaciones. Preocupa en este caso la situación de Erika Flórez y Greissy Perilla, quienes son señaladas de coordinar con Villarraga actos vandálicos, reclutamiento de jóvenes, violencia contra miembros de la fuerza pública, entre otros, y quienes son las últimas en esta fantasiosa cadena de mando, jóvenes que salían a la calle con sus compañeros a manifestarse en contra de la brutalidad policial. A Greissy y Erika las condenaron a 12 y 19 años de prisión respectivamente. Según conversaciones interceptadas, las jóvenes habrían participado en daños al Portal Américas de Transmilenio, enfrentamientos con la fuerza pública usando artefactos no convencionales como pintura de aceite, creación de grupos de Whatsapp y Facebook para coordinar bloqueos, protestas y difundir imágenes y videos, quema de autobuses, organización de “cacerolazos” y crear colectivos jurídicos para desacreditar a la fuerza pública y al Ejército. Según esta condena, muchos jóvenes del país que participamos no solo en las protestas del 2019, sino en el Paro Nacional de 2021, seríamos potenciales terroristas. ¿Quién no participó de grupos de Whatsapp para coordinar salidas a marchas, movilizaciones y bloqueos?, ¿quién no ingresó a algún grupo de Facebook para obtener información de las marchas, ver casos de brutalidad policial para indignarse y denunciar en redes sociales?, ¿cuántas personas no participaron de desmanes, actos vandálicos, grafiti, daños a estaciones de transporte público en medio de las revolucionadas movilizaciones de una sociedad que explotó de indignación y abandono? ¿Cacerolazos?, todos participamos de los cacerolazos. Y sobre la creación de colectivos jurídicos para desacreditar a la fuerza pública y al Ejército, ¡pues desacreditados por sí mismos, masacrando civiles, desapareciendo personas, violando mujeres y reprimiendo una protesta válida y pacífica! Lo de la Fiscalía deja mucho que desear en cuanto a garantías procesales, así como el juez, quien dictó una sentencia evidentemente marcada por la presentación de un caso armado con afán y pocas pruebas, y sesgado por profundos prejuicios. ¿Cómo se le dictan 12 y 19 años de cárcel a unas jóvenes que participaron de un momento histórico, quisieron organizarse con su comunidad y salir a manifestarse en contra de la abierta violación a los derechos humanos por parte de un Estado criminal? Y si las jóvenes se equivocaron, si rompieron algún vidrio, si enviaron algún mensaje con un tono violento en contra de la fuerza pública, ¿por qué 12 y 19 años de prisión y no buscarles penas alternativas, como propone el actual ministro de Justicia, Néstor Osuna? La organización Objetivo Libertad (@ObjetivLibertad) hace seguimiento al caso de Erika Flórez y Greissy Perilla, y lo señala de falso positivo judicial. Hace falta que la opinión pública colombiana haga seguimiento a estos casos en que jóvenes manifestantes han sido judicializados injustamente por participar de marchas y protestas. Los casos son cientos. Según un reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Colombia, de las 228 judicializaciones en el marco de la protesta, 145 personas se encuentran con medida de aseguramiento privativa de la libertad: 113 de manera intramural y 32 en su lugar de residencia. Y si todos estos casos van a tener el sesgo del caso de Flórez y Perilla, tendremos a muchos jóvenes injustamente encarcelados en Colombia. Y los medios de comunicación salen así sin más a titular que las disidencias de las FARC infiltraron las protestas. Y los voceros de la derecha a asegurar que las protestas que cambiaron el rumbo del país fueron financiadas por la guerrilla. Y siguen en impunidad los 5.340 casos de violencia policial, 40 homicidios por parte de la fuerza pública, 35 casos de violencia sexual y 103 casos de violencia ocular según la ONG Temblores —sobre los cuales había 0 fallos condenatorios al 28 de abril de 2022—. ¡Libertad para todos los jóvenes injustamente condenados por participar en las protestas de 2019 y el estallido social de 2021!

Por: Katerin Erazo, Periodista Con la reanudación de los diálogos entre el Gobierno y el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, surge la incógnita acerca de cómo los firmantes del Acuerdo de Paz de las antiguas FARC perciben esta voluntad de paz por parte del grupo armado. Esto adquiere mayor relevancia al considerar los actos violentos dirigidos hacia los firmantes que abandonaron las armas. Durante este año, la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha registrado un total de 22 asesinatos, sumando 378 desde la firma del Acuerdo, lo que genera una profunda preocupación por la seguridad de aquellos que suscribieron dicho pacto. En busca de perspectivas, la Fundación Pares escuchó la opinión de Omar de Jesús Restrepo, firmante de paz y actualmente senador del Partido Comunes. Durante la entrevista, Restrepo compartió su postura respecto a los diálogos con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC y los hechos violentos que han afectado a las personas que dejaron las armas para reintegrarse a la vida civil. Como firmante de paz, ¿cuál es su perspectiva sobre los diálogos que se han reanudado con el Estado Mayor Central? Considero fundamental que el Gobierno dialogue con todos los actores armados, ya que es una necesidad si deseamos alcanzar la Paz Total en nuestro país. La paz no se reduce únicamente al desarme de los grupos armados, sino que implica dignificar la vida humana y garantizar derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y fundamentales, como el acceso a la salud, educación, vivienda, trabajo y tierra. Todos estos derechos son parte integral de la paz, ya que es difícil vivir en paz en un país donde existen grandes desigualdades, inequidades, discriminación y exclusión, donde unos concentran tierras mientras otros sufren pobreza y miseria. Por lo tanto, es necesario entablar diálogos con todos los actores armados para que el Estado pueda garantizar el monopolio del uso de la fuerza, el control territorial, la justicia y la tributación, sin que exista la amenaza constante de muerte. Esto permitiría que todos podamos vivir en paz y que el Estado llegue a los territorios afectados por la violencia con inversiones y políticas públicas que aborden las causas históricas de la violencia en Colombia. Sin embargo, exigimos que, en un ambiente de diálogo, los actores armados ofrezcan gestos que generen confianza, no solo hacia el gobierno o el establecimiento, sino hacia todos los ciudadanos. Estos gestos deben estar encaminados a no afectar los derechos humanos. Si los actores armados, bajo la premisa de buscar la paz y estar en diálogo, continúan asesinando, desplazando, amenazando, extorsionando e imponiendo su fuerza a través de las armas, generan un ambiente totalmente desfavorable y despiertan desconfianza en sus supuestos propósitos de paz. Es necesario ser coherentes en este sentido. Es importante distinguir entre estar en un entorno de violencia cuando todas las posibilidades de diálogo están cerradas y cuando se abren los diálogos y el Estado muestra disposición para dialogar. Sin embargo, en el caso de los actores que se encuentran en el otro lado de la mesa, es fundamental que demuestren voluntad y esta se manifieste a través de acciones concretas, cesando toda forma de violencia. Eso es lo que creemos que debe ocurrir con el Estado Mayor Central y con todos los demás actores que, a pesar de estar en proceso de diálogo, continúan perpetuando asesinatos, desplazamientos y enfrentamientos por el control territorial o los recursos presentes en esas áreas. Si tuviera la oportunidad, ¿qué consejo le daría al Gobierno respecto a la reanudación de los diálogos con el Estado Mayor Central? Mi consejo para el Gobierno, si tuviera la oportunidad, sería que tenga una política clara en relación a la necesidad de la paz. Sin embargo, es importante distinguir entre tener una política clara a favor de la paz y deslegitimar la misma paz. El gobierno no puede permitir que los opositores a la paz confundan a la opinión pública debido a la falta de una estrategia clara y mecanismos precisos que respalden y legitimen las conversaciones en curso. El contexto actual en Colombia es diferente al de las décadas pasadas. La sociedad colombiana de hoy no es la misma que en los años 70, ni siquiera en los 90, cuando los actores armados imponían su voluntad y enviaban mensajes a través de actos violentos para doblegar a la sociedad y lograr que esta se alzara exigiendo el cese de la violencia. La sociedad actual anhela la Paz Total, pero exige a los grupos violentos que cesen toda forma de violencia. Es responsabilidad del Gobierno Nacional exigir a todos los actores armados con los que está dialogando y negociando que detengan la violencia, que protejan a la población civil y respeten los derechos humanos. Esto implica no cometer asesinatos, secuestros, reclutamiento de niños, desplazamientos forzados y no imponer normas contrarias a los derechos de los ciudadanos mediante el uso de las armas. Los grupos armados deben contribuir a la paz a través de acciones que generen confianza y respaldo por parte de la mayoría de los colombianos. Es fundamental que el Gobierno pueda legitimar y respaldar estos acuerdos, pero esto sólo será posible si se garantiza la tranquilidad y dignidad de los ciudadanos en los territorios afectados. La sociedad no entenderá que los actores armados cesen la violencia únicamente contra la fuerza pública, mientras continúan utilizando armas, terror y muerte contra los campesinos, la población civil, los defensores de los derechos humanos, el medio ambiente, los líderes comunitarios y los firmantes de paz. Esto no tiene justificación alguna y no legitima un diálogo verdadero. Por el contrario, fortalece a los enemigos de la paz y les proporciona oxígeno y combustible para perpetuar la violencia. ¿Cuál es su opinión acerca de los actos de violencia que se han registrado contra los firmantes del Acuerdo de Paz? Considero que los actos de violencia perpetrados contra los firmantes del acuerdo de paz son sumamente lamentables. Resultan especialmente desafortunados en un momento histórico en el que nuestro Gobierno muestra gran voluntad de cerrar de manera definitiva el conflicto armado en Colombia. Esta administración ha demostrado una generosidad y disposición sin precedentes, lo cual, en ocasiones, podría interpretarse como una debilidad ante los actores violentos o armados que aún operan en nuestro país. Es realmente desafortunado porque si estos actores armados no aprovechan esta coyuntura histórica en la que contamos con un gobierno decidido a promover el desarrollo social en las regiones históricamente afectadas por la guerra y el conflicto, perderíamos una oportunidad invaluable como sociedad, como colombianos y como nación. El conflicto se prolongaría durante muchos años más, ya que existen sectores que se alimentan de la confrontación y estimulan la violencia en aras de sus propios intereses. Estos grupos encuentran beneficios y privilegios, concentrar riquezas y aferrarse al poder a través del miedo y la justificación de actos violentos, supuestamente en nombre de la lucha contra la violencia. Resulta incomprensible que algunos actores armados no hayan entendido la realidad actual y el fervor de los colombianos por alcanzar la paz. Tampoco han captado la voluntad política del gobierno, que está comprometido con este sueño de paz y desarrollo. En cambio, continúan generando hechos violentos que, en última instancia, solo benefician a aquellos que promueven la guerra y se enriquecen a través de ella en nuestro país. Es importante destacar que cualquier acto violento en este momento no contribuye ni respalda las propuestas, ideas y esfuerzos que el gobierno ha estado realizando para alcanzar la anhelada Paz Total. ¿Considera que estos asesinatos y hostigamientos representan una amenaza para la estabilidad y el éxito del Acuerdo de Paz? Sin duda, estos asesinatos y hostigamientos representan una amenaza para la estabilidad y el éxito del acuerdo de paz. De hecho, estos actos benefician y crean un entorno propicio para aquellos que aún sueñan con resolver los conflictos a través del uso de armas y la fuerza. La guerra les conviene, ya que les permite mantener privilegios, poder político en ciertas regiones y controlar territorios mediante grupos que cumplen sus propósitos e intereses. Además, la guerra les proporciona la oportunidad de mantener la corrupción y sembrar el miedo, utilizando la violencia como un medio para resolver problemas. Detrás de esta venta de seguridad, se esconden los esfuerzos represivos impulsados por la ultraderecha en Colombia. Es importante entender que existen actores armados que no se oponen al status quo, sino que lo defienden. Estos actores armados son funcionales a los grandes grupos económicos, a quienes concentran tierras y a las diversas mafias presentes en las instituciones del Estado y en la política. Estos hechos benefician a dichos sectores y perjudican a aquellos de nosotros que estamos interesados en buscar una solución política al conflicto en Colombia. Nos interesa cerrar definitivamente el conflicto y permitir que el Estado implemente políticas públicas en todas las regiones del país, revitalizando la economía y garantizando la vida en cada territorio, incluso en las diferentes ciudades colombianas, donde también enfrentamos serios problemas en algunos barrios populares. ¿Qué medidas considera necesarias para prevenir y responder a los asesinatos de los firmantes del Acuerdo de Paz? Las medidas necesarias se encuentran en la implementación integral del Acuerdo de Paz. Si los gobiernos anteriores, tanto el gobierno de Santos en sus últimos dos años como el gobierno de Duque durante sus seis años, hubieran continuado y fortalecido las bases establecidas en cada una de estas comunidades a través de la implementación de los Acuerdos de Paz, como el acceso a la tierra, el fortalecimiento de los factores productivos, la solución de los problemas de infraestructura vial y de comunicación, así como la mejora de la salud, educación y capacitación técnica, y el apoyo a proyectos productivos con financiamiento a bajo o nulo interés, y la promoción de la comercialización de productos locales, estaríamos en una situación diferente. Si se hubiera avanzado significativamente en la profundización de las medidas que buscan desescalar el conflicto y reducir la violencia en el país, estaríamos en mejores condiciones. La mayoría de los territorios se encuentran afectados porque el Gobierno no ha llegado con políticas públicas que impacten positivamente en esas regiones y brinden a los jóvenes oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida sin tener la necesidad de involucrarse en estructuras armadas. Por lo tanto, si queremos reducir la violencia y restarle oxígeno a la guerra, es fundamental generar oportunidades reales y concretas para los jóvenes que actualmente se encuentran en condiciones de desesperanza, estigmatizados y amenazados, con la posibilidad de perder la vida en cualquier momento. Estos jóvenes se ven obligados a unirse a estructuras armadas, ya sea para proteger su propia vida o como un proyecto de vida. Las medidas necesarias incluyen la implementación integral de los Acuerdos de Paz, avanzar en la sustitución de cultivos ilícitos, desmantelar las mafias presentes en diversas instituciones del país, incluyendo la fuerza pública, y generar transformaciones reales en los territorios, ofreciendo a la gente posibilidades de vida mediante la transición hacia economías lícitas. Los campesinos que cultivan coca necesitan acceso a tierras, vías, mercados, proyectos productivos, financiamiento, capacitación técnica, salud, agua potable y vivienda. Si se brinda este apoyo desde el Estado, los jóvenes también se beneficiarían y no se involucrarían con actores armados que generan violencia y muerte a diario en el país. Consideramos que una de las causas de los asesinatos actuales es el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, los cuales están diseñados para abordar las causas de la violencia en Colombia y desmontar los factores sociales que han generado el conflicto y la violencia. Por lo tanto, existen medidas y políticas, pero aún no se han implementado. Es fundamental llevar a cabo la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en los puntos 1 y 4, que se refieren al acceso a la tierra y la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos, garantizando mercadeo y protección a través de políticas públicas que beneficien a los productores. De esta manera, podemos disminuir la violencia al restarle reclutas a la guerra y fomentar su participación en actividades productivas, como la producción de alimentos, servicios y manufactura. ¿Qué esperan ustedes como firmantes del Acuerdo de Paz con gobierno de Gustavo Petro? Bueno, nosotros le decimos a este gobierno que si quiere en realidad avanzar hacia la Paz Total de este país, esa pasa necesariamente por la implementación de los Acuerdos de Paz. Estos acuerdos constan de seis puntos, y cada uno de ellos es crucial para alcanzar la paz que anhelamos. El primer punto se refiere al acceso y la democratización de la tierra. Es fundamental hacer que el campo sea habitable y productivo, lo cual implica garantizar el acceso a la tierra para los campesinos que la poseen o la tienen de manera insuficiente y desean utilizarla para la producción de alimentos. El segundo punto se centra en la sustitución de cultivos. La sustitución de cultivos no debe ser vista como un programa asistencialista, sino como una oportunidad para que las comunidades que actualmente cultivan coca o marihuana puedan cultivar alimentos. Sin embargo, para que esto sea posible, es necesario brindar a los campesinos infraestructuras como carreteras, electrificación, educación, salud, financiamiento, capacitación técnica, proyectos productivos y oportunidades de comercialización. Además, es crucial enfrentar al narcotráfico y desmantelar las mafias que operan dentro de las instituciones para evitar la comercialización de estas drogas. Es importante reconocer que el flujo de cocaína hacia diferentes partes del mundo es posible debido a aquellos que permiten que pase a través de puertos, carreteras, ríos y océanos. Además, existen personas que facilitan el movimiento de estos recursos a través del sistema financiero y garantizan su inversión en la economía, en tierras y en el sector inmobiliario. Existe un entramado económico, político, social y cultural en Colombia que permite esto. Por lo tanto, es necesario combatir estas mafias, regularizar estas actividades y asegurar que el Estado tenga el control y el monopolio sobre ellas. Aunque esto también requiere acuerdos internacionales, consideramos necesario convocar una conferencia internacional al respecto. Mientras se trabajan estos aspectos, el Estado debe golpear a las verdaderas mafias y brindar a los campesinos oportunidades de sustitución a través de inversiones sociales. Es fundamental que el gobierno implemente los acuerdos en su totalidad, pero esto no puede hacerse desconociendo y excluyendo a los firmantes del Acuerdo de Paz, que somos nosotros. Hemos sido excluidos de la mayoría de las instituciones encargadas del seguimiento e implementación de los acuerdos, y consideramos que es necesario que aquellos que participamos en el diseño y la construcción de los acuerdos tengamos presencia y participación en las instituciones y agencias encargadas de la implementación. Esto es aparte del punto 6 de los Acuerdos de Paz.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presenta su tercer informe de violencia político-electoral del actual calendario electoral. Este informe comprende el análisis de datos recogidos desde el 29 de octubre de 2022, fecha de inicio del calendario electoral, al 29 de junio de 2023. La violencia político-electoral es una subcategoría de la violencia política que se define como aquella ejercida contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral. En Colombia, ésta se ata no sólo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas. Durante el periodo de tiempo analizado, se registraron 152 víctimas de violencia electoral en 116 hechos asociados. Del total de víctimas (152), veintiséis (26) fueron asesinadas, veinte (20) sufrieron un atentado y 106 fueron amenazadas. En relación con el informe inmediatamente anterior (Ver: Segundo informe de violencia político-electoral [29 octubre 2022 – 30 abril 2023]), correspondiente a los primeros seis meses del calendario electoral (del 29 de octubre de 2022 al 30 de abril de 2023), se dio un incremento del 42% en el número de hechos registrados, y del 35% en el número de víctimas contabilizadas. Este tercer informe de violencia político-electoral causa gran preocupación, pues se sigue registrando una víctima de violencia político electoral día de por medio en Colombia; y la tendencia ha mostrado que, al acercarse el momento de la inscripción de candidatos y los comicios, se aumentan notoriamente el número de hechos contabilizados y, por supuesto, sus víctimas. Le invitamos a leer el informe completo con toda la información, la concentración geográfica de los hechos, el perfil de las víctimas, la filiación política de estas y los presuntos perpetradores aquí:

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La conservación de la Amazonía se está convirtiendo para Gustavo Petro en el eje articulador de buena parte de sus propuestas de gobierno. Su llamado a garantizar la integridad de la cuenca amazónica le ha permitido poner en diálogo varios de los componentes de su plan de gobierno: está en completa concordancia con su idea de desarrollo, con la transición energética y con su nueva política exterior, entre otros pilares. Dialoga con su idea de desarrollo al apuntarle de manera directa a la protección de la vida. En su Plan Nacional de Desarrollo, llamado “Colombia, potencia mundial de la vida”, el gobierno Petro le propone al mundo convertirse en un defensor del agua y la naturaleza de primer orden. De allí que la propuesta de no tumbar árboles ni destruir el suelo sea una propuesta que encaja muy bien con el cuidado que propone de la selva Amazónica. Lo mismo pasa con su controversial propuesta de transición energética. El cuidado de la Amazonía, que busca la protección, conservación y restauración del suelo y la descarbonización, conlleva la no explotación de hidrocarburos –carbón y petróleo–. De allí que siempre, en los discursos de Gustavo Petro ante la comunidad internacional, esté presente la idea de que estamos en un punto de no retorno y que se requiere hacer frente a la crisis climática acelerando la transición de la matriz energética. Finalmente, la propuesta de realizar un pacto regional para salvar la Amazonía le está ayudando al gobierno Petro a reconfigurar la política exterior colombiana. Su propuesta de cuidado de la naturaleza se viene convirtiendo en un objetivo común, para la que se requiere la cooperación regional. El Gobierno Colombiano le está ofreciendo a siete países más –Brasil, Perú, Venezuela, Surinam, Ecuador, Guyana y Bolivia– que tienen en común la naturaleza transfronteriza amazónica, que se unan para defender este recurso colectivo. Es una propuesta de cooperación para el desarrollo ambiental que le está permitiendo al gobierno Petro, por un lado, construir un liderazgo regional y mundial, pues es un ideario que une a todas las naciones bajo la idea de “supervivencia de la humanidad” y que este líder Suramericano promete revitalizar; y, por el otro, proponer al mundo una nueva propuesta de desarrollo de “transformar todo el sistema económico mundial” como el mejor camino para preservar la vida. Igualmente, es una propuesta que le permite a los gobiernos de la región cambiar la esencia de la unión: ahora ya no se trata de lograr una asociación para intercambiar bienes o servicios –desarrollar mercados como Mercosur o la Comunidad Andina–, sino una unión para proteger lo que es de todos y aprovecharlo para aumentar la riqueza nacional. La idea es canjear la deuda mundial por bonos de carbono que ayudarán a reducir el déficit fiscal y aumentar el bienestar social. Incluso, la propuesta de protección del bioma amazónico tiene otros efectos colaterales positivos. Le permite fortalecer la idea de seguridad humana que se desarrolla en la Paz Total, al darle argumentos para luchar contra las organizaciones criminales transnacionales que usan el amazonas para deforestar la selva y sembrar coca –narco-deforestación– o explotar el suelo de forma indiscriminada, acabando con la riqueza de todos y destruyendo la vida. Al igual que trabajar en la redistribución del ingreso y la reducción de las desigualdades regionales, pues el Gobierno tiene la idea de pagar su deuda con prestación de servicios ambientales. Recursos que provendrán de la comunidad internacional para la conservación y uso sostenible de la riqueza natural del país y cuyo principal destinatario serán las poblaciones indígenas y comunidades locales de la Amazonía, teniendo un efecto redistributivo. Todas estas son razones suficientes para que el presidente Petro quiera, de manera especial y personal, encargarse de los preparativos para la realización de la Cumbre Amazónica o Cumbre de Países del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que se celebrará en agosto próximo en la ciudad de Belém, estado de Pará, Brasil. El Gobierno Petro desea que este encuentro –con el que celebrará su primer año de mandato–, al cual asistirán los ocho gobiernos, sirva como carta de presentación de su programa de gobierno y su propuesta de liderazgo regional. Desea invitar a los asistentes a la Cumbre a que reflexionen sobre lo conveniente que es para ellos y para el mundo que se reduzca la exploración y explotación de hidrocarburos en la selva amazónica. Busca poner de acuerdo a los ocho países –que se sitúan en la cuenca– sobre la importancia de cuidar la selva como estrategia para salvar vidas y culturas. Pretende que firmen un pacto de protección de la Amazonía para que trabajen conjuntamente por reducir la crisis ambiental. Sacrificio que tendrá para los países de la región compensaciones económicas mediante el pago del oxígeno, el florecimiento de un turismo sostenible y la generación de valor que tiene la bioeconomía. Recordando Luiz Inácio Lula da Silva que el mundo se ha comprometido con destina, por lo menos, 100.000 millones de dólares para financiar la acción climática en los países en desarrollo al 2030 y que harán parte del “Nuevo Pacto Financiero Global”. En breve, el Gobierno Colombiano es consciente de que sin el apoyo de los países que integran la OTCA su promesa de convertir a Colombia en Potencia Mundial de la Vida será muy difícil. De allí que buscará generar una conciencia del cuidado del ambiente y de la responsabilidad compartida que tienen. Se requiere del compromiso regional, de trabajo conjunto, de un consenso y articulación sobre un recurso escaso que es valioso y que podría salvarnos de la catástrofe global. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Ministerio del Interior anunció recientemente la aprobación y rediseño del Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios (Decreto 660 de 2018). Este programa tiene como objetivo brindar protección a organizaciones sociales, poblaciones étnicas, líderes y lideresas ambientales que enfrentan riesgos debido a sus labores. A través de esta iniciativa, se busca abordar una de las grandes deudas que tiene el Estado colombiano en las periferias: la defensa colectiva de comunidades y territorios. El Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios fue creado como parte del tercer punto del Acuerdo de Paz en Colombia, con el objetivo de poner fin al conflicto en el país. Este programa tiene diversos objetivos fundamentales: Medidas de prevención: Busca adoptar medidas de prevención orientadas a identificar los factores de riesgo que puedan llevar a violaciones de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las comunidades, organizaciones y sus líderes en los territorios. También se consideran las condiciones particulares de las mujeres, reconociendo la importancia de abordar de manera integral los riesgos que enfrentan. Medidas de seguridad y protección: Se enfoca en adoptar medidas de seguridad y protección destinadas a prevenir la materialización o mitigar los efectos de riesgos excepcionales que amenacen los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las comunidades, organizaciones y sus líderes en los territorios. También se tiene en cuenta las condiciones específicas de las mujeres, reconociendo las particularidades de su situación. Promoción de reconciliación y convivencia pacífica: El programa busca promover la reconciliación y la convivencia pacífica y democrática en los territorios, con el fin de construir confianza entre las entidades públicas y las comunidades. Se busca fortalecer la articulación local y nacional para fomentar la confianza mutua y el diálogo constructivo. Fortalecimiento de la denuncia de organizaciones de Derechos Humanos: Se orienta a fortalecer la capacidad de las organizaciones de derechos humanos en los territorios para denunciar violaciones y abusos, brindando apoyo y recursos para su labor. Sin embargo, a pesar de su existencia desde el año 2018, su implementación no ha logrado traducirse en medidas reales y sus alcances han sido limitados en los cuatro pilares del programa: la convivencia y prevención, el acceso comunitario a internet, el reconocimiento a la labor de las mujeres y sus organizaciones, y la superación de la estigmatización y discriminación de las comunidades. Franklin Castañeda, director de derechos humanos del Ministerio del Interior, explicó a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) la situación actual del decreto 660. Castañeda señaló que el Ministerio del Interior carecía de personal suficiente para impulsar su aplicación y que no había garantías de una implementación adecuada. Para ilustrar este problema, mencionó que desde abril de 2018 hasta la fecha, se habían seleccionado alrededor de 42 organizaciones como beneficiarias de las medidas del decreto, pero ninguna de ellas había logrado una implementación completa de las medidas identificadas en los diversos planes integrales de prevención que se acuerdan entre las organizaciones y el gobierno como punto de partida para la implementación del decreto 660. En casi el 50 por ciento de los casos, ni siquiera se habían establecido los planes. Con el objetivo de cerrar estas brechas y fortalecer la protección de los líderes sociales y las organizaciones, el Ministerio del Interior anunció el rediseño del programa. Franklin Castañeda explicó que se implementó un proceso de gestión que buscaba abordar los problemas identificados. En primer lugar, se gestionó un presupuesto de funcionamiento significativamente mayor, que representó un incremento del 1400% para el funcionamiento de decreto 660. También se trabajó en la selección de comunidades en riesgo, la implementación de planes integrales de prevención y la adecuación institucional para identificar previamente las medidas necesarias para las comunidades y la gestión de gobierno para lograr esas implementaciones de medidas. Cabe recordar que el decreto 660 no basa su acción en la implementación de medidas como las camionetas o escoltas, sino medidas preventivas que facilite el transporte, la comunicación, el alumbrado y el fortalecimiento de los procesos comunitarios y de autoprotección. Castañeda mencionó que en el marco de esta gestión, se ha fortalecido económicamente el decreto y se ha contratado un equipo de trabajo cualificado, conformado en su mayoría por profesionales provenientes de organizaciones sociales y algunas que participaron en la concertación del decreto en 2018. Castañeda también dijo que se ha dado prioridad a garantizar un funcionamiento basado en la oferta, es decir, asegurando que el Estado se comprometa a ofrecer el decreto y sus beneficios a las comunidades vulnerables. Por tal motivo que las comunidades y organizaciones sociales que deseen acceder a programas de fortalecimiento de capacidades de autoprotección y protección colectiva podrán hacerlo a través de este nuevo diseño y para esto se lanzó una convocatoria pública. Las organizaciones interesadas en acceder al programa deben descargar un formulario en la página web del Ministerio del Interior. En este documento, deberán presentar información detallada sobre su organización, incluyendo su historia, enfoques, derechos que defienden y estructura. También se les solicitará describir los hechos de violencia y violaciones de derechos humanos que han enfrentado en los últimos tres años, así como los conflictos sociales, territoriales y ambientales presentes en sus territorios. El Ministerio del Interior liderará este programa, aunque según lo establecido en el Acuerdo de Paz, la Unidad Nacional de Protección (UNP) será la entidad encargada de las rutas de protección colectivas. Es importante destacar que el Decreto 660 de 2018 reglamenta este programa y establece las bases para su funcionamiento. El Decreto 660 también contempla la asignación de recursos y la implementación de medidas específicas para garantizar la protección de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y demás actores que trabajan en favor de sus comunidades. Reconociendo el importante papel que desempeñan, se busca salvaguardar su integridad y promover un entorno seguro para su labor. Según Franklin Castañeda, director de derechos humanos del Ministerio del Interior, en los próximos seis meses de este año, se busca implementar lo mínimo con 55 comunidades, que incluyen aquellas en riesgo y la población reincorporada que firmó el Acuerdo de Paz y vive en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Además, mencionó que están trabajando en la gestión de cooperación internacional para incrementar el número de comunidades que se verán beneficiadas directamente este año. Es importante recordar que en gobiernos anteriores se beneficiaron alrededor de 30 organizaciones. Sin embargo, este año, en solo seis meses, se busca llegar a 40 comunidades adicionales, sumadas a las 10 que comenzaron el proceso de implementación el año pasado bajo la actual administración, y a aproximadamente 15 ETCR. En total, se espera atender a 55 comunidades, además de las 32 o 30 que ya se beneficiaron en gobiernos anteriores. Castañeda puntualizó en que con el rediseño de este programa, el objetivo es brindar una atención óptima a estas comunidades. El director de derechos humanos del Ministerio del Interior hizo énfasis en que se está avanzando en el fortalecimiento de los componentes de autoprotección. Se destinarán más de 12 mil millones de pesos para dotar a organizaciones defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales de la ruralidad colombiana con recursos que les permitan mejorar sus capacidades de autoprotección. Es importante resaltar que esto no significa transferir la responsabilidad de protección del Estado hacia las comunidades. El Decreto 660 llega, según Franklin Castañeda, para fortalecer las capacidades ciudadanas y fomentar la formación en mecanismos de autoprotección. También busca promover el intercambio de experiencias en autoprotección entre la sociedad civil y el Gobierno, así como implementar estrategias concretas para una respuesta rápida ante situaciones de riesgo. No pretende reemplazar los mecanismos de protección individual de la Unidad Nacional de Protección (UNP) ni el rol de las autoridades de policía y militares en términos de seguridad. Finalmente, Castañeda mencionó que las principales diferencias con la implementación anterior del decreto es que radican en el enfoque en la oferta, es decir, salir a promover y difundir el decreto 660. Se busca dar a conocer la institucionalidad del decreto, concertar con las comunidades las medidas necesarias y financiar dichas medidas mediante la entrega de recursos. Además, el Ministerio del Interior ha establecido un modelo de gobernanza de derechos humanos que garantizará la gestión y coordinación interinstitucional de las medidas implementadas en el marco del decreto 660. Para Laura Bonilla, gerente de proyección para América Latina de la Fundación Pares, el rediseño es mucho más ordenado que lo que hay hoy, pero lo que realmente se debe tener en cuenta es que se pueda instalar la capacidad necesaria en los entes territoriales para que la implementación de estos entes territoriales pueda ser una realidad y asimismo garantizar que haya complementariedad y concurrencia en entidades como la unidad nacional de protección, ministerio del interior, policía nacional y otras entidades del orden nacional que tienen que contribuir a la concreción de este plan. Según Laura Bonilla, gerente de proyección para América Latina de la Fundación Pares, lo realmente importante es asegurar que se pueda establecer la capacidad necesaria en las entidades territoriales para lograr una implementación efectiva de estas medidas. Es fundamental garantizar la complementariedad y colaboración entre entidades como la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y otras entidades a nivel nacional que deben contribuir a la realización exitosa de este programa.

Por: Redacción Pares Semana del 04 al 09 de julio de 2023 Ha sido una semana intensa en este proceso de paz entre el Gobierno Colombiano y el ELN. El 04 de julio el ELN cumplió 59 años de existencia, desde aquel 04 de julio de 1964, cuando inició su primera marcha guerrillera y asumió esta fecha como su "mito fundacional". El ELN ha asumido el camino de mostrar iniciativa militar, lo cual produce rechazo ciudadano y no ayuda a crear un clima favorable ante un conflicto que por supuesto sigue abierto. Las acciones letales se dieron en el Catatumbo, donde el ELN asesinó a tres policías en dos hechos diferentes; igualmente tuvo un impacto mediático la situación presentada con una sargento del Ejército en Arauca, que estando con sus dos hijos menores de edad fueron secuestrados por el ELN, al igual que su perro, hecho ampliamente criticado y que afortunadamente ya fue resuelto al ser liberados y entregados a la Defensoría del Pueblo y a la Iglesia Católica. Desde el 03 de julio el ELN anunció en sus redes sociales y difundió un comunicado en el que imparte la orden a todas sus estructuras de iniciar a partir del 06 de julio el cese bilateral, nacional y transitorio del fuego. Igualmente el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció el 05 de julio el decreto en el que establece el cese bilateral, que entra a regir de manera plena desde el 03 de agosto con la verificación acordada y que será ejercida por la Misión de la ONU en Colombia, para lo cual se requiere la discusión y aprobación del Concejo de Seguridad, lo cual se debe dar en los próximos días. El viernes 07 de julio se instaló el mecanismo de comunicación entre el Gobierno Colombiano, el ELN y la Misión de la ONU para hacer seguimiento al desarrollo de este cese bilateral. Por parte del ELN esta función la ejercerá el equipo de gestores y gestoras, igualmente hay integrantes de las Fuerzas Armadas Colombianas en esta labor. 1. Otty Patiño en entrevista con El Tiempo explicó los parámetros sobre los cuales va a transcurrir el cese bilateral e igualmente informó sobre los avances en la conformación del Comité Nacional de Participación: https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/otty-patino-jefe-negociador-explica-el-cese-al-fuego-con-el-eln-784525 2. El ELN orienta a sus estructuras el acogimiento al cese bilateral pactado: 3. Presidente Petro firmó decreto que ordena cese al fuego bilateral y temporal con el ELN entre el 03 de agosto de 2023 y el 29 de enero de 2024: https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Presidente-Petro-firmo-Decreto-que-ordena-cese-al-fuego-bilateral-y-temporal-con-el-Eln-entre-el-3-de-agosto-230706.aspx#:~:text=El%20Presidente%20Gustavo%20Petro%20firm%C3%B3,Di%C3%A1logos%20de%20Paz%20de%20los 4. Carlos Ruiz Massieu sobre canal de comunicación establecido entre el Gobierno Colombiano y el ELN para el cese bilateral: 5. ¿Cuál es el poder militar del ELN en Colombia? 6. ¿Qué alcance tiene el decreto del cese al fuego bilateral entre el Gobierno Nacional y el ELN? 7. Entrevista a Otty Patiño en BLU Radio: 9. Vericiclo No. 6. Nicolás Rodríguez “Gabino”: 10. Quedaron en libertad la sargento y sus hijos secuestrados por el ELN: 11. Acciones del ELN están dirigidas hacia otras organizaciones criminales: 12. Columna de Marta Ruiz, A veces no hay segunda oportunidad: https://www.lasillavacia.com/la-silla-vacia/opinion/articulos-columna/a-veces-no-hay-segunda-oportunidad/ 13. Columna de Andrés Caro, Cese al fuego, paro armado: https://www.lasillavacia.com/la-silla-vacia/opinion/articulos-columna/cese-al-fuego,-paro-armado/ Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.