Por: Attila Lenti Analista e investigador La noticia del rescate de los cuatro niños que sobrevivieron durante 40 días en las selvas del Guaviare recorrió el mundo. Es usual que el cubrimiento internacional de los medios sobre Colombia sea alrededor de malas noticias, normalmente asociadas con narcotráfico y conflicto armado. Sin embargo, esta vez se le hizo seguimiento detallado al desarrollo de la búsqueda y el rescate incluso en países que casi no reportan sobre Colombia, como es el caso de mi país, Hungría (igualmente por fuera del radar de la opinión colombiana). La noticia equivale a un milagro y produjo una catarsis emocionante. Pero más interesante aún que este milagro se asocia con un tema que nuestro mundo positivista, construido a partir de estándares del Occidente, se ha negado a reconocer: la efectividad práctica y el valor del conocimiento tradicional indígena, clave para la sobrevivencia tanto de los niños en la selva, como de la humanidad misma. Si bien en Colombia –que recientemente transitó el camino de ser un país rural para convertirse en un país urbano– la vida cotidiana se entrelaza con saberes originados en la vida campesina y de los pueblos étnicos, los pueblos indígenas y sus conocimientos a menudo han sido despreciados. La situación no es mejor en el exterior, donde el tema no va más allá de la exotización de la ayahuasca y unos rituales chamánicos en la selva para viajeros en busca de aventura e iluminación. La mirada cambia para aquellos científicos e investigadores que se esfuerzan diariamente para entender la enorme complejidad de los ecosistemas tropicales y su relación con aquellos grupos humanos que por miles de años han podido vivir en armonía con ellos. Poblaciones que han usado de manera sostenible lo que nosotros llamamos “recursos naturales”, que son, en realidad, nuestro entorno natural, la base de nuestra existencia. Los esfuerzos de personas como Alexander von Humboldt, uno de los pioneros del pensamiento ecológico, o como Richard Evans Schultes, padre de la etnobotánica, han sido apenas los primeros pasos de un proceso que hoy llegó a ser fundamental para la sobrevivencia de la especie humana. La Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) ha producido múltiples informes escalofriantes (que aparentemente pocos leen) sobre la pérdida y el pésimo estado de nuestra biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que ofrece, sin los cuales no podemos vivir. Una de sus más importantes conclusiones es que el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas es clave para preservar los ecosistemas ante la crisis climática mundial que enfrentamos. Su singular diversidad biológica y cultural convierte a la cuenca del Amazonas en el bioma más importante del mundo, y su sistema hidrológico es indispensable para el control climático del planeta. Lastimosamente, hoy la Amazonía es una fuente de materia prima con todas las terribles consecuencias de la extracción. Según las predicciones de la ciencia, la deforestación de la Amazonía en estos años de cambio climático estará alcanzando el nivel del punto de no retorno: cuando la región de manera irreversible comienza a convertirse en sabana. Es la amenaza inminente del colapso del clima, de los ciclos globales del agua, de gran parte de la biodiversidad del planeta, con impactos para la humanidad que (no) se puede imaginar. Tenemos retos que hay que resolver de manera urgente. Es un hecho que donde existe presencia indígena hay menos deforestación que en otras partes. O sea, se trata de los maestros de la conservación silvestre. En los paisajes bioculturales de la región, los grupos indígenas dominan los secretos de copiar los procesos de la naturaleza en sus prácticas agroecológicas milenarias (como la práctica agroforestal ancestral de la chagra), de la manutención de los servicios ecosistémicos en diversos entornos naturales, el manejo de los suelos complicadísimos de la selva, la atracción de los polinizadores y de los animales dispersores de semillas, el uso y manejo de los recursos hídricos, y la medicina tradicional basada en un profundo conocimiento botánico, entre otros. Los niños que sobrevivieron en la selva no vienen de cualquier tradición: con un fragmento del conocimiento botánico indígena huitoto lograron lo imposible. Sin embargo, muy pronto este territorio puede convertirse en una fuente de conocimientos para la sobrevivencia humana. La ciencia ya entendió que la diversidad biológica, el capital más grande de los países del Sur, y la diversidad cultural, son inseparables. Se debe profundizar el intercambio con los saberes indígenas cuanto antes. No basta con elegantes recomendaciones en informes de organismos internacionales, el trabajo práctico debe comenzar ya con proyectos articulados y sostenidos a largo plazo, con la escucha activa tanto de la comunidad científica como de los actores políticos. Por supuesto, mientras tanto se debe proteger a los pueblos nativos y asegurar la continuidad intergeneracional de sus saberes ancestrales, garantizando asimismo su modo tradicional de vivir. Claro, no se garantiza que los frutos de este intercambio de saberes vayan a ofrecer resultados viables en el marco del actual modelo económico capitalista. Existen cálculos sencillos que demuestran la imposibilidad de que la economía siga creciendo por el uso cada vez mayor de materia y energía que devora nuestros ecosistemas (no solo amazónicos, también europeos, canadienses, siberianos, etc.), haciendo que nuestro planeta se vuelva inhabitable. La inquietante observación del economista Giorgos Kallis es que, con una tasa de crecimiento del 3% anual a nivel mundial, tendríamos una economía 19 veces más grande en un siglo, lo cual es a todas luces un planteamiento absurdo. Hay que parar, pensar y realizar cambios. Las culturas sostenibles han vivido por milenios sin crecimiento y sin problemas. Considerándose parte del bosque, siendo un solo cuerpo. Para aprender de ellos no es necesario retornar a la caza y la recolección. Pero sí, como un primer paso, podemos aprender algo simple: que siempre hemos sido parte de la naturaleza que tiene sus límites. Aquél que la respeta puede sobrevivir en ella. Sin eso, los niños perdidos en la selva somos nosotros. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista La esperada reforma laboral, uno de los proyectos del gobierno de Gustavo Petro, sufrió este martes 20 de junio un duro golpe al no lograr el quórum necesario para su votación en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Con esto, el plazo para la aprobación de las reformas clave del gobierno en las sesiones ordinarias del Congreso llegó a su fin, dejando al Gobierno sin el respaldo legislativo que esperaba tener en su primer año de mandato (Ver: Reforma laboral, nuevo reto para el gobierno). El mismo día en que la oposición convocó a marchas en las principales ciudades del país en rechazo a los proyectos del Gobierno, la reforma laboral se desplomó en el Congreso. El martes 20 de junio representaba la última oportunidad para que el proyecto continuara en curso, debiendo superar al menos el primer debate en las sesiones ordinarias de la legislatura actual (del 20 de julio de 2022 al 20 de junio de 2023) para aspirar a ser discutido en sesiones extraordinarias. La caída de la reforma laboral ha sido considerada como un asunto de gran gravedad por el Gobierno. Según el presidente Gustavo Petro, como dijo a través de su cuenta de Twitter, este hecho demuestra la falta de voluntad de paz y pacto social por parte del poder económico, ya que los dueños del capital y los medios de comunicación lograron influir en el Congreso en contra de los derechos y la dignidad de los trabajadores. Además, Petro aseguró que el gobierno del cambio no abandonará los intereses de los trabajadores. Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), explicó las dos razones detrás del hundimiento de esta reforma laboral. En primer lugar, señaló que la presentación de la reforma a la salud ocupó la agenda durante varios meses, lo cual redujo el tiempo disponible para la votación y el debate de otras reformas, incluyendo la laboral. En segundo lugar, mencionó el escándalo de Bennedeti-Sarabia, el cual provocó que las votaciones se pospusieran durante dos semanas debido a la falta de quórum. Pérez destacó que la reforma laboral nunca logró generar consensos entre los diferentes partidos políticos. Tanto el Partido Liberal, el Partido Conservador, La U, Cambio Radical y el Centro Democrático, se mostraron en oposición a esta propuesta de reforma. El asistente de investigación también señaló que otra razón fundamental detrás del fracaso de la reforma fue el manejo político que se le dio. La decisión de presentar todas las reformas de manera simultánea en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes resultó poco acertada, especialmente considerando que se estaba saliendo recién del debate sobre la reforma a la salud. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, se pronunció sobre el hundimiento de la reforma laboral en el Congreso de la República, atribuyéndolo a la necesidad de realizar reformas pensando en el beneficio de toda la ciudadanía, considerando los efectos sobre los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, los desempleados, los emprendedores, los informales y las capacidades de Colombia para generar mejores condiciones para todos. De acuerdo con el medio de comunicación City TV, se identificaron diez puntos clave en esta reforma laboral. En primer lugar, se tenía previsto dar prioridad a la contratación a término indefinido. En segundo lugar, se establecerían jornadas suplementarias tanto diurnas como nocturnas. En tercer lugar, se propuso aumentar el pago dominical al 100%, en lugar del 75% actual. En cuarto lugar, se mantendría la protección del trabajo en plataformas digitales. En quinto lugar, se buscaría reintroducir el preaviso para los trabajadores. En sexto lugar, se buscaba eliminar la violencia laboral. En séptimo lugar, se fortalecerían los derechos sindicales. En octavo lugar, se mantendrían las ocho horas legales de trabajo diarias. En noveno lugar, se planteaba eliminar los contratos colectivos con organizaciones sindicales. Por último, en décimo lugar, se pretendía establecer la modalidad de jornal agropecuario. Es importante destacar que esta derrota de la reforma laboral se produjo en medio de una intensa jornada legislativa en la que se convocaron plenarias de la Cámara y el Senado, así como algunas comisiones, con el objetivo de dar trámite a proyectos trascendentales que tenían como plazo máximo este último día (20 de junio) de las sesiones ordinarias. La no aprobación de la reforma laboral representa un duro golpe para el gobierno de Gustavo Petro, convirtiéndose en una de las tres reformas sociales más polémicas de la temporada. El presidente de la Comisión séptima de la Cámara de Representantes, Agmeth Escaf, lamentó el resultado y afirmó que se hizo todo lo posible por impulsar el proyecto, pero desafortunadamente no se logró. No obstante, Escaf destacó que el gobierno seguirá comprometido en generar cambios y apoyar a los jóvenes. Ahora, el Gobierno deberá replantear su estrategia y explorar otras vías para lograr sus objetivos en materia laboral. Aunque la reforma laboral no pudo avanzar en esta ocasión, la administración de Petro insiste en su compromiso de promover políticas que beneficien a los trabajadores y busquen la equidad en el ámbito laboral. La reforma laboral se convierte en la primera de las reformas sociales propuestas por el Gobierno que se hunde en el Congreso. Mientras tanto, la reforma a la salud logró superar exitosamente su primer debate en la misma comisión y se espera que, en sesiones extraordinarias, pueda avanzar en su proceso legislativo. Por otro lado, la reforma pensional destaca por contar con un ambiente más favorable, a pesar de haber sido la última en iniciar su debate. De hecho, esta reforma ha obtenido una aprobación ágil en el primer debate de la Comisión Séptima del Senado, gracias a los acuerdos previamente alcanzados entre los ponentes y la ministra Ramírez. Cabe añadir que hoy el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, informó que el próximo 20 de julio, en el inicio de la segunda legislatura compartida entre el Congreso y el Gobierno, se presentará nuevamente la reforma laboral. Juan Alejandro Pérez, por su parte, sugiere que al retomar esta reforma se debe considerar la necesidad de replantearla, buscar un consenso más amplio y realizar cambios en el gabinete para generar mayor confianza.

Por: Juan Manuel Torres Erazo, Coordinador Oficina Pares Pacífico La Paz Total de Buenaventura se encuentra en una tensa calma. En diferentes barrios de las comunas 7, 10 y 12 han ocurrido balaceras en las últimas semanas. Durante el fin de semana pasado, fueron asesinadas siete personas en la ciudad. Durante todo junio ya se cuentan diez asesinatos. A pesar de que Shottas y Espartanos mantienen formalmente un cese al fuego, la comunidad teme que la cuerda se tense tanto que se rompa. En medio de esta situación, que ha producido tanto en la zona rural como urbana de graves situaciones humanitarias, en donde surge la figura destacada de Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, obispo de Buenaventura desde 2017. Su trayectoria en el ámbito social y su dedicación a la construcción de la paz le han otorgado un papel fundamental en el proceso que podría terminar la guerra urbana y transformar esta ciudad de Colombia. En medio de la crisis que atraviesa Buenaventura, monseñor se ha convertido en una voz confiable y facilitadora, una pieza fundamental en los acercamientos de paz entre Shottas y Espartanos, grupos armados que hace pocos días reafirmaron la tregua. Nacido en Pereira y criado en Dosquebradas, Risaralda, su viaje hacia el sacerdocio comenzó temprano. Después de completar sus estudios de bachillerato, ingresó al Seminario Mayor de Pereira en 1986, donde se sumergió en el estudio de la filosofía y la teología. Durante su tiempo como párroco en Villa Santana, la comuna más violenta de Pereira, Monseñor Jaramillo interactuó con la dura realidad de las pandillas juveniles y bandas delincuenciales. Su enfoque con la resolución pacífica de conflictos le permitió establecer puentes de diálogo y trabajar en el desmantelamiento de estas organizaciones desde una perspectiva social. Con una sólida formación académica y espiritual, Monseñor Jaramillo Montoya entiende a la iglesia no como un actor externo, sino como una parte integral de la comunidad, pero no es tan claro el papel de la sociedad civil en el proceso actual. Su estrategia principal es la generación de confianza, buscando que la Iglesia sea percibida como un actor neutral, facilitador y dispuesta a ayudar sin ningún interés oculto. Por ello, reconoce la labor previa de personajes de la Iglesia tan importantes como monseñor Héctor Epalza Quintero y Gerardo Valencia Cano. En cuanto a los desafíos que enfrenta Buenaventura, Monseñor Jaramillo Montoya destaca que no hay una visión conjunta ni una dirección clara. Recalca la necesidad de establecer una gobernanza efectiva en la ciudad. Para él, la falta de liderazgo y la presencia de la corrupción han debilitado los esfuerzos por alcanzar la paz. Es imprescindible, afirma, recuperar la gobernanza y alinear los intereses de todos los actores hacia un objetivo común. A pesar de estos desafíos, Buenaventura ha logrado avances significativos en su camino hacia la paz. Durante los últimos ocho meses, la ciudad ha experimentado momentos de relativa tranquilidad, un logro destacable en medio de la violencia padecida. Además, se rompieron las fronteras invisibles que limitaban la movilidad de las personas. Sin embargo, en las últimas semanas, el proceso de paz urbana estuvo en crisis, pero Monseñor nuevamente fue el garante de una nueva tregua para detener la ola de asesinatos. Mientras algunos vemos las fragilidades de esta paz, monseñor afirma que los hilos que la sostienen son fuertes como los que tejen las arañas. En esta entrevista exclusiva para Pares, exploramos su papel en el proceso de Paz Total, los desafíos que enfrenta Buenaventura en términos de violencia y las críticas que hace del liderazgo de las instituciones locales para recuperar la gobernanza territorial. Juan Manuel Torres (Pares): ¿se considera a sí mismo un promotor de la paz, un defensor de la paz, un pastor de la paz o un estudioso de la paz? Monseñor Rubén Darío Jaramillo: creo que lo que tenemos es un trabajo de la Iglesia Colombiana en favor de la paz y nosotros mismos nos vemos como unos facilitadores y acompañantes de las comunidades y sus procesos sociales. El Papa nos ha pedido que acompañemos los procesos porque la Iglesia ayuda en la construcción de paz y nos ha pedido que seamos artesanos de paz y en ese marco es que nos movemos nosotros. Pares: la participación ciudadana es fundamental para la construcción de una sociedad en paz. ¿Qué estrategias ha utilizado la Iglesia en Buenaventura para fomentar la participación y generar confianza en la comunidad? ¿Se suman a las estrategias de otros actores o tienen enfoques propios? Monseñor Rubén Darío Jaramillo: nuestra estrategia principal es generar confianza. Para lograrlo, nos hemos dedicado a ganar la confianza de la comunidad, el pueblo y los actores armados. Queremos que vean que somos una institución que está dispuesta a ayudar sin ningún interés oculto. Esa es nuestra ventaja y lo que nos diferencia de otras organizaciones y chalecos que desfilan. Aunque hay muchas fundaciones y entidades presentes en la zona, a menudo se percibe que tienen intereses políticos, económicos o de proyecto, ya que están respaldadas por financiamientos específicos. Nosotros no operamos de esa manera. No tenemos ningún interés político, económico ni de proyectos. Como parte de la Iglesia, esta es nuestra forma de actuar, una tradición que hemos mantenido a lo largo de la historia de Colombia. La Iglesia siempre ha acompañado a los promotores de paz en el país y ha demostrado ser una entidad confiable para ambas partes en conflicto. Nos llaman porque representamos una voz comunitaria, pero a la vez somos facilitadores imparciales. Nos interesa el bienestar de todos por igual. A diferencia de otras entidades que a menudo se asocian con un lado del conflicto, nosotros actuamos como un tercer actor, trabajando en favor del bien común por encima de cualquier interés particular. Juan Manuel Torres (Pares): ¿cuál cree usted que es el papel de la fe y la espiritualidad en la construcción de paz aquí en Buenaventura? Monseñor Rubén Darío Jaramillo: creemos que la fe y la espiritualidad que proclamamos deben reflejarse en la vida diaria de las personas. No puede ser una fe o espiritualidad vacía, sino que debe respaldarse con acciones. La vida personal, comunitaria y social debe estar en consonancia con nuestras creencias. No basta con ser creyentes o religiosos, también debemos buscar la justicia social, el bienestar de todos y luchar contra la degradación moral y las injusticias. La iglesia no es un actor externo, sino que somos parte de la comunidad. Nos identificamos con el sufrimiento y la alegría de la gente. La iglesia está formada por todas las personas, no solo por los líderes religiosos. Nosotros recogemos los deseos, la voluntad y las iniciativas de la comunidad, así como sus dolores y sueños. Nuestro objetivo es brindar esperanza y apoyo para que no pierdan la esperanza. En mi trayectoria personal, he presenciado la violencia en mi barrio de origen, donde algunos de mis compañeros de infancia se involucraron en el narcotráfico y se convirtieron en líderes de grupos violentos. Esto me entristeció profundamente, y decidí no seguir ese camino. Quise ayudar a salvar a nuestra sociedad, por eso me dediqué al trabajo social. Pares: ¿cuáles cree que son los desafíos que enfrenta Buenaventura en términos de la violencia? Monseñor Rubén Darío Jaramillo: uno de los desafíos más importantes es establecer la gobernanza en la ciudad. Hasta ahora, ha habido pocos líderes gubernamentales trascendentales y falta de liderazgo en Buenaventura. Los líderes políticos se han visto afectados por la corrupción y la falta de compromiso. Es necesario recuperar la gobernanza y orientar los intereses de todos hacia un objetivo común. Sin un liderazgo fuerte y una institucionalidad adecuada, los esfuerzos por la paz se enfrentan a obstáculos. Juan Manuel Torres (Pares): ¿cuáles son los logros más significativos en la lucha por la paz en Buenaventura? Monseñor Rubén Darío Jaramillo: hemos tenido alrededor de ocho meses de tranquilidad y paz, lo cual es un logro importante. También hemos logrado romper las fronteras invisibles que limitaban la movilidad de las personas. Generar confianza es fundamental, ya que actualmente Buenaventura no goza de una buena reputación a nivel nacional. Es necesario transformar la percepción de la ciudad y demostrar que es un lugar seguro y lleno de vida. Pares: ¿cómo cree que Buenaventura podría transformarse en una ciudad diferente en términos de la cotidianidad de las personas? Monseñor Rubén Darío Jaramillo: para lograr un cambio es necesario tener una visión conjunta como ciudad. Actualmente no sabemos hacia dónde nos dirigimos ni tenemos un liderazgo que oriente ese rumbo. Es fundamental desarrollar una gobernanza efectiva y establecer un liderazgo ideológico que dirija a la ciudad hacia un desarrollo integral. Debemos garantizar condiciones básicas para una vida digna, como seguridad, educación de calidad, infraestructuras adecuadas y servicios públicos eficientes. Además, es importante que el Estado cumpla.

Por: Alianza Democralat, capítulo Guatemala Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Acción Ciudadana Al noroccidente de Ciudad de Guatemala se encuentra el departamento de Huehuetenango, el cual es la cuna de uno de los clanes con mayor poder político en la actualidad, gracias a la existencia de una alianza con el presidente Alejandro Giammattei: el clan Hernández. El clan Hernández es liderado por la diputada Sofía Jeanetth Hernández Herrera, quien llegó por primera vez al Congreso de la República en 2012, y que desde 2022 está incluida en la Lista Engel, en la que Estados Unidos incluye a funcionarios, exfuncionarios o empresarios considerados corruptos o responsables de graves conductas antidemocráticas en países centroamericanos. de la mano del Partido Patriota. En estos once años, Sofía Jeanetth Hernández ha construido su pequeña dinastía, pues ha colocado a varios familiares suyos en puestos claves dentro del gobierno que tienen que ver con la administración del departamento de Huehuetenango. Su expareja, hijos, hermanos y hermanas, sobrinos y hasta cuñados, gozan de puestos en la administración y en el Congreso gracias a la influencia de Sofía Jeanetth. Pero esto no es lo único. Sofía Jeanetth Hernández ha sido señalada de presuntamente estar relacionada con las redes de tráfico de drogas y otros ilícitos conocida como Los Huistas, que tiene su centro de operaciones en Huehuetenango, específicamente en el municipio de Santa Ana Huista. A pesar de que a Hernández Herrera nunca se le ha podido comprobar un vínculo directo con Los Huistas, familiares de la legisladora sí han sido procesados por la justicia guatemalteca y estadounidense por estar involucrados en actividades de narcotráfico. Para la campaña electoral de 2023, el Clan de la familia Hernández de Huehuetenango puso a varios de sus integrantes en los listados de candidatos a diputados al Congreso de la República y Parlamento Centroamericano (Parlacen), por el partido Vamos. Lea el informe completo con toda la información del clan Hernández de Guatemala, aquí:

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Terminan las sesiones ordinarias de la primera legislatura del que fue llamado el “Congreso del Cambio” con los esperados altibajos y un Gobierno que debe pedalear cada vez más fuerte para la aprobación de sus reformas sociales. Luego de un periodo de “gozosos”, en el que Roy Barreras y Alfonso Prada lograron en la primera legislatura dar importantes golpes como la aprobación de la reforma tributaria, la escogencia del contralor general, ratificar el Acuerdo de Escazú, entre otros; se vino un duro periodo de “dolorosos”, por cuenta de la fractura de la coalición de Gobierno producto de la discordia generada alrededor de la reforma a la salud. La salida de los partidos Conservador y La U de la coalición, así como dos “revolcones” ministeriales, fueron el resultado de esta crisis. Sin lugar a duda, quien ha marcado la agenda y las tareas del legislativo ha sido el Gobierno. El resumen de esta legislatura ha sido que el Gobierno Petro propone y el Congreso responde: sea aprobando proyectos, hundiéndolos o no discutiéndolos. El Gobierno ha priorizado 37 proyectos, de los cuales ha logrado aprobar 11 (seis sancionados y cinco que faltan por sancionar). ¿Cómo van en el Congreso los demás proyectos del Gobierno? ¿Cuál será la estrategia de Petro para aprobar sus reformas en la siguiente legislatura? Le invitamos a leer nuestro balance completo sobre la primera legislatura del Congreso, aquí:

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El 15 de junio de 2023 se sintió uno de los coletazos del estallido social que vivió el país entre 2019 y 2022. El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley “por el cual se establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas del país”. Esta fue una de las banderas que las y los jóvenes enarbolaron en las protestas de 2019 y que se hicieron más visibles en la época de pandemia en 2021. Esta ley –a la que solo le falta la sanción presidencial y que comenzará a regir “a partir de la fecha de su promulgación” (art. 8°)– establece que el Gobierno Nacional se compromete a destinar los recursos para pagar “el valor de la matrícula de los programas de pregrado en Instituciones de Educación Superior Pública” (art. 2º) –que comprende las instituciones técnicas, tecnológicas o universitarias–; además a avanzar en la eliminación de las “barreras de acceso y garantizar la permanencia educativa” (art. 1º). Como dije, esta norma ha sido presentada como un gran logro del movimiento de jóvenes que supo posicionar en la esfera pública la necesidad de avanzar en la gratuidad del servicio de educación superior. Lograron defender este bien meritorio que genera –además de las externalidades positivas en términos de formar profesionales para atender las demandas de trabajo– un aumento en los niveles de ingresos de los hogares y permite el ascenso social y económico. De allí que está norma, que se conoce como la Ley de Matrícula Cero, logrará beneficiar hoy a más de 750 mil jóvenes que están en la educación superior pública. Una política de Estado que busca la inclusión, la redistribución y la democratización del acceso al conocimiento y la formación de una educación con calidad. Una iniciativa que tiene entre sus logros permitir el involucramiento de otros niveles de gobierno –a los municipios, distritos y gobernaciones– en esta iniciativa. De esta manera, territorios departamentales, como Tolima, o distritales, como Bogotá, podrán “transferir recursos o cofinanciar la política pública de gratuidad en la matrícula” (art. 4º, parágrafo 2º). Dando continuidad con programas de matrícula cero que, en lugares como Quindío y Medellín, han servido para apoyar a una juventud que se encuentra al borde del abismo. Precisamente porque está ley representa una buena noticia en medio de una situación difícil para el país y para la juventud es que es necesario hacer varias aclaraciones sobre está norma que pronto comenzará a implementarse. Lo primero que hay que decir es que este subsidio solo cubre a “los programas de pregrado” de IES públicas. No cambia para nada la situación actual frente al financiamiento de los programas de pregrado en universidades privadas y de posgrado en general. Si un joven desea estudiar en una universidad privada debe pagar y si quiere hacer una especialización o una maestría, sea en una universidad pública o privada, deberá hacerla con sus propios recursos. Lo que equivale hoy a pagar una matrícula por semestre en promedio ocho millones de pesos. También, que este subsidio cubre solo el valor de la matrícula. Un apoyo, que hay que decirlo, ya se da en la mayoría de Instituciones de Educación Superior (IES). Desde hace más de dos años la gratuidad en la matrícula era una realidad y se llama Política de Gratuidad en la Matrícula o Matrícula Cero. Lo que viene a hacer esta norma es dejar en firme, como política de Estado, lo que ya se había ganado en época de pandemia. Como ocurre en Medellín, donde las IES adscritas al municipio desde hace un par de años aplican está política. Igualmente, este es un subsidio que solo se entrega a una población priorizada. No es un derecho para toda la población. Por el momento solo cubrirá tan sólo a aquellos “grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad de acuerdo con la focalización socioeconómica Sisbén IV (…) víctimas del conflicto armado, los que pertenezcan a las comunidades étnicas: indígenas, rom, raizales, afrodescendientes y palenqueras, así como a quienes pertenezcan a población con discapacidad, madres cabeza de familia y jóvenes graduados como bachilleres de colegios oficiales ubicados en las zonas rurales del país”. Otra aclaración, es que este apoyo se mantiene a lo largo de la carrera, pero si se cumple unos requisitos. Un derecho adquirido conlleva grandes responsabilidades. El artículo 5º dice claramente que el Ministerio de Educación se encargará de “establecer los requisitos académicos para la permanencia de los estudiantes beneficiarios de la gratuidad en la matrícula. Asimismo, establecerá las medidas a imponer a los estudiantes que dejen su proceso de formación inconclusa y hayan sido beneficiarios de la gratuidad en la matrícula”. Finalmente, es importante llamar la atención sobre la implementación de la norma. A pesar de que se dijo que está tendría aplicación inmediata, dice la ley aprobada que su financiamiento dependerá de “la disponibilidad presupuestal, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Gobierno Nacional” (art. 3º), por tanto, podrán tener justificaciones los mandatarios para decir que no tienen recursos para cumplir esta norma. Es necesario mencionar estas advertencias sobre la norma aprobada, en especial para trabajar en los temas que se pueden cambiar. Dos de los asuntos prioritarios son: por un lado, avanzar en medidas que puedan “garantizar la permanencia y terminación de los procesos formativos de los jóvenes”; y por el otro, la búsqueda de una implementación inmediata y sostenida que permita cumplirle a la juventud. En cuanto a la deserción, como sabemos, uno de los problemas de los y las estudiantes que ingresan a la educación superior pública no es la matrícula –que como se ha dicho está subsidiada–, el problema es la alta tasa de deserción, que supera hoy el 40%, es decir, de cada diez jóvenes que entran, cuatro salen rápidamente debido a dificultades para el sostenimiento y manutención del estudio –alimentación, transporte y vivienda–. En este sentido se hace necesario que se piense en complementar la política de matrícula cero con otras medidas de apoyo a los estudiantes para garantizar la permanencia educativa. Y en cuanto a la implementación sostenida, es claro que para su aprobación tanto los ministerios de Hacienda y Educación dieron su aval. Pero se requiere trabajar en conseguir los recursos, hacer las apropiaciones y entregarle el dinero a las Instituciones de Educación Superior. No se puede dejar esta responsabilidad a las universidades, pues es común del Gobierno Nacional aprobar reformas y luego entregar su cumplimiento a las IES sin el aumento de los recursos para hacerlo de forma sostenida. Debe existir desde el Gobierno Nacional una garantía de los recursos y que estos estén en el Sistema General de Participación. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Esteban A. Tello, Investigador Pares-Pacífico En los últimos días, el sur del departamento del Chocó ha sido protagonista por causa de los combates que se presentan entre las estructuras armadas ilegales y acciones del Ejército Nacional en el territorio. La presencia de grupos armados ilegales ya hace parte del día a día del departamento, y aunque generaban múltiples afectaciones a la población, su poder territorial no generaba conflictos entre sí, ni con las Fuerzas Armadas. Esta situación era producto de acuerdos que alcanzaron el ELN con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) desde el 2018; en ellos pactaban unos límites territoriales que en términos generales se venían respetando. Esto permitió mantener una especie de calma a pesar de la diferencia de intereses de cada una de esas organizaciones armadas ilegales, pues al respetar dichos límites evitaban enfrentarse entre ellos, un “status quo”. Todo esto cambió con la irrupción del grupo postfarc del Frente 30 en el territorio, así como la avanzada del Ejército sobre ciertas zonas donde antes poca o ninguna presencia tenían. ¿Cómo se ha dado la disputa? El Litoral del San Juan es el municipio que limita en el sur con el departamento del Valle del Cauca. Allí no llega ninguna carretera. Si se quiere visitar, se debe tomar una embarcación en Buenaventura y realizar un viaje de dos a tres horas de duración aproximadamente. El recorrido primero es por mar y después se debe remontar el río San Juan hasta llegar a Docordó, la cabecera municipal. A pesar de ser parte del Chocó su dinámica económica y social se vincula más a Buenaventura y a Cali, lo que contrasta con el resto del departamento, el cual tiene una dinámica muy fuerte con Medellín y Antioquia en general. En el Litoral del San Juan, el río desemboca en el Océano Pacífico, pero al contrario de los otros municipios que atraviesa en su descenso desde la cordillera Occidental, allí la economía principal no es la minería sino la madera y la agricultura. En ese municipio es donde más incidentes se han presentado con el ELN en los últimos años. La población allí recuerda el bombardeo de enero de 2018 en el Resguardo de “Chagpien Tordó”, donde fallecieron guerrilleros del ELN y varios menores de edad de la zona reclutados ilegalmente por la insurgencia. Esta guerrilla hoy domina el río San Juan desde La Unión, -una población de Medio San Juan-, hasta el sur, incluyendo en su control gran parte de Istmina, el Litoral del San Juan e incluso las zonas que cubren varios de sus afluentes en otros municipios como Condoto, Río Iró, Nóvita y Sipí. En este lugar, el río funciona como un corredor de movilidad clave para el control territorial desde múltiples zonas estratégicas, y es por esto que la amenaza al control de las economías ilegales y la movilidad explican que un nuevo actor armado ilegal sea un factor de inestabilidad y violencia en el municipio, sucediendo así con la presencia de las disidencias de las FARC-EP desde comienzos de junio. Cabe aclarar que las autoridades aún no confirman la presencia de ese grupo, refiriéndose a ellos sin señalarlos específicamente. Una silueta de la violencia en el sur del Chocó Las disidencias se ubicaron en uno de los corredores de movilidad hacia el Océano Pacífico, motivando a los enfrentamientos con el ELN en Pichimá Quebrada, -asentamiento humano del Resguardo indígena waunaan- y obligando a que 417 personas que conforman 97 familias aproximadamente se desplazaran a la cabecera municipal Docordó, huyendo de nuevos conflictos que puedan acaecer (OCHA). Sin embargo, otros asentamientos humanos cercanos siguen siendo afectados debido a que el accionar de estos grupos armados ilegales continúa; incluso los diferentes organismos que se encargan de atenderlos les reconocen su situación de confinamiento a las poblaciones de Pichimá Playa (wounaan), Tiveria (wounaan), Togoromá Quebrada (wounaan), Togoromá Playa (afrodescendiente) y Loma Alta (wounaan). El municipio de Nóvita se encuentra en la margen oriental del río San Juan, para llegar hasta su cabecera municipal se debe atravesar una carretera destapada desde Condoto; este municipio cuenta desde hace unos años con una base militar, permitiéndole vivir tranquilamente a sus habitantes, pues anteriormente, hizo presencia el Frente 34 de las FARC-EP y el Che Guevara del Frente Occidental del ELN. Sin embargo, la salida del primero le permitió a los “elenos” generar una hegemonía que dura hasta hoy, sobretodo en las zonas rurales, donde se evidencia con mayor frecuencia el accionar de dicho grupo armado, sobre todo en la zona del Alto Tamaná. El equilibrio roto En el municipio de Tadó, la principal preocupación de su población son las dificultades que tienen para llevar adelante la minería, -base de su economía desde hace varias generaciones- incluso el pasado mes de mayo se presentó una asonada que dejó como saldo un camión de la Fuerza Pública quemado producto de la presión que las autoridades ejercen contra la minería mecanizada. La quema de un camión del Ejército se presentó como represalia por la intervención de la Fiscalía y la Fuerza Pública en una zona de extracción minera ubicada en las cercanías al pueblo. Foto: Pares Pacífico Otro factor de inestabilidad constante en este municipio es la presencia del ELN, sobre todo en el corredor que vincula al municipio con Pueblo Rico, Risaralda, una de las vías más importantes del Departamento. En los límites entre los dos departamentos es muy activo este grupo insurgente, allí ejerce presión contra quienes se movilizan por la vía, sobre todo contra las empresas transportadoras a quienes les queman sus buses periódicamente. Los incidentes en el sur del Chocó evidencian que en las últimas semanas las condiciones de orden público están en una etapa de cambio, ya que se amenaza lo que hoy es un poder ampliamente estructurado en las comunidades, sobre los territorios y ríos de la mayor parte de municipios que componen este lugar, abarcando zonas estratégicas, múltiples economías ilegales e influencia sobre buena parte de las comunidades rurales. Hay por lo menos dos elementos generales que explican los cambios que señalamos anteriormente. El primero sería la actividad de los grupos armados ilegales que hacen presencia en esta región y los enfrentamientos entre ellos, -caso del Litoral del San Juan enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de las FARC-EP-. Y el segundo, sería la aparición de la Fuerza Pública, la cual hoy hace presencia en zonas donde poca presión ejercía en meses anteriores.

Por: Juan Manuel Torres (coordinador) y Dennis Huffington (investigador) Oficina Regional Pares – Pacífico Desde la Oficina Regional de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) – Pacífico, hacemos público este informe que recoge la historia del daño socio-ambiental ocasionado por la contaminación del río Anchicayá, en Buenaventura, y el testimonio de resistencia de las comunidades ribereñas que, a 20 años de aquella afectación, al fin serán reparadas e indemnizadas. Descarga el informe en la infografía interactiva que se encuentra a continuación:

Por: Pares Pacífico. Como parte de sus actividades de investigación, la oficina regional Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación presenta a continuación el informe sobre la implementación de los PDET en la subregión pacífico medio, sobre el estado actual de las garantías de seguridad para los grupos étnico raciales en el país, y sobre la implementación del programa PNIS a nivel nacional y en los territorios étnico-raciales. Más que un análisis de indicadores convencionales sobre los avances en los compromisos del Acuerdo de Paz, este informe busca poner en evidencia las preocupantes tendencias de estancamiento en la implementación del PDET pacífico medio -especialmente en el departamento del Cauca-, de desfinanciación de los PNIS al nivel nacional y en los territorios étnico-raciales, y de falta de garantías de seguridad para las y los líderes étnico-raciales y sus organizaciones. En el caso de la implementación de los PDET en el Pacífico Medio, llama la atención que la subregión concentra el mayor porcentaje de población que se reconoce en alguna categoría étnico-racial del Censo, además, es importante destacar que su elaboración contiene una gran cantidad de expresiones de diversidad étnica/racial y cultural en comparación con otros PDET, y esto tiene que ver con que desde el inicio de los pactos comunitarios hasta el pacto subregional, las organizaciones que integran la mesa lograron imponer parte de sus condiciones en lo que consideraban debía contener el documento final y, a pesar de que algunos elementos no llegaron a ser parte de las iniciativas, las que fueron incorporadas son resultado de una elaboración propia y articulada entre los grupos étnico-raciales que integran el Pacífico Medio. El principal lunar en la implementación de los PDET en la región pacífica media es sin duda la decisión de hacer una fusión con el PDET Alto Patía- Norte del Cauca y establecer la coordinación en Popayán, esto fue recibido por las organizaciones como una manifestación más del racismo institucional y por eso su principal reclamo es devolver la coordinación a la ciudad de Buenaventura donde encuentran mayores posibilidades de interlocución y gestión de recursos. Desde la oficina pacífico de Pares consideramos que la decisión del gobierno Duque ha sido la de poner a agonizar el PNIS al limitarlo negándose a vincular nuevas familias (apenas 1,700 en 2019), al individualizar la intervención y no avalar los acuerdos colectivos ni respaldar el proceso en los territorios étnico-raciales, al desfinanciarlo a una cuarta parte de lo que se requería en lo presupuestal, al escudarse en el espejo retrovisor señalando que el anterior Gobierno falló en la estructuración y sobre todo, por apostarle a la erradicación forzada como política antidrogas continuando la guerra fracasada contra este flagelo. Descargue aquí el informe completo

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 13 al 19 de junio de 2023 Dos son los hechos que hay que resaltar de esta semana: los ejercicios de valoración de los resultados del tercer ciclo y un intercambio sobre una posible financiación al ELN en este proceso de paz. Sobre las valoraciones de los resultados del tercer ciclo hay un ejercicio que han liderado Otty Patiño como jefe de la delegación —quien concedió entrevistas a El Tiempo y El Espectador en sus ediciones dominicales, donde explica lo avanzado y la ruta de trabajo que se abre con un cese bilateral y una dinámica de participación— e Iván Cepeda, integrante de la delegación de diálogo, quien también ha hecho estos ejercicios de valoración sobre los resultados del tercer ciclo. Uno de los puntos que ha tenido más intercambio mediático es el alcance del cese bilateral, que ha sido criticado por parte de algunos sectores políticos críticos de este proceso. Frente a que no estén incluidas en el acuerdo todas las violaciones en las que incurre el ELN (a lo cual habría que agregar todas las violaciones que cometen otros actores, entre ellos los agentes estatales), el equipo negociador del Gobierno ha respondido que se trata de un proceso gradual en el que se pretende que este cese bilateral se vaya consolidando y que logre abarcar todos los temas que hoy afectan a las comunidades. Igualmente hay que resaltar las explicaciones dadas al inicio del cese bilateral y todo lo que ello conlleva, en lo cual es importante escuchar al almirante Orlando Romero, quien por la delegación del Gobierno Colombiano ha liderado este punto acordado con el ELN. Tuvo un buen espacio mediático la información sobre un posible fondo internacional para financiar al ELN, lo cual fue desmentido por el propio presidente Gustavo Petro y el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda. Ambos han afirmado que sobre ese punto no hay ningún acuerdo aún y que será un punto a considerar en el momento en que sea pertinente, que por supuesto la financiación del ELN en una perspectiva de paz es un asunto a resolver. Esta semana se ha hablado sobre el monitoreo que hace el Gobierno de los Estados Unidos a este proceso de paz entre el Gobierno Colombiano y el ELN, y hubo un pronunciamiento de un portavoz del Departamento de Estado manifestando que "siguen de cerca" el desarrollo de este proceso. Hay trabajo de Gobierno Colombiano y el ELN para implementar lo acordado en el tercer ciclo, lo cual requiere de mucha coordinación y comunicación fluida. Se debe resaltar la iniciativa que tuvieron organizaciones sociales de Medellín que, junto al equipo de gestores del ELN, realizaron varias actividades de socialización del proceso. Hay un proceso vivo y con mayor dinamismo y vamos a ver los desarrollos de lo pactado en el tercer ciclo en las próximas semanas. 1. Financiación al ELN dependerá del desescalamiento de la acción armada: Otty Patiño: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/dialogos-de-paz-eln-petro-otty-patino-dice-que-financiacion-dependera-de-desescalar-accion-armada/ 2. Otty Patiño habla sobre los acuerdos alcanzados con el ELN en La Habana, Cuba: 3. La creación de un fondo multidonante que financie al ELN es una posibilidad: 4. “Nunca se ha hablado de ese fondo en la mesa con el Eln”: Danilo Rueda. https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/nunca-se-ha-hablado-de-ese-fondo-en-la-mesa-con-el-eln-danilo-rueda-778946 5. Orlando Romero, delegado del Gobierno en la negociación con el ELN, explica el cese al fuego y por qué este no da licencia al ELN de secuestrar y extorsionar: 6. Diálogo de María Jimena Duzán con el Senador Iván Cepeda sobre lo avanzado en el tercer ciclo: https://open.spotify.com/episode/60ENKS7d5bfDz4tede67Ex?si=-ze0uhzRSXaHhtK_DMVVww&nd=1 7. Entrevista a Pablo Beltrán: 8. ¿Es viable la creación de un fondo para financiar el ELN?: 9. “Podrán seguir actuando a sus anchas”: Vargas Lleras sobre cese del fuego con el Eln. https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/las-criticas-de-german-vargas-lleras-al-acuerdo-de-cese-del-fuego-con-el-eln-778780 10. Mensaje del comandante Nicolás Rodríguez sobre los Acuerdos de Cuba: 11. Acuerdos de Paz: a proteger líderes y territorios en el marco de las hostilidades ambientales. https://cambiocolombia.com/puntos-de-vista/acuerdos-de-paz-proteger-lideres-y-territorios-en-el-marco-de-las-hostilidades 12. La Base 3x48 | Alto al Fuego entre el ELN y el Estado Colombiano: Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista En los próximos días se concretará la tan esperada mesa de diálogo entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Gobierno Nacional. Según la información revelada por Caracol Radio, el encuentro se llevará a cabo en Los Moros, una vereda del corregimiento de Minca, el próximo 23 de junio. Sin embargo, la oficina del Alto Comisionado para la Paz ha aclarado que, si bien se está organizando este importante encuentro, aún no se ha definido una fecha exacta, aunque se espera que tenga lugar en los próximos días. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como "Los Pancheca", son un grupo armado organizado que tiene sus orígenes en el Bloque Resistencia Tayrona, que en su momento formó parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Su principal presencia se encuentra en el departamento de Magdalena, en la Sierra Nevada, pero también tienen presencia territorial en departamentos como La Guajira y Atlántico. Municipios como Fundación, Zona Bananera y Santa Marta son algunos de los lugares donde ejercen su influencia. Durante los últimos dos años, este grupo armado ha estado involucrado en una disputa armada con el Clan del Golfo por el control de las economías ilícitas en Santa Marta. Esta situación ha generado tensiones y afectaciones en la región. (Ver: El legado de Hernán Giraldo en las Autodefensas Conquistadoras de La Sierra (Los Pachencas) Francisco Daza, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), mencionó la importancia de elegir Los Moros como lugar para llevar a cabo este espacio de diálogo. Daza destacó el posicionamiento geográfico de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, quienes tienen su principal control en el departamento de Magdalena y especialmente en Santa Marta. Estas áreas han sido afectadas, en particular, en los resguardos históricos de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por lo tanto, es importante que los acercamientos con este grupo armado puedan traer alivio a esta población. La mesa de diálogo contará con dos estructuras separadas, una para las Autodefensas y otra para las organizaciones sociales. Se espera que esta reunión sea un paso significativo hacia la búsqueda de soluciones pacíficas y la construcción de la paz en la región. Sin embargo, antes de la instalación de la mesa de diálogo, las Autodefensas han expresado su deseo de que se levanten dos órdenes de captura contra algunos de sus miembros que participarán en las negociaciones. Francisco Daza señaló que este diálogo conlleva implicaciones significativas en los esfuerzos del Gobierno para establecer acuerdos con los diferentes grupos armados. En el caso de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, estas implicaciones buscan brindar alivio humanitario a la población del departamento del Magdalena y desmantelar las economías ilícitas controladas por este grupo armado. Entre estas actividades ilícitas se incluye la extorsión en áreas urbanas, especialmente en la capital del departamento, Santa Marta. Según Daza, este diálogo también tendría como objetivo abordar el control del microtráfico y prevenir una prolongación de la disputa armada. El investigador nacional de Pares también resaltó que la estructura de dos mesas separadas es una forma de consolidar las propuestas de ambas partes. Es probable que las organizaciones sociales presenten una ruta de trabajo en torno a la mesa de diálogo con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. A medida que avance el proceso, estas dos mesas podrían converger en una sola, estableciendo así una agenda común, lo que podría llevar a una fase previa a una gran mesa de diálogo. Además, Daza enfatizó la importancia de levantar las órdenes de captura como un gesto de voluntad por parte del Gobierno para facilitar las negociaciones, mesas y reuniones con el grupo armado y sus representantes. Según Francisco Daza, si no se levantan estas órdenes, sería muy difícil establecer un encuentro entre los integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y llevar a cabo su labor en torno al diálogo con el Gobierno Nacional. Por lo tanto, la relevancia de levantar estas órdenes radica en el avance y consolidación de una mesa de trabajo con este grupo armado. Según información exclusiva obtenida por Caracol Radio, los negociadores principales por parte de las Autodefensas serán el comandante conocido como “Camilo”, alias Pinocho, actualmente recluido en una cárcel en Barranquilla, y alias 5.5. Estos líderes posiblemente serán los que representarán a la organización ilegal durante las conversaciones. Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, está preparando la designación de delegados y equipos de asesores por parte del Gobierno. El investigador nacional de Pares destacó la importancia de que el Alto Comisionado para la Paz tenga en cuenta ciertos criterios al seleccionar a los delegados que participarán en las conversaciones. Francisco Daza mencionó que es fundamental que estas personas posean un profundo conocimiento del territorio y de las problemáticas derivadas de la presencia de este grupo armado. Además, de que deberían contar con habilidades de negociación que permitan alcanzar puntos consensuados y garantizar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada se mantengan comprometidas en el proceso sin abandonar la mesa. Cabe recordar que a fines de 2022, el presidente Gustavo Petro anunció un cese al fuego bilateral con cinco grupos armados ilegales, como parte de los esfuerzos del Gobierno en busca de una paz duradera. Sin embargo, tres de estos decretos ya no están vigentes debido al incumplimiento de los actores armados. Mientras tanto, mientras se desarrollaba el tercer ciclo de diálogos en La Habana, Cuba, con el ELN, el Gobierno avanzó en los acuerdos de cese al fuego y finalización del conflicto con otras organizaciones en Colombia. Por ejemplo, el próximo 30 de junio terminará el cese al fuego temporal con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y la Segunda Marquetalia, un grupo disidente de las FARC. El pasado miércoles 7 de junio, las Autodefensas de la Sierra Nevada solicitaron la instalación de una mesa de diálogo con el Gobierno y la extensión del cese al fuego bilateral. Su objetivo es avanzar en las conversaciones y contribuir a la Paz Total impulsada por el presidente, mientras esperan la adaptación de los protocolos y la instalación de la mesa de diálogo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encabezada por Danilo Rueda. Este nuevo proceso de diálogo representa una oportunidad para buscar soluciones pacíficas a través del diálogo y la construcción de acuerdos, con el objetivo de alcanzar la paz y la estabilidad en la región de la Sierra Nevada y en Colombia en general. Las expectativas están puestas en que este encuentro sea el inicio de un camino hacia la reconciliación y la resolución pacífica de los conflictos que han afectado a la región durante mucho tiempo. A través de este espacio, se espera abordar las preocupaciones y demandas de ambas partes, así como trabajar en la construcción de un futuro de paz y desarrollo sostenible para la región. El Gobierno, por su parte, está trabajando activamente para designar a los delegados y al equipo de asesores que participarán en las conversaciones. Este proceso busca garantizar una representación equilibrada y efectiva del Gobierno, con el fin de lograr resultados concretos y beneficios para todas las partes involucradas.

Por: Luis Eduardo Celis Según el pueblo Kogui, que habita en la Sierra Nevada de Santa Marta, desde su tradición cultural, son nuestros hermanos mayores. Ellos viven en el centro del mundo y los hermanos menores fuimos desterrados de allí porque hemos cometido graves faltas contra la madre tierra. La dura realidad presente les da la razón, para los Kogui la humanidad debe recorrer un camino de regreso repensando su relación con la naturaleza y consigo misma, o si no cosechará lo que ha sembrado, que no es otra cosa que un camino de autodestrucción del cual se debe apartar o perecer. Es el mismo mensaje del panel de expertos y científicos frente a la crisis climática: o cambiamos o pereceremos. (Hay que invitar a los Kogui al próximo panel de expertos). Durante la visita del presidente Gustavo Petro a Alemania hemos recibido la buena noticia que dos máscaras de la cultura Kogui, que fueron llevadas por el investigador Konrad Theodor Preuss en 1915 al Museo de Etnología en Berlín, regresarán a Colombia y al seno del pueblo Kogui. Según historiadores, las dos máscaras datan de mediados del siglo XV y, por tanto, se crearon antes de la conquista española. Son de madera y se denominan “máscara del sol” (Mama Uakai) y “máscara del sol grande” (Mama Nuikukui Uakai o Malkutše). La entrega al presidente Gustavo Petro de las dos máscaras Kogui la presidió el señor Frank-Walter Steinmeier en el Museo Etnológico de los Museos Nacionales de Berlín, en su condición de presidente de Alemania. Para llegar a la buena noticia del regreso de las máscaras, han sido ocho años de relación del señor Steinmeier con el pueblo Kogui, y en todo el proceso fue clave el largo vínculo de Juan Mayr con estos hermanos mayores, y quien en su condición de nuestro embajador en Alemania le acompañó a un encuentro en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas son las palabras y el relato del señor Steinmeier de su vínculo con los Kogui, las cuales las presentó en la ceremonia de devolución delante del presidente Gustavo Petro: “Sin embargo, este día es para mí una alegría muy especial y también un gran honor por otra razón. Porque hoy se completa una historia muy cercana a mi corazón personal. Cuando en 2015 se me permitió visitar por primera vez a los Kogui en lo alto de las montañas de la Sierra Nevada —entonces en una función diferente— tuvimos muchas oportunidades de intercambio. Aprendí mucho sobre la historia de los Kogui, sus tradiciones y su forma de vida. Y recuerdo el regalo de despedida: una pulsera con una bendición especial. La llevé hasta que se desintegró años después. Pero en otra reunión con representantes Kogui en Bogotá, en 2017, renovaron el regalo, y de nuevo lo llevé durante muchos años. Estos encuentros han permanecido inolvidables para mí. Para mí hoy se cierra un círculo con esta pequeña celebración en el Palacio de Bellevue. Estas dos máscaras, que llevan más de un siglo en el Museo de Berlín, tienen un gran significado sagrado para los Kogui. Me complace que hoy puedan volver a Colombia dos máscaras que el entonces director del Museo Etnológico de Berlín, Konrad Theodor Preuss, trajo a Berlín de una visita de investigación en 1915. Estas máscaras son sagradas para los Kogui, son ‘seres importantes desde el origen de los tiempos’, como dijo una vez Mama Pedro Juan Noevita, y cito: 'Deben estar donde puedan ayudar a la naturaleza para que esté en armonía con los Kogui y el pueblo’. Lo mucho que los Kogui viven en armonía con la naturaleza me causó una profunda impresión durante mi visita. Y estoy convencido de que nosotros, los habitantes de los países industrializados del norte, podemos aprender mucho de los Kogui cuando se trata de preservar nuestro medio ambiente y nuestros medios de vida naturales para las generaciones futuras”. El regreso de las máscaras Kogui es una buena noticia, en la que se ve el trabajo del canciller Álvaro Leyva; de Laura Gil, que en su condición de vicecanciller le dio un impulso a la repatriación del patrimonio cultural colombiano hoy en muchos museos europeos y de los Estados Unidos;,de la actual embajadora de Colombia en Alemania, Yadir Salazar Mejía; y el trabajo del Ministerio de Cultura y el ICANH.