Por: Redacción Pares Foto tomada de: w radio El cierre por tres días de uno de los locales de comida típica colombiana más conocidos de Bogotá, desató todo tipo de populismos. En horas de la tarde del jueves la DIAN tomó la decisión de cerrar este y otros 19 establecimientos por no expedir la factura electrónica. Entre ellos estaba el de Doña Segunda. Usuarios de redes sociales contrarios a Gustavo Petro convirtieron el nombre de la señora en tendencia criticando la decisión del gobierno. Incluso un medio de comunicación, Semana, afirmó que la comerciante estaba “al borde la locura” por la decisión de la DIAN que le impedirá abrir su local por tres días. En lo que va del 2024 se han clausurado 119 negocios por esta infracción. Personas que jamás habían ido a este lugar tomaron la posición contra el gobierno como si fuera un abuso descomedido al “pueblo”. Muchos de estos que criticaron a Petro eran congresistas del Centro Democrático. La memoria es frágil y olvidan que la exigencia de la factura electrónica no fue un embeleco de este gobierno. Incluso la congresista Mafe Carrascal recordó que Iván Duque en un evento en el 2019 impulsaba la Factura electrónica como un elemento para evitar la evasión de impuestos. “Hoy salen a criticar al #GobiernoDelCambio por exigir que se cumpla la Ley. Pero, lo que decía su expresidente Duque, entonces, sí estaba bien”. Afirmó la Representante del Pacto. En ese evento realizado en Cartagena Iván Duque dijo lo siguiente: “La facturación electrónica tiene que ser la gran herramienta para proteger las finanzas del Estado. Tenemos un país de 48 millones de personas donde solamente tenemos dos puntos siete millones de declarantes de renta. Además, en nuestro país puede haber 9.000 personas con ingresos de más de 50 millones de pesos mensuales que no están pagando lo que deberían de impuestos. Es muy difícil conocer cómo está su estructura de costos porque, al separar los ingresos laborales de otros ingresos, tienen tarifas muchas veces sustancialmente inferiores a las del resto de contribuyentes personas naturales”. Según esa intervención Duque afirmó que la evasión en Colombia supera los 20 billones de pesos anuales. Esta es la intervención de Duque recomendando la exigencia de la Factura Electrónica para ayudarle a Colombia a recaudar mejor.

Por: Redacción Pares Entre 1996 y el 2003 en el departamento de Sucre el proyecto paramilitar produjo 42 masacres. En él participaron ganaderos y políticos. Y, a pesar de esto, veinte años después, el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, anunció esta semana que lanzará una estrategia de seguridad en donde armará a 100 ex militares, hoy civiles, para que cumplan funciones exclusivas de la fuerza pública. El alcalde sorprendió afirmando que se encargará de armar a estos ciudadanos. Así lo denuncia el director de la fundación Paz y Reconciliación en una entrevista a Cecilia Orozco publicada en el diario El Espectador titulada "La parapolítica vive". En su carrera como investigador León Valencia ha sido un puntal de las denuncias contra la parapolítica. De hecho su gran trabajo contra esta práctica terminó con las condenas de 39 senadores y 47 representantes a la cámara, 12 gobernadores y 20 alcaldes políticos a quienes se le probaron sus nexos con el paramilitarismo. En la entrevista con Cecilia Orozco Valencia recuerda lo nefasto que fue la implementación de las Convivir a mediados de la década del noventa sobre todo en Sucre. En ese momento 420 de esas "cooperativas de vigilancia" funcionaban en el Caribe y terminaron desencadenando el infierno de las AUC. Sucre fue un escenario de guerra. Políticos como el senador Álvaro "el gordo" García se aliaron con los paramilitares para consolidar su poder regional. El senador fue condenado por ser considerado el autor intelectual de la masacre de Macayepo, perpetrada el 14 de octubre del año 2000 y en donde fueron asesinadas 15 personas y 246 campesinos desplazados. Los responsables materiales fueron los hombres de Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena”. La razón de la masacre fue favorecer a latifundistas que se querían quedar con la tierra de esos campesinos. Álvaro García fue sólo uno de los políticos que tuvieron nexos con las autodefensas. En ese departamento 35 políticos han sido procesados por la parapolítica, entre los que se cuentan ocho ex alcaldes, siete ex concejales, un ex diputado, tres ex gobernadores tres representantes a la cámara y tres ex gobernadores. Los dos paras que sembraron el terror en Sucre fueron, el ya mencionado “Cadena” y Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino quienes estaban al frente del Bloque Héroes de los Montes de María. Otra de las masacres que se perpetraron en este departamento es la de Chengue, en Ovejas, Sucre, donde fueron asesinados 24 campesinos. Alias “Cadena” está detrás de más de setenta homicidios. El actual alcalde de Sincelejo fue cercano de Enilce López, la empresaria del chance conocida como “La Gata”, quien murió en enero del 2024 y fue condenada por sus nexos con paramilitares. El padrino político de Acuña es Salvador Arana, el ex gobernador de ese departamento condenado por el asesinato del alcalde del Roble. Yahir Acuña además es cercano de otro ex parapolítico, Juan Carlos Martínez. La entrevista que le da León Valencia a Cecilia López es una llamada de atención, una alarma a una realidad que sofoca: el paramilitarismo está vivo y la encarnación de ese viejo demonio es el Clan del Golfo, en uno de los apartes con López Valencia compara y distingue: “Hay dos diferencias importantes, los jefes de las AUC mantuvieron un discurso antisubversivo con el cual lograron conseguir el apoyo de importantes sectores de la sociedad y, además, conformaron una gran estructura nacional federada. El clan del Golfo es una fuerza atomizada. No existe una cúpula única y centralizada(…) hoy tienen en jaque a los dos puertos más importantes del país: Barranquilla y Buenaventura”. La parapolítica, lo único diferente que tiene con respecto a lo que sucedió a principios de este siglo es que respira en cuerpo ajeno. Está más viva que nunca.

Por: Isabela Puyana Foto tomada de: El Pilón Cada vez es más común la frase: “Hoy los colombianos deben decidir entre pagar la factura de la luz o comer” y las Comunidades Energéticas también son parte de la respuesta del actual Gobierno para reducir las tarifas altas que han sido un problema para todos durante años. Lo que buscan es que aquellos que no tienen acceso a la energía se vuelvan productores, para que el oligopolio energético de las hidroeléctricas y termoeléctricas generadoras del país, que han encarecido las tarifas, no sea el único generador del mercado. De esta manera, las comunidades, no sólo tendrían acceso a la energía para vivir, sino que también la podrían comercializar. Desde diciembre del 2023 fue aprobado el Decreto de las Comunidades Energéticas, que tiene la finalidad de democratizar el servicio de la energía en Colombia. Este, fue tan exitoso que hoy ya son más de 18,460 comunidades de todo el país inscritas a este modelo propuesto por el Ministerio de Minas y Energía. Según el decreto, los potenciales usuarios podrán: “constituir Comunidades Energéticas para generar, comercializar y usar eficientemente la energía a través de fuentes no convencionales de energía renovable, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos ”. La idea es que estas comunidades también puedan vender su energía a empresas como EPM o Enel para buscar el aprovechamiento de los recursos solares, eólicos y de la matriz energética que ofrece el país en las zonas en las que habitan las comunidades, además de la reducción del impacto medioambiental que esta implementación pueda traer. Este es un modelo que ya se está prestando en otros países como Alemania, Italia, España y Chile y que si se extiende en Colombia cambiaría el nuestro completamente. Esta será una nueva forma de prestación del servicio Lo primero es que se fijarían dos formas de actuación de las Comunidades Energéticas, como agente del mercado: Como Autogenerador Colectivo o como Generador Distribuido Colectivo (GDC). Estas son dos nuevas actividades en la cadena de prestación del servicio de energía eléctrica que se incorporan a la regulación colombiana. El Autogenerador Colectivo (AGC), que es una actividad realizada por la Comunidad Energética que produce energía, principalmente, para atender sus propias necesidades. En el evento en que se generen excedentes de energía eléctrica, estos podrán entregarse a la red. Siempre debe satisfacer las necesidades de la comunidad antes de suministrar energía a terceros. A pesar de que no esté expresamente establecido, la figura del Autogenerador Colectivo puede darse cuando la Comunidad Energética no está conectada a la red nacional, pues este es precisamente el evento donde más aporte puede tener el mecanismo. Esta figura puede llegar a suplir las necesidades energéticas de comunidades que por aspectos técnico o económicos no podrán ser interconectados a la red nacional en el corto y mediano plazo. También está la del Generador Distribuido Colectivo (GDC), que es la producción de energía eléctrica realizada por la Comunidad Energética, cerca de los centros de consumo, conectada a un Sistema de Distribución Local (SDL) o a una Microrred. A su turno, se tiene que una Microrred es un sistema eléctrico que integra la demanda (cargas) y los recursos energéticos distribuidos con la capacidad de operar de un periodo de tiempo y con diferentes niveles de automatización y de coordinación, bien sea de modo aislado o interconectado a una red principal. Si todo esto se lleva a cabo, se cumpliría la meta de Colombia para 2032, en la que se busca que a diferencia de hoy, en donde dependemos de la Energía hidráulica para prender el país, se conseguirá aumentar de un 9 a un 39% la matriz solar. Generación de energía en Colombia en el 2024, Foto tomada de: Silla Vacía Meta generación de energía 2032, Foto tomada de: Silla Vacía Al gobierno le quedan un poco más de 2 años para democratizar la energía y cambiar por completo el modelo actual que impide conectar a la mayoría de los colombianos. Por ahora son más de 18.000 colombianos los que sueñan con hacer sostenible la energía, producir su propia luz e incluso vivir del sol.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Infobae Cuatro años después de que el ejército enterrara con honores a su hijo en el cementerio de Montería a Don Raúl Carvajal lo llamaron para avisarle que sacarían el cuerpo, que tenía que pagar una plata si no quería que lo arrojaran a una fosa común. Su hija Patricia afirma que lo vio en ese momento hablar solo. Decía una frase que nunca se le olvidará “A mi hijo no lo pueden enterrar como un perro”. Entonces pagó para que le entregaran el cadáver, lo metió en una bolsa blanca, lo subió a su camión y se lo llevó a Bogotá. En la travesía lo acompañó su amigo Ignacio Vélez. En cada pueblo al que le obligaba a llegar el viaje le contaba, al que quisiera la historia de su hijo. Le puso Raúl, como él mismo. Le decían “El mono” y sus tres hermanos lo adoraban. Quería ser piloto de guerra pero pronto se dio cuenta que, con el sueldo que ganaba su papá como comerciante de verduras en Córdoba, jamás podría costearse una carrera en la Fuerza Aérea. Igual quería servir a la patria. Y se enroló en el ejército. Su familia esperaba que se conformara con un cargo de escritorio. Pero no, el Mono era aguerrido, como Don Raúl y quería estar en el frente de batalla. Fue lancero y después cabo. Siempre en la vanguardia. Un día su hermana Doris Patricia recibió una llamada. A su hermano lo había matado un francotirador en el cerro del Martillo, en el Tarra, municipio del Catatumbo. En el combate habían caído cinco soldados más. Había muerto como un héroe. Patricia colgó y al darse cuenta de que ella era la encargada de darle la noticia a su familia, quiso precisar los datos. Ahora le decían que su hermano había muerto en el cerro de Las Comadres y que eran cuatro los soldados asesinados.  Los datos eran incongruentes y había razones para sospechar. Semanas antes de ese 6 de octubre del 2006 Raúl había llamado a su papá y le contó que estaba muy preocupado, que se quería salir del ejército porque había órdenes de matar civiles. Estaban ocurriendo los Falsos Positivos, una práctica que cobró la vida de 6.402 personas. Se medía el éxito de las campañas militares a punta de litros de sangre. Le daba miedo de que lo fueran a matar. Él igual estaba en sus trece. No se movería un ápice. Y no se movió. Cuando a los Carvajal le entregaron el cadáver se lo dieron en un ataúd completamente sellado. Ellos no tenían derecho a verlo. Pelearon y al final se lo dejaron ver. Doris vio algo raro en el cuerpo del Mono. El agujero de la bala era demasiado pequeño y tenía huellas de lazos en las muñecas, como si lo hubieran amarrado. Eran varias las señales. Desde entonces querían justicia pero cuando llamaron a Don Raúl para decirle que a su hijo lo iban a arrojar en una fosa común decidió que era hora de que el país conociera el caso. Así que después de parar en varios pueblos a contar su historia llegó a la Plaza de Bolívar, donde metió a la brava el viejo Dodge. La policía quiso desalojarlo y él no se dejó. Bajó el cuerpo y lo puso a sus pies. La noticia le había dado la vuelta al mundo. Ya todos sabían lo que había sucedido con el cabo Raúl Carvajal, asesinado a los 29 años por cometer el pecado de ser una buena persona. La historia de Don Raúl es la de la persistencia de las víctimas, las que son capaces de aguantar los martirios que sean necesarios con tal de que se haga justicia, o que al menos el país conozca el caso donde murió el ser amado. Don Raúl se hizo a un costado del congreso con su camión, al que lleno de afiches. Uno de ellos eran tres fotos. En la primera decía “Así ingresó” y aparecía la foto del cabo cuando recién entró al ejército. “Así me lo entregaron” y era la foto del rostro después de la muerte. Y en la tercera rezaba “Estos son los responsables” y se veían entonces a Juan Manuel Santos, siendo ministro de defensa, conversando con su jefe directo Álvaro Uribe Vélez, principales responsables, por línea de mando, de lo que sucedió con los Falsos Positivos. La tenacidad de Don Raúl se hizo mundialmente conocida. Él estaba ahí para contarle la historia de su hijo a todo aquel que quisiera escucharla. Decidió estar ahí, vivir en la estrechez de su auto. Y eso hizo hasta el 2021, cuando un coma diabético se lo llevó a los 73 años. Se quedó esperando una sentencia, una disculpa de Santos o de Uribe. El caso de su hijo es la otra cara de los Falsos Positivos. Su hija Doris ha tomado la posta. No descansará hasta saber la verdad de lo que pasó con el Mono.

Por: Iván Gallo Foto tomada de: Poeticos Fue Fernando Vallejo quien encontró a Rafael Delgado en León, la pobre ciudad de Nicaragua donde nació Rubén Darío. Tenía más de setenta años y de la probada belleza que enloqueció a Porfirio Barba Jacob, quedaba ya muy poco. Sin él Vallejo no habría podido completar su libro, El mensajero, tal vez la mejor biografía que se ha escrito jamás sobre un poeta colombiano. Él conocía cada secreto del autor de La vida profunda. Su vida miserable en pensiones pulgosas en México, Cuba, El Salvador, Guatemala y Perú. Él lo acompañó en su último regreso a Colombia, cuando recibieron cobijo en la casa de una de las hermanas de Miguel Ángel Osorio -nombre real del poeta- en Medellín. También estuvo ahí en su último domicilio, un apartamento sin muebles en la calle López  en México, en donde la sífilis y la tuberculosis terminaron derrotándolo el miércoles 14 de enero de 1942. Barba Jacob tenía 58 años. Eso sí, Rafael no pudo estar a su lado. Había salido a conseguir, según él, medicamentos. La única persona que lo vio morir fue Concepción Velásquez, la mujer que se casó con Rafael Delgado para disipar comentarios malintencionados. Imagínense lo que era ser homosexual en la década del cuarenta. Velásquez le contó a Vallejo que Barba Jacob murió tranquilamente, a pesar de sus problemas respiratorios, viendo un crucifijo y preguntando por Rafael. Quería ser lo último que viera antes de partir. Ella, fervorosa católica, afirma que se estaba arrepintiendo. Después de conocer a Barba Jacob en El mensajero no se puede dejar de pensar en que acaso lo estaba insultando, o tan sólo se estaba burlando del crucificado. Rafael Delgado llegó sobre las cuatro de la mañana, una hora después de la muerte. Concepción Velásquez cuenta que la reacción de su esposo fue gritar con desconsuelo. Lo amaba y a pesar de eso vivió a sus espaldas durante más de veinte años. A Rafael no se le conoció otro oficio más que el de romper corazones. Jugador, bebedor, mujeriego, Delgado dejó a su familia para seguir los pasos del autor de Acuarimántima. Cuando lo conoció quedó fascinado. Sabía de sus leyendas oscuras, como la noche en la que se perdió en la Habana con Federico García Lorca, entraron a un restaurante en donde un fornido mesero los atendió. Barba Jacob, al ver los brazos nervudos, tatuados del joven no pudo resistir las ganas de morderlos. García Lorca, acostumbrado a las excentricidades de amigos de infancia como Salvador Dalí, jamás había conocido a alguien tan salvaje como el poeta colombiano. Nacido en Santa Rosa de Osos en 1883, criado por sus abuelos, creció como un pirata, desarraigado y queriendo cortar cualquier lazo familiar. A uno de sus amigos más cercanos, Juan Bautista Jaramillo Mesa, le confesó alguna vez “Amigo mío, para ser hombre, pero en toda su plenitud, son necesarias dos cosas imperativas: odiar la patria y aborrecer a la madre". Por eso, después de ser profesor en Antioquia, emprendió ruta a Centroamérica y Perú en donde incluso llegó a servirle a dos dictadores, al mexicano Porfirio Diaz, de donde tomó parte de su nombre y Leguía en el Perú. Como alguna vez dijo Frank Sinatra en una de sus canciones más conocidas, That’s life, en todos los países donde vivió supo ser rey y peón. Sobre el apellido que tomó, Barba Jacob, no hay nada claro. El que más se ha acercado a su fantasma, Fernando Vallejo, afirma que lo tomó de un apóstata español llamado Mossén Urbano quien en 1507 publicó que “un cierto Barba Jacob era el Dios verdadero omnipotente, en Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, que era igual a Jesucristo y que así como Jesucristo había venido a dar testimonio del padre, así Barba Jacob que era el padre venía a dar testimonio del hijo”. Esto, queridos amigos, es una blasfemia. Y a nuestro poeta, que tuvo tantos otros nombres, le encantaba eso, el escándalo. Y la noche. Son incontables las fiestas desbordadas que pagó de su bolsillo. Mientras le sacaba plata a directores de periódico que lo contrataban -de sus crónicas no queda nada- y en donde dejó una estela de relatos amarillistas, cuyos temas estaban pensados sólo para vender números, Barba Jacob gastaba a manos llenas en pulques, cantinas y prostíbulos. A veces, incluso, como le sucedió en Bogotá en el breve tiempo que trabajó en El Espectador, salió con Rafael alborozados en medio de la noche a tomarse todo un bar, sin haber dejado la puerta del apartamento con candado, y cuando regresaron no encontraron más que un par de periódicos viejos en la sala. Se les habían robado todo. “No nos quejemos Rafael, tapémonos con los periódicos que está haciendo frío” y así durmieron. Una vez murió Barba Jacob Rafael Delgado perdió el norte. Tenía cuarenta años y los ojos verdes ya empezaban a nublarse. Vivió de unas cuantas mujeres hasta que regresó a León, Nicaragua, donde lo revivió Vallejo. Junto a él recorrieron las posadas de México y Morelia donde el poeta era el foco de atención de deslumbrantes tertulias. Todos recuerdan su voz plateada, dura como una trompeta. Rafael Delgado murió en los años ochenta. Arruinado y triste. Las cenizas de Barba Jacob regresaron a Colombia sólo hasta el 2015 y están en Santa Rosa de Osos. Su poesía, lamentablemente, está cada vez más olvidada. Y es raro, nos quedamos sólo con versos suyos como Hay días en que somos tan móviles, tan móviles, como las leves briznas al viento y al azar… Tal vez bajo otro cielo la Gloria nos sonría… La vida es clara, undívaga y abierta como un mar… Versos de belleza indiscutibles pero que no atraerían a nuevos lectores. Lo que hay que recordarles a los muchachos es que este respondón indomable fue el primero en habla hispana en escribirle una oda a la marihuana. El poema se llama La dama de los cabellos ardientes y sus primeros versos tienen unas imágenes que rayan en el misterio de los románticos alemanes Decíame cantando mi niñera que a mi madrina la embrujó la luna; y una Dama de ardiente cabellera veló mi sueño en torno de la cuna. Su cabello —cauda sombría— ondeando al viento, ondeando al viento, ardía, ardía.

Por: Isabela Puyana Foto tomada de:El Heraldo Desde diciembre del 2023 fue aprobado el Decreto de las Comunidades Energéticas, que tiene la finalidad de democratizar el servicio de la energía en Colombia. En ese momento comunidades de todo el país que creyeron en el modelo propuesto por el Gobierno se inscribieron y hoy son más de 18.400 postuladas para ser elegidas. Portal de Comunidades Energéticas del Ministerio de Minas y Energía con el actual número de comunidades inscritas Según el Ministerio de Minas y Energías, los usuarios de las comunidades podrán ser también distribuidores y comercializadores de la energía que produzcan. “Los potenciales usuarios de servicios energéticos podrán constituir Comunidades Energéticas para generar, comercializar y usar eficientemente la energía a través de fuentes no convencionales de energía renovable, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.” David Jaramillo Velázquez, Abogado del Externado, mencionó en el artículo La regulación de las comunidades energéticas en Colombia, publicado por la misma universidad que en el artículo 365 de la Constitución se autoriza la prestación de servicios públicos a comunidades organizadas, pudiendo ser cualquier tipo de servicio público, esto es, de energía eléctrica, de gas domiciliario, de agua, entre otros, En el caso de las comunidades energéticas, el Ministerio de Minas y la UPME, Unidad de Planeación Minero Energética han tenido en cuenta este artículo y adicional a esto, plantean unos parámetros para regularlas y elegirlas dentro de las 18.640 comunidades postuladas. Por su parte, el referido Plan Nacional de Desarrollo también estableció que se definirá y regulará el modelo de Comunidades Energéticas para que las personas naturales y jurídicas tomen parte en la cadena de valor de la electricidad, democratizando de esta forma la misma. ¿Qué tiene en cuenta el Ministerio de Minas y Energía para la conformación de una Comunidad Energética? Lo primero es la naturaleza jurídica de aquellos que se inscriben. “Las Comunidades Energéticas son formas de asociatividad entre usuarios y/o potenciales usuarios de servicios energéticos, constituidas por personas naturales o jurídicas”. Se entiende que los usuarios potenciales de la energía, que puede tratarse de personas que no tienen acceso a ella, se interesan en inscribirse a estos proyectos para generarla, asociarse, comercializar y usarla de manera eficiente. 2. Una nueva forma de prestación del servicio. Se fijan principalmente dos formas de actuación de las Comunidades Energéticas, como agente del mercado: Como Autogenerador Colectivo o como Generador Distribuido Colectivo (GDC). Estas son dos nuevas actividades en la cadena de prestación del servicio de energía eléctrica que se incorporan a la regulación colombiana y que han causado discusiones a nivel público, dado que este es el motivo por el cual el gobierno afirma que con esto garantiza la democratización de la energía y la disminución del precio de las altas tarifas de la energía en Colombia. Estos son los Lineamientos planteados por la UPME para establecer la Comunidades Energéticas: La UPME, Unidad de Planeación Minero Energética, establece un límite máximo de potencia para la Autogeneración Colectiva (AGRC) y Generación Distribuida Colectiva (GDC) en áreas urbanas y rurales equivalente a 5 megavatios. De acuerdo con las últimas declaraciones de la Upme, esta medida corresponde a la capacidad total del sistema de generación o a la suma de las capacidades individuales de los sistemas de generación que hagan parte. Esto lo que quiere decir es que con esta potencia a través de energías renovables las comunidades no solo van a poder subsistir y abastecerse, sino también van a poder comercializar la energía para vivir de ella, para tener negocios productivos a través de esta energía y tener una esperanza con la llegada de la conectividad. Con esta medida, se busca incentivar la participación ciudadana en la producción de energía limpia y renovable, contribuyendo así a la diversificación de la matriz energética y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Se espera que estas regulaciones impulsen la adopción de tecnologías más eficientes y amigables con el medio ambiente en el sector energético, favoreciendo el desarrollo sostenible del país. Con todo esto concretado, el reto final será que Cuando las Comunidades Energéticas deban constituirse como Comunidades Organizadas, se deberán registrar en el sistema que disponga la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. ¿Cómo hacerlo? A través de los aspectos a ser regulados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG El proyecto de Decreto fija un plazo no mayor a tres (3) meses a partir de su entrada en vigor para que la CREG regula que son las siguientes: -Las condiciones de conexión, entrega de excedentes y comercialización de energía por parte de las Comunidades Energéticas. Acceso y disponibilidad de la red para las Comunidades Energéticas que la soliciten. -Diseño de un esquema que garantice la compra de excedentes de las Comunidades Energéticas que proporcione una retribución justa. -Los costos tarifarios por el uso de Sistemas de Distribución Local por parte de las Comunidades Energéticas. condiciones para la integración de los Autogeneradores Colectivos y de los Generadores Distribuidos -Colectivos en el Sistema Interconectado Nacional y en las Zonas No Interconectadas. Con todo esto, una comunidad estará lista para generar y comercializar su energía, pero, sobre todo, para ser llamada oficialmente Comunidad Energética en Colombia.

Por: Guillermo Linero Montes Los símbolos son la expresión o la representación de hechos objetivos y materiales, por medio de los cuales las ideas y el pensamiento de los hechos sociales de valor histórico, pueden tornarse memorables mediante la alusión a un símbolo. Cuando vemos una hoz y un martillo entendemos que se trata de la unión obrero-campesina en tiempos de la revolución rusa (y en la plaza roja de Moscú, como máximo símbolo de ella, se conserva embalsamado el cadáver de su máximo gestor). Así mismo, cuando vemos una cruz sabemos al instante que se trata de cristianismo (y la iglesia católica conserva un manto ensangrentado como símbolo de la muerte de Cristo, para que no se descrea de aquella realidad muy desdibujada). Y al observar el círculo, con tres líneas de los hippies, sabemos con prontitud que se trata de una invocación al amor y la paz hecho por una generación cansada de la barbarie y de sus históricas trasmisiones guerreristas. Del hipismo quedan en muchos museos atuendos y guitarras de algunos de sus protagonistas que simbolizan sus creencias en un mundo de convivencia paradisiaca. En tal suerte, la pregunta que da título a esta nota, pareciera ser muy contundente como argumento de los uribistas y de los opositores del presidente Gustavo Petro, al cuestionar que se haya reconocido como patrimonio cultural de la nación el sombrero del excomandante Carlos Pizarro Leongómez, que fuera asesinado por fuerzas del estado, cuando tras firmar la paz con el gobierno de Virgilio Barco en 1990, decidió participar en la contienda electoral por la presidencia del periodo 92-96. Desafortunadamente, porque cuando se trata de transigir en este país la extrema derecha siempre ha preferido jugarle más a la muerte que a los diálogos, Pizarro fue asesinado justo cuando las encuestas empezaban a inclinarse a su favor y cuando sus discursos, sus modos y maneras, le convertían en el más carismático entre sus contendores. ¿Por qué el sombrero de Pizarro y no el de Uribe? Esta sería una pregunta bastante válida, de no ser porque el sombrero de Uribe, por haber sido usado por este durante sus campañas políticas más agresivas, es ya un símbolo para sus seguidores y para los partidarios de la derecha que, siendo casi medio pueblo nuestro, podrían solicitar lícitamente que también le denominen símbolo nacional al sombrero de Uribe, aunque ello resulte muy difícil -y muy injusto también con el sombrero- pues, de someter el contexto de su ocurrencia a un serio examen de entendidos para evaluarlo, habría que erigirlo como símbolo nacional de nuestra incultura. El sombrero de Pizarro, por su parte, se ha propuesto en calidad de símbolo de interés cultural, sobre la base de que para quien hoy gobierna y para la mayoría del pueblo colombiano que lo eligió, debe recordársele a los ciudadanos y ciudadanas del presente y del futuro, que un líder de ellos -del M-19-, que un mártir de ellos, reconsideró su plan de lucha y optó por la paz en favor de todos. Mientras que, con su sombrero Uribe sólo ha avivado discursos calientes y guerreristas, Pizarro con el suyo, cuando en su tiempo habló ante los medios de comunicación o ante las comunidades, lo hizo en términos de paz y de respeto por la vida. Los símbolos no son caprichos, en tal suerte, quiéralo o no el presidente Gustavo Petro, o quiéranlo o no los petristas y los izquierdistas, el sombrero de Uribe también es un símbolo para una gran parte de nuestra población, que lo ha tenido, junto al gusto por el poncho y los caballos, como símbolo del traquetismo; es decir, como distintivo de una clase social muy real, por atroz o inculta que sea, y para la cual, en esa tarea de alcanzar el fin que todo ser humano merece -el confort y las holguras económicas- se justifican la corrupción, el irrespeto a las ideas de los otros y hasta el crimen. Esa población, inmersa sin escrúpulos y maquiavélicamente en su tarea de alcanzar los fines deseados, ha adoptado una música -la carrilera y el reguetón- y unos modos y maneras -las del gomelismo y la exclusión- tanto como el uso de algunos arquetipos -como el poncho y el sombrero al estilo de Uribe- con los cuales experimentan la sensación de ser un poco semejantes al dios Uribe, como le llamó el bandido Enrique Pardo Hasche. El sombrero del expresidente Álvaro Uribe y el sombrero del excomandante Carlos Pizarro, son dos símbolos del pueblo colombiano. Desde la orilla de los uribistas tal vez aborrezcan el sombrero de Pizarro y desde los seguidores del héroe del M-19 quizás hagan lo propio contra el sombrero del expresidente Uribe; pero la realidad es que cuando un gobierno ha ganado en elecciones pulcras, nadie puede dudar que está representando a la mayoría del pueblo; y cuando la mayoría del pueblo decide enarbolar como símbolo un objeto, una figura o una imagen en memoria de un suceso que lo vanagloria; entonces, hay que respetárselo; porque ese es el principio de la democracia y porque eso hace parte -quiéranlo o no los enemigos del gobierno del presidente Petro- de la autodeterminación de los pueblos. Por mi parte, en términos de las connotaciones peyorativas y en favor de la paz, prefiero ver a los colombianos y a las colombianas quitándose el sombrero de Uribe y ajustándose bien el de Carlos Pizarro. Finalmente, y en justicia por quienes fabrican estos sombreros, debo decir que en el trasunto de este debate nada hay en contra de estos productos telúricos y magníficos que incluso no rivalizan entre sí, pues ambos atavíos de copa y ala son aguadeños, aunque uno provenga de Caldas y el otro del Huila.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Español Se llamaba Zelijko Raztanovic pero le decían Arkan. En los tiempos del socialismo en la Yugoslavia de Tito era miembro de la policía secreta, ladronzuelo en París y pateador de minorías étnicas en Bélgica. Después se transformó en un asesino de musulmanes en Serbia. Tenía otra pasión además de la sang#Parisre: el Estrella Roja de Belgrado. Fundado en 1945 -recién terminaba la Segunda Guerra Mundial- es el club más ganador de Serbia. Tiene 34 títulos de liga y 27 de copa. En 1991 hicieron historia. Se convirtieron en el primer club de la Europa del Este en ganar una Champions. En ese momento la Yugoslavia que estaba unida bajo el liderazgo del mariscal Tito explotó en mil pedazos. Empezaba a formarse una guerra y a aparecer líderes como Slobodan Milosevic. Por medio del líder máximo de Serbia fue que Arkan entró en la política. Disciplinado, militar y obsesivo, la misión que le dio Milosevic era infiltrarse entre los Ultra Bad Boys, la barra brava de la Estrella Roja, los disciplinara y abrazara la causa nacionalista que causó cientos de miles de muertos en lo que se conocería como La guerra de los Balcanes. Para 1991, con el boom que significó para Serbia la obtención de la Champions, muchos jóvenes querían pasarse a la barra más extrema de la Estrella Roja. Esto lo supo encausar Arkan para lo que pretendían: hacer de los barristas un ejército sanguinario y disciplinado. Pasaron a llamarse el escuadrón Tigre. El comandante máximo era Arkan. Estos ultras siempre se caracterizaron por los zafarranchos que hacían en cada estadio de Europa o de Serbia a donde iban. Eran crueles, implacables, una energía que tenía que ser dominada y convertida en fuerza para-estatal. En su libro Dios es redondo el extraordinario escritor mexicano Juan Villoro habla sobre los ultras de la Estrella Roja “La violencia que de manera espontánea se había expresado en las tribunas se transformó en táctica de guerra (o quizás sería más adecuado decir de “depredación” pues los prisioneros eran sometidos a las más crueles torturas)” Los Tigres fueron un escuadrón de una ferocidad inusitada en una de las guerras más despiadadas de los últimos treinta años. Se estima que asesinaron a tres mil personas. Arkan, lejos de ser juzgado como un criminal de guerra, terminó el conflicto con una fortuna. Con ella quiso comprar la Estrella Roja de Belgrado pero no se lo permitieron. Se conformó con comprar otro equipo, el Oblic. Durante mucho tiempo Arkan fue una especie de ídolo para la hinchada serbia. Últimamente la historia lo ha tratado muy mal. Sobre los Ultra Bad Boys hay que decir que han cambiado. A veces son noticia por su violencia extrema, otras veces por otras noticias. Una de ellas fue apoyar, en marzo del 2022, abiertamente la invasión de Rusia a Ucrania. Una de las razones para hacerlo es que Gazprom, la empresa de gas rusa, era su principal patrocinador. También han aparecido con carteles denigrando de las invasiones y bombardeos norteamericanos en el mundo. Ya están lejos de ser un escuadrón paramilitar. Ahora son simplemente barra bravas futboleras.

Por Juan Guillermo Sepúlveda Arroyave[1]. “El siglo XX divorció la justicia y la libertad. La mitad del mundo sacrificó la justicia en nombre de la libertad, y la otra mitad sacrificó la libertad en nombre de la justicia. Esa fue la tragedia del siglo pasado. El desafío del siglo XXI consiste, creo, en unir a esas hermanas siamesas que han sido obligadas a vivir separadas. La justicia y la Libertad quieren vivir bien pegaditas”. Entrevista a Eduardo Galeano-BBC.Mundo. ¿Quién dijo entonces, que la justicia se hace a costa de quitar la libertad? Foto tomada de: icrc.org El siguiente artículo, pretende contribuir a la lluvia de ideas en la búsqueda de solucionar el problema crónico e histórico del hacinamiento en los centros de privación de la libertad en Colombia, desde una orilla, con la seguridad que habrá más aportes desde otras orillas, que enriquezcan el debate y aporten a solución reales, sostenibles en el tiempo y ante todo democráticas. ¿Qué es el hacinamiento carcelario? Básicamente, el hacinamiento carcelario se refiere a la situación en la que las cárceles o centros de detención albergan a un número de personas que exceden su capacidad diseñada o recomendada. Esto significa que hay más personas encarceladas de las que las instalaciones pueden alojar adecuadamente en término. Los efectos negativos son muchos, según el jurista Raúl Zafaroni, en cárceles hacinadas hay flagrante violación de los derechos fundamentales de la población reclusa, obligada a padecer una vida infrahumana, cruel y degradante y la burla de los fines de la pena, como es la readaptación, reinserción, rehabilitación y resocialización. El hacinamiento en Colombia se ha tornado más dramático en los centros de detención transitorios, donde las personas están siendo procesadas,  y gozan del derecho de presunción de inocencia, que el derecho penal establece que toda persona acusada de cometer un delito se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante un juicio justo y con todas las garantías procesales. Esto sitios de detención preventiva, son las cárceles municipales, Estaciones de Policía y URIS, éstas dos últimas se han convertido excepcionalmente en cárceles, sin ser su misionalidad, pues los procesos penales desde la justicia retributiva no avanzan y el INPEC, no tiene espacios donde tenerlos, pues también tiene altos niveles de hacinamiento, y si tuviera espacios, podría negarse a recibirlos pues por disposición legal, las personas detenidas preventivamente deben estar en cárceles Municipales (Ley 65 de 1993, Art. 17). ¿Qué no hay que seguir haciendo para deshacinar las cárceles en Colombia? No hay que depender siempre del dinero para deshacinar los centros de detención en Colombia, pues si todo pasa por éste, esa será la disculpa eterna para no hacerlo, pues lo normal es que en Colombia no haya recursos para ello y cuando los hay, no se utilizan en lo que realmente se necesitan o terminan en hechos de corrupción, y seamos sinceros, en el fondo somos una sociedad  punitiva, del castigo, que nos gusta impartir dolor para que los “culpables” rediman sus penas, y el hacinamiento es eso. Así las cosas, olvidemos que para deshacinar , hay que esperar a que el gobierno nacional asigne recursos de contrapartida; tampoco a que las alcaldías y gobernaciones asignen recursos precisos en sus presupuestos para estos fines; ni que se hagan efectivos los cobros de tasas de seguridad municipales y departamentales; y menos recomendable son las alianzas público privadas -APP-, donde se abre la puerta a otras formas de corrupción. Tampoco, es recomendable seguir haciendo más diagnósticos, el sector está sobrediagnosticado y  encuestas y fotos de las personas privadas de la libertad (PPL), exponiendo sus miserias, en las que se ve a personas privadas de la salud (PPS), personas privadas de la educación (PPE), personas privadas de la justicia pronta y justa (PPJ), personas privadas de la esperanza (PPE), en suma, privadas de su dignidad humana (PPDH),  pues en Colombia la pena privativa de la libertad viene en combo, como en los McDonald´s, donde se pierde a más del derecho a la libertad otras libertades, lo que termina convirtiendo a los privados de la libertad en víctimas. El hacinamiento en país supera el mil por ciento donde más de 22 mil personas privadas de la libertad sobreviven en estas circunstancias desde hace varios años, Estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), denominados "centros de detención transitoria", en su mayoría son sindicados, que gozan de derecho a la presunción de inocencia. De otro lado el INPEC, a la fecha, 20/06/2024 https://www.inpec.gov.co/ , tiene cupos para 81.923 personas privadas de la libertad; a la fecha hay 102.689, siendo el sobre cupo de 20.762, que corresponde al 20% de hacinamiento. En relación con hombres, hay 75.329 condenados y 20.399 sindicados, y Mujeres hay 4.651 condenadas y 1.810 sindicadas. En total entre hombre y mujeres, hay 22.209 sindicados/as. Lo anterior significa que el hacinamiento del INPEC se produce por los presos que están siendo procesados y que les corresponde a los entes territoriales tenerlos. Se concluye de las anteriores que las cifras del hacinamiento en el INPEC, como en los centros de detención transitorio y cárceles municipales,  lo producen las personas sindicadas que están a la espera que se les defina su situación jurídica, por ello es que nos vamos a centrar en esa población en nuestras reflexiones en este escrito. ¿Qué hay que hacer para deshacinar las cárceles en Colombia? Cuando se aborda el tema del hacinamiento carcelario, se debe dar respuesta a dos preguntas, y de hacerlo responsablemente podemos tener la solución. Las preguntas son: ¿Cómo evitar que las personas vayan a la cárcel? ¿Cómo evitar que las personas regresen a la cárcel (reinciden)? Si damos respuesta a estas preguntas de manera eficiente y justa, “cerramos” la puerta a la cárcel para que las personas no entren; y “las abrimos” para que no regresen. Recordar que la frase, más frecuente con la que se despide el Guardia de Vigilancia que está en la puerta, el día que un preso recobra su libertad, después de haber cumplido su pena es: “…no te quiero volver a ver por aquí”. Cuando hablamos de la Justicia Restaurativa, nos referimos a esa justicia que humaniza, que restablece las relaciones rotas, a la que mejora la convivencia ciudadana, a la justicia de la verdad que preserva la dignidad humana y la vida; a la justicia del salmón, que va en contracorriente de la justicia retributiva castigadora y punitiva; a la justicia del cerdo, pues no se pierde nada, todo se aprovecha y todos ganan; a la justicia que no requiere dinero, pero si voluntad política, que se traduce en que los que tienen el poder legislativo y ejecutivo para hacerlo, lo hagan, aprobando e implementado políticas públicas relacionadas con la justicia restaurativa. ¿Qué es la Justicia Restaurativa? La Ley 906 de 2004[2] la define como todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador”  Art. 518. La Fiscalía General de la Nación[3]  considera a dicha justicia, como un concepto que conlleva una visión alternativa del tratamiento del conflicto, con miras a superar las limitaciones propias del sistema de justicia formal. Entre ellos, su incapacidad para resolver las causas subyacentes a la conflictividad, satisfacer los intereses de las víctimas, lograr una verdadera reinserción del ofensor y dar tratamiento efectivo a todos los casos. La Corte Constitucional en Sentencia C-979 de 2005[4], dice que la justicia en mención, se presenta como un modelo alternativo de enfrentamiento de la criminalidad, que sustituye la idea tradicional de retribución o castigo, por una visión que rescata la importancia que tiene para la sociedad la reconstrucción de las relaciones entre víctima y victimario. […] Naciones Unidas (2006)[5] afirma que esta justicia es una forma de responder al comportamiento delictivo balanceando las necesidades de la comunidad, de las víctimas y de los delincuentes. Naciones Unidas (2020)[6 ] premoniza, de manera futurista de esta justicia que tiene un gran potencial para contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) en América Latina y el Caribe, 2030, porque brinda acceso a la justicia para todos y construye instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles. En Colombia nos debemos sumar a la “Lente restaurativa pragmática” que propone Howar Zehr, 2002, quien considera que la Justicia Restaurativa, no es necesariamente lo opuesto a la justicia retributiva y atiende a la existencia de programas centrados en la transición de los ofensores de la prisión a la libertad. A lo anterior, se agrega la posición del criminólogo italiano, Guidoni (2003), quien afirma que en las prisiones existen “obstáculos estructurales” que chocan a todas luces con los valores de la Justicia Restaurativa. Estos obstáculos son: La prisión controla las vidas de las personas internas y eso impide su toma de responsabilidad. La subcultura carcelaria es muy fuerte y antisocial, supone un esfuerzo sobrehumano sobreponerse a ella. La coerción y la jerarquía son inherentes a la cárcel, lo que impide instaurar una cultura de la resolución pacífica de conflictos. Los objetivos del personal penitenciario y las personas presas son contrarios a los de la Justicia Restaurativa. La jerarquía existente en las prisiones impide la consecución de autonomía personal. Las condiciones físicas de las prisiones, su sobreocupación y violencia latente, conllevan la imposibilidad de las personas presas para centrarse en las labores restaurativas. Superando, desde la aplicación en cárceles de Programas de Justicia Restaurativa, podemos superar los obstáculos estructuralesque producen las cárceles, y poner las improntas de los valores de la Justicia Restaurativa, como son los de: La voluntariedad, empoderamiento, inclusión, responsabilidad personal, respeto, honestidad, empatía., comunicación, justicia, igualdad, resolución de problemas, sanación y transformación. Dhami (2009). La JUSTICIA RESTAURATIVA, es una justicia, que solo requiere de hombres y mujeres con aptitud, vocación, compromisos éticos y morales; bien formados en cultura restaurativa y en habilidades humanas y técnicas que representa ser un buen facilitador y/o mediador; que genere confianza y sea empático; venidos de Centros de Conciliación, Cámaras de Comercio, Universidades, asociaciones comunitarias, ONG, entre otras. La justicia restaurativa ante las personas imputadas o procesadas (La Ley 906 de 2004. Art. 518) “la reparación no es una cuestión meramente jurídico civil, sino que contribuye también a la consecuencia de los fines de la pena. Tiene un efecto resocializador, pues obliga a los autores a enfrentarse con la consecuencia de su hecho y aprende a conocer los intereses legítimos de la víctima. Puede ser experimentada por él como algo necesario y puede fomentar un reconocimiento de la norma. Igualmente, puede conducir a una reconciliación entre autor y víctima y facilitar la reintegración del culpable”   (La subraya fuera del texto original) Claus Roxin La Ley 906 de 2004, le dice al Fiscal General de la Nación, que elabore un Manual que fije las directrices del funcionamiento de la mediación, particularmente en la capacitación y evaluación de los mediadores y las reglas de conducta que regirán el funcionamiento de la mediación y, en general, los programas de justicia restaurativa. (Art. 527). Lo anterior es respaldado en el LIBRO VI referido a la JUSTICIA RESTAURATIVA. CAPÍTULO I, donde se define lo que es la justicia restaurativa (Art. 518); imparte las reglas generales de su aplicación (Art. 519); le fija las condiciones al Fiscal y al Juez para remitir los casos a programas de justicia restaurativa (Art.520) y finalmente, define los mecanismos de justicia restaurativa como la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación integral y la mediación. (Art. 521 a 526). Después de muchos años de espera, la Fiscalía General de la Nación crea el Manual de Justicia Restaurativa y se dictan otras disposiciones para el funcionamiento de la mediación penal, por medio de la Resolución No. O 03 8 3 del 1 1 mayo 2022. También, la Defensoría del Pueblo, crea el Programa Nacional de Mediación Penal, mediante la Resolución 1542 del 17 de julio de 2023. Luego la misma Fiscalía, emite la Resolución 00447 DE 2023 de agosto 30, con el fin de ampliar la oferta de servicios de mediación penal en desarrollo del Manual de Justicia Restaurativa. Las Resoluciones en mención es pedagógica y orientadora, detalla entre otras los objeto y adopción del Manual; detalla el Grupo de apoyo al funcionamiento de los mecanismos de justicia restaurativa, quien será el encargado desde la Fiscalía de la promoción y difusión; explica en que consisten los Centros de mediación y mediadores, con los que se van hacer los convenios, con entidades públicas y privadas; detalla las condiciones para ser mediador y amplían esta labor a otras profesiones diferentes a las de la abogacía; detalla el procedimiento de la mediación penal y al final, de manera detallada e ilustrada, presenta y Manual de Justicia Restaurativa. Efectos de la justicia restaurativa en el ordenamiento jurídico interno, producto de la aprobación del Manual de Mediación penal, que se dio por la Resolución 0383 de 2022, están determinados por el tipo de procedimiento a desarrollar (ordinario o abreviado) y por la pena mínima establecida para la conducta punible. Fuente: Manual de Justicia Restaurativa. Fiscalía General de la Nación. Pág.15 De acuerdo con el artículo 534 de la Ley 906 de 2004, adicionado por el artículo 10 de la Ley 1826 de 2017, el procedimiento especial abreviado se aplica para la investigación y el juzgamiento de las siguientes conductas punibles: 1.         Las que requieren querella para el inicio de la acción penal. 2.         Lesiones personales a las que hacen referencia los artículos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118 y 120 del Código Penal; actos de discriminación (C.P. artículo 134A), hostigamiento agravados (C.P. artículo 134C), violencia intrafamiliar (C.P. artículo 229), inasistencia alimentaria (C.P. artículo 233) hurto (C.P. artículo 239); hurto calificado (C.P. artículo 240); hurto agravado (C.P. artículo 241), numerales del 1 al 10; estafa (C.P. artículo 246); abuso de confianza (C.P. artículo 249); corrupción privada (C.P. artículo 250A); administración desleal (C.P. artículo 250B); abuso de condiciones de inferioridad (C.P. artículo 251); utilización indebida de información privilegiada en particulares (C.P. artículo 258); los delitos contenidos en el Título VII Bis, para la protección de la información y los datos, excepto los casos en los que la conducta recaiga sobre bienes o entidades del Estado; violación de derechos morales de autor (C.P. artículo 270); violación de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos (C.P. artículo 271); violación a los mecanismos de protección de derechos de autor (C.P. artículo 272); falsedad en documento privado (C.P. artículos 289 y 290); usurpación de derechos de propiedad industrial y de derechos de obtentores de variedades vegetales (C.P. artículo306); uso ilegítimo de patentes (C.P. artículo 307); violación de reserva industrial y comercial (C.P. artículo 308); ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico (C.P. artículo 312). (Tomado del Manual de Justicia Restaurativa. Fiscalía General de la Nación, Pág. 14-15) Son estos conflictos penales, los que la Fiscalía General de la Nación invita a atender desde la Justicia Restaurativa, siempre que el fiscal o el juez informen plenamente a las partes de sus derechos, de la naturaleza del proceso y de las posibles consecuencias de su decisión; y se cerciorarse que no se haya coaccionado a la víctima ni al infractor para que participen en procesos restaurativos o acepten resultados restaurativos, ni se los haya inducido a hacerlo por medios desleales. ( Ley 906 de 2004, Art. 520). En el informe de gestión, 2020-2024, la Fiscalía General de la Nación, reconoce que si bien el Código de Procedimiento Penal prevé la justicia restaurativa desde 2004, solo en 2022 la Fiscalía General de la Nación expidió la Resolución No. 0383, por medio de la cual se adoptó el Manual de Justicia Restaurativa, reglamentación que permitió implementar la mediación penal en Colombia.  Suscribimos 38 convenios o acuerdos con entidades interesadas en ofrecer servicios de mediación penal y se remitieron más de 700 conflictos a programas de mediación penal. (INFORME DE GESTIÓN. 2020 -2024. En la calle y en los territorios. Dr. Francisco Barbosa Delgado, Fiscalía General de la Nación Dra. Martha Janeth Mancera, Vicefiscal General de la Nación). La Fiscal General de la Nación, la Dra. Luz Adriana Camargo pone sobre la mesa principio de oportunidad para casos de violencia intrafamiliar: “las mujeres que acuden a denunciar no necesariamente quieren que su esposo sea privado de la libertad, quieren una solución". Dice la Fiscal, que hay casos de violencia intrafamiliar, donde las formas de violencia leves, que no queremos que escalen hacia violencia graves, donde no queremos que hayan feminicidios, lo que estamos haciendo ahí es aplicar el Principio de Oportunidad…que nos permitan monitorear cómo avanzan estos compromisos que hace el agresor, que permitan reconstruir el tejido social…las mujeres que acuden a denunciar casos de violencia intrafamiliar, no necesariamente quieren que su compañero o su esposo, sea privado de la libertad, sea condena, no, quieren una solución para la situación conflictiva que viven,  y ahí encontramos que el principio de Oportunidad, nos puede dar esa oportunidad, de solucionar un caso con unos acuerdos favorables, que reconstruyan el tejido social, de eso se trata.” https://x.com/wradiocolombia/status/1803468266817368437?s=48&t=kz_t9rZvxPnGybU-avLTVw A lo que invita la Fiscal General de la Nación se llega desde el Principio de Oportunidad, art. 324 de la Ley 906 de 2004. desde la reparación de las víctimas y justicia restaurativa, de los numerales 7, 13, 14 y 16. Si la Fiscalía General de la Nación, logra promover en el país el Manual de Justicia Restaurativa, de cara a que la gente cambie la mentalidad punitiva por la conciliadora, lleva a cabo convenios con entidades verdaderamente comprometidas y ante todo hay una pedagogía nacional rigurosa para los mediadores penales restaurativos, estaremos frente al “giro de turca” que requiere la justicia retributiva, y avanzaremos a un nuevo paradigma de la justicia penal que requiere el país, para empezar a caminar hacia una justicia donde todos ganen y aporten así, a la paz social. Finalmente, en el INPEC ya está formando en Justicia Restaurativa en los ERONES del país a las personas privadas de la libertad y funcionarios de prisiones, ¡¡Enhorabuena!!. Lo anterior con base en la Resolución No. 000822 del 02/02/2024 y 003028 del 05/04/2023, por medio de las que se aprobaron gastos para la formación de la población privada de la libertad en Justicia Restaurativa. Además de la formación que será en diferentes temas fundamentales, se harán Encuentros Restaurativos al final de los cursos, entre ofensores y víctimas. Se espera con esta formación, sembrar la semilla de la Justicia Restaurativa en los ERONES y se recomienda darle continuidad como una política pública ahora que se avecina una reforma a la justicia en Colombia. Nota final. En la Cárcel de Varones y Anexo de Mujeres, del Distrito de Bogotá, se inició un piloto en el 2028 y 2019 de Justicia Restaurativa para sindicados; además en el Municipio de Titiribí, Antioquia, se está trabajando para implementar una Cárcel Restaurativa, que sería la primera en el país.  Estas experiencias serán objeto de presentación en un próximo artículo. BIBLIOGRAFÍA NACIONAL RECOMENDADA Resolución 383 del 11 de mayo de 2022. Fiscalía General de la Nación. Manual de Mediación Penal. Resolución 447 del 30 de agosto de 2023. Fiscalía General de la Nación. Por medio del cual, se hacen ajustes a la Resolución anterior. Resolución 1542 del 17 de julio de 2023, por medio de la cual se crea el Programa Nacional de Mediación Penal de la Defensoría del Pueblo. El Pacto por la Humanización de los Centros de Privación de la Libertad, a través de la Justicia Restaurativa. Procuraduría General de la Nación. Diciembre 15 de 2017. Directiva 006. Aplicación del Programa de Justicia Restaurativa en el INPEC. 16 de abril de 2018. Directiva 013. Aplicación del Programa de Justicia Restaurativa en el INPEC. 26 de marzo de 2019. Documento de propuesta para el análisis de los programas y procesos de Justicia Restaurativa en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios. Proyecto Piloto de Cárceles Restaurativas. Análisis de resultados y recomendaciones del Proyecto Piloto de Cárceles Restaurativas en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres- Bogotá D.C. Departamento Nacional de Planeación, DNP. Diciembre 2018. [1] Juan Guillermo Sepúlveda Arroyave, es Criminólogo - victimólogo. En Colombia, ha sido subdirector de Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior; Asesor del Ministerio de Justicia y del Derecho en temas penitenciarios, fue el director del Programa de Justicia Restaurativa de la Procuraduría General de la Nación PGN. El promotor del “Pacto por la humanización de los centros de privación de la libertad, a través de la Justicia Restaurativa”, que en el 2018 dio inicio al programa de “Cárcel Restaurativa”, en la Cárcel Distrital de Bogotá. Dirigió las investigaciones, en el Instituto de Estudios del Ministerio Público, IEMP: "Análisis de los servicios de Justicia Restaurativa en las cárceles colombianas y en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA)",  en el 2017 y “Proyecto integral Preventivo de Justicia Restaurativa en Colombia (PIP/JRC)” en el 2018. [2] Código de Procedimiento Penal Artículo 518. Definiciones https://leyes.co/codigo_de_procedimiento_penal/518.htm [3] Fiscalía General de la Nación. Manual de Mediación Penal. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/MANUAL-JUSTICIA-FINAL.pdf [4]  Sentencia C-979/05. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-979-05.htm [5] Manual sobre Programas de Justicia restaurativa. SERIE DE MANUALES SOBRE JUSTICIA PENAL. OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. Viena 2006. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf [6] Handbook on Restorative justice programmes. SECOND EDITION. CRIMINAL JUSTICE HANDBOOK SERIES. UNITED NATIONS. Vienna, 2020. https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Heraldo Alguien que conoce muy bien a Urabá se tomó un café conmigo. Le pregunté por H.H. El hombre puso los ojos en blanco “era el más sanguinario de todos, le gustaba matar con sus propias manos” después me describió la escena en la que degollaba a una persona en un taxi, dando una vuelta por Apartadó. Ever Veloza ha sido de los paramilitares que más han querido hablar, acaso resarcirse, acallar los demonios que lo atormentan. Desde la cárcel de Itagüí acostumbra a lanzar declaraciones que se convierten en llamas que encienden el bosque mediático. A propósito de la sentencia en Estados Unidos contra Chiquita Brands por su apoyo a grupos paramilitares Veloza se explayó. Es que la bananera se escudó en que habían sido obligadas a colaborar con las AUC, algo en lo que Veloza los contradice:  “En ningún momento fueron obligados, fuimos llevados como bien lo he dicho en Justicia y Paz. Cuando yo llegué a la zona bananera, la orden que me dieron fue ir y liberar todos los cultivos de banano, impedir que los sindicatos hicieran paros e impedir que la guerrilla hiciera presencia, así que en ningún momento fueron obligados con un fusil en la cabeza”. José Ever Veloza en este momento tiene 56 años. Es tolimense pero trabajó como raspachín en el Guaviare. Fue de esos paras que primero militaron en las FARC. Ejerció varios oficios entre los que se cuentan el de taxista. En 1994 aterriza en Turbo. Entra a las AUC por cuenta de Vicente Castaño. Sufre atentados por parte de las FARC. Muestra la rudeza que pedían los paramilitares. En 1996 lo ascienden y es comandante del Bloque Bananeros. Su labor fue la de “limpiar” el Urabá de comunistas, de guerrilleros, siempre con la ayuda de la fuerza pública como él mismo ha confesado en las audiencias que ha dado en Justicia y Paz. El resultado son las más de 1.200 muertes que provocó, muchos asesinados directamente de su mano. Ese nivel de frialdad, de determinación a la hora de matar hizo que Vicente Castaño, después de ver lo que podía ser capaz de hacer en Urabá, le encomendó la misión de apropiarse, con el Bloque Calima, del Puerto de Buenaventura. Lo que generó cuando llegó, en el año 2000, es la misma guerra que aun se ve y se traduce en la disputa territorial de bandas como los Shottas y los Espartanos. Allí hizo una fortuna cobrando cincuenta dólares por kilo. Con el Bloque Calima H.H dejó estelas de horror como la que produjo la masacre del Naya en donde, entre el 10 y el 12 de abril del 2001, asesinaron a 27 personas. Algunas de las víctimas fueron niños. Veloza se desmovilizó con 452 de sus hombres. En las audiencias de Justicia y Paz ha sido uno de los comandantes paramilitares que ha estado más dispuesto a contar la verdad. Su testimonio será fundamental para conocer hasta el fondo la verdad de lo que sucedió con Chiquita Brands y su apoyo a grupos paramilitares en Colombia, un caso del que muchos quieren que no se sepa nada.

Por: Ghina Castrillón Torres.Politóloga feminista. Según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, se denunció el asesinato de 321 personas trans y de género diverso en el mundo. Este número, similar a los 327 casos reportados el año anterior, evidencia que la violencia transfeminicida se mantiene en niveles alarmantemente altos. América Latina y el Caribe, con 236 casos, vuelven a ser la región con mayor número de asesinatos, representando el 73% de todos los casos a nivel mundial. La situación es particularmente grave para las mujeres trans y las personas trans femeninas, que constituyen el 94% de las víctimas. A nivel global, casi la mitad (48%) de las personas trans asesinadas cuya ocupación se conoce eran trabajadoras sexuales, pero este porcentaje se eleva al 78% en Europa. Lo que resalta la vulnerabilidad extrema en contextos de trabajo sexual. El alarmante número de asesinatos en América Latina y el Caribe, que constituye casi tres cuartas partes de todos los casos registrados, en donde Colombia ocupa el cuarto lugar con 21 casos, después de Brasil (100), México (51), Estados Unidos (31), resalta una crisis de garantía de derechos que requiere atención urgente. Y más aún desde una mirada interseccional, dado que la mayoría de estas víctimas son mujeres trans negras y de color, y trabajadoras sexuales trans, lo que añade discriminación racial y socioeconómica a la violencia transfóbica. Lo más grave es que estos números podrían ser mayores, ya que muchos casos no se denuncian o no se registran adecuadamente debido a la discriminación institucional y la falta de sensibilización en las autoridades competentes. Es realmente importante que los Estados adopten medidas concretas para prevenir la discriminación y la violencia contra estas comunidades. Además, porque la impunidad que caracteriza estos crímenes agrava la situación, profundizando la vulnerabilidad y sistematicidad de estas violencias. De ahí el llamado a reconocer los Transfeminicidios, porque es fundamental para entender las particularidades de la violencia contra las mujeres trans. La violencia transfóbica se sustenta en el cuerpo y la identidad de las personas trans, lo que requiere un enfoque específico y diferenciado para su análisis. Es esencial reconocer las particularidades del transfeminicidio para poder desarrollar políticas y estrategias efectivas que protejan a las personas trans, así como se ha avanzado poco a poco en los feminicidios, aun cuando falta mucho más por hacer. Hago un fuerte llamado a las instituciones y a la sociedad en general a que reconozcamos la existencia específica de la violencia contra las personas trans y adoptemos un enfoque de género en las estadísticas delictivas. Los Estados deben investigar todas las violaciones de derechos humanos, incorporando enfoques diferenciados e interseccionales que respeten la identidad de las víctimas. El análisis de la violencia contra las personas trans, especialmente el fenómeno de los transfeminicidios, es crucial para entender y abordar la discriminación que enfrentan estas comunidades. Reconocerlos sería un gran paso para la protección y el respeto de los derechos humanos de las personas trans. La violencia contra la comunidad trans no puede seguir siendo invisible. * Continuando con el objetivo del mes del orgullo LGBTIQ+ mis columnas estarán dedicadas a visibilizar las realidades que vive esta comunidad

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Ambito Juridico Este 20 de junio ha marcado un hito significativo en la legislatura colombiana con la aprobación de la ley estatutaria de jurisdicción agraria en el Congreso de la República. Este proyecto, fundamental para el Gobierno Nacional, busca asegurar una distribución más equitativa y justa de la tierra, protegiendo los derechos de los campesinos y las comunidades rurales. Uno de los aspectos destacados de esta ley es la creación de jueces especializados encargados de resolver disputas y aplicar el derecho vigente, específicamente diseñado para salvaguardar la propiedad rural. Esta medida ha sido bien recibida dentro del ámbito legislativo, destacando el compromiso por parte del Gobierno en buscar justicia para los sectores rurales del país. La legislación, que será incorporada en la Constitución, establece la creación de juzgados de circuito, Tribunales Agrarios y Rurales, así como Centros de Servicios Judiciales y Administrativos, que trabajarán en apoyo a los jueces y tribunales agrarios. Además, define el proceso de selección y los requisitos para los jueces que desempeñarán funciones en estos nuevos organismos judiciales. "Este proyecto tiene como objetivo primordial proteger la propiedad rural sin ninguna disposición relacionada con la expropiación. Es una medida que busca fortalecer nuestra estructura judicial para garantizar acceso equitativo a la justicia agraria", explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, durante el debate legislativo. La importancia de esta ley radica también en su papel crucial en la implementación del Acuerdo de Paz, siendo el único proyecto que materializa este compromiso. Se espera que los nuevos jueces de tierras contribuyan significativamente a resolver conflictos históricos en torno a la tenencia de la tierra, proporcionando un marco legal claro y accesible para los campesinos y comunidades rurales que han carecido de justicia agraria durante mucho tiempo. Tras la aprobación en el Congreso, diversas figuras políticas han expresado su apoyo y satisfacción. Humberto de la Calle, ex negociador de paz, destacó la importancia de que el proyecto no solo haya pasado el umbral requerido, sino que haya sido respaldado con un amplio consenso. "Esto envía un mensaje claro al Gobierno Nacional sobre la necesidad de diálogo y debate constructivo para el beneficio de todos los colombianos", mencionó De la Calle en sus declaraciones. Por su parte, la Senadora Sandra Ramírez subrayó en redes sociales la aprobación del proyecto de ley durante la conciliación de la Jurisdicción Agraria y Rural, destacando los votos mayoritarios a favor. El siguiente paso, según Ramírez, será la implementación efectiva de un tribunal especializado para abordar los problemas de tierras con los campesinos. Con esta aprobación, solo resta la sanción presidencial para que la ley estatutaria entre en plena vigencia. El gobierno de Gustavo Petro ha manifestado un claro interés en dar celeridad a este proceso, subrayando su compromiso con la justicia agraria como parte integral de sus políticas. Finalmente, la conclusión de este proceso legislativo podría estar marcando el inicio de una nueva etapa para la jurisdicción agraria en Colombia, con la promesa de futuras leyes ordinarias que complementarán este marco legal recién establecido.