Por: Laura Bonilla, Subdirectora Pares Para @confidencialcol Hay una corriente en la interpretación de la violencia y los conflictos que se basa únicamente en una lectura superficial de los datos de violencia, los cuales carecen de solidez suficiente como para ser considerados una única y confiable fuente. Un ejemplo de esto es cuando, hace varios años, se decía en ciertos círculos de analistas que la diferencia entre el recuento de homicidios entre la Policía Nacional y Medicina Legal se debía a alguna orientación política y no a la realidad, que es que cada entidad mide cosas diferentes. Mientras una cuenta los eventos –me perdonan la crudeza – la otra cuenta los cadáveres. Muchas veces desde el escritorio hacemos lo mismo con el resto de los eventos violentos. Por ejemplo, se ignora que si el funcionario de la defensoría no logra ir a levantar denuncias en una vereda apartada, eso resultará en una reducción de las cifras de desplazamiento. O que el grupo armado ya ha obtenido lo que buscaba y no necesita desplazar más. Lo mismo ocurre con el resto de las cifras: confinamientos, bloqueos, atentados o secuestros, entre otros. Esta obsesión por los números está directamente relacionada con una verdad de a puño y es que en Colombia no le creemos a las víctimas. Somos fetichistas con los números. Así, es muy común que las historias queden relegadas y que aquellos responsables de garantizar los derechos, como el gobierno o quienes deberían ejercer una veeduría desde la oposición, escojan solo los datos que les conviene para respaldar o criticar su gestión. Esta práctica no solo es ineficiente, sino que da lugar a disputas infundadas que afectan directamente a las personas que viven en entornos violentos. A continuación, se exponen las razones que respaldan esta afirmación. En primer lugar, los grupos armados no tienen un comportamiento estático. Es decir, no cumplen con una “cuota” anual o mensual de homicidios, secuestros o desplazamientos. Estos se dan en la medida en que los actores violentos toman decisiones, como confinar a una población para ejercer mayor control, o asesinar a una lideresa de un resguardo porque les está afectando el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes. El carácter de un mando y el comportamiento de los demás actores en la misma zona produce cambios que se reflejan en formas distintas de ejercer la violencia. Por ejemplo. En el Urabá Antioqueño posterior a la Ley de Restitución de Tierras el desplazamiento fue silencioso, uno a uno y casi que fantasmagórico. Bastaba con ubicar hombres en moto para que los reclamantes de tierra desistieran de su reclamo. Los homicidios eran selectivos y en los datos no se veía un incremento sustancial. Pero en la guerra entre las FARC y el ELN por el control de Arauca entre 1998 y el 2008, se desplazaron por lo menos 54.000 personas según información del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Zozobras distintas, cuyas causas y soluciones se pierden si sólo nos atenemos a la evolución de las cifras. En segundo lugar, despreciamos sistemáticamente la fuente primaria, haciéndola inconscientemente impersonal e irrelevante. Contribuimos sin querer al mal que nos aqueja al no creerle a alguien que ha sido violentado. Esa desconfianza y frustración con el tiempo es el germen de nuevas violencias organizadas, y nos aleja de las soluciones. Desde la firma del Acuerdo de Paz, el negacionismo y la negligencia en atender el problema causó que hayamos perdido a por lo menos 1.080 personas que lideraban causas sociales, ambientales o de derechos humanos, y que constituían la base de la democracia a nivel local. Ninguna de ellas se va a recuperar. Finalmente, la interpretación sobre el dato es altamente subjetiva. Por ejemplo, hacer uso de la variable “asesinato de líderes sociales” para medir el nivel de seguridad y protección en las regiones, puede conducir a error. Otro ejemplo para ilustrar: algunos municipios en el bajo cauca antioqueño que reportan bajas en el número de líderes sociales asesinados en realidad están reportando que no quedan líderes que asesinar. La disminución del indicador se explica por la victoria del silencio. De nada le sirve al país continuar con la maña del negacionismo. Por supuesto que es frustrante estar haciendo el mayor esfuerzo posible para proteger a las personas y que esto no funcione. Pero justamente una evaluación honesta de nuestras acciones es lo que garantiza el éxito, en este caso de la paz. La fórmula no es tan complicada: menos fetiche numérico, más fe en las personas.

Por: Luis Eduardo Celis Participar de un proyecto de organización que agencia sus propósitos mediante un ejercicio sistemático de uso de la violencia, es una decisión de vida que involucra mente y corazón, y que requiere construir la noción de amigo y enemigo. Al amigo se le protege y cuida con todo, se está dispuesto a morir por él, y al enemigo se le ve como el otro, distinto, y al cual hay que eliminar, reducir y, si es necesario, tomar su vida. Hay grises por supuesto, pero las coordenadas son sobrevivir y triunfar, a cualquier costo. Las personas que han participado de organizaciones que hacen uso sistemático de la violencia generan una cultura particular y todos los sentimientos los cruzan de manera intensa. Es el mundo del saber que se levanta, pero no sabrá si se acuesta, que se puede perder la vida en cualquier momento y que se está dispuesto a morir y a matar, ambas por convicciones y proyectos. Entrar a la guerra es una decisión trascendental y salir de ella quizás es más difícil. Se entra con entusiasmo y convicciones, y al salir se vive con la carga de lo vivido y sufrido, con las tragedias y alegrías compartidas con los propios y lo experimentado al relacionarse con los otros, los enemigos, que han mostrado su humanidad y con quienes quizás, al verles los ojos y darles una mano, o recibir de ellos miseria o respeto, se coloca la vida ante un extremo. Esa es la guerra, pequeña o grande, vida y muerte entrecruzadas y todo lo que puede transcurrir: lo mejor y lo peor del alma humana en unos y otros. Salir de la guerra es un acto de valor, de mucho valor, requiere de templanza de espíritu y fe en el cambio que se experimenta. Es más difícil salir qué entrar, porque al entrar se va con la fe del triunfo y al salir, cuando no se ha logrado el triunfo, hay que reconocer al enemigo y pactar con él un acuerdo para convivir. La experiencia colombiana fue que el Estado no se pudo imponer a las guerrillas, y las guerrillas no pudieron derrotar al Estado. Ante ese impasse quedó abierto el camino de dialogar, negociar y construir acuerdos. Camino para todos doloroso de tomar y ha sido el único viable. Una vez le escuché a Rosembert Pabón, exdirigente del M-19, que las guerras se ganan, se pierden o se empatan, y que los acuerdos de paz son la expresión del empate. Y me pareció una explicación lúcida, de un protagonista de esta historia de rebeliones, sueños de triunfo y aterrizajes en acuerdos. Esa ha sido nuestra experiencia y lo vivido. En el 2016 logramos cerrar un acuerdo de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las FARC. Siempre agradecer a las dos partes por el coraje y compromiso, eso nos ha dejado una Colombia donde se han visto de manera más nítida nuestros conflictos, ya sin la bruma que impuso una persistente violencia, que mostraba las tragedias de la guerra y ocultaba las raíces que la han soportado: exclusiones y precaria democracia. Ahora se habla si Iván Márquez está vivo o ya no hace parte del mundo de los vivos, pronto lo sabremos, es una tristeza que el hombre que lideró con un destacado grupo de hombres y mujeres que persistieron en la guerra y luego asumieron de manera decidida la construcción de un acuerdo de paz, no haya podido salir de la guerra, porque fue hostigado y perdió el valor para seguir batallando en paz junto a sus hermanos y hermanas de la vida. Ahí siguen, a pesar de incumplimientos y agresiones, y no están solas y solos, hay una Colombia que persiste en que ese acuerdo firmado es para llevarlo a la realidad y que esas vidas deben ser protegidas y respetadas, como las de todas y todos quienes habitamos nuestro país. Iván Márquez es parte de esta larga historia de compromiso por transformar a Colombia. Si vive esperemos que pueda volver a la Colombia que sigue buscando paz y democracia de calidad, si está en el mundo de los idos, no permitir que quede en impunidad la operación qué lo empujó a este triste final. En su momento, cuando Iván Márquez volvió al camino de la guerra, más ficción qué realidad, lo vi en su debilidad y desatino, a diferencia de quienes han seguido batallando desde la palabra y la acción civil. Héroes desde la enorme experiencia de ser sobrevivientes de enormes violencias con todo lo vivido. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Dennis Arley Huffington, Investigador Territorial Oficina Pares Pacífico En la ciudad de Buenaventura hay una guerra entre los grupos delictivos Shottas y Espartanos que se está reconfigurando. En la última semana, estos enfrentamientos han alcanzado titulares en los periódicos nacionales debido a la viralización de videos en los que se observa a individuos encapuchados y armados pertenecientes al grupo delictivo conocido como "Los Chiquillos", patrullando las calles de las comunas 10 y 12, y amenazando a un grupo autodenominado como el "Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)". Estos videos muestran enfrentamientos, asesinatos selectivos y una masacre ocurrida en la comuna 6 durante el último mes. Esta situación ha generado una crisis en el proceso de Paz Total que el Gobierno Nacional busca implementar en la ciudad, y ha sembrado inseguridad y temor entre la ciudadanía. Surge la pregunta de quiénes son estos grupos y cuál es su modus operandi. ¿Quiénes son estos grupos y cuál es su accionar? Los Chiquillos se hicieron notar en el mes de marzo cuando se aliaron con los Espartanos para enfrentar a los Shottas. Esta agrupación se deriva de la antigua banda conocida como “La Empresa”, la cual había disputado el control territorial con los urabeños y quedó reducida y debilitada cuando la mayoría de sus integrantes crearon “La Local”, generando confrontaciones armadas entre ambos. Hasta hace poco, en medio de la disputa entre Shottas y Espartanos, "La Empresa" mantenía una posición neutral y controlaba barrios como Progreso, Carlos Holmes y el Caldas, en las comunas 10 y 12. Sin embargo, hace tres meses hubo una ruptura interna, y los principales líderes se aliaron con los Shottas y los Espartanos, dando origen a "Los Chiquillos" y al CJNG. "Los Chiquillos" también son conocidos como "Los Robers", debido a su líder, Robert Daniel Quintana, alias "Rober". Según información recopilada por la Oficina Pares Pacífico, "Los Chiquillos" comenzaron a enfrentarse a los Shottas motivados por la recompensa de 2.000 millones de pesos colombianos ofrecida por los Espartanos por la captura de Diego Bustamante, alias "Diego Optra". Esto también desencadenó enfrentamientos entre antiguos miembros de La Empresa que se han focalizado en algunos barrios de las comunas 10 y 12. Uno de los antiguos cabecillas, conocido como "El Mono", se alió con los Shottas y autoproclamó a su grupo como el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) o “Los Jaliscos”. Sin embargo, no hay indicios de que se trate del cartel mexicano y se presume que la utilización de su nombre busca generar mayor temor en el territorio, siendo en realidad los mismos Shottas. Al igual que ocurrió a finales de 2020 con la división de la banda conocida como "La Local", las confrontaciones actuales entre "Los Chiquillos" y el CJNG han generado gran preocupación a nivel local y nacional, sumándose a los enfrentamientos que ya se registraban en las comunas 6, 7 y 8 entre los Shottas y los Espartanos. Existe la preocupación de que se llegue a un punto en el que los acercamientos y el proceso de sometimiento colectivo en el marco de la Paz Total no sean posibles. La espacialidad de la guerra Es importante destacar que, si bien se reconoce que existe un fuerte control criminal en todo el casco urbano de la ciudad y que el accionar delictivo afecta a todo el territorio, hay zonas específicas donde la guerra se vive con mayor intensidad debido a los constantes enfrentamientos entre las estructuras armadas presentes en la ciudad. La primera zona la denominamos "Zona de Esteros", abarca las partes bajas de las comunas 7, 8 y 11. En esta área, los enfrentamientos se producen entre los Shottas y los Espartanos, quienes disputan el control de las extorsiones, principalmente en la galería de Juan XXII (comuna 7) y la galería de Bellavista (comuna 8). También se disputa el control de las rutas marítimas y el tráfico a través de los esteros, el dominio de los astilleros artesanales utilizados ocasionalmente para la construcción de semisumergibles, así como el control de los depósitos de gasolina utilizados para embarcaciones locales o actividades de contrabando. La segunda es la "Zona de Tránsito Portuario", se encuentra en la comuna 6. Esta área está atravesada por una vía alterna utilizada por vehículos de carga y alberga la mayoría de las bodegas y patios de contenedores y mercancías a granel. Anteriormente, esta zona estaba bajo el control de los Espartanos, pero desde principios de este año, cuando alias “Fidel” y alias “Julito” (antiguos líderes de los Espartanos) se unieron a los Shottas, han surgido enfrentamientos. En el barrio Los Ángeles de esta comuna se produjo un homicidio múltiple en una vivienda. En esta zona se disputa el acceso al mar a través de los esteros en la parte norte de la ciudad, los robos a mercancías que ingresan a la zona portuaria, las extorsiones, la contaminación de contenedores y la adjudicación de predios y propiedades. La tercera zona es la "Zona de Expansión Urbana", ubicada entre las comunas 10 y 12. Esta zona actualmente está siendo disputada por Los Chiquillos y los Espartanos, contra los Shottas. Es una entrada a la ciudad y conecta con la vía alterna. La principal razón de los enfrentamientos es que la comuna 12 había sido el bastión de los Shottas, pero con la reconfiguración de los grupos, intentan mantener el control territorial de la zona e impedir el ingreso de los Espartanos. Recomendaciones Debido a las reconfiguraciones recientes en la dinámica de la guerra urbana y los conflictos internos dentro de los mismos grupos, se ha generado una crisis en materia de seguridad y humanitaria por violación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Buenaventura. Por lo tanto, es necesario intensificar los esfuerzos institucionales para retomar el pacto de no agresión entre los grupos criminales en la ciudad y avanzar en el proceso piloto de Paz Total. Con base en esto, desde la Oficina Pares Pacífico se hacen las siguientes recomendaciones: 1. Incorporar a Los Chiquillos como un tercer grupo en disputa por el control criminal de la ciudad en el proceso de diálogo entre los Shottas, los Espartanos y el Gobierno Nacional, que está previsto iniciar este mes. Los Chiquillos han manifestado su interés en sumarse a estos diálogos. 2. Establecer la figura del Comisionado Regional de Paz con los recursos necesarios para hacer frente a la situación actual. Esto permitiría una respuesta más ágil en casos de crisis y además facilitaría un diálogo constante con los voceros de los grupos. 3. Fortalecer la participación ciudadana e involucrar activamente a la comunidad en el proceso. Es importante mantener a la ciudadanía informada y activa, de manera que puedan respaldar los avances y superar los obstáculos y dificultades. 4. Implementar mecanismos de seguimiento territorializados. Dada la falta de información precisa y oportuna sobre el proceso en la ciudad, es necesario diseñar y poner en práctica una estrategia que dé a conocer los avances realizados. 5. Insistir en la aprobación de la Ley de Sometimiento por parte del Gobierno Nacional. Esta ley es el fundamento jurídico de la Paz Total y, a pesar de las diferencias políticas existentes, es fundamental garantizar la paz en Buenaventura y en todo el país.

Por: Mauricio Valencia, Investigador Nacional Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos En las últimas horas la coyuntura política del país se vio convulsionada por la aparente muerte de Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez. Aunque la información aún se encuentra en proceso de verificación y no ha sido confirmada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, algunas versiones apuntan a que el hasta ayer máximo comandante del grupo postFARC Segunda Marquetalia habría muerto en territorio venezolano. El presunto deceso de Márquez se da luego batallar por su vida durante varios meses, tras un atentado efectuado en su contra el pasado 30 de junio del año pasado en un campamento ubicado en Caicara del Orinoco, en el estado venezolano Bolívar. El hecho habría sido perpetrado por mercenarios tanto colombianos como venezolanos en contribución con inteligencia militar para dar de baja a Márquez. No obstante, también se reseña una eventual responsabilidad por parte del Estado Mayor Central en retaliación por la muerte de su comandante de ese entonces, Gentil Duarte. Cabe recordar que Márquez fue desertor del Acuerdo de Paz suscrito en 2016 entre las extintas FARC -EP y el Estado Colombiano, producto de una serie de hechos en los que tanto Márquez como Jesús Santrich se vieron envueltos en el presunto tráfico de droga hacia Estados Unidos, caso que estuvo plagado de una serie de irregularidades en el que la fiscalía colombiana en cabeza Néstor Humberto Martínez y la DEA, de manera conjunta, actuaron de manera cuestionable. Estos hechos derivaron en el rearme de Márquez, quien, en el mes de agosto de 2019, tres años después a la firma del acuerdo, anunciaba junto con Santrich y alias “El Paisa”, el nacimiento del grupo Nueva Marquetalia, que posteriormente se redefiniría como Segunda Marquetalia. Las más recientes investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) dan cuenta de una influencia de la Segunda Marquetalia en 55 municipios de Colombia, distribuidos en 10 departamentos, a través de un despliegue de diversas sub estructuras como: el Frente Diomer Martínez y la Comisión Sexta en Cauca; en Nariño a través del frente Oliver Sinisterra, Gente de Orden, Guerrillas Unidas del Pacífico y el Bloque Occidental Alfonso Cano; en Putumayo y Amazonas con los Comandos Bolivarianos de la Frontera; y Caquetá a partir de la Compañía Fernando Díaz. Aunque con una presencia más marginal en el norte del país, la Segunda Marquetalia también hace presencia en departamentos como Antioquia con el Frente 5, y en Bolívar con el Frente 37. De igual forma, los más recientes informes de inteligencia dan cuenta de que este grupo armado estaría compuesto por cerca de 1.640 integrantes en sus filas, 600 de ellos en redes de apoyo. Desde su surgimiento en 2019, la Segunda Marquetalia ha pasado por algunas reconfiguraciones en materia de presencia territorial que han estado vinculadas a sus disputas con otros grupos armados, principalmente el ELN, así como el grupo armado postFARC Estado Mayor Central (EMC), de la línea de Gentil Duarte –con el cual libra actualmente una ardua disputa en el suroccidente del país por hacerse al control de los enclaves de producción y procesamiento coca, así como las rutas para el tráfico de esta–. En el marco de estos enfrentamientos se ha podido identificar una capacidad militar cada vez más reducida de la Segunda Marquetalia en relación con el EMC, el cual en proporción es mucho más grande y tiene mayor copamiento de territorios a nivel nacional, con una influencia en 166 municipios. Tomando en consideración este panorama, sumado a la presunta muerte de Iván Márquez, el escenario que se avizora para la Segunda Marquetalia frete a sus capacidades operativas y militares no es el mejor. Sin un mando unificado y una línea ideológica clara, que se sustentaba en la representación simbólica que podía ejercer Márquez en las bases, algunas de estas subestructuras podrían escindirse o terminar cooptadas por el EMC, para terminar de consolidarse especialmente en el suroccidente, en departamentos como Cauca y Nariño. La hipotética muerte de Márquez se sumaría también a la de algunos de sus cabecillas fundadores más importantes, como Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, quienes fueron abatidos a finales del año 2021 en áreas fronterizas entre Colombia y Venezuela. De ser confirmada esta noticia, este grupo armado se reconfiguraría con alias Walter Mendoza y el Zarco Aldeniver como principales comandantes, este último se ha desempeñado como vocero en el marco de los diálogos exploratorios que adelanta este grupo armado con el Gobierno Nacional, de cara a la Paz Total. Precisamente el papel y desarrollo de los diálogos entre el Gobierno Colombiano y la Segunda Marquetalia dentro de la Paz Total ha resultado complejo para esta agrupación. Aunque el piso jurídico de la ley 2272 ha establecido claridades frente al trato jurídico con organizaciones de carácter político y las que adolecen de ello, el Gobierno en cabeza del presidente y el alto comisionado, Danilo Rueda, no ha dado muestras de la caracterización de este grupo. Esto se deriva de que sus principales cabecillas hicieron parte de la firma del Acuerdo de Paz y posteriormente reincidieron en armas. Como quedó establecido en el Acuerdo de Paz, aquellas personas reincidentes luego de la firma del Acuerdo serán procesados a través de la jurisdicción ordinaria, excluyendo cualquier juzgamiento a través de los mecanismos de justicia transicional. Esto ha complejizado adelantar negociaciones políticas con este grupo armado debido al entramado jurídico que supone, además de las implicaciones en materia de garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas. Adicionalmente, la hipotética muerte de Iván Márquez podría tener un impacto directo en las verdaderas posibilidades de este grupo armado para ser reconocido como actor armado político, toda vez que este representaba uno de los últimos bastiones que hicieron parte de las extintas FARC-EP. La muerte de Márquez y sus demás cabecillas denotaría la pérdida de un reducido capital político e ideológico de la Segunda Marquetalia, a la vez que acentuaría sobre este grupo una caracterización como estructura criminal. Lo cierto es que hasta el momento esta situación deja muchos interrogantes, toda vez que hasta hace tres días el alto comisionado para la paz advirtió comunicación con Márquez, pensando en los eventuales diálogos exploratorios en el marco de la Paz Total.

Por: Katerin Erazo, Periodista Desde el jueves 6 de julio, los ocho países de la cuenca amazónica se han congregado en la selva de Leticia, capital del departamento del Amazonas dar inicio al “Camino a la Cumbre Amazónica”. Este encuentro, que servirá como preparación para la cumbre que se celebrará en agosto en Belén do Pará, Brasil, contará con la participación del presidente Gustavo Petro y su homólogo brasileño Lula da Silva, el próximo sábado 8 de julio. El anuncio de esta cumbre fue realizado por los mandatarios de Colombia y Brasil en enero de este año. La iniciativa, enmarcada en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), busca establecer una agenda común basada en la ciencia, el conocimiento ancestral y social, y lograr compromisos efectivos para la conservación del bioma amazónico. Durante la reunión en Leticia, los ministros de Ambiente y los delegados de Brasil, Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, junto con representantes de pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, académicos, científicos, sectores productivos y cooperantes, trabajarán en la construcción de las bases de este acuerdo. Se han programado diversos espacios para escuchar propuestas y experiencias de gobiernos locales, autoridades indígenas, institutos de investigación y universidades, cooperantes internacionales, sociedad civil y sector privado de los países involucrados. Los temas a tratar en estas reuniones incluyen los delitos ambientales y la deforestación, la gestión de información, la biodiversidad, la gobernanza de los pueblos indígenas, y la bioeconomía y ciudades sostenibles. Además, se buscará establecer compromisos para alcanzar metas globales sobre cambio climático y conservación de la biodiversidad, desde una perspectiva regional. Laura Restrepo Alameda, coordinadora de proyectos especiales en The Climate Reality Project América Latina y joven lideresa de la Carta de la Tierra, le expresó a Pares sus expectativas con respecto a los cambios de gobierno en Brasil y Colombia, y el papel que estos gobiernos están asumiendo en la protección de la Amazonía. Restrepo destacó la importancia de generar acuerdos y acciones coordinadas entre los países amazónicos para combatir la deforestación y respetar los territorios indígenas en la región. Además, subrayó la necesidad de combinar la visión indígena con la restauración y cuidado de la naturaleza, enfatizando la importancia de valorar y preservar los conocimientos y la relación ancestral de las comunidades indígenas con la Amazonía. También, Restrepo mencionó la cercanía de la COP (Conferencia de las Partes) que se celebrará en los próximos meses y resaltó la importancia de que los gobiernos amazónicos discutan las oportunidades y limitaciones en torno al mercado de carbono en la región. La coordinadora de proyectos especiales en The Climate Reality Project América Latina manifestó su preocupación por la transparencia en la asignación de recursos a las comunidades indígenas y locales, por lo que instó a los gobiernos de Brasil y Colombia a abordar este tema en sus conversaciones. Asimismo, destacó la importancia de que los acuerdos y acciones que surjan de la cumbre amazónica tengan un impacto real en las conferencias internacionales sobre cambio climático, como la COP y la COP de desertificación, que va a ser el otro año, y que se establezca una visión estratégica para recuperar y restaurar la Amazonía hacia el futuro. La deforestación de la Amazonia es uno de los temas más urgentes a tratar. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible colombiano, si se supera el 20% de deforestación, el ecosistema amazónico llegaría a un punto de no retorno, sin capacidad para regenerarse. Actualmente, ya se ha alcanzado el 17% de deforestación, lo que genera una preocupación urgente por parte de los países involucrados. Según Laura Restrepo, la importancia de realizar la cumbre por la Amazonía es debido precisamente a los múltiples desafíos que enfrenta la región, como la deforestación, la pérdida de diversidad, los conflictos socioambientales y el cambio climático. Restrepo explicó que estos problemas no se limitan solo a la región amazónica, ya que tienen un impacto global que requiere una acción coordinada por parte de todos los países amazónicos. Además, enfatizó en que la cumbre debe abordar estos problemas de manera sistémica, reconociendo a la Amazonía como un sistema completo y complejo. Por esta razón, dijo que es fundamental promover la conservación y restauración de este ecosistema crucial para la vida en la tierra, la regulación del clima, el ciclo del agua y otros aspectos, incluyendo la regulación de las lluvias a nivel regional y global. Restrepo también destacó la importancia de la cumbre para abordar la violación sistemática de los derechos humanos de las comunidades indígenas en la Amazonía, ya que es un compromiso y una deuda que los países tienen con estas comunidades, y es fundamental brindarles el respeto y reconocimiento que merecen desde hace mucho tiempo. Asimismo, mencionó que la cumbre también debe fortalecer la cooperación regional y establecer compromisos políticos a largo plazo para revertir el acelerado deterioro de la Amazonía, puesto que no se trata solo de un esfuerzo a corto plazo, sino de metas sostenidas en el tiempo, considerando los compromisos de los países para lograr la neutralidad de carbono y la reducción de emisiones para 2050.  Restrepo destacó la importancia de utilizar la cumbre como un punto de partida para incluir el diálogo intercultural en la conservación sistémica de otros ecosistemas en los diferentes países. “Si se busca lograr la neutralidad de carbono y mitigar los efectos del cambio climático, es esencial tomar a la Amazonía como un caso primordial y desarrollar estrategias similares en otros territorios”, puntualizó Laura Restrepo. La importancia de esta cumbre se ve reflejada en el compromiso de los presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva, quienes han centrado sus programas de gobierno en la protección y preservación del medio ambiente, especialmente de la Amazonia. Lula anunció recientemente un nuevo plan contra la deforestación ilegal en Brasil, mientras que Petro ha enfocado su atención en la lucha contra el cambio climático en Colombia. La cita en Leticia, ubicada en la triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú, también tiene como objetivo discutir los puntos clave que se abordarán en la cumbre de agosto, generando los insumos técnicos y científicos necesarios para llegar a acuerdos concretos. La cumbre continuará hasta este sábado 8 de julio, cuando se llevará a cabo la reunión de alto nivel de los ministros de Ambiente de los países participantes, y culminará con una plenaria de cierre en la que estarán presentes los presidentes de Colombia y Brasil. Hoy, 7 de junio, se han llevado a cabo actividades dentro del marco del evento “Camino a la Cumbre Amazónica”. Durante la jornada, se llevaron a cabo mesas técnicas de trabajo en las cuales se discutieron los temas prioritarios para la región. Posteriormente, se llevaron a cabo dos sesiones plenarias en las que se compartieron los resultados de las discusiones realizadas en la mañana. El Panel 1 se centró en los retos comunes que enfrentan los países amazónicos. Se abordaron los desafíos derivados de las principales amenazas y conflictos presentes en la Amazonía, los cuales son consecuencia de las dinámicas socioeconómicas actuales. Entre los temas discutidos se espera encontrar la importancia de lograr la meta de cero deforestaciones, la implementación de los derechos de las comunidades indígenas, el desarrollo de una bioeconomía y la restauración ecológica, así como la necesidad de fortalecer la gobernanza territorial y abordar el crimen transnacional. En el Panel 2 se buscó avanzar hacia la definición de una agenda que permita enfrentar los desafíos mencionados. Esta agenda se basará en la ciencia, el conocimiento ancestral y social, y tendrá como objetivo principal construir capacidades de gobernanza, gestión, financiación y toma de decisiones políticas que la región amazónica requiere dada su importancia en el contexto global. Finalmente, Laura Restrepo resaltó la importancia de estos espacios debido a varios motivos fundamentales. En primer lugar, a nivel global se reconoce que la Amazonía es uno de los ecosistemas más importantes debido a su biodiversidad y su papel crucial en la regulación climática. Dado el aumento de las olas de calor y los récords de temperaturas globales registrados desde el 2021, es evidente que la Amazonía desempeña un papel clave en la protección del mundo. Por esta razón, Restrepo mencionó que es importante que los países que comparten esta región trabajen de manera colaborativa, intercambiando conocimientos, ideas y experiencias. Este intercambio no debe limitarse solo a los gobiernos, sino que también debe incluir un diálogo intercultural con las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas presentes en la Amazonía. Para Restrepo, este diálogo intercultural es esencial y debe ser parte integral de la cumbre amazónica. La protección de la biodiversidad y la vida en la Amazonía es de suma importancia. La conservación de este ecosistema implica salvaguardar la vida de todos los seres que lo habitan, tanto humanos como otras especies. Es por esta razón que tanto el encuentro “Camino a la Cumbre Amazónica” como la cumbre en sí que se celebrará en agosto, generan grandes expectativas debido a que ofrecen la oportunidad de abordar los desafíos y trabajar en la preservación de lo que nos brinda vida.

Por: Odevida Capítulo Venezuela El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), capítulo Venezuela, a través del presente informe, se plantea dar continuidad al estudio de la situación de las personas defensoras de derechos humanos laborales en Venezuela. Siguen presentes las violaciones a los derechos humanos de trabajadores y dirigentes sindicales producto de la violencia estatal y paraestatal con aquiescencia o complicidad de los poderes públicos, fundamentalmente la violación al derecho a la libertad personal en los casos encontrados. El contexto de represión se mantiene, pero el movimiento sindical resiste desde la protesta pacífica. Aunque se ratifica en el presente periodo de estudio (2022) la falta de información de las fuentes oficiales, a través de a revisión y anlálisis investigaciones publicadas en informes de organizaciones como el Programa Venezolano de Educación en Derechos Humanos (Provea) o el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), además de revisión hemerográfica y entrevistas a líderes sindicales y activistas; mantenemos la información publicada anteriormente por Odevida de que entre 2015 y 2020 se han registrado asesinatos de dirigentes sindicales, no encontrándose nuevos casos desde 2021. Además, se pudo conocer de 23 casos de detenciones arbitrarias relacionadas con dirigentes laborales. En este informe les contamos algunos de estos casos más destacados y clave para entender el panorama de este fenómeno en Venezuela. Durante el año 2022, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 7.032 protestas, equivalente a 20 diarias en todo el territorio nacional. De las 7.032 protestas documentadas durante 2022, al menos 45% (3.185) fue en reclamo de derechos laborales, equivalente a un promedio de 9 protestas diarias. El incremento en la protesta social de los trabajadores venezolanos es producto de la decisión política de no atender las demandas del sector e incluso las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Frente a esto, ofrecemos al final de este informe recomendaciones al Ejecutivo Nacional, a la Asamblea Nacional, a la Fiscalía General, a la Defensoría del Pueblo y a la Comunidad internacional de derechos humanos. Le invitamos a leer el informe completo con toda la información y análisis, aquí:

Por: Katerin Erazo, Periodista El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 1117 el 5 de julio de 2023, que establece el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta medida entrará en vigor el jueves 3 de agosto y se extenderá hasta el lunes 29 de enero de 2024. El decreto, emitido por el Ministerio de Defensa y firmado por el jefe de Estado, forma parte del cumplimiento del acuerdo de cese al fuego bilateral acordado en La Habana. Según lo estipulado en el decreto, el cese al fuego bilateral de carácter temporal y nacional podrá ser prorrogado mediante una evaluación previa de ambas delegaciones en la mesa de conversaciones. Estas negociaciones se llevarán a cabo en Caracas durante el cuarto ciclo de conversaciones. Para tomar decisiones, también se tendrá en cuenta la documentación presentada por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV), en conformidad con los acuerdos alcanzados entre las partes. El decreto establece dos etapas en el proceso de negociación política con el ELN. A partir del próximo 3 de agosto, se decretará el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional (CFBTN) entre el Gobierno Nacional y el grupo armado. La segunda fase consistirá en la suspensión oficial de operaciones militares y policiales contra las estructuras del ELN a partir de este jueves 6 de julio. Es importante destacar que esta suspensión de acciones armadas contra los miembros de esta guerrilla no interferirá con las obligaciones constitucionales de la fuerza pública, que incluyen la protección de la integridad de los civiles en todo el territorio y el mantenimiento del orden legal. Además, se garantizarán las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. La firma del decreto por parte del presidente se produjo un día después de que el ELN, a través de un comunicado de prensa emitido el 4 de julio, ordenara a todos sus frentes y estructuras cesar todas las acciones ofensivas contra la Fuerza Pública a partir del 6 de julio. En el comunicado, este grupo armado destacó la firma de un acuerdo de cese al fuego bilateral entre el Gobierno y la guerrilla el pasado 9 de junio de 2023. Cabe resaltar que en dicho comunicado se menciona que aunque se suspenden las acciones ofensivas, se mantendrán activos todos los dispositivos de defensa para responder a cualquier eventualidad o amenaza que pueda surgir por parte de cualquier grupo armado, ya sea contra sus unidades o contra la población civil. Además, explicaron que la Gestoría de Paz del ELN se establece como un enlace de comunicación entre el Gobierno y el grupo armado, para informar sobre las novedades relacionadas con el cese al fuego. Según Camila Fernández, investigadora nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), es importante tener en cuenta que mantener acciones defensivas no es una decisión exclusiva del ELN, sino que ya estaba contemplada dentro del marco acordado en el tercer ciclo de negociación. Fernández mencionó que se están preparando los protocolos correspondientes para implementar todo lo acordado en el cese, y entre los primeros avances que se hicieron públicos y se firmaron durante el tercer ciclo de negociación, se acordó la suspensión de las acciones ofensivas y la continuidad de las acciones defensivas. Actualmente, se están llevando a cabo los preparativos, incluyendo el desarrollo de los protocolos necesarios para acotar las acciones que comprende el cese. Además, la investigadora nacional de Pares explicó que el cese al fuego tiene una duración de seis meses con una intención de continuidad, es decir, se espera que estos seis meses sirvan como base para que el ELN pase de llevar a cabo acciones militares a realizar una transición hacia acciones más políticas, donde el uso de armas sea innecesario. Fernández mencionó que el cese abarca las acciones ofensivas armadas, sin embargo, esto no significa que el ELN desaparezca por completo, sino todo lo contrario. Se iniciará un proceso de pedagogía sobre el proceso de paz, la estructura político-militar de la organización y la apertura hacia la participación política para lograr un acuerdo nacional, que es el objetivo principal del proceso de paz con el ELN. Este período de cese implica una disminución de las hostilidades hacia la población civil para crear condiciones que fomenten la participación. Fernández mencionó que uno de los puntos de este acuerdo implica el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y aquí es donde entra el tema del secuestro. Es decir, se supone que durante el cese el ELN no podrá extorsionar, secuestrar, colocar bombas, convocar paros ni hacer propaganda con cilindros bomba, ya que esto constituiría una violación al derecho internacional humanitario. A pesar de los comunicados mencionados, se ha observado una escalada de actos violentos perpetrados por el ELN, lo cual ha generado preocupación e interrogantes de la voluntad de paz que este grupo ilegal ha expresado. Un ejemplo de ello es el paro armado indefinido anunciado por el grupo armado a través de un audio difundido en redes sociales en la región de San Juan, Sipí y Cajón en Chocó. Este paro armado es una respuesta a una incursión armada del Clan del Golfo en la vereda Chambacú. Durante el paro, se exige a los habitantes y transportadores abstenerse de circular en la zona mientras dure la orden. El personero de Sipí, Seguey Palacios Martínez, informó que debido a estos hechos violentos, varias personas se han desplazado y alrededor de 150 personas se encuentran confinadas en la región. Además, se reportó el secuestro de la sargento segundo Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos menores en Arauca. El Comando de la Fuerza de Tarea Quirón, perteneciente a la Octava División del Ejército Nacional, informó preliminarmente que los secuestradores podrían ser miembros del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN. El secuestro habría ocurrido mientras la familia viajaba en un automóvil por el municipio de Fortul el pasado 3 de julio. Adicionalmente, se ha registrado un intenso hostigamiento en Fortul, Arauca, por parte de miembros del ELN que operan en la zona y luchan por el control del territorio. A través de videos compartidos en redes sociales, muestran ráfagas de fusil en diferentes puntos del municipio, lo que ha generado temor en la comunidad. Incluso la estación de Policía de Fortul ha sido blanco de los ataques por parte de este grupo armado. Teniendo en cuenta los sucesos recientes, Camila Fernández mencionó que a pesar de que se aproxima el cese al fuego y es momento de expresar voluntad de paz en los territorios el ELN decidió incrementar acciones armadas en un momento de conmemoración de sus 59 aniversario. Para Fernández, este es el momento en el que deberían estar realizando actividades de pedagogía en relación con todo el proceso de paz. Se espera que el cese, que tiene vocación de continuidad, ayude realmente a detener por completo estas acciones y finalmente conduzca a un proceso de desarme, tal como espera el presidente Gustavo Petro, con la meta de que para el año 2025 se de un cierre del proceso de paz en el que se deje de lado el uso de las armas.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Gobierno del Cambio cumplió ayer, 29 de junio, una de sus promesas más destacadas al concretar la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad. El presidente Gustavo Petro firmó los decretos reglamentarios que dan origen a dicho Ministerio. Esta nueva cartera, aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado, marca un avance significativo en la lucha contra las desigualdades y busca abordar diversas problemáticas sociales. El Ministerio de Igualdad y Equidad, que se convierte en el decimonoveno ministerio del Gobierno Colombiano, cuenta con un presupuesto sustancial de casi medio billón de pesos y tiene prevista la creación de más de 700 nuevos puestos de trabajo. Este hecho se produce en un momento clave, a tan solo cuatro meses de las elecciones regionales y a poco más de 20 días del comienzo de un nuevo año legislativo, en el que se espera avanzar en las reformas sociales promovidas por el presidente Gustavo Petro. La nueva cartera se organiza en cinco viceministerios: Juventud, Mujeres, Pueblos Étnicos y Campesinos, Diversidades, Poblaciones y Territorios Excluidos, y Superación de la Pobreza. Además, se establecerán 20 direcciones técnicas, 32 direcciones departamentales y 21 asesores. En el despacho de la ministra se crearán 11 oficinas, como la de Saberes y Conocimientos Estratégicos, la de Proyectos para la Igualdad y la Equidad, Alianzas Estratégicas y Cooperación Internacional, y el Relacionamiento con la Ciudadanía. Luz María Múnera, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, expresó a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) su opinión sobre la existencia de numerosos viceministerios. Según Múnera, esto se debe a la gran cantidad de problemas de desigualdad que existen en el país, los cuales requieren atención y la reducción de brechas sociales. Si bien se reconoce que en las grandes ciudades se ha logrado un progreso limitado en este aspecto a lo largo del tiempo, Múnera resalta que el cierre de brechas real aún no se ha alcanzado. “Es en las poblaciones de lo que se conoce como ‘la Colombia profunda’, donde el Estado rara vez llega, pero la guerra y la violencia sí están presentes, donde se debe garantizar un verdadero cierre de brechas”. Por esta razón, Luz María Múnera explicó que la propuesta del Ministerio de Igualdad busca cambiar lo que durante tantos años no ha dado resultados. Una parte importante de los recursos para la creación del Ministerio provendrá de la reforma tributaria aprobada el año pasado, y se espera que la cartera emplee la infraestructura de otras entidades que serán suprimidas. El Ministerio de Igualdad y Equidad se amparará en el Sistema Nacional de Igualdad y Equidad consagrado por el Plan de Desarrollo, lo que permitirá coordinar las actividades estatales, de las organizaciones sociales y de los particulares para promover la eliminación de las desigualdades en diferentes ámbitos. Los tres decretos firmados por el primer mandatario fueron: decreto por el cual se integra el Sector Administrativo de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones; decreto por el cual se adopta la estructura del Ministerio de Igualdad y Equidad; decreto por el cual se establece la planta de personal del Ministerio de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones Reglamentarios de esta nueva cartera que asumirá la vicepresidenta Francia Márquez. Durante el evento, la vicepresidenta destacó que la creación de este Ministerio cumple una promesa de campaña y traerá un cambio profundo a las poblaciones más rechazadas y necesitadas del país. La posesión oficial de la vicepresidenta Francia Márquez como ministra de la Igualdad y la Equidad está programada para hoy 30 de junio en Manaure, en el departamento de La Guajira. Cabe añadir que el Ministerio tendrá un enfoque basado en los derechos, la equidad de género, la diversidad étnica y territorial, y estará orientado a garantizar el derecho a la igualdad y eliminar las discriminaciones. Con la creación de este Ministerio, Colombia sigue el ejemplo de otros países que ya cuentan con una institución similar, como es el caso de España. Sin embargo, el desafío que enfrenta el Ministerio de Igualdad y Equidad radica en evitar la duplicidad de funciones con otros órganos administrativos existentes. El presidente Gustavo Petro reconoce esta preocupación y ha manifestado que será necesario aprender de los desafíos que implica transformar a uno de los países más desiguales del mundo en un espacio de democracia, libertad e igualdad. Este Ministerio rabajará en coordinación con entidades estatales, organizaciones sociales y la ciudadanía para formular y ejecutar políticas que fomenten la igualdad y lograr que el país entienda y respete la equidad en todos los ámbitos de la sociedad colombiana. Luz María Múnera tiene varias expectativas con respecto a este Ministerio. En primer lugar, que reduzca la pobreza en todos los rincones de Colombia. Además, considera fundamental lograr un sistema nacional de cuidado, lo cual sería un gran triunfo para el país. También destaca la urgencia de abordar los temas poblacionales, como las comunidades afro e indígenas, y enfatiza la importancia de que Colombia comprenda, respete y reconozca los derechos de la comunidad LGBTIQ+ para garantizar una vida digna. Múnera también resalta la necesidad de conocer las condiciones de las personas con discapacidad, así como la situación de las mujeres y los jóvenes. Es importante tener en cuenta que si bien las expectativas son altas, el Ministerio no podrá cumplir todos los objetivos de manera inmediata o en un plazo de seis meses. Sin embargo, desde una perspectiva social, se espera que las acciones implementadas contribuyan a posicionar a Colombia como una potencia mundial en calidad de vida. Finalmente, Luz María Múnera mencionó que la intervención del Ministerio en las regiones se llevará a cabo de dos maneras fundamentales. En primer lugar, habrá intervenciones directas en las poblaciones, lo que implica la implementación de programas y proyectos propios del ministerio, así como la ejecución presupuestaria a cargo del mismo. En segundo lugar, se llevará a cabo una coordinación con los demás ministerios. Múnera explicó que el objetivo es que el Ministerio de la Igualdad tenga presencia en todos los departamentos de Colombia, y en aquellos departamentos donde existan regiones particularmente afectadas por la pobreza, como el Bajo Cauca en Antioquia, con altos niveles de miseria, pobreza y desigualdad. Por lo tanto, se establecerán oficinas en estos territorios con presupuestos asignados específicamente para abordar las necesidades más urgentes de la población. Múnera destacó que estas intervenciones se centrarán en áreas críticas como saneamiento básico, vivienda, educación y atención a los niños. El objetivo es brindar asistencia directa a cada una de las poblaciones y abordar sus necesidades más apremiantes. Con esta iniciativa, el gobierno Petro busca sentar las bases para un futuro en el que todas las personas, sin importar su género, origen étnico, condición socioeconómica o ubicación territorial, tengan las mismas oportunidades y derechos. El Ministerio de Igualdad y Equidad se enfrenta a grandes retos, pero también ofrece la posibilidad de transformar la realidad de miles de colombianos y colombianas que han sido históricamente marginados y excluidos. Se espera que esta nueva institución desempeñe un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva en Colombia.

Por: Katerin Erazo, Periodista La situación de orden público en Buenaventura se ha agravado en las últimas semanas. Un grupo conocido como “Los Chiquillos” ha ganado notoriedad después de que se difundieran videos virales en los que amenazan con tomar acciones en el territorio y enfrentarse a la banda rival “Los Jaliscos”. Según la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), “Los Chiquillos” son la tercera banda criminal más grande de la ciudad y tienen el control de la Comuna 12, que abarca 25 barrios y está bajo la influencia de los grupos delincuenciales "Shottas" y “Espartanos”. En respuesta a esta situación, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre estos conflictos y ha instado al Estado a tomar medidas para proteger a las comunidades afectadas. Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina del Pacífico de Pares, nos proporciona en esta entrevista una visión del contexto actual de Buenaventura y expresa la necesidad de que el Gobierno tome acciones concretas y duraderas para mitigar el riesgo para la población civil en la región. ¿Cuál es la situación actual en Buenaventura? El contexto actual de Buenaventura es de incertidumbre, temor, pero también hay mucha expectativa. Existe incertidumbre por lo que puede pasar con la Paz Total. A pesar de los acuerdos y promesas realizadas a Buenaventura, como el paro cívico y los acuerdos de paz con las FARC, así como la movilización del estallido social y la llegada de un nuevo gobierno, aún no se vislumbra un camino claro. Además, se carece de un liderazgo político local definido. El temor prevalece debido a la influencia de grupos que han adquirido un gran poder en la región. Más allá de los vídeos que se han difundido, estas organizaciones ejercen una gran influencia en aspectos económicos, realizando cobros de impuestos y extorsiones. Sus acciones tienen un impacto significativo en la vida cotidiana de los habitantes de Buenaventura. Por otro lado, existen expectativas porque estos pueblos, considerados resilientes, no quieren permanecer condenados a la resistencia. Siempre están dispuestos a contribuir hacia la consecución de la paz. Hay líderes y organizaciones que desean involucrarse aún más en este proceso. La llegada del ministro de Defensa y otros anuncios esperados para Buenaventura generan muchas expectativas en la población, que anhela mejoras significativas en la situación actual. ¿Cuáles son los actores armados que han tenido una mayor presencia o influencia en Buenaventura? Bueno, es importante destacar que Buenaventura no ha estado históricamente involucrado en el conflicto armado en Colombia, sino que ha experimentado un incremento de la violencia en los últimos 30 años. Durante este tiempo, las FARC tuvieron presencia en la zona, y también hubo intervención de los carteles del Valle y la AUC. Además, surgieron diferentes facciones paramilitares, como el Bloque Pacífico y el Bloque Calima, lo que resultó en una guerra intensa. La primera etapa de esta guerra se dio con la llegada del paramilitarismo a principios de los años 2000, y posteriormente, después de la desmovilización de las AUC, se desató una guerra entre los grupos de narcotráfico conocida como la guerra de rastrojos macho-graveño, que fue particularmente devastadora. El problema actual radica en que Buenaventura está viviendo en un contexto de pacificación, ya que Colombia ha avanzado en el proceso de paz. Sin embargo, esto ha generado un escenario delicado, ya que persisten grupos armados en la zona rural, como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que han intentado establecer franquicias en Buenaventura. Por otro lado, después del proceso de paz con las FARC, surgieron rápidamente disidencias, como el Frente Unido del Pacífico, liderado por la facción conocida como Jaime Martínez, que forma parte del Bloque Occidental del Estado Mayor Central de las disidencias. Además, está la Segunda Marquetalia, que tiene disputas con la facción de Jaime Martínez y está aliada con el ELN en la región de los ríos del sur. Se registra una guerra entre las AGC, también conocidas como Clan del Golfo, y el ELN en la zona del bajo San Juan. En cuanto a la ciudad, antes existía un acuerdo o pacto entre los narcotraficantes de Buenaventura, que se distribuían el territorio. Sin embargo, el 30 de diciembre de 2020 estalló una guerra urbana que aún continúa y está protagonizada por facciones conocidas como Shottas y Espartanos. Los que ahora se hacen llamar "Los Chiquillos" son una derivación de la empresa (paramilitares) y representan un grupo reducido confinado en algunos barrios donde su influencia es limitada. ¿Cómo ha llegado el territorio que anteriormente se presentaba como un éxito en términos de Paz Total a estar en crisis y al borde de ser militarizado? En mi opinión, considero que se han cometido errores estratégicos en la estrategia de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz al abarcar el tema de la Paz Total. Si se hubiera creado una ley de orden público y una ley específica para la Paz Potal, con la inclusión de comisionados regionales, habría sido más adecuado. ¿Por qué lo digo? Porque el acuerdo entre bandas, como mencionó el ministro de Defensa, no debe detener nuestras acciones. Iván Velásquez afirmó que no podemos detener nuestro accionar solo porque hay un acuerdo entre bandas. Este acuerdo es una respuesta al llamado del Gobierno para lograr la Paz Total. La Oficina del Alto Comisionado de Paz, representada por Danilo Rueda, se colgó a ese acuerdo, y habló del proceso de paz urbana, del piloto, del laboratorio, de la Paz Total, 90 días sin homicidios, esto generó una sensación de tranquilidad durante siete meses, ya que la guerra había causado un gran desgaste en la ciudad y los índices de homicidios y otras formas de victimización disminuyeron. Sin embargo, este acuerdo era frágil, ya que estamos tratando con organizaciones criminales con intereses propios y subestructuras que necesitan financiarse. Además, la dinámica de reconfiguración y las disputas por el control territorial entre estos grupos continúan. En el nuevo Gobierno se ha comenzado a cambiar el enfoque, con la ampliación del pie de fuerza y el fortalecimiento de la inteligencia, que son aspectos que también habíamos solicitado desde Pares. Según el comunicado del Alto Comisionado, se menciona la iniciativa de entablar diálogos sociojurídicos con grupos armados. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Cree que el gobierno está siguiendo el camino correcto? Durante mucho tiempo ha existido confusión sobre si lo que ocurre realmente es una guerra urbana. El Gobierno no puede aceptarlo fácilmente y para las personas estos grupos son simplemente criminales y bandidos interesados únicamente en el dinero. No comprenden que estos grupos controlan espacios urbanos y reemplazan al Estado en el monopolio de las armas. Gobiernan la vida cotidiana en esas zonas. Existía incertidumbre sobre el escenario en el que se desarrollaba esta situación. ¿Era una negociación? ¿Una mesa de conversaciones? Por eso se propuso una ley de sometimiento que aclararía el asunto y permitiría pasar del sometimiento individual al sometimiento colectivo. Sin embargo, esta mesa ha sido pospuesta durante los últimos dos o tres meses, lo que evidencia la crisis que enfrentamos. Esta mesa no se trata solo de diálogos sociosjurídicos, sino que busca explorar las posibilidades y avanzar utilizando las leyes y normas actuales. Se buscará mejorar las condiciones humanitarias, los traslados, las cárceles, entre otras complejidades. Por tanto, se tratarán aspectos sociojurídicos en estos escenarios. En este momento de debilidad existe la desconfianza de que haya un precio por sus cabezas desde varias estructuras. Parece que el acuerdo está en una situación tensa y algunos incluso sugieren que hay fracturas dentro de los grupos. Veremos si esta instalación de la mesa puede representar un avance significativo. No estoy seguro si es el camino correcto, pero es necesario dar pasos hacia adelante en esta situación. ¿Cuál podría ser una estrategia efectiva para detener o mejorar la situación en Buenaventura? En nuestra estrategia, en relación con organizaciones como Pares, hemos recibido solicitudes de recomendaciones, esperando que estas sean escuchadas y atendidas. Sin embargo, no tenemos la receta completa para abordar este problema tan complejo e intenso que se ha presentado, lo cual ha generado una crisis humanitaria, social y económica en Buenaventura. La tasa de desempleo en la ciudad está un 2,5% por encima del país e incluso supera a ciudades capitales como Quibdó y Arauca, que son conocidas por tener altos niveles de desempleo. Entonces, ¿cuál podría ser una estrategia efectiva?, como coordinador de la Oficina Pares Pacífico he propuesto varias cosas. En primer lugar, es necesario acelerar todos los proyectos que han quedado estancados, como los acuerdos derivados del paro cívico, el PDET, obras por impuestos, SOMAC y también el acceso a las regalías. También es importante asegurar un flujo constante de recursos hacia Buenaventura a través de la cooperación internacional. No es aceptable que, después de seis años desde la aprobación de una ley relacionada con los acuerdos del paro cívico, solo se haya avanzado un 6% cuando originalmente estaba prevista para un período de 10 años. Otra estrategia es aprovechar las ventanas de oportunidad que se presenten. Sin embargo, durante este Gobierno, no se han aprovechado de manera efectiva. Hace falta una estrategia clara y coherente. Además, la designación de un Comisionado Regional de Paz podría ser una estrategia para mejorar la situación, fortaleciendo la inteligencia y recuperando la normalidad en la vida cotidiana de Buenaventura, incluyendo la seguridad de los espacios públicos y la posibilidad de que las personas puedan estar en las calles. Esto debe hacerse con la presencia adecuada de la policía y la Armada, pero con un enfoque de derechos humanos que no estigmatice a los jóvenes, la población y las comunidades pobres y negras de los barrios, quienes a menudo también están sometidos a la influencia de estos grupos. Es importante tener en cuenta que los integrantes de estos grupos son hijos, primos y familiares de los jóvenes de Buenaventura. Por lo tanto, si se va a intervenir desde las fuerzas de seguridad, se debe hacer con un enfoque que respete los derechos humanos. Otra estrategia es abrir espacios a las organizaciones y no limitarse a los grupos cercanos y amigos. Esto implica la vinculación y participación activa de las juntas de acción comunal, ya que son quienes conocen mejor la realidad de los barrios. Creo que es necesario involucrar a las organizaciones comunales en este proceso, ya que son clave para generar un movimiento por la paz en Buenaventura. Esto debe convocar y unir a la comunidad, ya que sin un respaldo sólido, no se puede lograr ningún avance significativo. En términos de economías ilegales, ¿qué actividades ilícitas son predominantes en Buenaventura y cómo han contribuido a la crisis actual? Las economías ilegales, que financian el crimen y se han convertido en una especie de institución son un tema importante que se debe analizar en el caso de Buenaventura y en muchas otras ciudades. Uno de estos aspectos es la extorsión, que afecta a todas las actividades, desde el transporte y el comercio hasta la construcción de infraestructuras, e incluso llega a los hogares. Esta extorsión tiene un impacto significativo en tiendas y restaurantes, lo que se refleja en el alto costo de la canasta familiar en Buenaventura, una de las más caras del país. Incluso un “corrientazo” en Buenaventura es más costoso que uno en la séptima por el Museo Nacional en Bogotá. Este nivel de situación es preocupante. Además, esto va de la mano con un control de precios, ya que estos grupos tienen el monopolio de ciertos productos. Por ejemplo, algunos sectores se dedican a vender cilantro, mientras que otros se especializan en carne de cerdo o queso y también controlan el mercado de plátanos. Esto se convierte en un impuesto adicional y hacer compras en tiendas en Buenaventura resulta excesivamente costoso. Sin embargo, para lograr esto, estos grupos compiten entre sí y deben mantener cierta legitimidad para demostrar que tienen el control de la zona. No se trata solo de extorsionar a cualquier persona. En Buenaventura, esta situación se ha vuelto cada vez más compleja e incluso se ha profesionalizado. Existen empresas legales que operan respaldadas por la extorsión, el control de precios y el monopolio de productos. Por supuesto, también existen economías ilegales relacionadas con impuestos, el transporte de insumos, precursores químicos y el tráfico de cocaína a través de los esteros y ríos de Buenaventura. El puerto permite el desarrollo de dos tipos de economía. Por un lado, existe la contaminación de contenedores, barcos y buques con grandes cargamentos de cocaína. Por otro lado, también se facilita la entrada de mercancías de contrabando. Esto genera una economía ilegal en la que muchas personas están involucradas. No se trata solo de actividades ilegales con el propósito de causar daño, sino que muchas personas viven y dependen de la informalidad, que a menudo se convierte en ilegalidad. Es muy lábil el tema y por ahí en esos bordes se mueve mucho la población en vista de que la estructura económica no permite una generación de empleo suficiente para la población de Buenaventura.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En una columna anterior en la que hablé sobre las tareas que la Mesa de Diálogos de Paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) le estableció a la sociedad (Ver: Tareas de la sociedad en la construcción de paz con el ELN), señalé que en las fases que propone el  Primer Acuerdo de Cuba o Acuerdo No. 9, firmado el 09 de junio de 2023 –que son: 1) la ‘fase de diseño’ o el alistamiento para la participación, 2) la ‘fase de diagnóstico y diálogo sobre democracia para la paz’, en la que realizará un diagnóstico de los problemas del país y 3) la ‘fase de construir una agenda sobre la democracia y transformaciones’, en la que se van a formular los cambios necesarios para la construcción de la paz estable y duradera–, se encuentran indicadas tres tareas que debe realizar la ciudadanía en este proceso. En aquella columna –dada la prioridad que tiene el ‘alistamiento para la participación’ y, además, a que el proceso está diseñado en forma de cascada, pues cada fase depende de la implementación de la otra– aproveché para referirme a la primera de las tareas y la importancia de revisar la experiencia nacional e internacional para proponer mecanismos de participación de la sociedad en la fase de negociación de la paz. En esta nueva columna quiero completar el panorama y referirme a las dos siguientes tareas que se le plantean a la sociedad y que, de aceptarlas, tendrán su tiempo de ejecución entre enero de 2024 y mayo de 2025, cuando se ha planeado el cierre del momento culmen de participación. Para iniciar el análisis de los siguientes dos momentos, supongamos que en diciembre 09 de este año, la Mesa de Diálogos de Paz reciba de parte del Comité Nacional de Participación (CNP) los elementos conceptuales, operativos y logísticos para promover y facilitar la intervención de la sociedad en el proceso –tal como lo establece el Acuerdo No. 9 de Cuba –. Y que ellos son los suficientes para que la Mesa elabore el Plan Nacional de Participación. Entonces, sería a partir de este momento cuando comienza la implementación de las dos siguientes fases. La segunda tarea que plantea la Mesa a la sociedad es sentarse en los diversos espacios y escenarios diseñados para la participación e identificar los problemas sociales, políticos y económicos que han dado origen a los conflictos en Colombia y aún se mantiene. Para realizar esta labor de diagnóstico de problemática se convocará a las comunidades, a los pueblos étnicos y afrocolombianos, a las mujeres y los jóvenes, y a la población LGTBIQ+ a escuchas sus voces. Se tratará de un ejercicio de participación en el que se tendrá como objetivo la identificación de las principales problemáticas de los territorios donde habitan y conviven esas comunidades. Serán las voces de la ciudadanía excluida –las que han sufrido toda clase de conflictos violentos durante décadas– las que señalen las problemáticas específicas y harán las demandas sobre lo que requieren sean atendidas. Podrá ocurrir –como pasó en los Foros Consultivos Oficiales en el proceso con las FARC-EP– que las problemáticas estén asociadas al subdesarrollo del campo o al tema de la protección especial de las víctimas, pero lo que será cierto es que los temas se ampliarán. Aparecerá la situación de pobreza y desigualdad en los espacios urbanos –donde habita la mayoría de la población del país–, saldrá al debate el componente minero y energético, y las y los jóvenes presentarán su situación en términos de educación superior y de empleo, y en las necesidades de cambio en el sistema democrático. En fin, serán muy variados los diagnósticos sobre los problemas que se tienen en el país. Una vez se recorra este momento del diagnóstico de problemas vendrá la fase de propuesta de soluciones. El llamado subsiguiente es a que esta población –que ha participado de forma “activa, propositiva, incluyente, deliberativa, vinculante y eficaz” (Acuerdo No. 9)– ahora pase a construir propuestas de cambio, se ponga en el rol de “construir una agenda sobre la democracia y transformaciones” que le permita al país y sus territorios la “superación de los conflictos político, social, económico y armado”. Esta será una fase en la que la sociedad se reunirá para dialogar y conjuntamente construir visiones de desarrollo. Se espera que en este momento la sociedad elabore múltiples propuestas de cambio para esa variedad de problemas que identificaron en la fase anterior. Serán transformaciones pendientes y pertinentes, construidas con la voz de todos y todas, en un ejercicio dinámico y pluralista que permita presentar una visión de paz. Propuestas de cambio en los diversos ámbitos y necesarios para cerrar conflictividades y construir una paz duradera y general. En síntesis, serán alrededor de 17 meses –entre enero de 2024 y mayo de 2025– en las que la sociedad tendrá el reto y la importante tarea de diagnosticar los problemas más importantes del país y proponer una agenda de cambio. Se construirá durante este tiempo un laboratorio democrático para la paz: un proceso de democracia participativa y de construcción planificada de las transformaciones para la paz. Un espacio para que, desde la sensatez y las necesidades de la población, se construya una ruta para el cambio. El objetivo final es que con este proceso de participación de la sociedad se le entregue a la Mesa de Diálogos de Paz –que habría estado acompañando y presente en todo el proceso– los insumos para que se avance en las negociaciones. Una propuesta que se espera se convierta en un ‘Gran Acuerdo Nacional’, una ‘agenda de transformaciones para la paz’ con carácter vinculante, dirigidas a cambiar diversas realidades y ayudar a finalizar el largo conflicto armado y hacer posible la paz completa. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Bonilla, Subdirectora Pares Para @confidencialcol El piloto de la Paz Total, que pudo haber sido un laboratorio de reconciliación, está muriendo en medio del constante ruido de las balaceras en el puerto más importante del Pacífico colombiano. En este momento, culpar a otros no tiene un gran impacto. Sin embargo, sí existe una profunda irresponsabilidad institucional que se extiende por todos los poderes del Estado. Por un lado, la obsesión por obtener victorias políticas rápidas llevó al Gobierno Nacional a desperdiciar posiblemente la mejor oportunidad de lograr la paz en el ámbito urbano. En medio del enredo de proyectos, acuerdos políticos y bancadas, el Estado olvidó que tiene a su disposición numerosos instrumentos normativos para actuar rápidamente. Esto incluye fortalecer las habilidades y capacidades locales, aprovechar la cooperación internacional en beneficio de la paz, aliarse con la sociedad civil, implementar intervenciones en materia de derechos humanos y trabajar con programas de desarrollo y paz. Sin embargo, sobre todo, se perdió la oportunidad de utilizar eficientemente las herramientas del proceso de paz firmado con las FARC. Al mismo tiempo, la postura de la Fiscalía no puede ser calificada de otra forma que perversa, ya que el Fiscal Barbosa parece dispuesto a quemar el país con tal de que a Petro le vaya mal. En lugar de cumplir su rol y trabajar en colaboración con todo el aparato estatal en aras del bien común y garantizar la justicia, la Fiscalía está demasiado ocupada desempeñando un papel político que no le corresponde. En tercer lugar, la Paz Total demuestra cuán poco le importa al legislativo (con algunas excepciones) el bienestar colectivo. El liderazgo legislativo se está enfocando cada vez más en sus agendas personales, sin mostrar empatía hacia lo que está sucediendo en el puerto. Mientras las bancadas más cercanas al Gobierno parecen negar la realidad, discuten cifras y se niegan a escuchar las cada vez más desesperadas peticiones de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, la oposición utiliza la violencia para demostrar que la paz no sirve de nada. Ya son muy pocas las personas en el Congreso que aún creen en el éxito de este proceso. En medio de esta irresponsabilidad política, se está gestando una nueva guerra en Buenaventura. Recientemente, como ha mostrado frecuentemente la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), ha surgido un nuevo grupo armado. Nuestras investigadoras, aterrorizadas por las balaceras, informan desde debajo de la mesa del comedor, mientras que el tejido social está agotado de pedir una ayuda que nunca llega. Como ha expresado nuestro coordinador de la oficina Pacífico en Twitter: “las armas están en todas partes”. Lo cierto es que lo más perverso que puede hacer el Gobierno es utilizar la excusa de que este conflicto se venía gestando desde antes, como algunos han afirmado. Claro que sí, esta nueva guerra creció cuando el gobierno anterior hizo añicos el Acuerdo de Paz y desvió su atención mientras los grupos armados tomaban control territorial. No se puede permitir repetir ese nivel de cinismo. Debemos corregir el rumbo. En este momento, asignar culpas no tiene ningún beneficio; los egos deben dejarse a un lado. Cada obstáculo que se presente entre los encargados de la política de paz y seguridad se traduce en vidas perdidas y un horizonte de paz que se aleja cada vez más. El reto es considerable. La militarización no funciona, pero el Estado tampoco puede delegar el control territorial, una situación que se ha venido gestando desde 2016. Solamente una estrategia combinada, en la cual la presencia de la fuerza pública respalde la construcción de paz, se bloquee el acceso a armas y dinero, se debilite la economía ilícita y, sobre todo, se proteja a las personas en un conflicto irregular, puede brindar una luz de esperanza en la situación actual. Esto debe ir acompañado de una presencia institucional permanente. No se trata de caravanas, reuniones o visitas esporádicas. Es necesario establecer oficinas en el territorio, fortalecer las instituciones, asignar presupuesto para programas y proyectos que contribuyan a la disminución de la violencia, y utilizar audazmente las herramientas disponibles para fomentar la desmovilización y el desarme de los grupos armados. Cada vida perdida en Buenaventura y cada día de violencia alejan aún más el horizonte de la paz. La vida vale mucho más que la complacencia política. Incluso sin ley de sometimiento, hay que actuar.

Por: Redacción Pares Semana del 26 de junio al 03 de julio de 2023 Hoy 04 de julio, cuando el ELN cumple 59 años de existencia, la guerrilla ha hecho el anuncio del inicio del cese bilateral del fuego, que inicia el 06 de julio y entrará a regir plenamente con monitoreo y verificación a partir del 03 de agosto. El Gobierno y el ELN han seguido trabajando en los protocolos que den soporte a este cese bilateral, los cuales aprobarán en una sesión plenaria de la mesa el próximo 10 de julio. La continuidad de un conflicto por resolver es más que evidente: paro armado en el Chocó, combates en Arauquita, liberación de civiles por parte del ELN en el sur de Bolívar, para mencionar algunos hechos que han sido visibles en la semana reportada, en medio de estas violencias regionales. Es buena noticia que se acerca el inicio del cese bilateral. Está en marcha la conformación del Comité Nacional de Participación como la instancia que el Gobierno Colombiano y el ELN acordaron para dinamizar de manera conjunta el proceso de participación de la sociedad. Este Comité se instalará el próximo 25 de julio. Seguimos viendo los ejercicios de pedagogía por parte de delegación del Gobierno y el ELN alrededor de lo acordado en el tercer ciclo. 1. En la semana que reporta esta bitácora ha sido noticia el control de la Corte Constitucional a la llamada Ley de la Paz Total. Aquí unas reflexiones de los senadores Iván Cepeda y Ariel Ávila al respecto: 2. El senador Iván Cepeda, integrante de la delegación negociadora del Gobierno Colombiano, sigue en su labor de explicación de lo pactado en el tercer ciclo. 3. Antonio García, primer comandante del ELN, denuncia hechos en el bajo Cauca: 4. Columna de análisis de Reynell Badillo y Luis Fernando Trejos sobre el tercer ciclo de negociaciones. Tercer ciclo de negociaciones con el ELN: victorias y turbulencias: https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/tercer-ciclo-de-negociaciones-con-el-eln-victorias-y-turbulencias/ 5. Video de Nicolás Rodríguez, “Gabino”: 6. Entrevista a León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación: https://www.jornada.com.mx/notas/2023/07/02/politica/dialogo-y-reconciliacion-abrieron-camino-a-la-izquierda-en-colombia/ 7. Comunidades campesinas de Segovia han sido desplazadas por combates entre el ELN y el Clan del Golfo: 8. Combates entre el ELN y el Ejército en Arauca habrían dejado al menos ocho guerrilleros abatidos: Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.