Por: Katerin Erazo, Periodista En un importante avance hacia la consolidación de la paz en Colombia, se han dado pasos significativos para establecer un cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Después de la firma de los acuerdos entre negociadores del ELN y el Gobierno Nacional, en el marco del cierre del tercer ciclo de negociaciones de paz, se ha decidido incluir la participación de la sociedad en el proceso y garantizar un cese al fuego efectivo. El senador Iván Cepeda, quien forma parte de la delegación de Gobierno y ha estado involucrado en estos diálogos, reveló detalles sobre quiénes serán los encargados de vigilar y asegurar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Cepeda destacó que el comandante de las Fuerzas Militares entregó instrucciones claras a sus tropas el pasado 12 de junio sobre cómo actuar durante el período de cese al fuego. Según informó el senador a medios de comunicación, se establecerá un mecanismo de monitoreo compuesto por miembros del Ejército Nacional y del ELN, con la participación de delegados de la ONU. Este equipo trabajará en estrecha comunicación para evitar posibles enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y los frentes de esta guerrilla. El mecanismo de monitoreo y verificación, respaldado también por las comunidades, estará encargado de observar y constatar cualquier violación al cese al fuego pactado. En caso de que se detecten tales violaciones, la mesa de diálogos será la encargada de abordar la situación y determinar las consecuencias correspondientes. Cepeda subrayó la importancia de la transparencia en el proceso, señalando que todas las acciones realizadas por el ELN y las Fuerzas Militares deben ser informadas sin excepción. En particular, en el caso de los secuestros, enfatizó que no puede haber ocultamiento de información que afecte a la comunidad. El mecanismo de monitoreo debe ser informado sobre cualquier acción que involucre a la población civil y la privación de libertad, a fin de encontrar una solución adecuada para cada situación. El senador también aclaró que un cese al fuego bilateral es un proceso que requiere cambios graduales. A medida que avanza el cese, se irán estableciendo prohibiciones más estrictas. Aunque todos anhelamos el fin de toda forma de violencia entre el ELN y el Estado Colombiano, es importante proceder gradualmente y fortalecer progresivamente el cese al fuego. Según Francisco Daza, investigador de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), es importante considerar un aspecto adicional en este cese al fuego. Daza sugiere que se alcance un acuerdo para prevenir acciones del ELN durante las elecciones locales que se llevarán a cabo en octubre. Aunque el cese al fuego propone la suspensión de acciones armadas entre el Estado y este grupo armado, Daza mencionó que sería positivo que parte de los acuerdos contemplara la suspensión de acciones del ELN durante el proceso electoral. Daza también explicó que existen obstáculos relacionados con este cese al fuego, como las dinámicas de disputa armada en diferentes zonas del país donde el ELN ha sido protagonista. Actualmente, se observa una disputa en Nariño con la Segunda Marquetalia, lo cual ha ocasionado accidentes por minas antipersona y ha llevado al desplazamiento y confinamiento de la población civil. El investigador de Pares destacó que es probable que la iglesia y la sociedad civil participen en los mecanismos de monitoreo como garantes. Además, se desconoce si el Comité Nacional de Participación designará alguna delegación para participar en el mecanismo de monitoreo y verificación. Además, enfatizó en la importancia de contar con la participación activa de la sociedad civil en el mecanismo de monitoreo, ya que esta la que sufre directamente el impacto de la guerra, las disputas armadas y las acciones bélicas del ELN. Específicamente, mencionó que la población civil de áreas donde el ELN tiene mayor presencia territorial, como Nariño, Sur del Cauca, Argelia, Chocó, Arauca y Norte de Santander, debe poder participar de manera activa en estos procesos. El cese al fuego contempla una primera fase de alistamiento, que comenzó el 09 de junio y se extenderá hasta el 05 de julio, durante la cual se están llevando a cabo los preparativos necesarios. A partir del 06 de julio, se darán las órdenes de suspensión de las operaciones ofensivas, y el 03 de agosto, de acuerdo con el tercer ciclo llevado a cabo en La Habana, el mecanismo de cese al fuego y sus componentes entrarán en pleno funcionamiento, con una duración prevista de seis meses. Cabe recordar que este no sería el primer mecanismo de monitoreo implementado en el país. Después del histórico Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se estableció un sistema de verificación para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por ambas partes. Dicho mecanismo de monitoreo estuvo compuesto por algunos componentes pilares: Comisión de Monitoreo y Verificación (MM&V): esta comisión fue creada para supervisar el cumplimiento de los compromisos acordados. Estuvo compuesta por representantes del Gobierno, las FARC y la misión de las Naciones Unidas en Colombia. Mecanismos de monitoreo local: se establecieron equipos de monitoreo locales en diferentes áreas del país. Estos equipos estaban integrados por miembros de las FARC, representantes del Gobierno, y observadores internacionales o de la ONU. Su función era verificar el cumplimiento del cese al fuego en el terreno. Informes y reuniones: la Comisión de Monitoreo y Verificación recibía informes periódicos de los equipos de monitoreo locales y de otras fuentes relevantes. Estos informes proporcionaban detalles sobre incidentes, violaciones o situaciones problemáticas relacionadas con el cese al fuego. Además, se llevaban a cabo reuniones regulares para analizar y abordar estas cuestiones. Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación (MTMV): este mecanismo se creó para resolver disputas o incumplimientos reportados y fue conformado por representantes del Gobierno, las FARC y la misión de la ONU. Para Francisco Daza, los mecanismos de monitoreo implementados con las FARC demostraron ser efectivos, ya que finalmente se logró la firma del Acuerdo de Paz con dicho grupo armado. Daza señaló que estos mecanismos y el cese al fuego son una manera de evaluar la disposición de las partes involucradas. Esto sugiere que es factible aplicar este tipo de mecanismos ahora con el ELN. La paz en Colombia sigue siendo un desafío, pero los avances logrados hasta ahora demuestran que es posible alcanzar acuerdos y construir un futuro mejor para todos los colombianos. El compromiso de todas las partes, la participación activa de la sociedad y la voluntad de diálogo son los pilares sobre los cuales se construye un camino hacia la reconciliación y la paz duradera. El cese al fuego con el ELN representa una nueva oportunidad para avanzar en la construcción de un país en paz. El mecanismo de monitoreo será fundamental para asegurar que se cumplan los compromisos adquiridos y para abordar cualquier situación que pueda surgir a lo largo del proceso.

Por: Luis Eduardo Celis En Colombia hay enormes diferencias regionales que producen que enormes territorios vayan muy atrás en derechos y ciudadanía de calidad, lo cual se corresponde con una incapacidad del Estado para hacer sus tareas. En esas circunstancias en las que hay ausencia estatal, otros terceros reemplazan al Estado, ejerciendo acción de manera ilegal y ejerciendo violencia. El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez han liderado el equipo de gobierno para tener presencia en La Guajira, uno de los territorios donde se sufre hambre y sed por parte de la comunidad wayuu desde hace décadas. Algo que debe ser superado con acción de la sociedad y de los gobiernos, y para eso se requieren capacidades, recursos económicos y funcionarios con la competencia y el compromiso para llevar adelante una acción de la mano de instituciones de la sociedad. Eso es un propósito pendiente que ha tenido un impulso desde finales de los años ochenta, cuando se logró la elección popular de alcaldes y tuvo un nuevo empujón con la Constitución del 91. Los gobiernos locales requieren más competencias, recursos económicos y capacidades para liderar paz y desarrollo en sus territorios, tenemos un ordenamiento en el que la Nación concentra de manera excesiva competencias y recursos, y las entidades territoriales son en extremo precarias, no tienen cómo asumir los enormes retos que se tienen para liderar sus comunidades y territorios. Esto debe cambiar con transformaciones normativas y con políticas pertinentes con las que el estado local y regional sea fuerte, legítimo y con las capacidades técnicas que se requieren. El gobierno de Gustavo Petro puede darle un nuevo empujón a la descentralización, esperemos buenas noticias de la misión de expertos coordinada por el maestro Darío Indalecio Restrepo, que de manera participativa viene haciendo esta importante tarea de la cual debemos tener un derrotero de acción en los próximos meses, informe que debe ser analizado de la forma más amplia posible e implementado en lo que se considere pertinente. La acción de gobierno desde las regiones es un buen camino, es asumir en terreno los desafíos, dialogar con las autoridades territoriales, escuchar a las comunidades organizadas, trazar una acción y unos compromisos. Ese camino se debe mantener y ampliar en las próximas semanas y meses, esperemos una presencia en Arauca, Cauca y los Montes de María, por mencionar tres territorios prioritarios, y en Putumayo, Guaviare y Nariño, para proponer una ruta. Esa presencia y compromisos muestran el compromiso de este gobierno con unos territorios en paz, reto por supuesto de amplia envergadura. Los compromisos asumidos en La Guajira deben ser monitoreados y cumplidos con estricto rigor, así se creará una cultura de decir y cumplir, que tanta falta nos ha hecho en nuestra cultura política. Tenemos un camino recorrido en muchos temas clave, pero igualmente reafirmar que hay muchas exclusiones e inequidades a superar, en lo cual este gobierno tiene un mandato de cambio y la convicción de que hay muchas regiones muy atrás en derechos y condiciones para llevar adelante las tareas para lograr paz y desarrollo con inclusión. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Durante los días 15 y 16 de junio, se llevó a cabo en Buenaventura el Encuentro Nacional de Juventudes por la Paz, la Inclusión y la Participación. Este evento reunió a diversas organizaciones juveniles de diferentes partes del país, quienes se congregaron con el objetivo de construir soluciones conjuntas a los desafíos que enfrentan los jóvenes en términos de inclusión socioeconómica, acceso al empleo y emprendimiento (Ver: Jóvenes de Colombia le apuestan a la paz desde Buenaventura). El encuentro fue coordinado por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) en alianza con USAID Colombia, Fhi360, Ayuda en Acción, Fundación Corona, Viva la Ciudadanía, Bienestar Familiar, Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, Redprodepaz, Agenda Joven, SUEJE, Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemán, Instituto Colombo-Alemán para la Paz, Extituto, Codhes y PNUD. Para abordar las problemáticas y buscar soluciones efectivas, se organizaron 10 mesas de trabajo que se centraron en diferentes líneas temáticas. Estas incluyeron: inclusión socioeconómica, transformación del territorio, construcción de paz, participación política y protesta, derechos humanos, política de drogas, género y diversidades, desarrollo rural integral, migración y víctimas, y cambio climático (Ver: Pares apunta al fortalecimiento político de los jóvenes en 2023). El encuentro permitió a los participantes conocer las iniciativas comunitarias y territoriales existentes para promover la transformación del territorio y mejorar la calidad de vida de los jóvenes rurales. Además, se discutieron los principales obstáculos que enfrentan los jóvenes en cuanto a la inclusión socioeconómica, acceso al empleo y emprendimiento. En las mesas de trabajo se generaron propuestas innovadoras y pertinentes para abordar las problemáticas identificadas. Algunas de estas propuestas incluyeron la reducción de impuestos a empresas privadas que contraten jóvenes, eliminar la tarjeta militar como requisito para acceder al empleo, promover la justicia restaurativa para jóvenes y garantizar el acceso a créditos con seguimiento y acompañamiento. También se propuso repensar la formación profesional, homologar saberes ancestrales en la educación formal y fortalecer los espacios de recreación, deporte y cultura. Con relación a la transformación del territorio, se planteó la necesidad de garantizar el acceso a la educación superior y al trabajo digno para los jóvenes, superando la estigmatización y promoviendo un modelo educativo contextualizado que responda a las necesidades culturales de los territorios. Se sugirió diseñar rutas efectivas de acompañamiento a la educación superior, flexibilizar los criterios de ingreso y acceso a becas, y fortalecer la participación de las juventudes en la agenda pública y política territorial. La construcción de paz también fue un tema central en el encuentro, tema en el que se evidenció la falta de representatividad de los jóvenes en los diálogos de paz. En este espacio hicieron un llamado para la realización de asambleas municipales, departamentales y nacionales donde los jóvenes tengan la oportunidad de expresar sus preocupaciones, propuestas y visiones de paz. También, destacaron la importancia de incluir a los jóvenes en la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas que promuevan la convivencia pacífica y la reconciliación. En cuanto a la participación política y protesta, se enfatizó la necesidad de garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de los jóvenes, así como su derecho a la protesta pacífica. Se propuso promover espacios de formación ciudadana y política para fomentar la participación activa de los jóvenes en la vida democrática del país. Asimismo, se resaltó la importancia de garantizar la protección de los derechos humanos durante las manifestaciones, promoviendo el diálogo y la negociación como mecanismos de solución de conflictos. La dimensión de género y diversidades también ocupó un lugar relevante en las discusiones del encuentro de jóvenes. En este espacio se planteó la importancia de promover la igualdad de género y el respeto a la diversidad, combatiendo la discriminación y la violencia hacia las mujeres, las personas LGBTIQ+ y otros grupos vulnerables. Se propuso fortalecer los mecanismos de prevención y atención de la violencia de género, así como promover la educación integral en sexualidad y derechos sexuales y reproductivos. En relación al desarrollo rural integral, se destacó la necesidad de promover políticas que impulsen el desarrollo sostenible de las zonas rurales y brinden oportunidades de empleo y emprendimiento a los jóvenes. Se propuso fortalecer la formación técnica y profesional en sectores como la agricultura, ganadería y agroindustria, así como promover el acceso a créditos y recursos para el desarrollo de proyectos productivos en el campo. La temática de migración y víctimas también fue abordada en el encuentro. En esta mesa se resaltó la importancia de garantizar los derechos de los jóvenes migrantes y de las víctimas del conflicto armado, brindando atención integral, acceso a la educación y oportunidades de empleo. Se propuso fortalecer los mecanismos de inclusión y protección de estos grupos, así como promover la memoria histórica y la reconciliación en las comunidades afectadas por el conflicto. Por último, se discutió la problemática del cambio climático y su impacto en las juventudes. Los jóvenes hicieron un llamado a promover la conciencia ambiental y adoptar medidas para mitigar los efectos del cambio climático. Se propuso fortalecer la educación ambiental, impulsar la transición hacia energías limpias y promover prácticas sostenibles en los diferentes ámbitos de la sociedad. Según Dailer Montoya, un joven del Caquetá participante de las Escuelas de Liderazgo de Pares, su experiencia en el Encuentro Nacional de Juventudes por la Paz, la Inclusión y la Participación fue positiva. Montoya destacó que la delegación proveniente de Caquetá fue la encargada de liderar el tema de la participación juvenil y el enfoque rural en la búsqueda de una paz integral. Además, resaltó la importancia de incluir la perspectiva ambiental en los territorios y construir una agenda que pueda ser considerada en los diálogos no solo con el ELN, sino también con otros grupos armados organizados. Montoya enfatizó la necesidad de establecer una agenda de jóvenes por la paz, que permita abordar tanto la implementación actual del acuerdo de paz firmado como aspectos menos discutidos, como la paz ambiental. Para él, esta oportunidad de discutir estos temas en el encuentro fue una experiencia enriquecedora. Por esta razón, el Encuentro Nacional de Juventudes por la Paz, la Inclusión y la Participación fue un espacio de reflexión y propuesta donde las organizaciones juveniles de algunos territorios del país se unieron para buscar soluciones conjuntas a los desafíos que enfrentan los jóvenes colombianos. Las propuestas generadas en este encuentro representan una base sólida para impulsar políticas públicas inclusivas y promover la participación activa de los jóvenes en la construcción de un país más justo, equitativo y en paz. Fotos tomadas por PARES

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Democracia significa, más que poder del pueblo, el entendimiento de que la autoridad ejercida por un gobernante, elegido popularmente, le ha sido prestada por el pueblo para que lleve a cabo una misión. De ahí surge la principal diferencia entre “poder” y “poder popular”. El “poder” corresponde a un modelo de gobernar plegado a la manera de los reyes y los dictadores, o plegado a un régimen como ha pasado en nuestra historia nacional, a cuyo sistema político lo rige un club de poderosos que, hasta el expresidente Duque, venían turnándose el ejercicio de la autoridad. En contraste, el “poder popular” corresponde a un modelo de gobernar plegado a las maneras de los presidentes elegidos democráticamente, a quienes el pueblo, y no el régimen, les ha prestado la autoridad. Mientras que el “poder” refiere la capacidad de una persona o grupo minoritario para imponer la propia voluntad sobre los demás –porque se tiene dinero y armas para someter al pueblo–; el “poder popular” refiere la imposición de la voluntad del pueblo sobre el mismo pueblo. En tal contexto el “poder popular” es un ente que se ordena y obedece a sí mismo. No obstante esto sólo puede darse si el pueblo le otorga facultades de autoridad a uno de los suyos para que en nombre de todos armonice las distintas ideas sugeridas por la población, y desarrolle estrategias administrativas que aseguren su cumplimiento. Desafortunadamente, la virtud sagrada de la democracia, basada en la participación de todas las personas, ha tenido como característica esencial este defecto: la voluntad del pueblo, que debería emanar de todos los sectores de la población, siempre ha emanado de uno o de muy exclusivos sectores sociales, como si la democracia en su esencia y praxis fuera antidemocrática. No por otra cosa los teóricos comunistas de la primera mitad del siglo XX encontraron en ella un carácter de clases. En la antigua Roma, y especialmente en la antigua Grecia –donde surgió el concepto de democracia–, si bien los cargos públicos de poder eran asignados tras lides de elección popular, a estas contiendas no podían aspirar ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros residentes, ni sus descendientes. Si hipotéticamente trajéramos esa noción de la democracia a nuestro presente, entonces ni las mujeres, ni los campesinos, ni los obreros, podrían participar en las elecciones para los cargos de poder público. Esa era la realidad de la democracia perfecta de la antigua Grecia: prohibirles el derecho de elegir y ser elegidos a precisas personas, porque al carecer de reconocimiento político, jurídico y social, no se les contaba como miembros de la polis. Así funcionaba la democracia ateniense, pese a que las mujeres constituían al menos un 40 por ciento de la población, pese a que los extranjeros y sus descendientes abundaban –pues el mayor comercio se daba entre raizales y foráneos– y pese a que los esclavos constituían un alto porcentaje de la población. Sin embargo, la democracia ocurría como sistema o modelo político, pero se trataba de una democracia sin representatividad, sin poder popular. Luego de esa imperfecta primera etapa de la democracia, correspondiente a los inicios de la civilización occidental, se pasaría a un modelo peor en la Edad Media; se pasaría al gobierno y control de la población por parte de un rey que no representaba al pueblo sino a poderosas familias (integrantes de la llamada realeza), que representaba a sociedades de adinerados (los llamados nobles); en fin, un rey representaba a un sector social que por su naturaleza egoísta no podía desprenderse del concepto de “poder” y le daba pelusa el concepto de “poder popular”. Aun cuando en la edad media la aristocracia estuvo basada en el vasallaje, en las guerras sangrientas y en el escaso avance científico, todavía hoy persiste en el mundo como rezago medioeval. En Colombia, por ejemplo, no es el presidente de la república quien detenta la mayor parte del poder político, sino los grupos económicos, los clanes políticos, la narco política y las familias tradicionalmente privilegiadas sin justa causa. Durante la historia política de occidente, correspondiente a la edad media, el modelo de gobierno democrático se esfumaría, al perderse el derecho del pueblo a “designar” y el derecho a “controlar”. Dos potestades que, superada la etapa de los regímenes monárquicos, revivirían como principios de la revolución norteamericana (en 1776) y luego de la revolución francesa (en 1789). Con todo, en cuanto al derecho de los pueblos a “designar” sus gobernantes, en Colombia la compra del voto y la presión electoral de los empresarios a sus trabajadores han obstruido su aplicación honesta: en efecto, los presidentes anteriores a Gustavo Petro no fueron escogidos por la espontánea voluntad de los electores, sino por la voluntad del círculo tradicional de poder (grupos económicos, clanes políticos y familias injustamente privilegiadas) que bajo la amenaza de despidos a sus trabajadores, les conminan a votar por específicos candidatos. Y en cuanto al derecho a “controlar”, exceptuando al presidente actual, los anteriores gobiernos administraron los entes de control, y las instituciones en general, como si fueran moneditas de sus bolsillos. Por fortuna, en la segunda mitad del siglo pasado y durante lo que va de este, el derecho a participar, anhelado por los pensadores de la Ilustración, se ha venido enriqueciendo con la implementación de nuevas libertades. Reivindicaciones que el presidente Petro ha adoptado poniéndolas de presente en sus propuestas de reforma y llevándolas a la práctica con puntuales realizaciones que nos permiten decir: por fin es posible la participación ciudadana y la reorganización social (por ejemplo: el presidente ha pedido a los jóvenes que se organicen en asambleas estudiantiles para sacar a delante las leyes en favor de la educación); por fin es posible la solidaridad (los subsidios a las madres cabeza de hogar, son la mejor evidencia de tal propósito); por fin podemos ejercer el respeto a la diversidad (las nuevas relaciones entre los indígenas y el ejército, el embajador Luis Gilberto Murillo en Norteamérica y la embajadora Leonor Zalabata ante las Naciones Unidas, así lo demuestran), por fin podemos validar los principios de igualdad y equidad (ya se ha reglamentado el Ministerio de la Igualdad y la Equidad), y por fin podemos apostarle a una Paz Total, porque los procesos de paz incompleta nos han mantenido en guerras continuas. El presidente Gustavo Petro ha hecho énfasis en la necesidad de fortalecer la creatividad (su interés por la implementación de la música clásica en los colegios es el mejor soporte para ello); ha promovido también el desarrollo de la autonomía, la libertad de expresión y, especialmente, ha priorizado el respeto a sus opositores, al pedirles a los miembros de la fuerza pública el cuidado de cada participante en marchas y manifestaciones en favor o en contra de su gobierno (ya no habrá nunca más manifestantes torturados, desparecidos o asesinados). Pero, bueno, estas informaciones acerca de la democracia las he repensado, no para denunciar de nuevo la imperfección de la democracia, sino para connotar aquello que la ha mantenido vigente por encima de otros modelos de gobierno. Me refiero a la obediencia cívica, que es un principio inviolable. La obediencia cívica asegura que una vez expresada la voluntad de un pueblo y precisado qué gobernante obtuvo la mayoría del respaldo popular, la obligación de cada uno de los asociados, es contribuir para sacar adelante sus programas, porque estos provienen de un mandato del pueblo. De hecho, las democracias que aun siendo imperfectas funcionan sin dramatismos, son aquellas en las cuales el pueblo –electores y opositores– se pone en la tarea de cumplir lo que el mismo pueblo pidió con su elección; porque no hacerlo es algo semejante a girar sobre sí mismo para morderse la cola. La creencia de que la oposición tiene licencias para destruir las reformas por las que un gobernante fue elegido, es un burdo acto antidemocrático. Si nos consideramos una república democrática, en la que reina el “poder popular”, lo natural es que la oposición, junto a los adeptos al gobierno, apoye plenamente las reformas y programas del presidente; pero, si nos consideramos “gente de bien”, por nuestras familias de inmerecido abolengo, por hacer parte de algún clan político, o por tener dinero y armas, el resultado previsible es que cuanto hagamos contra esos cambios, en un presente de progreso moral y ético, nos hará marginales, ambiciosos y malvados. ¿Qué hacer, entonces, cuando esto último ocurre, cuando la oposición obstruye las reformas políticas de un gobernante elegido democráticamente? Hay una sola respuesta: a falta de una figura lícita que permita el control a la oposición y con el derecho adquirido de hacer valer su voto, el pueblo puede salir a las calles, puede declararse en desobediencia civil o puede acogerse a la constitución y promover un referendo para cerrar el Congreso, que es el cubil felino de aquellos a quienes les da pelusa el “poder popular”. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana En el marco del mes del Orgullo o Pride, la Línea de Investigación en Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presenta este boletín acerca de las diversas formas de violencia y vulneración de derechos hacia la población LGTBIQ+ que han tenido lugar en este año, así como un breve análisis de su comportamiento entre 2021 y 2022; abordando los delitos de homicidios, feminicidios, amenazas, lesiones personales, tentativa de homicidio y hostigamiento o discriminación. Lo anterior, a manera de un llamado a las administraciones locales –e igualmente al Gobierno Nacional– para que trasciendan los discursos políticos hacia estrategias contundentes: prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la población LGTBIQ+ son obligaciones de las instituciones y tomadores de decisión que no depende de posturas políticas, sino de deberes constitucionales. Por tanto, es esencial que estos actores prioricen el abordaje de los prejuicios y estigmatizaciones que transcurren con la aquiescencia y mirada cómplice de una sociedad y un Estado que –desde su acción u omisión– se mantienen atascados en el pasado y les cuesta materializar la igualdad de derechos para todos los colombianos. Metodología y recolección de la información En cuanto a la recolección de datos, se tiene en cuenta que la caracterización de los distintos tipos de violencia contra la población LGTBIQ+ es inadecuada, insuficiente o simplemente no priorizada en diversas ocasiones: la confusa clasificación del género en casos de feminicidio a mujeres trans o la no identificación del género y orientación sexual de las víctimas de otros delitos son evidentes al revisar las bases de datos abiertos de instituciones como la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación (instituciones que ya cuentan con protocolos específicos para atender a la población LGTBIQ+). Igualmente, las múltiples denuncias que se viralizan en redes sociales y en plataformas que abanderan los derechos de esta población dan cuenta de la poca priorización para la atención de estas violencias, así como de procesos revictimizantes y poco efectivos para la restitución de derechos. Considerando lo anterior, la recolección de información para este boletín contempló tanto fuentes primarias como fuentes secundarias. En cuanto a las fuentes primarias, se tomó en cuenta la información publicada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional que se encuentra disponible para todo público desde los portales de datos abiertos de cada entidad. Sin embargo, la normalización y centralización de los datos supuso un desafío en particular relacionado con la forma en la que las instituciones rastrean y organizan la información en lo referente a los delitos consignados en contra de la población LGTBIQ+: no hay información con referencia a la identidad de género u orientación sexual, esenciales para poder relacionar las violencias contra esta población. Por tanto, los datos de homicidios, feminicidios, amenazas y discriminación del 2022 encontrados en el portal de datos abiertos de la Fiscalía General de la Nación se contrastaron con informes de organizaciones de la sociedad civil que priorizan las variables más adecuadas para entender el comportamiento de los delitos y conductas que impactan a la población LGTBIQ+ . En particular, el informe No se mata lo que no se olvida: informe sobre la situación de los Derechos Humanos de personas LGTBIQ+ en Colombia publicado por la organización Caribe Afirmativo, fue la base de sustentación de los datos del año 2022. Por otro lado, los datos de 2023 se recogieron mediante un riguroso seguimiento a la información publicada por prensa, se recogió información sobre homicidios, lesiones personales o tentativa de homicidio, extorsión y secuestro, estos casos al ser los que más incidencia han tenido en lo corrido del año. Adicionalmente, se adjuntaron datos de desplazamiento en contra de la población LGTBIQ+ otorgados por la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV). En conjunto, el presente boletín recoge información de diversidad de fuentes institucionales (Fiscalía, Policía y UARIV), sociales (Caribe Afirmativo) e informativas (medios de comunicación y prensa). Descripción y análisis de datos: principales delitos y distribución de casos Comparativo de datos 2021-2022 Tabla No. 1. Violencias contra población LGBTIQ+ 2021-2022 Elaborado por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Caribe Afirmativo A partir de estos datos se identifica que la violencia más recurrente contra la población LGBTIQ+ es la amenaza, ya que si bien para el año 2021 se reportan solamente 91 casos, para el año 2022 –primer año en que la Fiscalía reporta este tipo de conducta– el número de casos llega a los 3.527; dando un total de 3.624 víctimas de amenazas en los dos años. La segunda violencia de la cual son víctimas es la discriminación y el hostigamiento, para la cual no se cuenta con datos del 2021, pero suma un total de 1.725 casos para el 2022. En tercer lugar –y coherente con el apartado anterior– se encuentran el homicidio y el feminicidio, para los que se registró un total de 350 víctimas en los dos años, resaltando el hecho de que para el 2022 se presentó una reducción del 30% en los casos con respecto al año anterior. Finalmente, se encuentra la violencia policial, con un total de 207 casos (Caribe Afirmativo, 2023). Tabla No. 2. Violencias por Orientación Sexual e Identidad de Género 2022 Elaborado por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Caribe Afirmativo En las estadísticas sobre las violencias de las que fueron víctimas las personas pertenecientes a la población LGBTIQ+ durante el año 2022, se tiene que son los hombres gais los que más víctimas han reportado, con un total de 2.444. En segundo lugar, se encuentran las mujeres lesbianas, para las que se reportó un total de 1.207 víctimas, seguido por las personas con experiencia de vida trans, con 515 víctimas, los hombres bisexuales, con 478 víctimas y las mujeres bisexuales, con 440 víctimas. Otras identidades reportan un total de 318 víctimas y, finalmente, 89 casos de identidades sin identificar. En total, se tiene que durante el 2022 hubo 5.491 víctimas de violencia contra la población LGBTIQ+ (Caribe Afirmativo, 2023). Estos datos evidencian que las violencias más recurrentes fueron las amenazas, con un total de 3.527 casos, seguido de la discriminación, en el que la cifra es de 1.715, luego el homicidio con 145 víctimas, y finalmente la violencia policial con 104 casos. Tabla No. 3. Homicidios por Orientación Sexual o Identidad de Género 2021-2022 Elaborado por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Caribe Afirmativo A partir de los datos revisados, se puede evidenciar que las principales víctimas LGBTIQ+ de violencia homicida durante los años 2021 y 2022 fueron los hombres gay; habiendo 79 casos en el primer año y 47 en el segundo que suman un total de 126 víctimas de homicidio. En segundo lugar, se encuentran las mujeres trans, para quienes se reportaron 47 casos en el primer año y 24 en el segundo, dando un total de 71 víctimas de homicidio. A estas poblaciones les siguen los hombres bisexuales, con un total 49 víctimas en los dos años, los hombres trans con 28 víctimas, las mujeres lesbianas con 24 víctimas, otras identidades para las que reportan 16 víctimas, mujeres bisexuales con 10 víctimas, y las identidades sin especificar que suman un total de 26 víctimas. El total de casos reportados durante 2021 y 2022 deja un total de 350 víctimas de homicidio pertenecientes a la población LGBTIQ+. Gráfico No. 1. Violencias por departamento 2022 Elaborado por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Prensa Respecto a la distribución geográfica, para el año 2022 se tiene que Bogotá fue la entidad territorial con mayor número de casos de violencia contra la población LGBTIQ+, con un total de 1.678 víctimas, lo que representa el 30,5% del total de los casos a nivel nacional. A esta le siguen Valle del Cauca con 706 víctimas totales, y Antioquia con 547, siendo un aspecto a resaltar el que en estos dos últimos se presentaron 25 y 24 homicidios respectivamente, mientras que para el caso de Bogotá el número de homicidios fue de 9. A estos les siguen los departamentos de Santander, con 394 víctimas, Cundinamarca con 273, Meta con 234, Atlántico con 200, Norte de Santander con 168, Tolima con 161 y Huila con 136 víctimas totales, resaltando que en este último no se reportaron casos de homicidio. Datos 2023 Durante el transcurso de 2023, Colombia ha sido testigo de una serie de casos alarmantes de violencia contra personas LGBTIQ+. Estos sucesos están relacionados principalmente con homicidios y amenazas u hostigamientos, y reflejan la urgente necesidad de abordar y combatir la discriminación y el odio en el país. Los hechos de homicidio se han caracterizado por su ocurrencia en lugares privados (habitaciones, casas o apartamentos) y por la violencia con la que se dan, en la mayoría de los casos mostrando signos de maltrato físico. Además, siguiendo la tendencia del 2022, se evidencia que las víctimas se concentran en personas gay y personas con experiencia de vida trans. Más preocupante aún, los homicidios hacia la población trans se han concentrado en activistas que actúan en defensa de la población LGBTIQ+. En este sentido, es importante destacar que estos casos de violencia no solo representan actos individuales de odio, sino que revelan patrones de discriminación y prejuicio arraigados, en el que las víctimas son seleccionadas sistemáticamente en razón de su orientación sexual o identidad de género. Por ejemplo, en el barrio El Poblado II de Cali, específicamente, el 26 de febrero de este año, la activista LGTBIQ+ Shaina Vanessa Pretel Gómez, de 28 años, fue atacada violentamente mientras compartía con otras personas en un apartamento de la zona. Shaina era una defensora de los derechos de las personas negras y trans, y su activismo la convirtió en blanco de este acto de violencia. Hasta el momento, un hombre de 26 años fue capturado como el presunto agresor. También, el 19 de enero, en Medellín, la activista trans conocida como "La Gata" fue encontrada sin vida en su habitación con múltiples heridas de arma cortopunzante. La Gata, era reconocida en la Comuna 4 por su labor. Por otro lado, Kasandra, una destacada lideresa social trans en Cesar, sufrió un atentado en su vivienda el 05 de mayo. Kasandra es gestora de la Casa de Caribe Afirmativo y promotora de los derechos humanos de la población LGBTIQ+ ante la Mesa de Víctimas del municipio, y ya había sido objeto de ataques y amenazas previas, lo que la obligó a desplazarse fuera del municipio para garantizar su seguridad. En un contexto similar, Dani Sharith Polo, conocida como "La Pola" y también representante de las víctimas LGBTIQ+ en el Caribe colombiano, fue víctima de un atentado. Desafortunadamente, “La Pola” falleció el 12 de mayo, doce días después del atentado. Su contribución ante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz en los casos de justicia y reparación para esta población fue significativa. Estos actos de violencia no son casos aislados. En San Benito, Sucre, una mujer trans llamada Luisa Fernanda, de 28 años, fue atacada por la espalda con un arma blanca el 29 de abril y falleció el 05 de mayo. Según Caribe Afirmativo, hasta mayo de este año se habían registrado 22 personas LGBTIQ+ víctimas de violencia en todo el país. Además, se destaca que en un lapso de diez días, ocurrieron los tres hechos de violencia reseñados en la región de la Costa Caribe. Tabla No. 4. Violencia contra la población LGBTIQ+ 2023 Elaborado por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Prensa Los datos recogidos a partir de información de prensa para el año 2023 muestran que se han registrado un total de 75 casos de violencia contra población LGBTIQ+, siendo los homicidios el tipo de violencia más recurrente, con 30 casos, seguido de las lesiones personales, que suman 15 casos, y otros como el hurto a residencias, la extorsión, el secuestro, la tortura, la violencia sexual y la desaparición. Adicionalmente, con respecto a las amenazas, se presenta un importante contraste con relación al año 2022; si bien apenas se puede tener en cuenta el primer semestre del 2023, la visibilización en prensa de 4 casos no es de ninguna manera proporcional con las cifras presentadas por la fiscalía en 2022, que alcanzan casi los 4.000 casos, permitiendo indagar sobre la priorización de estos casos por parte de los medios de comunicación y la opinión pública. Gráfico No. 2. Violencia contra la población LGBTIQ+ por municipios y por mes 2023 Elaborado por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Prensa Estos datos evidencian que Bogotá es la ciudad que más casos de violencia contra esta población ha reportado en lo que va del año 2023, con un total de 11 casos, en donde se resalta el registro de 5 homicidios. A esta le siguen las ciudades de Medellín y Cali, ambas con 8 casos en total, la primera con 5 casos de homicidio y la segunda con 3. La siguiente ciudad es Barranquilla, en la que se reportan un total de 5 casos, siendo 4 de estos homicidios, seguida por Barrancabermeja con 4 casos totales, resaltando el hecho de que no se registran homicidios. En total se han registrado 30 casos de homicidios y 15 casos de lesiones personales o tentativa de homicidio. Por otro lado, durante el primer semestre del año 2023, los meses en los que más se reportaron violencias contra la población LGBTIQ+ han sido el mes de marzo, con un total de 15 casos, de los cuales 7 fueron homicidios, seguido de abril con 14 casos en total, en el que se reportaron 5 homicidios y 5 casos de tentativa de homicidio, luego el mes de mayo en el que la cifra total fue de 12 casos, de los cuales 7 fueron homicidios, el mes de enero en el que la cifra fue de 11 casos, con el reporte de 4 homicidios, seguido de febrero con 8 casos, de los cuales 6 fueron homicidios, y finalmente el mes de junio en el que no se obtuvieron datos para tentativa de homicidio, secuestro y hurto a residencia, pero en el que se reportó 1 homicidio. Consideraciones clave - Las agendas políticas que movilicen discursos a favor de la población LGTBIQ+ son muy necesarios para materializar transformaciones reales, pero el impacto de estos discursos en la gestión de los gobiernos locales sigue siendo deficiente. Los avances con relación a la protección de la población LGTBIQ+ se han alcanzado gracias a su propia organización, movilización y resiliencia. - Las vulneraciones a los derechos fundamentales de la población LGTBIQ+ no son hechos aislados que ocurren de manera esporádica, al contrario, se producen y reproducen en medio de una estructura social permeada de machismo, inequidad y complicidad. Ahora bien, como se mencionó en las reflexiones del Informe de Vivir sin Miedo, los cambios necesarios en la sociedad para mitigar estas vulneraciones toman tiempo. Entre tanto, la movilización social de la población LGTBIQ+ por la materialización de sus derechos seguirá siendo esencial para exigir que exista un hilo conductor que oriente hacia una sociedad más igualitaria, así como una estrategia de contención efectiva que garantice –por lo menos– condiciones suficientes de protección. - Es evidente que la población LGBTIQ+ se enfrenta constantemente a riesgos y vulnerabilidades que terminan consumándose en hechos violentos como el homicidio o las retenciones ilegales, hechos basados en el odio y la discriminación, por ello los esfuerzos de la institucionalidad deben estar orientados a generar acciones preventivas que permitan dar cuenta de situaciones que adviertan un posible escenario de violencia. - El subregistro es un factor común en el análisis de los datos delictivos, ya que muchas veces las víctimas prefieren no denunciar un hecho violento debido a varias razones, como la falta de confianza en las instituciones o el miedo a que se revictimice; en el caso de la población LGBTIQ+ este subregistro puede ser mayor, ya que ciertos hechos son producto de la discriminación y muchas veces no se dan garantías de protección ni de reparación al daño. - La homofobia es aún una realidad que invade las ciudades y municipios de Colombia, esto se ve reflejado en los registros de amenazas y discriminación que se dieron en el año 2022, pero además se evidencian en la cantidad de denuncias públicas hechas a través de las redes sociales o en espacios comunes donde no debería ser un problema ser LGBTIQ+ como restaurantes, bares o centros comerciales. Referencias Bibliográficas Caribe Afirmativo (2022, febrero). Programa Ejecutivo Cuerpos Perseguidos. Recuperado de https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2022/02/CUERPOS-PERSEGUIDOS-REJECUTIVO-VF.pdf Caribe Afirmativo (2021, noviembre). Factores de persistencia de las violencias contra personas LGBT. Recuperado de https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2021/11/Entre-silencio-y-palabras_Factores-de-persistencia-de-las-violencias-contra-personas-LGBT.pdf Caribe Afirmativo (2023, marzo). Informe de derechos humanos LGBTIQ 2023. Recuperado de https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2023/03/INFORME-DDHH-LGBTIQ2023-CA.pdf El Espectador (2023, 15 de marzo) Fiscalía lanza guía sobre cómo investigar las violencias contra las personas LGBTIQ. 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Recuperado de https://www.wradio.com.co/2023/06/23/bogota-no-pagara-por-derechos-secretario-de-gobierno-por-transmision-de-la-final-del-fpc/ Dejar en el pie de la tabla la fuente. o aclarar si es desde el contraste de las diversas fuentes que se mencionan anteriormente. [IM1]

Por: Katerin Erazo, Periodista Este domingo 25 de junio, se llevó a cabo una retransmisión del discurso del presidente Gustavo Petro desde Francia, en un encuentro con la comunidad colombiana en París. Sin embargo, este hecho generó polémica debido a la calidad de la grabación y al tiempo que estuvo al aire, aun así, también hubo quienes apoyaron su alocución. (Ver: Presidente Petro propone “Plan Marshall" para combatir el cambio climático) El discurso, que tuvo una duración de aproximadamente 45 minutos, abordó diversos temas, entre ellos el avance de las reformas sociales del Gobierno ante el Congreso y la importancia de reducir la desigualdad social para construir paz y justicia social, también el presidente Petro abordó el tema de la marcha de la oposición que tuvo lugar el pasado martes 20 de junio, a la cual se refirió con críticas, calificándola como una movilización de élites y no de la clase obrera. Asimismo, el primer mandatario destacó la importancia de mejorar el sistema de salud y pensiones en el país. Hizo énfasis en la necesidad de destinar el dinero público a fortalecer los hospitales y puestos de salud, en lugar de permitir que sea utilizado por personas que “adquieren aviones privados para su beneficio personal”. Gustavo Petro enfatizó la importancia de llevar la atención médica a regiones desfavorecidas y a los sectores populares, y propuso un pacto social que mejore las condiciones de los trabajadores. Además, anunció su intención de presentar nuevamente ante el Congreso proyectos de ley relacionados con reformas laborales y educativas, así como la reforma agraria. Según Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), se puede analizar el discurso del presidente Gustavo Petro como una expresión más de radicalización democrática. En este sentido, Pérez destacó que Petro negociará sus reformas directamente con los congresistas, en lugar de hacerlo a través de los líderes de los partidos políticos. Si estas reformas no son aprobadas, es muy probable que se llame a la ciudadanía a tomar las calles, buscando así una forma de democracia en acción en los espacios públicos. Cabe mencionar que, hasta el momento, las propuestas de reforma a la salud y pensional presentadas por el Gobierno han sido aprobadas en su primer debate en el Legislativo. Sin embargo, el trámite de ambos proyectos se retomará después del 20 de julio, al finalizar el primer periodo de la legislatura. Laura Bonilla, gerente de proyección para América Latina de la Fundación Pares, resaltó varios aspectos del discurso de Petro. En primer lugar, mencionó que la segregación social y la desigualdad en Colombia no son invención del presidente, sino que él está poniendo estos problemas en evidencia. Bonilla hizo referencia específicamente a la reforma laboral como un ejemplo de esta situación, señalando que revela que el 58% de las personas han estado en la informalidad. Según Bonilla, esta reforma pone de manifiesto una fuerte preocupación a favor de las personas en situación de informalidad, lo cual es relevante. En segundo lugar, Bonilla destacó que el presidente Petro vuelve a los principios fundamentales de la izquierda a nivel mundial. Según ella, esto implica tomar medidas en beneficio de los trabajadores y garantizar un mayor acceso a los derechos en general para una población que ha sido históricamente subrepresentada. Bonilla explicó que es normal que el discurso mencione a trabajadoras domésticas y a empleos que son menos valorados en la sociedad, ya que esto reconoce la voz de aquellos que han sido subrepresentados. Las declaraciones del presidente Petro generaron opiniones encontradas entre la ciudadanía. Mientras algunos apoyaron sus planteamientos a favor de la equidad social y el fortalecimiento de los servicios públicos, otros lo criticaron por considerar que sus discursos carecen de sustancia y por interrumpir la programación televisiva sin justificación. Algunas de las criticas fue por Cambio Radical que a través de un trino, afirmó: "Es un refrito de un discurso que dio en Francia y para el que ordenó encadenar a todos los canales del país. De alocución en alocución vamos para “Aló presidente'". Camila Zuluaga, reconocida periodista, expresó su descontento en redes sociales, afirmando: "A esta hora la presidencia interrumpe nuevamente la programación de televisión nacional para repetir un discurso del presidente Gustavo Petro". Algunos críticos argumentaron que Gustavo Petro no respeta la libertad de prensa ni la libre elección de la audiencia, y lo acusaron de grosería hacia los colombianos al transmitir un discurso repetitivo y deplorable en horario estelar de un domingo. María Alejandra Villamizar, otra destacada periodista, manifestó: "Si van a convertir todos los discursos que el presidente Gustavo Petro hace en sus viajes en alocuciones, por favor grábenlas y prodúzcanlas mejor". Por su parte el director de la Fundación Pares, León Valencia, destacó la intervención del mandatario y su fuerte cuestionamiento por el fracaso del trámite de sus reformas en el Congreso. Según Laura Bonilla, existen críticas comprensibles respecto a la forma directa en la que el presidente abordó la problemática de la segregación social en Colombia. Bonilla mencionó que es comprensible que esto genere cierta preocupación, ya que nunca antes se había tenido un presidente que enfrente de manera tan directa este tema. Sin embargo, también señaló que existe una preocupación confusa, debido a que se critican incoherencias en el gobierno que, en muchos casos, son incoherencias que la sociedad colombiana nunca había rechazado. Un ejemplo que dio Bonilla fue que en gobiernos anteriores, se evitaba hablar del clientelismo, y ahora resulta ser un gran problema construir gobernabilidad a partir de las clientelas. Bonilla enfatizó que no es que esto esté bien, pero actualmente se está enfrentando un espejo que muestra la realidad. Otro punto mencionado por Laura Bonilla es que los partidos políticos están completamente desorientados, ya que no saben cómo interlocutar con un presidente que, además de gestionar sus propias burocracias, también tienen que aprobar cosas que en muchos casos son ideológicamente opuestas a sus intereses. Según Bonilla, puede funcionar tanto en la negociación política uno a uno como en la representación política en los partidos.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 20 al 25 de junio de 2023 El Gobierno Colombiano y el ELN siguen trabajando de manera conjunta en la ruta de trabajo establecida en el tercer ciclo. Una comisión trabaja en La Habana en los protocolos con los detalles del cese bilateral, transitorio y nacional pactado por seis meses y que será anunciado formalmente el próximo 06 de julio para iniciar el 03 de agosto. En esta comisión, por parte del Gobierno Colombiano, está directamente Otty Patiño, jefe de la delegación, acompañado entre otros por el almirante Orlando Romero, Olga Silva y Horacio Guerrero. La delegación del ELN es presidida por Nicolas Rodríguez Bautista, junto a Bernardo Téllez. En Bogotá hay una comisión de ambas partes trabajando en la conformación del Comité Nacional de Participación y detalles para su adecuado funcionamiento. Sobre el proceso de conformación de esta instancia promotora de la necesaria participación de la sociedad se han escuchado voces críticas por parte de organizaciones que lo conforman y hasta el momento no han recibido ninguna información oficial de la invitación que se les hace. Vamos a ver cómo evoluciona este proceso de una instancia que tiene el importante desafío de formular y proponer al Gobierno y al ELN una ruta que haga viable la más amplia participación social y ciudadana. No se han conocido detalles del proceso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que la Misión en Colombia tenga el mandato de ser verificadora del cese bilateral. Muy seguramente vamos a ver ese trámite en los próximos días, porque el 03 de agosto es una fecha cercana y se va a requerir la llegada de expertos militares y civiles que se integren a la Misión y se instalen en los puntos ya establecidos. La buena noticia es que la Misión ya tiene unos equipos en terreno que le darán soporte a las personas que lleguen para reforzar esta importante tarea. 1. El Gobierno Colombiano y el ELN anuncian que siguen trabajando en detalles del Cese Bilateral y el proceso de participación de la sociedad: 2. ELN y Gobierno ya están definiendo los protocolos del cese al fuego, ¿qué sigue?: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/cese-al-fuego-con-eln-que-protocolos-estan-definiendo-el-gobierno-petro-y-la-guerrilla-en-cuba/ 3. Entrevista a Otty Patiño: “A Pablo Beltrán le angustian las finanzas del ELN”: 4. La Revista Cambio y Defendamos La Paz invitaron al Senador Iván Cepeda, integrante de la delegación de Gobierno para el proceso de paz con el ELN, a un diálogo sobre los resultados del tercer ciclo, aquí se puede escuchar esta importante presentación, moderada por Patricia Lara: https://drive.google.com/file/d/1SrRIenGQIOZH7sy_1wjWERCGRTVY8kxY/view?pli=1 5. En cese al fuego con ELN debe incluirse que no interfieran en elecciones: Registrador Vega: https://www.elespectador.com/politica/en-cese-al-fuego-con-eln-debe-incluirse-que-no-interfieran-en-elecciones-registrador-vega/ 6. "Son los precios que debemos pagar por la paz”: León Valencia: https://www.pares.com.co/post/son-los-precios-que-debemos-pagar-por-la-paz-le%C3%B3n-valencia 7. Tercer ciclo de negociaciones con el ELN: victorias y turbulencias. Por: Reynell Badillo Sarmiento y Luis Fernando Trejos. https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/tercer-ciclo-de-negociaciones-con-el-eln-victorias-y-turbulencias/?s=09 8. Pablo Beltrán: Entrevista EXCLUSIVA al jefe de la Delegación de Paz del ELN. 9. Mensaje de Aureliano Carbonell: invitación a las organizaciones sociales y populares: Diseñar la Paz. 10. La Paz necesita la participación de las Mujeres: 11. Columna de Antonio García, primer comandante del ELN: 12. "El alcalde de Ricaurte, Nariño, denunció que no ha recibido apoyo del Gobierno para atender la crisis humanitaria en su municipio. Más de 3 mil indígenas Awá terminaron desplazados de sus resguardos por intensos enfrentamientos entre las disidencias y el ELN": 13. Leche y paz. Columna de José Félix Lafaurie: https://www.contextoganadero.com/columna/leche-y-paz 14. Entrevista a Antonio García, primer comandante del ELN: https://www.revistaraya.com/entrevista-antonio-garcia-comandante-eln?s=09 Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Laura Bonilla, Subdirectora Pares Para @confidencialcol La moraleja de este cuento infantil es extraordinaria. Un grupo de hombres astutos, disfrazándose de sastres, lograron venderle al emperador el traje más hermoso del mundo, sabiendo que era vanidoso. Le advirtieron que solo los sabios y dignos de su posición podrían ver el traje, por lo que ninguno de sus ministros le informó que estaba saliendo a la calle completamente desnudo. El engaño solo se descubrió cuando un niño exclamó: “¡el rey está desnudo!”. En medio de la actual coyuntura política colombiana, en la que ocurren tantas cosas simultáneamente, muchos de nosotros, como opinadores públicos, nos encontramos dando vueltas en círculo, buscando explicaciones para el estado de desnudez en el que se encuentra el país político y cómo, al igual que el rey de la historia, se está volviendo ridículo. El reciente informe de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) sobre el desempeño legislativo y el comportamiento del “Congreso del Cambio”, junto con el 69% de desaprobación hacia nuestro parlamento, revela mucho. Por un lado, durante muchos años nos hemos autoconvencido de que el sistema de distribución del poder en Colombia era natural y democrático. No obstante, las presiones ejercidas por el gobierno Petro sobre el sistema político colombiano, tanto en su aspecto nominal como en el real, han expuesto profundas fracturas. He escuchado a muchos exfuncionarios destacados y genuinamente competentes afirmar que en el pasado se protegía a los trabajadores estatales y que los nombramientos se basaban en criterios técnicos. Afortunadamente, esta coyuntura ha permitido que una parte de los medios de comunicación, que antes aceptaban las “cuotas políticas” como algo normal, ahora evidencien la falsedad de este argumento. Incluso la frase “uno gobierna con los amigos” está empezando a perder fuerza. El escándalo Sarabia-Benedetti ha puesto al descubierto la profundidad de las negociaciones políticas, siempre llevadas a cabo en secreto, y ha revelado que es habitual que a algunos políticos profesionales se les paguen aviones privados, mientras su riqueza crece en medio de negocios que nunca quedan lo suficientemente claros. Sin embargo, también pone de manifiesto la profunda hipocresía de una Colombia que durante años afirmó que esto era normal en una democracia. Por otro lado, quizás los más consternados sean aquellos que acompañaron la campaña del actual presidente, sufriendo las malas compañías de los lobistas e intermediarios profesionales. Esta semana, Mario Alcocer también mencionó el acompañamiento constante a la primera dama y cómo se posiciona una región frente a un ministro, lo cual ha generado preocupación. Pero tal vez el hecho de que la política esté desnuda a la vista de toda Colombia nos ayude a mirarnos en ese espejo con honestidad. Actualmente, el sistema está diseñado de manera que gobernar sin clientelismo resulta imposible. ¿Tiene sentido reclamar que se reconstruya la gobernabilidad de la nada? Durante décadas, la función primordial de los políticos regionales ha sido el lobby y la intermediación para conseguir empleos en Bogotá que se les niegan en sus propias regiones. Esto ha llevado a que ellos y sus allegados asciendan y se conviertan en líderes de un Estado cada vez más mediocre. ¿Es lógico rechazar este comportamiento sin detenernos a pensar cómo cambiar la cultura del “recomendado” que impera en nuestra vida diaria? ¿Es lógico seguir teniendo leyes hiper restrictivas para que la contratación pública solo quede en mano de los contratistas, profesionales y recomendados? Los gobernantes y gestores mejor valorados han sido aquellos que han sabido balancear con éxito este tipo de pactos políticos y al mismo tiempo cumplir uno que otro programa. Han avanzado poco a poco, generando pequeños cambios, pero también enormes frustraciones sociales que nos han costado muy caro. En muchas regiones de este país, el Estado ha mirado hacia otro lado mientras actores armados asumían la responsabilidad de impartir justicia, establecer reglas e incluso llevar a cabo proyectos de infraestructura, a costa de la vida de demasiadas personas. No fueron pocos los funcionarios públicos, incluidos congresistas, que aceptaron beneficios de la corrupción y la violencia. ¿No es hora de detenernos y aceptar que nuestra democracia regional es precaria porque así lo ha preferido el centro político? ¿No es cierto que la razón por la cual no hemos logrado liberarnos de los clanes políticos es porque sus poblaciones no tienen oportunidad de acceder a bienes y servicios públicos sin su intermediación? Queridas personas que me leen, ¿no creen que es el momento de reflexionar sobre cómo construir gobernabilidad sin corrupción ni clientelismo? Al menos valdría la pena revisar algunos planes. Una reforma laboral podría haber sido parte de la solución para librarnos del lastre de los congresistas recomendando hojas de vida para cualquier empleo público (lo cual no es normal) y de los funcionarios con un jefe político (tampoco es normal). Pero ya sabemos cómo terminó esa propuesta.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Es claro que para el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es imposible avanzar en el proceso de paz sin que se vincule a la sociedad. Así quedó expresado tanto en el Acuerdo de Quito –firmado en 2017 durante el gobierno de Juan Manuel Santos–, como en los acuerdos firmados hasta el momento en el gobierno de Gustavo Petro: el de México –el 10 de marzo de 2023– y el de Cuba –el 09 de junio del mismo año–. En todos ellos, las partes establecieron lo prioritario que es la participación de la sociedad para avanzar en el proceso de paz. Ponen en el centro de la discusión a “la voz de las comunidades, pueblos y territorios urbanos y rurales” (Acuerdo No. 9). Llaman a vincularse a los que cuidan el campo, a los pueblos afrocolombianos e indígenas, a las mujeres y los jóvenes y a la población LGTBIQ+. El Primer Acuerdo de Cuba –o Acuerdo No. 9– establece una secuencia de tareas que deberá realizar la sociedad colombiana, acompañada, por supuesto, de los integrantes de la Mesa de Diálogos de Paz. Tareas que deben seguir un orden estricto y secuencial, para poder avanzar en el desarrollo del contenido de la Agenda de Negociación establecida en México. Y cuyos puntos iniciales son: 1. La participación de la sociedad en la construcción de la paz; 2. Democracia para la paz y 3. Transformaciones para la paz. Para avanzar en la ejecución de los puntos de la Agenda, se le ha planteado a la sociedad tres tareas: la primera es el alistamiento para la participación –llamado ‘fase de diseño’–. Que consiste en proponer las metodologías y los escenarios que le permitan a la sociedad participar de manera “activa, propositiva, incluyente, deliberativa, vinculante y eficaz” (Acuerdo No. 9). Diseño que es necesario para que se pueda asumir con responsabilidad las otras dos tareas. La segunda labor es realizar un diagnóstico de los problemas del país –la cual se realizará en la ‘fase de diagnóstico y diálogo sobre democracia para la paz’–. Tarea que, lo más seguro, comenzará en el próximo año, en 2024. El objetivo de esta segunda etapa será definir los problemas sociales, políticos y económicos que deben abordarse necesariamente para construir una propuesta de cambio. Esta será una fase de diagnóstico de los problemas del país. Finalmente la tercera es “construir una agenda sobre la democracia y transformaciones” que le permita al país y sus regiones la “superación de conflicto político, social, económico y armado”. Allí se buscará formular los cambios necesarios para la construcción de la paz estable y duradera. Una especie de hoja de ruta para que el Estado implemente los cambios necesarios para dar respuesta a las causas del conflicto armado y social. Actualmente, el proceso de paz se encuentra en la fase primera de alistamiento de la participación, que durará seis meses –hasta el 09 de diciembre de 2023–. Esta comenzó desde el mismo momento en que se suscribió el Primer Acuerdo de Cuba –el 09 de junio–, cuando se dio a conocer el tema sobre la participación de la sociedad y en él la creación de un Comité Nacional de Participación (CNP), de las tres fases o etapas de esta participación y de la tarea de construir un Plan Nacional de Participación. Dado que esta fase se encuentra en proceso, quiero en esta columna referirme a la primera de las tres tareas que tiene la sociedad civil en esta etapa de participación. Y sugerir un camino para su abordaje. Como dije, el Primer Acuerdo de Cuba estableció que se creará en el país para este proceso de paz un Comité Nacional de Participación (CNP), el cual estará integrado por 30 procesos sociales, comunitarios e institucionales; quienes, junto a la Mesa de Diálogos de Paz, tendrán la tarea de “dinamizar la convocatoria, la participación y la construcción de propuestas con un sentido transformador para construir una visión compartida de paz que dé soporte y referencia a este acuerdo” (Ver: Bitácora 26: diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN). En este Comité participan ocho integrantes de la delegación de paz –cuatro del Gobierno y cuatro del ELN–. Y dado que los lineamientos de esta organización es integrar al mayor número de actores de la sociedad, se ha establecido que lo integrarán los pueblos étnicos, organizaciones, gremios e instituciones. Y para ello la Mesa de Diálogos de Paz convocó 81 actores; los mismos que fueron identificados, nombrados e invitados a unas reuniones que comenzarán a más tardar el 25 de julio. La tarea de este CNP, durante la fase de alistamiento, será identificar, discutir y señalar los mecanismos que podrán usarse para participar la sociedad civil. Y le deberá entregar a la Mesa de Diálogos de Paz “un plan conceptual, operativo y logístico para promover y facilitar la intervención de la sociedad en el diseño de la participación” (Acuerdo No. 9). Elementos que servirán a la Mesa para elaborar, a partir de diciembre de 2023, el Plan Nacional de Participación. Para realizar esta tarea, la propuesta es que los representantes de la sociedad, reunidos en el CNP, recurran, tanto a la experiencia internacional como la nacional, para analizar las valiosas experiencias. Las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) mostraron que en el país hay muchas opciones de involucrar a la sociedad, desde consultarla en comisiones, en talleres o en coloquios, hasta llevarla directamente a la mesa de diálogo. Una mirada atrás nos muestra a una sociedad que estuvo en los Foros Consultivos Oficiales, que se generaron alrededor de los puntos del Acuerdo Final. También, a las víctimas y comunidades étnicas y de género que fueron a La Habana. Incluso, una sociedad que participó e incidió desde los diversos espacios colectivos a las que se les convocó en el país, donde realizaron audiencias públicas o en mesas de trabajo permanente (Ver: Participación de la sociedad civil en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- FARC -ep- (2012-2016)). Todas está variedad de mecanismos de participación han sido muy bien valorados tanto por la sociedad como por la comunidad internacional y académica. Espacios y dispositivos que sin duda deberán retomar los que muy pronto se reúnan en la Mesa Nacional de Participación. Y con los cuales se podrá “promover y desarrollar los espacios de diálogo con enfoque diferencial, en los que los diversos procesos de la sociedad puedan presentar sus propuestas para el diseño de la participación; sistematizar las diferentes propuestas de los procesos sociales convocados; y aportar a la construcción del Acuerdo Nacional” (Acuerdo No. 9). En síntesis, la primera tarea de la sociedad será ponerse de acuerdo sobre el cómo le gustaría participar e incidir en las decisiones que se tomen en la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN. Deberá suministrarle los materiales para que se pueda construir un Plan Nacional de Participación. Estamos en una dinámica de participación tipo cascada, donde el segundo paso y los posteriores dependen del buen desempeño del primero. Afortunadamente, la experiencia reciente nacional e internacional sobre participación de la sociedad nos ha dejado muchas lecciones. Lo que debemos hacer es incorporar estas experiencias y enriquecerlas con la imaginación creativa de una cultura política donde la participación y el diálogo ha estado presente en las últimas décadas. De esta manera estaremos listos para avanzar en el cumplimiento de las otras dos tareas: la del diagnóstico y la de las propuestas. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista El presidente Gustavo Petro, ha participado activamente en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial realizada en París, Francia, el pasado jueves 22 de junio. Esta cumbre fue convocada por el presidente francés Emmanuel Macron, con el objetivo de establecer los cimientos de un nuevo pacto financiero internacional destinado a brindar apoyo a los países más vulnerables frente a la crisis climática. El evento tuvo lugar en el Palacio Brongniart y congregó a más de un centenar de líderes mundiales, destacando por su importancia en los ámbitos económico, social y ambiental. La cumbre contó con seis mesas redondas, 30 eventos etiquetados y más de 50 actos paralelos, consolidándose como uno de los certámenes internacionales más relevantes del año 2023. Natalia Lever, directora de The Climate Reality Project América Latina le expresó a la Fundación Paz & Reconcilición (Pares) la importancia crucial de la Cumbre de París. Según Lever, esta cumbre se vuelve imprescindible debido a la necesidad de reestructurar nuestra arquitectura financiera, la cual se basa actualmente en un modelo económico obsoleto y explotador tanto de los ecosistemas como de las personas. Explicó que el propósito de esta cumbre es establecer un nuevo pacto financiero que nos permita llegar a acuerdos y enfrentar las tres principales amenazas: la pobreza, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. También, mencionó que aunque se ha debatido mucho sobre respuestas financieras para abordar el problema del cambio climático, lo que aún no se ha presenciado son las inversiones a corto plazo. Por lo que para Natalia Lever es algo que sería ideal observar como resultado de esta cumbre. Durante su intervención en la cumbre, el presidente Gustavo Petro presentó una propuesta sobre la implementación de un “Plan Marshall” para combatir el cambio climático y financiar la lucha contra la crisis climática. Enfatizó la importancia de respaldar un plan de tal envergadura para afrontar el desafío climático, presentándolo como un catalizador para reactivar la economía mundial, enfocándose en soluciones concretas frente a la crisis climática. Petro sugirió la idea de cambiar la deuda por acciones climáticas, lo que implicaría un cambio institucional en el sistema financiero mundial. Según el mandatario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones financieras deberían priorizar la transferencia de recursos a través de derechos especiales de giro hacia tenedores de bonos de deuda pública, bancas multilaterales y la reducción de servicios de deuda en todos los países del mundo. El “Plan Marshall” propuesto por Petro encuentra sus raíces en el programa estadounidense que contribuyó a la reconstrucción de Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. El presidente colombiano busca que, a través de la financiación del FMI, se establezca un fondo internacional dedicado a la preservación de selvas, ríos y otros recursos naturales afectados por el cambio climático. Esta visión implica la creación de ingresos adicionales derivados de una tasación a las transacciones financieras mundiales, destinados a acciones globales para superar la crisis climática y la reducción de la deuda pública en todos los países. El presidente Gustavo Petro hizo énfasis en que este enfoque implicaría un nuevo diálogo entre el norte y el sur, donde el objetivo no sería únicamente proporcionar préstamos o una ayuda marginal, sino establecer una sociedad que promueva la vida de la humanidad en su conjunto. El mandatario subrayó la importancia de lograr emisiones de gases de efecto invernadero cercanas a cero para salvar a la especie humana y preservar la vida en el planeta tierra. En ese sentido, resaltó la necesidad de realizar una inversión pública masiva y liberar deudas para financiar el “Plan Marshall” contra la crisis climática. La participación del presidente Petro en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial en París también incluyó una reunión con su homólogo francés, Emmanuel Macron. Ambos líderes compartieron una visión común sobre la importancia de trabajar juntos para abordar los desafíos ambientales y promover la sostenibilidad global. Además, durante su encuentro, abordaron temas de vital importancia como la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, los procesos de diálogos con el ELN, la protección de la Amazonía y la transición energética. Macron expresó su respaldo a las iniciativas propuestas por Petro. Natalia Lever mencionó que es interesante la propuesta de Petro, ya que se suma a la voz de la presidencia de Barbados, un país altamente vulnerable al cambio climático. Además, Lever resaltó que tenemos un nuevo presidente frente al Banco Mundial, quien ha recibido varias propuestas y varios llamados desde la sociedad civil para que en la reestructuración que están haciendo del banco, se tome en cuenta esta propuesta de intercambio de acción climática por deuda. El “Plan Marshall” propuesto por el presidente Gustavo Petro ha generado grandes expectativas en la comunidad internacional, ya que busca establecer mecanismos financieros sólidos para hacer frente al cambio climático y proteger los recursos naturales del planeta. La presidenta de la Unión Europa, Ursula Von der Leyen, aseguró que las industrias que más contaminan podrían imponérsele más impuestos. “Poner impuestos al carbón, es una herramienta eficaz para reducir emisiones y cómo hacemos de tal manera que la industria y el sector de la movilidad y los que contaminan tengan una opción”, señaló Von der Leyen. Natalia Lever sugirió que para hacer frente a los desafíos del cambio climático, se debe considerar la implementación de un costo a la contaminación, empezando desde la producción, incluso abarcando el tema de las materias primas. Además, destacó la necesidad de aumentar la efectividad y fortaleza del multilateralismo, ya que una de las deficiencias en la nueva arquitectura financiera propuesta es que los países desarrollados no han cumplido con sus compromisos de inversión y financiamiento a los países en desarrollo. Por esta razón, según la directora de The Climate Reality Project América Latina, es fundamental restablecer la confianza y fortalecer las relaciones entre los países desarrollados y en desarrollo. Esto implica establecer un costo a la contaminación y reforzar el multilateralismo. Lever enfatizó: "La ciencia nos ha dejado claro que las respuestas más inmediatas, importantes y rentables implican abandonar los combustibles fósiles. Debemos dejar de subsidiarlos y comenzar a invertir esos recursos en energías renovables. También debemos promover una movilidad más sostenible en nuestras ciudades, fomentar la creación de espacios urbanos más verdes y reestructurar nuestro sistema alimentario hacia la agricultura regenerativa y sostenible". Cabe resaltar que la ceremonia de clausura de la cumbre se llevará a cabo hoy, viernes 23 de junio, donde el presidente Petro participará en sesiones de debate de alto nivel sobre inversión social, clima y pobreza, antes de regresar a Colombia con nuevas perspectivas y propuestas para abordar los desafíos ambientales y financieros que enfrenta el mundo. (Ver: En foro de la ONU Petro llama a detener la extracción de petróleo y proteger la selva amazónica)

Por: Luis Eduardo Celis La naturaleza está enviando mensajes claros y contundentes: hay muchas cosas por cambiar en el relacionamiento de la humanidad con ella y Arauca no es la excepción. De la cordillera oriental bajan múltiples quebradas y ríos que van a dar al río Arauca y este, en las últimas semanas, ha inundado varias comunidades, vías terciarias y principales. Es tal la rudeza de estos hechos que la Gobernación de Arauca declaró desde el mes de abril la calamidad pública y lo mismo han hechos las Alcaldías de Arauca capital, Arauquita, Tame, Fortul y Saravena. Según los registros hay cerca de tres mil familias directamente afectadas y cerca de quince mil personas durmiendo con el agua al cuello. Y no es una metáfora, es la dura realidad. El primer paro del Sarare se dio en enero de 1972 y fue motivado por el derrumbe de los puentes artesanales que el mundo campesino había construido con la ayuda de los ingenieros militares. Las lluvias de esa época se los llevaron y son los mismos puentes que luego de más de medio siglo, década tras década, colapsan, siendo hoy la situación ambientalmente más compleja, que en ese ya lejano 72 nadie hablaba de crisis climática. Hoy es una amenaza que puede acabar con la humanidad, como bien lo enfatiza el presidente Gustavo Petro cada vez que tiene la oportunidad en alguna tribuna internacional o nacional. Ante esta difícil situación, el rico mundo organizado de Arauca acaba de realizar un paro cívico, que tiene la buena noticia de que transcurrió sin violencia y ha sido tramitado en una importante negociación con un Gobierno Nacional abierto al diálogo, que reconoce que la protesta es un derecho legítimo y se ha llegado a una concertación con la activa participación de la Gobernación de Arauca, las alcaldías involucradas y una importante facilitación de la Defensoría del Pueblo, representada por el delegado para el diálogo social: Fernando Calero, quien conoce desde hace mucho tiempo Arauca y sus conflictividades. Agradecer este buen trabajo de la Defensoría para actuar como facilitador en la solución de esta movilización social y la respectiva negociación. En los compromisos adquiridos para resolver esta situación hay que destacar el involucramiento positivo de la empresa petrolera Parex, que han estado de cara a la comunidad para resolver de manera ágil muchos aspectos que no dan espera y en los que el actor privado pueden actuar de manera más ágil. Este tipo de comportamientos ayudan a tender puentes y generar buena comunicación con el sector petrolero que históricamente ha sido muy cuestionado por las formas en que la industria se ha relacionado con el territorio, donde hay viejas deudas por asumir y balances sobre un desempeño que ha tenido cosas muy buenas, otras muchas catastróficas y no pocas terribles. La negociación de este pliego, con énfasis en acciones de corto y mediano plazo, debe ser cumplido de manera estricta por todos los involucrados y firmantes y en ello cabe una responsabilidad al Ministerio del Interior de ser fiel compromisario en lo que le compete al Gobierno Nacional, que está involucrado desde la Unidad de Gestión del Riesgo, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el Ministerio del Medio Ambiente, que puede facilitar procesos con Corporinoquia, y, desde el Ministerio de Minas, los diálogos con las empresas petroleras. Hay una grave crisis en los temas socioambientales en Arauca, las dinámicas de ocupación del territorio, todas las actividades económicas que en el sector se desarrollan deben mirar sus responsabilidades, sin echarse la pelota unos a otros. Sin ser experto en el tema puedo afirmar que tanto el mundo campesino, como los petroleros, tienen responsabilidades por asumir. Viene una dinámica de participación para construir un acuerdo de paz, eso es lo que han acordado el gobierno del presidente Petro y el ELN, y allí la voz y el protagonismo de Arauca son centrales. Aquí pueden consultar el acta de compromisos firmados:

Por: Katerin Erazo, Periodista En los últimos días, ha surgido una intensa controversia en torno a la propuesta de subsidiar al ELN como una medida para poner fin a su práctica de extorsión y secuestro que azota diversas regiones del país. En este momento, la propuesta se encuentra en una fase de discusión y aún no se ha concretado ninguna decisión al respecto. Sin embargo, su mera existencia ha generado un mar de interrogantes y opiniones encontradas, a pesar de que el tema no ha sido abordado formalmente en la mesa de diálogo con los representantes de la guerrilla. Entre los defensores de esta idea se encuentra el presidente Gustavo Petro, quien sostiene que el financiamiento podría contribuir a la disminución de la violencia en las áreas donde el grupo armado ejerce su influencia, siempre y cuando se realicen simultáneamente los diálogos de paz con dicha guerrilla. No obstante, el fiscal general, Francisco Barbosa, ha expresado su rotundo rechazo a esta propuesta, argumentando que sería como “vacunar a los colombianos con un estímulo a la criminalidad”, refiriéndose a una posible propagación de la extorsión a nivel nacional. Ante esta situación, es imperante analizar detenidamente los alcances y las implicaciones de cualquier medida relacionada con el financiamiento al ELN. La opinión pública se encuentra dividida, esperando el debate y la toma de decisiones fundamentadas que aborden la complejidad de este tema. En este contexto, León Valencia director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha proporcionado aclaraciones que responden a algunas interrogantes sobre la posible implementación de esta idea. ¿Cuál es su análisis de esta idea de financiar al ELN? Y ¿por qué el Estado financiaría a un grupo armado? Eso no es la primera vez que se habla. Yo estuve en una reunión en Alemania en 1998 donde el grupo alemán ofreció financiación al ELN si abandonaba el secuestro, como parte de un proceso de paz. Es algo que podría ser posible. Sin embargo, en Colombia, la financiación se ha dado después de la firma del acuerdo, no en el marco de un cese bilateral, sino al final del acuerdo. La situación del ELN es diferente a la de las FARC. Las FARC no necesitaban ese tipo de apoyo, ya que contaban con una gran cantidad de recursos y una economía de guerra que les permitía autosustentarse. En cambio, el ELN no dispone de una fuente de financiamiento tan sólida. Si cesaran todas sus actividades de narcotráfico, secuestro y extorsión, no podrían sostenerse por sí mismos. Observo que el Gobierno tiene disposición para entender esta situación y considera que la financiación podría ser una solución viable para lograr un cese indefinido de hostilidades y fuego. La financiación tiene aspectos positivos, ya que comprometería al ELN a no continuar con la extorsión ni los secuestros. Además, cualquier persona afectada, ya sea ganadero o empresario, podría denunciar si se viola el acuerdo y presentarlo a las organizaciones encargadas del monitoreo. Esto genera un mecanismo de rendición de cuentas. Por último, esta financiación ayudaría a que las actividades del ELN se dirijan hacia un enfoque político y social, alejándose de la guerra, los reclutamientos y las acciones bélicas, así como de la compra de armas y la expansión de su fuerza. Esto permitiría una transición hacia una participación más política y social por parte del ELN, acercándolo a la paz. En caso tal de que sé dé el financiamiento al ELN ¿de dónde saldrían estos recursos para financiarlos? Eso tiene que ser responsabilidad de la comunidad internacional. Incluso el propio ELN no aceptará que sea el Estado quien los financie, ya que aún no se han desarmado ni han firmado el acuerdo final de paz. Para una guerrilla, resulta indignante que el enemigo sea quien los financie. Sería más apropiado que estos fondos provengan de una tercera entidad neutral, como la comunidad internacional. De lo contrario, dudo que el ELN acepte tal financiación. ¿Cómo se le garantizaría a Colombia que el financiamiento realmente sea para el ELN? Eso implica la creación de una fiducia, un fondo fiduciario exclusivamente destinado a este propósito. Se asignaría una cantidad de dinero que se gestionaría de manera controlada y se destinaría al ELN a través de canales reales. Existen dos formas de hacerlo. En una de ellas, el ELN presentaría presupuestos de manera continua y se les financiaría con dinero. La otra forma, más compleja, implica que el fondo fiduciario establezca una estructura para suministrar alimentos, vestimenta, medicamentos y otros elementos necesarios directamente a los frentes guerrilleros. Esta última opción sería más complicada, pero podría haber otras alternativas a considerar. ¿Qué les dice a las personas que están en contra del financiamiento al ELN? Yo creo que siempre en las negociaciones de paz, hay aspectos que pueden resultar poco convencionales y generar irritación en la población. Preguntan: “¿Por qué se les daría dinero a una guerrilla?” Sin embargo, estos son los costos de alcanzar la paz. Estos incluyen incentivos judiciales, incentivos políticos y proporcionar recursos económicos para facilitar la transición a la vida civil. Estas medidas a menudo generan cuestionamientos por parte de la gente, pero son los costos necesarios para desarmar a una fuerza y reintegrarla a la sociedad civil. Las ganancias, por otro lado, son valiosas: se salvan vidas y se logra una mayor tranquilidad. Aunque estos aspectos pueden causar irritación, son los precios que debemos pagar por la paz. ¿Qué otras alternativas podría ver viable en vez del financiamiento? Es que yo creo que lo único que se debe hacer es acelerar el proceso de paz, de manera que se base en un acuerdo final. Cuando se llega a un acuerdo final, nadie discute la necesidad de financiarlo, ya que es lógico y se ha hecho con otros grupos en situaciones similares, para respaldar su reintegración a la vida civil. Por lo tanto, la única alternativa es acelerar el proceso. Además, el ELN debería utilizar todos sus recursos disponibles e invertirlos hasta donde les sea posible. ¿Usted cree que esta idea de financiar al ELN se podría llevar al tercer ciclo de negociación? Sí, es que yo creo que ya la lanzó Petro para que se empezara a debatir. Ahora está en la esfera pública y ambas partes están involucradas en el tema. Lo hicieron con el objetivo de presentar la idea y observar la recepción que tiene en el debate público. Se están preparando para ello. Además, una vez que lleguen al tercer ciclo de negociaciones, habrá transcurrido un tiempo en el que se ha practicado el cese bilateral. Durante esos tres meses, el ELN estará utilizando sus propios recursos. En ese momento, creo que abordarán ese tema en particular.