Por: Línea Democracia y Gobernabilidad La puja política por quién sucede a Nicolás García Bustos (Ver: ¿Quién es Nicolás García, gobernador de Cundinamarca?) parece decantarse por la conformación de dos grandes bloques, sin descartar que se sume uno más. El primer gran bloque es el del exgobernador Jorge Rey, quien en las elecciones locales de 2015 fue elegido gobernador de Cundinamarca con más de quinientos mil votos. El segundo bloque sería el del Pacto Histórico, con la figura de Joaquín Camelo. El tercer bloque podría ser conformado por el Centro Democrático o el Nuevo Liberalismo, el primero apoyando la posible candidatura de la exministra de Transporte, Nancy Patricia Gutiérrez o la del exrepresentante a la Cámara, Darío Molano; y el segundo bajo la figura de la excandidata a la Cámara de Representantes, Adriana Gutiérrez, hermana de Nancy Patricia. Jorge Rey, ya exgobernador del departamento elegido en 2015 gracias a una supercoalición conformada por los partidos Conservador, Liberal, La U y Cambio Radical, podría inicialmente lanzarse por firmas y luego buscar ser coavalado por los partidos que lo apoyaron en el pasado. Es muy probable que el actual gobernador de Cundinamarca apoye a Rey, como este último lo hiciera con García Bustos para las elecciones de 2015. Inicialmente se esperaba que el Pacto Histórico se sumara a la candidatura de Jorge Rey, pero por el trabajo de Joaquín Camelo dentro de Cundinamarca en la campaña presidencial de Gustavo Petro, se espera que este sea la ficha del Pacto. Recordemos que Camelo fue el coordinador de la campaña presidencial de 2022 de Petro en Cundinamarca. Por parte del Centro Democrático no hay claridad sobre si se aliarán con algún otro partido político o irán con candidatura única. Si se presenta el caso de la candidatura única se consideraría a Nancy Patricia Gutiérrez y a Darío Molano. La decisión del Centro Democrático se dará a conocer en febrero, cuando tengan su convención departamental. La hermana de Nancy Patricia Gutiérrez, Adriana Gutiérrez, excandidata a la Cámara por Cundinamarca, sonaría como posible candidata por el Nuevo Liberalismo. Poco a poco también va tomando fuerza el nombre de Marco Tulio Sánchez, liberal, pero quien aspiraría por firmas tras el posible apoyo del Partido Liberal a Jorge Rey. Vale la pena recordar que Sánchez es cercano al actual alto consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco, pero iría por firmas. Además de él, aspiraría también por firmas el excontralor del departamento de Cundinamarca, Ricardo López. Precandidatos cuestionados a la Gobernación de Cundinamarca Nació en Funza, Cundinamarca, estudió administración pública en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y se especializó en planificación y desarrollo regional en la Universidad de los Andes. Rey inició su carrera política como ​secretario de Gobierno del municipio de Funza entre 2003 y 2006. Luego, ejerció como alcalde de Funza en el periodo 2008 – 2011 con una de las más altas votaciones en la historia de este territorio. Sin embargo, su administración fue cuestionada e investigada por haber ejecutado irregularmente los estudios de plusvalía para el municipio. Pese a estas investigaciones, Rey salió con alta popularidad de la alcaldía el 2011 y al año siguiente Álvaro Cruz lo designó como gerente del Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana de Cundinamarca entre 2012 y 2013. Con un presupuesto original de 200 millones de pesos y una adición presupuestal de más de cinco mil millones de pesos tramitada por Cruz, Rey empezó a convertir a las juntas de acción comunal de todo el departamento en su maquinaria política, entregándoles computadores, impresoras y carpas, además de dejarlas contratar directamente con recursos del Instituto. Para el periodo 2014–2018 fue elegido representante a la Cámara por Cundinamarca, por el Partido Cambio Radical, con 59.550 votos, es decir, más de la mitad de todos los votos a la Cámara. Solo tres meses después de haberse posesionado en la Cámara, renunció el 21 de octubre de 2014 para entrar a la carrera por la Gobernación de Cundinamarca. Con el apoyo del Partido de La U y el de partidos más pequeños (Mais, Aico, ASI y Opción Ciudadana), Rey quedó elegido gobernador de Cundinamarca para el periodo 2016 – 2019 con 545.201 votos. Durante este periodo se dijo que en varios municipios de Cundinamarca estaría funcionando un cartel de “volteo de tierras” que consistía en cambiar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) o expedir planes parciales que modificaran el uso de la tierra de rural a urbanom mediante pago de sobornos a concejales, alcaldes y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Para este 2023 Rey podría lanzarse nuevamente a la gobernación. Por el momento es una incógnita si se presentaría por el partido Cambio Radical, por una unión de distintas fuerzas políticas o por un movimiento ciudadano. Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda es oriunda de Girardot, Cundinamarca. Abogada egresada de la Universidad del Rosario y especialista en derecho administrativo de esta misma institución. Inició su carrera política como concejal de Agua de Dios por el Partido Liberal. Posteriormente fue elegida alcaldesa de este mismo municipio para el periodo de 1989 a 1992. Finalizando su gestión fue nombrada directora del ICBF en Cundinamarca. Gutiérrez apoyó a su madrina política Leonor Serrano de Camargo en su campaña a la Gobernación de Cundinamarca en 1994, quien, tras ganar, la nombró secretaria departamental de Ambiente entre 1995 y 1996, y luego secretaria general entre 1996 y 1997. En ese año Nancy Gutiérrez renunció para lanzarse a la Cámara de Representantes con el apoyo de su madrina política y el aval liberal. Gutiérrez fue representante dos periodos consecutivos, 1998 – 2002 y 2002 – 2006. En 2006 pasó de la Cámara de Representantes al Senado de la República gracias a los 37.611 votos que obtuvo como miembro del Partido Cambio Radical, cargo que ocupó hasta 2010. En 2007 fue elegida presidenta del Congreso. En 2008 la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación preliminar por presuntos nexos con el jefe paramilitar 'El Pájaro'. Ese mismo año le abrió otra investigación preliminar y, posteriormente, en 2011, le dictó una orden de captura por haber supuestamente utilizado su posición como presidenta del Congreso para conseguir información reservada de inteligencia del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) que después usó para atacar en plenaria a la congresista Piedad Córdoba. Con esas investigaciones abiertas, en 2010 decidió no lanzarse de nuevo al Congreso. En mayo de 2011 la Corte Suprema le dictó casa por cárcel por la segunda investigación, pero al final no encontró pruebas de que hubiera obtenido ilegalmente la información y la absolvió en junio de 2012. Mientras tanto, la investigación por parapolítica fue archivada definitivamente en 2014 por el mismo motivo. Nancy Patricia Gutiérrez fue ministra del Interior en el gobierno de Iván Duque. A inicios de 2020 Duque la designó como nueva consejera presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales, cargo al que ella renunció en enero de 2022. Desde finales de 2022 e inicios de 2023, la reconocida política ha expresado su interés por ser la primera mandataria del departamento de Cundinamarca por el Centro Democrático, sin embargo, este partido manifestó, a través de redes sociales, que en febrero definirá quién será el candidato o si habrá coalición.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad La carrera por la Gobernación de Córdoba ya tiene varios candidatos que han comenzado a moverse para ser los sucesores de Orlando Benítez (Ver: ¿Quién es Orlando Benítez, gobernador de Córdoba?), quien llegó al cargo después de ser diputado por diez años con el apoyo de los congresistas liberales Fabio Amín y Andrés Calle. La baraja de candidatos tiene hoy dos firmes en carrera: el excongresista Erasmo Zuleta Bechara y el hoy jefe de gabinete del Ministerio del Interior, Gabriel Calle Aguas. Ambos hombres con alianzas o herencias cuestionables. Además, se han sumado otros nombres como el de Juan Martínez Petro, que ya arrancó la recolección de firmas para inscribir su candidatura con el movimiento Córdoba Productiva e Incluyente. Aunque en algunos círculos ha sonado la esposa del excongresista Musa Besaile, Milena Flórez, esta sería una candidatura poco viable porque los hermanos de Besaile no estarían dispuestos a apoyarla. De la Gobernación de Córdoba han salido algunos de los más grandes escándalos de corrupción de los últimos años, el más recordado, sin duda, el del cartel de la hemofilia, cuyo protagonista fue Alejandro Lyons y en el que también está involucrado Edwin Besaile, el antecesor de Benítez. La de Córdoba es una gobernación ocupada sucesivamente por candidatos apoyados por los clanes políticos, en disputa entre ellos y sin que haya verdadera competencia electoral. Erasmo Zuleta Bechara, administrador de empresas y exrepresentante a la Cámara por el departamento, cuenta hoy con el apoyo de la mayoría de los clanes de la región. Zuleta le “cedió” su curul a su prima Saray Robayo Bechara el año pasado para aspirar en 2023 a la Gobernación. En 2018, Zuleta llegó a la Cámara por el partido de La U, siendo fórmula de John Moisés Besaile. A su vez, Besaile se eligió en el Senado heredando la curul de su hermano Musa, investigado en ese momento por nexos con paramilitares, involucrado en el caso Odebrecht, en el cartel de la Toga y quien aceptó los cargos por parapolítica en diciembre de 2022. A Johny Besaile, por su parte, la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria en mayo del año pasado por la canalización ilegal de un arroyo, y ya había sido incluido en una declaración del exparamilitar Luis Urán Lara según la cual en el negocio de abarrotes del que era dueño Besaile junto con Otto Bula -B&B-, los paramilitares mercaban. Urán fue asesinado poco después del testimonio. Zuleta Bechara no solo recibió el apoyo del musismo para su aspiración a la Cámara en 2018, sino que proviene de la familia dueña de la Universidad del Sinú, no alejada de los escándalos. Su madre, Mara Bechara, fue capturada en 2017 en medio de una investigación por irregularidades en unos convenios firmados por la universidad que se financiaron con dinero de regalías. El caso no ha presentado avances y Mara fue dejada en libertad algunos meses después. Según fuentes de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en torno a la candidatura de Erasmo Zuleta habría una gran coalición que contaría con el apoyo del clan García Burgos, hoy liderado por el senador conservador Marcos Daniel Pineda, hijo y heredero de la curul de Nora García Burgos; y del sector del liberal Fabio Amín y del excandidato presidencial David Barguil. El clan Besaile, a su vez, estaría dividido entre apoyar la candidatura de Zuleta Bechara (Johny y Edwin Besaile, con el apoyo de la excongresista investigada por parapolítica, Zulema Jattin) o suscribirse a una alianza con el Pacto Histórico en el departamento (Musa). A pesar de que se ha dicho en los últimos días que la candidata de dicha alianza sería la esposa del propio Musa, Milena Flórez, al parecer sus aspiraciones se mantendrían de cara a las elecciones legislativas de 2026. Alrededor de esta posible alianza fue notoriamente polémica la reunión entre Nicolás Petro y Musa Abraham Besaile Flórez, hijo de Musa y de Milena. No hay que olvidar que Nicolás Petro creció en Montería junto a su madre, Katia Burgos, por lo que sus vínculos con estas familias son de vieja data. Por su parte, quienes también persiguen el apoyo del Pacto Histórico en Córdoba son los miembros del clan Calle, que fueron los primeros en subirse al bus petrista durante la campaña presidencial. De esa familia el candidato sería Gabriel Calle Aguas, hermano del actual representante a la Cámara Andrés Calle, quien lideró la disidencia liberal que se manifestó tempranamente en favor de Petro. Gabriel Calle Aguas es abogado, fue designado en septiembre del año pasado como jefe de gabinete del Ministerio del Interior e hizo parte de la coordinación de la comisión de empalme del mismo ministerio. Calle Aguas es hijo del exalcalde de Montelíbano y actual concejal Gabriel Calle Demoya, investigado por presuntos hechos de corrupción denunciados por Pares (Ver: El destino trágico que pesa sobre Montelíbano) en la empresa de acueducto Jaguazul, y a quien la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria el año pasado por la entrega de recursos en las instalaciones del Concejo. Si se llegara a concretar la candidatura de Gabriel Calle, esta podría contar con el apoyo de Bernardo “el Ñoño” Elías, político condenado por Odebrecht, y de Ana Paola García, fórmula en Cámara y actual representante del hermano del Ñoño, Julio Elías Vidal. Elías Vidal entró al Congreso después de quemarse en marzo y tras la renuncia de Berner Zambrano. Así las cosas, el panorama para el presidente Petro y el Pacto Histórico se vislumbra en Córdoba como una renovación de las alianzas que ya hizo en 2022 con los clanes políticos, aunque esto lleve consigo un altísimo costo por las evidentes preguntas y contradicciones que surgen entorno a ellas cuando se anunciaron como “el cambio”. Sobre los clanes de Córdoba pesan investigaciones y en algunos casos condenas, como en el caso de los Besaile, que los vinculan con el paramilitarismo y con la corrupción a los más grandes niveles. El Pacto Histórico está lejos de concretar un liderazgo propio e independiente en este departamento y las alianzas con grupos políticos cuestionados les han sido electoralmente muy fructíferas, pues fue mediante ellas que logró arrasar en la costa atlántica. ¿Y la Alcaldía de Montería? La carrera a la Alcaldía de Montería y la de otros municipios del departamento está aún en cocción y por ello son muchos los precandidatos en lista que se irán depurando con el pasar de los días. Sin embargo, parece claro que para esta elección las asperezas que surgieron entre el clan de los García Burgos (Ver: Clan García Pineda: la marea azul de Córdoba) y el excandidato presidencial David Barguil se limarán, pues formarían una sola coalición conservadora. Aunque el candidato de esa posible coalición no está definido, es posible que sea Arturo Mercado, quien fue secretario de Gobierno de la administración de Marcos Daniel Pineda, exalcalde de Montería para el periodo 2016-2019 y hoy congresista. Mercado es abogado de la Universidad de Antioquia y tiene una especialización en gestión pública y derechos humanos. Otra persona que está en la baraja de candidatos de los conservadores es Héctor Fabio Cordero, gerente del equipo de béisbol de la ciudad, Vaqueros, que es patrocinado por Pineda. Cordero renunció a la vicepresidencia de Integración Productiva de la Agencia Rural de Desarrollo el año pasado. Asimismo, fue director técnico de Montería Amable durante la segunda administración de Marcos Daniel. El Pacto Histórico, por su parte, está pensando en hacer una consulta interna para elegir a su candidato y para ello el partido que primero anunció su apuesta fue el Polo Democrático Alternativo. Será Leonel Márquez, quien es actualmente concejal. Márquez, según el periodista Oswaldo Marchena, ha “navegado” en las aguas de varias fuerzas políticas, que incluyen a David Barguil y al mismo Marcos Daniel. Márquez, a su vez, reconoció en una entrevista su cercanía con Musa Besaile. Entre otros posibles candidatos que están en la lista se cuenta también a Fredy Sánchez Kerguelén, que inscribió un grupo significativo de ciudadanos llamado “Montería está lista”. Sánchez Kerguelen es politólogo, tiene una maestría en gerencia y práctica del desarrollo y fue jefe de la Oficina de Emprendimiento y Desarrollo Económica hasta antes de las elecciones del año pasado. Es hijo de Freddy Sánchez Arteaga, exrepresentante a la Cámara por el liberalismo entre 1998 y 2006, y quien apareció como firmante del Pacto de Ralito, a pesar de que el proceso judicial en su contra por este hecho precluyó. Sánchez Arteaga intentó ser el candidato del clan del musismo a la gobernación de Córdoba en 2019, pero fracasó. Precandidatos cuestionados a la Gobernación de Córdoba Es administrador de empresas, tiene una maestría en gestión de organizaciones y fue elegido por el Partido de La U como representante a la Cámara por Córdoba entre 2018-2022. Llegó a la Cámara siendo la fórmula de Johny Besaile y con el apoyo del clan del musismo, siendo además cuñado de Edwin Besaile. Antes de llegar al Congreso, su trayectoria profesional se limitó a ocupar diversos cargos en la Universidad del Sinú, que es de propiedad de su familia. Su madre, Mara Bechara, fue capturada en 2017 en el marco de una investigación por irregularidades en convenios firmados por la Universidad del Sinú y pagados con dineros de regalías, pero quedó libre en 2018 sin que el caso haya presentado avances. La candidatura de Zuleta contaría con el apoyo de los García Burgos, de Fabio Amín, de David Barguil y de los hermanos Edwin y Johny Besaile. Es abogado y cuenta con maestría en derecho público. Actualmente es jefe de gabinete del Ministerio del Interior, estuvo en la comisión de empalme de ese ministerio y fue el coordinador de la campaña de Petro en Córdoba. En 2021 ocupó el cargo de secretario de Desarrollo Económico en la administración del actual gobernador Orlando Benítez, quien incluso designó a Calle Aguas como gobernador encargado durante algunos días del mes de enero en 2020. Es hijo del exalcalde de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya, investigado por presuntos hechos de corrupción denunciados por Pares en el caso de Jaguazul.

Por: Esteban Salazar Giraldo, Coordinador Línea Democracia y Gobernabilidad Días aciagos se viven en el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, a raíz de las filtraciones y escándalos derivados de las interceptaciones ilegales e irregularidades en las investigaciones relacionadas con la señora Marelbys Meza por el presunto robo de dineros pertenecientes a Laura Sarabia, hasta hace poco jefe de gabinete de la Presidencia de la República. Lo que, a su vez, develó una disputa de Sarabia con Benedetti mediante audios y explosivas declaraciones del excongresista y exembajador de Colombia en Venezuela, en las que se revelaron diversos hechos cuestionables relacionados con la financiación de la campaña Petro-Márquez 2022, el tejemaneje político de la burocracia en el Gobierno Nacional, los procesos judiciales de Benedetti, los presuntos malos manejos del Ministerio del Interior y del Congreso, así como las estrategias para intervenir en las elecciones locales de 2023. En suma, todos estos escándalos se pueden congregar en dos líneas de análisis: una a nivel judicial y otra a nivel político. A continuación, una aproximación de lo que se viene para este escándalo. Las posibles líneas de investigación judicial Para el caso que desató todo el escándalo, relacionado con las interceptaciones a la exniñera Marelbys Meza y el presunto hurto del dinero de Sarabia, es competencia de la Fiscalía General de la Nación (FGN) realizar las investigaciones para esclarecer los responsables de estos hechos. Sin embargo, en el caso en que haya alguna conducta irregular por parte de funcionarios de la Fiscalía o de la policía judicial en relación con la solicitud de las interceptaciones, será función de la Procuraduría General de la Nación (PGN) determinar su responsabilidad disciplinaria. A pesar de lo anterior, Sarabia, al ser funcionaria pública, también deberá también responder ante la PGN y/o FGN si existió abuso de poder o extralimitación en sus funciones, respectivamente. Ahora bien, en el caso de los audios y revelaciones de Benedetti, las investigaciones tienen tres rutas diferentes: Por un lado, Benedetti señaló al exministro del Interior Alfonso Prada y su esposa, así como al expresidente del Congreso, Roy Barreras, de presuntos robos en ambas entidades, razón por la cual, en el caso de Prada, deberá ser investigado por la FGN y la PGN, y, en el caso de Barreras, al tratarse de un aforado, es competencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) esclarecer estos hechos. No obstante, hay que aclarar que, ante estas acusaciones, el exministro Prada ya se adelantó denunciando ante la Fiscalía a Benedetti por injuria y calumnia, con total razón, toda vez que Benedetti no ha aportado información adicional sobre estos audios filtrados. La segunda línea de investigación está relacionada directamente con Benedetti, en la que se debe revisar el avance e injerencia de sus procesos ante la CSJ, así como sus relaciones con propietarios de aviones privados que se los han prestado para sus viajes personales en ejercicio de su dignidad como embajador y si hubo algún tipo de intereses de por medio. Una investigación que le corresponde a la CSJ. La tercera línea de investigación está relacionada con las declaraciones de Benedetti sobre las fuentes y montos de financiación de la campaña de Petro-Márquez 2022 en la Costa Atlántica. A pesar de que también hace parte de investigaciones de carácter judicial, quien cuenta con la competencia para indagar sobre estos hechos es el Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual deberá llamar a Sarabia, Benedetti y al gerente de campaña –y actual presidente de Ecopetrol–, Ricardo Roa, a rendir cuentas sobre estos hechos. Todas estas líneas de investigación se podrán realizar por competencia e iniciativa propia de la CSJ –para el caso de aforados–, la FGN, la PGN y el CNE, o por denuncia interpuesta. Sin embargo, se debe advertir que en este tipo de circunstancias mucho daño le ha hecho al país el proceso de escogencia de los directores de estas tres últimas entidades, en las cuales hay una injerencia política, bien sea del presidente o del Congreso. Un hecho que afecta el equilibrio de poderes, la independencia y la legitimidad de estas instituciones que, actualmente, específicamente para el caso de la FGN y la PGN, sus directores han politizado sus funciones y compiten por convertirse en líderes de la oposición al presidente Gustavo Petro, más allá de cumplir sus deberes institucionales de forma independiente, lo cual genera preocupaciones sobre las garantías procesales. Todo lo anterior sin contar que, hasta el momento, lo único que existen son declaraciones de parte de Benedetti y filtraciones que hicieron por parte de medios de comunicación, sobre los cuales no reposa el suficiente respaldo probatorio para las acusaciones realizadas. Las responsabilidades políticas Si bien se han planteado al menos 12 líneas de investigación judiciales, disciplinarias y electorales hasta este punto, existen también responsabilidades políticas que tienen fuertes impactos en la gobernabilidad, la legitimidad y la estabilidad institucional. En el caso del presidente Gustavo Petro, a quien hasta el momento no se le han sindicado ningún tipo de responsabilidades dentro de los hechos, o pruebas que lo vinculen, se podría enfrentar a una investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada de llevar a cabo los procesos en contra de aforados constitucionales. No obstante, para que se recolecte el suficiente material probatorio, se deben surtir primero los procesos de investigación, especialmente en el CNE, sobre la financiación de su campaña política y posteriormente recolectar material probatorio que lo vincule a él y que determine si tiene alguna responsabilidad o no. Un caso que no ha prosperado contra ningún presidente en la historia del país. Aunado a lo anterior, sobre los costos políticos, Petro tuvo que asumirlos con la salida de su mano derecha –Sarabia– para poder garantizar que no hiciera uso de su cargo y poder para interferir en las investigaciones que se han planteado hasta ahora. Aunado a la crisis de gobernabilidad que vive en su gabinete luego del remezón en el que cambió la mitad de sus ministros y ministras. Todo lo anterior sin contar el alto costo político que tiene dentro de su coalición de Gobierno en el Congreso, con un futuro cada vez más incierto sobre el trámite y aprobación del paquete de reformas del cambio, específicamente las reformas de salud, empleo y pensional, las cuales se han venido debilitando en el legislativo, a pesar de que, según recientes declaraciones del senador Alexander López, aún contarían con las mayorías suficientes para pasarlas todas con algunos puntos de concertación. Lo que se viene Cada uno de los procesos que se podrían adelantar podrían tomar no menos de meses o años, con lo cual, la celeridad en estos dependerá más del interés político –y politizado– del fiscal general Francisco Barbosa o de la procuradora Margarita Cabello, que por proteger el interés general. Adicionalmente, esta situación de ingobernabilidad puede generar impactos importantes en los resultados de las elecciones locales de 2023, en las que cada vez el presidente pierde más popularidad en las encuestas, pasando del 50% en noviembre del 2022 al 33,8% en las más recientes encuestas de Invamer. Al final, eso sí, solamente una cosa es cierta: el presidente Petro sabe que ha pasado de ser el primer gobierno de izquierda a, tal vez, el único nuevamente en años; por esta razón, su objetivo será el de rodearse cada vez más de copartidarios de antaño, aliados de la izquierda y centroizquierda, así como de apelar a la radicalización democrática: sacando a la ciudadanía a las calles a defender las reformas del cambio e intentar recuperar el rumbo en los poco más de tres años que le restan de gobierno, con las limitaciones de su coalición pero la maniobrabilidad que le queda desde el Ejecutivo.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad A la Gobernación de Caldas El panorama, por ahora, por quién sucede a Luis Carlos Velásquez Cardona como gobernador de Caldas parece que será determinado por las decisiones y apoyos que den tanto el exgobernador y actual senador Guido Echeverri, como el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Mauricio Lizcano. Este último está a la espera de que el movimiento que fundó en Caldas, Gente en Movimiento, reciba personería jurídica para avalar candidatos en las elecciones locales del 2023. Gente en Movimiento solicitó a inicios de este año al Consejo Nacional Electoral (CNE) su personería jurídica. Al parecer, el senador Guido Echeverri ya tendría su candidato a la gobernación, este sería Luis Roberto Rivas. Rivas es un político de origen conservador con una amplia trayectoria en el departamento, en el pasado ya fue diputado de Caldas, alcalde de Manizales y viene de ser gerente de la Industria Licorera de Caldas. Rivas aspiraría por un movimiento significativo de ciudadanos. Además de Rivas se perfilan como posibles candidatos Manuel Correa, Mauricio Londoño y Camilo Gaviria. El exdiputado por el partido de La U, Manuel Correa, sería el candidato del representante caldense por el movimiento de Mauricio Lizcano, Wilder Escobar Ortiz. Aún no hay certeza si Lizcano, jefe natural de Gente en Movimiento, vaya a apoyar a Correa para la gobernación. Manuel Correa es abogado de la Universidad de Caldas y Magíster en Derecho, con énfasis en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, ha sido dos veces concejal de Manizales por el partido y una vez disputado de Caldas por el mismo partido. Por el lado del actual diputado caldense por el partido Conservador, Mauricio Londoño, este hizo pública su aspiración desde el año pasado renunciando a la presidencia de la corporación a la que pertenece para no quedar inhabilitado como candidato a la gobernación por el partido Conservador. Por otro lado, el actual diputado por el estatuto de la oposición e hijo de la excongresista uribista Adriana Gutiérrez, Camilo Gaviria, volvería a aspirar a la gobernación por el Centro Democrático. Como se evidencia, por el momento el panorama para la gobernación de Caldas está aún muy prematuro. Lo que sí hay que tener muy claro, como se dijo anteriormente, es que las figuras del senador Echeverri y el director del DAPRE, Lizcano, serán determinantes para esta elección. Además de esto, el candidato que haya tenido algún tipo de relación con el exsenador liberal, Mario Castaño (Ver: Mario Castaño aceptó delitos por corrupción ante la Corte Suprema de Justicia), líder de una red de corrupción interdepartamental, no tendrá chance alguna de llegar a ser gobernador allí. Precandidatos cuestionados a la Gobernación de Caldas Luis Roberto Rivas Montoya es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, cuenta con una especialización en derecho comercial en la Universidad de Caldas. También es especialista del Programa Presidentes de Empresa y del Programa de Alta Gerencia de la Universidad de los Andes. Luis Roberto es hijo de Roberto Rivas, exalcalde de Manizales y presidente de Seguros Atlas. Inició su carrera política en 1995 como diputado de la Asamblea Departamental de Caldas. FueAalcalde de Manizales durante el periodo 2005 – 2007 cuando se presentó como candidato de la coalición entre lo que hoy es el Partido de La U (antes Nuevo Partido) y el Movimiento de Salvación Nacional, obteniendo 34.286 Votos. Unos meses después de salir de la Alcaldía, Rivas se vio envuelto en el escándalo de Integramos S.A., empresa comisionista que era propiedad de la familia Rivas. Dicha empresa buscaba personas que invirtieran en operaciones en la bolsa agropecuaria. El negocio consistía en que, a cambio de financiar negocios de exportación de café, los inversionistas ganaban hasta un 15% de rentabilidad anual y los Rivas un 3% de comisión. En uno de esos negocios, con la empresa Frutales de Cosecha, Integramos consiguió que 130 inversionistas depositaran su plata en la empresa estatal Almagrario y recibieran certificados de depósito de mercancía a cambio. Recibieron ganancias en una ocasión, hasta que el escándalo de DMG dañó el rentable negocio. En ese momento, dos exportadoras de café locales, Ecocafé y Máximo, propiedad del polémico exgobernador Mario Aristizábal, emitieron certificados de operaciones de café con Almagrario por más plata de la que tenían en inventario, otro escándalo que generó un duro debate en el Congreso. Según Rivas, Almagrario tomó entonces el dinero de la fiducia de Frutales para llenar ese hueco y luego se quedó sin cómo responderles a sus 130 inversionistas. El escándalo estalló casi al tiempo que el de DMG y la Superfinanciera intervino la empresa como presunta cabeza de una pirámide que había captado recursos ilegalmente. Después de eso, la Supersociedades intervino a varios familiares de Rivas que estaban en la junta de la empresa y al propio exalcalde, y definió este caso como “el proceso más complicado que hay, incluso por encima del grupo Nule y el de Frontino”. Tras ese escándalo, Rivas se retiró de la vida pública y se dedicó a los negocios inmobiliarios de su familia, hasta que para el periodo 2015-2017 se postuló nuevamente para la Alcaldía de Manizales, obteniendo el segundo lugar con 44.211 votos. Luego de esto, en 2016, aceptó el cargo de gerente general de la Industria Licorera de Caldas al cual renunció el pasado 24 de octubre de 2022. Luis Roberto Rivas Montoya habría renunciado como Gerente de la Licorera de Caldas para aspirar a la Gobernación de Caldas en representación de un grupo significativo de ciudadanos el cual próximamente se inscribirá ante la Registraduría Nacional para recibir la autorización e iniciar la recolección de firmas. A la Alcaldía de Manizales Manizales presenta en estos momentos un panorama con mucha especulación sobre posibles candidatos y alianzas, pero muy poca de esa información ha sido confirmada por los diferentes precandidatos y grupos políticos. El nombre que tiene en estos momentos más fuerza para ser alcalde de Manizales es el de Jorge Eduardo Rojas. Rojas ya fue alcalde de la ciudad por el partido de La U durante el periodo 2012-2015 y quien también fue ministro de Transporte en el gobierno de Juan Manuel Santos. Por el momento no se tiene certeza si Jorge Rojas sería candidato por el partido de La U. En el caso de Carlos Mario Marín, actual alcalde de Manizales, este quisiera poner sucesor. Por ahora quien parece ser el candidato de Marín es Carlos Alberto Arias. Arias fue secretario de Deportes en la administración de Marín, de hecho, esta administración en su cuenta de Twitter, al anunciar la salida de Arias de la Secretaría, lo presentó como precandidato a la alcaldía, algo que llegó a ser interpretado como proselitismo político. Según fuentes territoriales de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el problema de esta candidatura es que tiene una estrecha relación con una administración municipal con una imagen desfavorable muy alta. Esto también evitaría que Arias sea avalado por la Alianza Verde, partido que avaló en el pasado a Marín. Por parte del actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Mauricio Lizcano, aún no se sabe quién pueda ser su candidato. Existe la posibilidad de que si le otorgan personería jurídica a su movimiento, Gente en Movimiento, Lizano busque también una alianza con el Pacto Histórico en el departamento para apoyar a algún candidato. También existe la posibilidad que Mauricio Lizcano busque una alianza con uno de sus aliados en el departamento de Caldas, Carlos Mario Marín, para que los dos pongan candidato único. Respecto a quienes están recogiendo firmas, aparecen los nombres de John Robert Osorio Isaza, Jorge Alberto Betacurt, Paula Andrea Toro y Miguel Trujillo. Osorio promueve su movimiento la recolección de firmas con el nombre Sí Podemos Manizales y Jorge Alberto Betacurt lo hace por +Fe. Por parte de Paula Andrea Toro, el movimiento se llama Una y el de Miguel Trujillo se llama Revivamos Manizales. Estos últimos dos han sido secretarios de Desarrollo Económico de Caldas. En el caso específico de Trujillo, este es muy cercano al senador Guido Echeverri, pero aún no se sabe si Echeverri lo apoye en esta aspiración. ¿Quién es Jorge Eduardo Rojas? Jorge Rojas estudió ingeniería civil en la Universidad Javeriana de Bogotá y es especialista en desarrollo gerencial de la Universidad Autónoma de Manizales. Respecto a su carrera política, Rojas inició como concejal de Manizales para el periodo 2002-2005. Luego hizo parte de la Empresa Metropolitana de Aseo (EMAS) como gerente técnico. Luego de su paso por EMAS fue secretario de Obras Públicas de Manizales en las alcaldías de Luis Roberto Rivas y de Juan Manuel Llano. Luego, para el periodo 2012-2015 Rojas fue elegido alcalde de Manizales con casi 40 mil votos. En su aspiración fue coavalado por el partido de La U y por el partido Conservador. Al salir de la alcaldía fue nombrado ministro de Transporte en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos. Precandidatos cuestionados a la Alcaldía de Manizales Carlos Alberto Arias Jiménez es abogado graduado de la Universidad de Manizales con una especialización en derecho constitucional y administrativo de la Universidad Externado. Además, es magíster en derecho del Estado con énfasis en gobierno y desarrollo de entidades territoriales. Durante 2020 y 2022 fue secretario de Deportes de Manizales. Estando ocupando el cargo, fue cuestionado porque habría favorecido a familiares y amigos en cargos públicos de la ciudad. Carlos Alberto Arias renunció en 2022 a la Secretaría del Deporte y se ha especulado que posiblemente buscará aspirar a la Alcaldía de Manizales con el apoyo del alcalde Carlos Mario Marín. Respaldo que se podría confirmar de ser cierto el presunto señalamiento por proselitismo político por parte de la administración para favorecer los intereses de Arias en su aspiración a la Alcaldía.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Faltando 9 meses para las elecciones de autoridades locales, Atlántico se prepara para un fenómeno sin precedentes. Es la primera vez que en la hegemonía de los Char se presenta un ambiente incierto producto de las investigaciones por presunta compra de votos que se llevan a cabo en la Corte Suprema de Justicia contra Arturo Char, pero también porque es la primera vez que enfrentan un Gobierno Nacional adverso a su poder. A pesar de esto, este clan político no está dispuesto a perder su poder clientelar en el departamento, prueba de ello ha sido el reciente fichaje del futbolista Juan Fernando Quintero para el Junior de Barranquilla, manteniendo así la tradición de esta familia de realizar muy buenos fichajes previo a elecciones. Conforme a fuentes territoriales de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), los Char tienen una estrategia ante la nueva fuerza electoral, el Pacto Histórico. De acuerdo a lo comentado en círculos políticos, esta posible estrategia consiste en llevar a cabo un pacto de no agresión en el que los Char abran el paso a un candidato alternativo a la Gobernación del Atlántico que sea cercano a ellos, es decir que genere confianza en ambos sectores políticos, mientras el Pacto Histórico permita que nuevamente la Alcaldía de Barranquilla quede para los Char. Este pacto no significa que ambos sectores no presenten candidatos para cada cargo, sino que representa el compromiso de no presentar candidatos que representen una verdadera competencia electoral. A la Gobernación del Atlántico Este pacto de no agresión ha implicado una división interna del Pacto Histórico entre quienes lo ven como una oportunidad y entre quienes consideran que estas alianzas son contrarias al sentido de la coalición. Entre quienes estarían favor de impulsar está vía está la casa Política de los Torres Villalba, debido a que han sido aliados de los Char y ahora son cercanos al gobierno al tener al interior de su estructura a Pedro Flórez, senador del Pacto. De acuerdo con fuentes de prensa, Flórez tendría intereses en realizar una coalición entre el Pacto Histórico y el Partido Liberal para las elecciones a gobernador. Esta alianza es posible, si se tiene presente que los Torres Villalba cuentan con un representante a la cámara por el Partido Liberal, Dolcey Torres. La oposición a esta alianza al interior del Pacto Histórico se encontraría representada por Miguel Ángel Del Río, abogado de Aida Merlano Rebolledo ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de compra de votos por parte de los Gerlein y los Char. Entre los precandidatos que más suenan para la Gobernación del Atlántico, que podrían ser garantías tanto para el Pacto Histórico como para los Char, están José Antonio Segebre, exgobernador del Atlántico 2012-2015, y Alfredo Valera, excandidato a la Gobernación de Atlántico en 2015 por los partidos Alianza Verde y La U, quien se enfrentó a los Char en esa elección que dio como ganador a Eduardo Verano. Según las fuentes de Pares, Segebre es el candidato ideal para esta alianza, si se tiene encuentra que en el 2011 su candidatura a la Gobernación fue respaldada por los Char, asimismo estuvo presente en las campañas presidenciales de los alternativos en el departamento, primero en la consulta con Alejandro Gaviria, luego en la primera vuelta con Sergio Fajardo y en la segunda vuelta con Gustavo Petro. En esta misma línea del pacto de no agresión, en el sonajero para la Gobernación suena el nombre de Martha Villalba, líder junto a su esposo de la casa política de los Torres Villalba, y el del exgobernador liberal Eduardo Verano. Según fuentes de prensa, la cercanía entre Alex Char y Eduardo Verano fue clave para que fuera electo como gobernador en el 2015. Verano en la actualidad es el candidato con mayor favorabilidad por parte de sectores políticos tradicionales. Por el lado de la Colombia Humana, otro nombre que se ha impulsado desde la izquierda es Máximo Noriega, asesor del diputado Nicolás Petro, quien sería el alfil del Pacto Histórico en las negociaciones de este grupo político con distintos clanes del caribe colombiano. A la Alcaldía de Barranquilla El precandidato de los Char para la Alcaldía de Barranquilla es inicialmente Alex Char, sin embargo están considerando considerando el nombre de Carlos Acosta, exfuncionario de las alcaldías de Pumarejo, Elsa Noguera y Alex Char. La relevancia de Acosta al interior de la baraja de los Char depende del curso de la investigación por compra de votos en la Corte Suprema de Justicia. Por el momento, son los candidatos con mayor visibilidad y probabilidad de éxito. En oposición al continuismo político de los Char, han aparecido precandidatos como Luis Enrique Guzmán Chams, quien se presenta como una alternativa frente al continuismo político de este clan, sin representar un sector alternativo. Es importante recordar que Chams confesó haber sido parte del entramado criminal de corrupción del Megatanque de Barranquilla. A pesar de esto, fuentes de prensa aseguran que Charms acudirá a la ciudadanía por medio de firmas para poder avalarse. Otros precandidatos que tienen la intención de acudir a las firmas es Marco Orozco, a través de su movimiento Ciudadanos 1A y elex concejal y empresario Harry Silva Llinás. Fuentes de Pares indican que ni Orozco y ni Silva son candidatos fuertes por el momento en el sonajero de la ciudad. Por parte de los alternativos se ha mencionado como precandidato a Cristóbal Padilla, quien fue delegado de Gustavo Petro ante la Junta Directiva de Monómeros. En esta misma línea desde algunos sectores del Pacto Histórico se ha impulsado a Miguel Ángel del Río, postulación proveniente de los sectores radicales de la coalición que estarían en oposición al pacto de no agresión con los Char. Por parte del Polo Democrático Alternativo se proclamó como precandidato a la Alcaldía en una asamblea del partido al abogado y actual concejal Antonio Bórquez, quien en las pasadas elecciones se enfrentó al hoy alcalde Jaime Pumarejo y logró llegar al Concejo vía estatuto de oposición. Conforme a las investigaciones de Pares, Bórquez se ha destacado por su control político a la administración de Pumarejo En relación a las otras alcaldías del Atlántico es importante mencionar que el pacto de no agresión aparentemente sólo implican la Gobernación y la capital, Barranquilla. Sin embargo, existe la posibilidad de un acuerdo desde la Gobernación que permita la repartición de los demás municipios del departamento, teniendo en cuenta los distintos intereses electorales. Precandidatos cuestionados Gobernación Alfredo Varela es profesional de negocios internacionales con una especialización en finanzas. Fue dos veces concejal de Barranquilla por Cambio Radical y excandidato a la Gobernación del Atlántico por los partidos de la Alianza Verde y La U en 2015. Ha tenido una larga relación con los Char que oscila entre amistad y enemistad. Según fuentes de prensa, Varela intentó impulsar una candidatura desde Cambio Radical para la Alcaldía de Barranquilla en el 2011, la cual no fue respaldada por los Char, quienes terminaron avalando a Elsa Noguera. Posteriormente, para 2015 Varela decidió lanzarse a la Gobernación fuera de las toldas de Cambio Radical y compitiendo con el candidato electo de los Char, Eduardo Verano. A pesar de esto, los Varela y los Char son familias que han crecido juntas, puesto que el padre de Varela fue el asesor jurídico de Fuad Char. Entre los cuestionamientos más importantes de Varela se encuentra el caso Navelena, caso de corrupción que llevó a una investigación de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría contra los directores de la Corporación Autónoma Regional Del Río Grande De La Magdalena (Cormagdalena), entre quienes se encuentra Varela como director de esta organización en 2017. De acuerdo con la Contraloría, esta investigación tuvo lugar en razón a que los estudios y diseños que fueron entregados por Navelena y recibidos a satisfacción por Cormagdalena no han prestado utilidad alguna para dar cumplimiento al proyecto de navegabilidad del río Magdalena. Está investigación se encontraba vigente para el 2022, tras haber sido declarada como caso de impacto nacional por el contralor Carlos Hernán Rodríguez. Martha Villalba Holdwaker es abogada con especialización en desarrollo social, ha sido primera dama de la Alcaldía de Puerto Colombia 2001-2003, diputada del Atlántico 2004-2007, alcaldesa de Puerto Colombia 2008-2011 y representante a la cámara por Atlántico en dos periodos: 2014-2018 y 2018-2022. En la actualidad es una de las mujeres más poderosas del Atlántico, al ser líder de una casa política de Puerto Colombia junto con su esposo, Camilo Torres. Está casa política tiene un emporio empresarial alrededor del alumbrado público en Atlántico y Santander, el cual sustenta la actividad política del grupo familiar. Entre los cuestionamientos más importantes se encuentra que fue acusada por la Corte Suprema de presunto peculado en favor de terceros y contrato sin requisitos legales por la liquidación de un contrato de malla vial en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, en 2011, mientras era alcaldesa. En la actualidad se desconoce el curso de esta investigación, por el momento no existen condenas. Alcaldía Alejandro Char, mejor conocido como Alex Char (Ver: Alejandro Char candidato presidencial: el autoricharismo quiere llegar a la Casa de Nariño), es ingeniero civil de la Universidad del Norte, con especialización en alta gerencia de la Universidad de los Andes y maestría en gerencia de proyectos del Georgia Institute of Technology en Estados Unidos. Char fue concejal de Barranquilla en 1997, gobernador del Atlántico solo por nueve meses en 2003 y dos veces alcalde de Barranquilla, entre los periodos 2008-2011 y 2015-2019. El clan político al que pertenece el exalcalde de Barranquilla es el clan Char. Dicho clan, en cabeza de su padre, Fuad Char, a medida que han transcurrido los años ha construido una estructura económica y política que domina gran parte de Barranquilla y el Atlántico. Esta estructura está compuesta por una vasta red de políticos en los distintos niveles administrativos, la cadena de supermercados Olímpica, el banco Serfinanza y el equipo deportivo Junior de Barranquilla. Este poder lo han logrado amplificar en otros departamentos de la región caribe como Sucre, Córdoba, Magdalena, La Guajira y Bolívar. Alejandro Char ha sido cuestionado no solo por el hecho de pertenecer a uno de los clanes más poderosos del país, sino también por una serie de investigaciones que lo involucran a él. El escándalo que más resuena en estos momentos en contra de Alejandro Char es el de la exsenadora conservadora, Aída Merlano, hoy prófuga de la justicia. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia condenó a Merlano a más de 11 años de cárcel por delitos electorales. Durante la investigación de la Corte, Merlano acusó a los Char de compra de votos en las elecciones de 2018 para el entonces candidato, y luego presidente, Iván Duque. Por estas acusaciones la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagación al senador Arturo Char, hermano de Alejandro. La primera audiencia se iba a llevar a cabo el 24 de enero de 2023, pero Arturo cambió de abogado por lo que la audiencia quedó aplazada. En entrevista con la periodista Vicky Dávila, Merlano dijo: “Alex Char quiere ser el dueño de toda Colombia y no le importa por qué medios, hace lo que sea. Yo podría decir que es capaz de vender hasta su alma al diablo para lograr sus objetivos”. Además de esto acusó a Alejandro Char y Arturo Char de enviar a sus abogados para planear su fuga. Otro cuestionamiento reciente que cae sobre la familia Char se debe a las denuncias realizadas por el precandidato a la Alcaldía Luis Enrique Guzmán Chams. Luis Enrique Guzmán denunció que habría pagado coimas a los Char para quedarse con contratos. Guzmán instauró una queja en la Procuraduría por presuntas irregularidades en la celebración de varios contratos. Dicha investigación fue archivada recientemente porque, según la Procuraduría en cabeza de Margarita Cabello, cuota de los Char, esta entindad no tiene las competencias para realizar la investigación. Carlos Acosta es ingeniero electrónico con estudios en economía. Ha hecho su recorrido en lo público de la mano del clan Char, pues en sus administraciones ha sido gerente de Ciudad, gerente de Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe y secretario general. En estos momentos aspira a la Alcaldía de Barranquilla. En caso de que Alejandro Char no se lance por el caso de Aída Merlano la segunda opción podría ser Carlos Acosta Juliao. Luis Enrique Guzmán Chams es abogado y ganadero barranquillero. Se dio a conocer en la vida pública por las denuncias que hizo en contra del Clan Char. Según Guzmán Chams, él habría pagado coimas a funcionarios de la administración de Barranquilla que involucrarían a Arturo Char y Alejandro Char para quedarse con el contrato para la construcción del Megatanque de Barranquilla. Este contrato tenía el fin de proveer el suministro de agua para más de 800.000 habitantes de Barranquilla. Dicho proyecto tuvo una inversión de casi 40.000 millones de pesos, su construcción inició en 2015 y debía entregarse en 2017, debido a estas denuncias el proyecto no se finalizó. Tras estas denuncias, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría abrieron investigaciones, pero recientemente la Procuraduría archivó la investigación, por el momento la Fiscalía y la Contraloría no se han pronunciado al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El pasado viernes 02 de junio se inició la fase de diálogos con las estructuras armadas ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá. La instalación protocolaria del espacio de conversaciones socio-jurídica se realizó en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí. La cual contó con la presencia de múltiples representantes, entre ellos: de la Iglesia Católica, la Comunidad Internacional, las comunidades locales y de la academia –en la que estuve como representante delegado del rector de la Universidad de Antioquia–. La instalación de la mesa coincide con el inicio en el Congreso de la República de los debates sobre la propuesta de Ley de Sometimiento a la Justicia. Una norma con la que se busca fortalecer uno de los pilares de la política de Paz Total del Gobierno Nacional; aquella que le apunta a dejar sentada las bases para la construcción de una Paz Urbana en el país mediante el sometimiento a la justicia de las estructuras armadas criminales (Ver: Ley de sometimiento: malestares y posibilidades). A pesar de que esta iniciativa corre el riesgo de no ser aprobada en el Congreso o sufrir variaciones importantes, los líderes de los grupos delictivos organizados de Medellín y el Valle de Aburrá –entre ellos Juan Carlos Mesa Vallejo (alias “Tom”), Gustavo Adolfo Pérez Peña (alias “El Montañero”), Albert Antonio Henao Acevedo (alias “Albert”) y Freiner Alfonso Ramírez García, (alias “Carlos Pesebre”)– manifestaron en la fase de acercamiento –que duró nueve meses– su disposición a incorporarse al espacio de diálogo socio-jurídico y aportar a la construcción de la paz completa en el país (Ver: Lo urbano en la construcción de paz). El objetivo de esta mesa no es discutir tratamiento jurídico especial para los líderes de las estructuras criminales que se encuentran en la cárcel. Tampoco que se les retiren las peticiones de extradición, pues este es un tema que no se considera en la propuesta normativa. Según lo expresaron los representantes de las organizaciones que hablaron en la instalación, el objetivo es buscar alternativas dialogadas para la construcción de un espacio urbano pacífico en el que sea posible la sostenibilidad económica y social del territorio. En el Valle de Aburrá existen, por lo menos, 14 agrupaciones armadas ilegales –casi la mitad de las que tiene todo el territorio nacional–, compuestas por alrededor de 250 grupos criminas y 12 mil integrantes –en su mayoría jóvenes– que se dedican a desarrollar actividades ilegales y criminales como la producción y tráfico de estupefacientes, prostitución, extorsión, robo, etc. La idea con el diálogo socio-jurídico es incorporar a esta población a las dinámicas económicas de la legalidad como solución a largo plazo de la violencia urbana. Las miradas y opiniones frente a este nuevo pilar de la Paz Total, que inicia su segunda fase, son muy diversas. Unos sitúan las discusiones en el corto plazo, advierten que este es un proceso de sometimiento y no de negociación, por tanto convocan a tener un enfoque de administración de justicia y creación de incentivos para el acogimiento individual y colectivo a la justicia. Acompañado de un seguimiento a la reducción de la violencia en el territorio, como un cese al fuego y de hostilidades. Otros ponen la mirada en el mediano plazo y en las personas que están participando desde las cárceles. Se preguntan por los instrumentos e incentivos que tendrán los empresarios criminales para que entreguen sus grandes fortunas y renuncien a las rentas ilícitas. Llaman la atención de no caer en el juego de negociar un plan de retiro para los líderes de las estructuras armadas y en la urgencia de que una vez cumplan penas no vuelvan a sus actividades criminales. Finalmente, están los que ponen la mira en el horizonte. Piensan que esta es una muy buena oportunidad para que se avance definitivamente en el desmonte de estas estructuras armadas. En la conveniencia de buscar alternativas de empleo y educación para que los miles de jóvenes que hacen parte de estas estructuras ilegales se retiren e incorporen a la vida económica legal. Quitar la base colectiva a estas organizaciones y comenzar con el derrumbe de una cultura de la ilegalidad que ha durado por décadas. Este último camino, observé en la instalación de la mesa, fue el que se discutió y se propuso al inicio de las conversaciones de la Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá. Las intervenciones del padre Jaime Henao –de la Pastoral Social de Medellín–, de Néstor Osuna –ministro de Justicia– y de Danilo Rueda –el Alto Comisionado de Paz– se dirigieron a invitar a trabajar, desde el espacio de conversaciones, en construir condiciones para que los jóvenes se incorporen a trabajos legales y las comunidades se atiendan, escuchen, reparen y se les proteja sus derechos. Un especial nombramiento y atención recibieron en las diversas intervenciones las víctimas del conflicto urbano. El ministro Osuna insistió en la necesidad de que “cualquier arreglo de paz debe ser respetuoso con las víctimas”. Lo mismo que el delegado de la Procuraduría General de la Nación, Javier Sarmiento, quien dijo que estaban allí para “la protección jurídica” de este importante actor. Y finalmente, la Comunidad Internacional, representada por Daniel Millares, dijo en un comunicado conjunto que se respetaría el derecho de las comunidades y las víctimas. En esta lógica, el trabajo que se espera en Medellín y los demás municipios que componen el Valle de Aburrá será hablar con la gente: partiendo de los microespacios que ocupan en el sector y el barrio, y luego ampliándose a la comuna y las ciudades. Diálogos que prometen serán “abiertos” y buscarán “construir la ciudad que queremos”. De allí que se espera concurran todos los actores del territorio, desde la víctima hasta el victimario, desde el comerciante que es extorsionado o desplazado por la violencia de las bandas hasta “los muchachos de los barrios” que están en el crimen y requieren contar también su verdad. En síntesis, se le unió a la mesa de la Paz Total el componente de la Paz Urbana. Un espacio de diálogo que tendrá muchos retos, como los de reconocer problemas, explorar y proponer programas sociales y económicos –que incentiven la dejación de armas y el acogimiento de formas de trabajo legales– y avanzar en la búsqueda de la verdad, el perdón y la reconciliación. Un pacto colectivo en el que se logren transformar las comunas y espacios urbanos y se construya la paz barrial y territorial. Nota: La Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación acaba de publicar un informe titulado Sin Paz Urbana no hay Paz Total, en el que indagan sobre la cuestión conceptual e institucional de la Paz Urbana y hacen un análisis de la convivencia y la seguridad ciudadana en las áreas metropolitanas del país en las que se están llevando diálogos de Paz Urbana, entre ellas Medellín y el Valle de Aburrá. Léalo, aquí. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 29 de mayo al 04 de junio En la semana que entra sabremos los resultados del tercer ciclo. El Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, estuvo en Cuba y expresó públicamente su valoración positiva de la dinámica de la mesa y la perspectiva de acuerdos importantes en los tres temas que se han trabajado en este tercer ciclo desde el 02 de mayo. Vamos a ver este jueves 08 de junio lo avanzado en: cese bilateral de fuego, participación de la sociedad en la construcción de paz y dinámicas humanitarias. Desafortunadamente el conflicto continúa y se siguen reportando asesinatos de civiles, confinamientos, amenazas, personas secuestradas, entre otras; todas situaciones a superar. La delegación de diálogos del ELN divulgó varios videos sobre participación de la sociedad, mostrando lo que fueron las audiencias de Tocancipá y Bogotá en octubre y noviembre del 2017, sin duda es un material valioso para lo que se viene en cuanto a participación. Verciclos No. 2. del comandante Nicolás Rodríguez B: Movilización por la paz en el Catatumbo: Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista La Defensoría del Pueblo emitió un llamado urgente a las entidades nacionales y departamentales para que tomen acciones inmediatas frente a la situación de confinamiento que enfrentan alrededor de 5,000 residentes del área urbana de Nóvita, Chocó. Esta medida se debe a los enfrentamientos armados entre el ELN y el Clan del Golfo, que han obligado a aproximadamente 600 personas a abandonar sus hogares en las zonas rurales. El confinamiento en Nóvita es el resultado del paro armado declarado por el ELN el pasado 27 de mayo, lo cual ha impedido el transporte de caravanas con asistencia humanitaria hacia las personas desplazadas y refugiadas en la zona urbana. Ante esta preocupante situación, la Defensoría del Pueblo instó a las entidades a proteger y garantizar los derechos fundamentales de estas personas, como el acceso a la alimentación, el agua potable, la libre movilidad, la salud y la vida. La Defensoría del Pueblo está trabajando en colaboración con otras entidades para establecer un corredor humanitario que permita llevar la ayuda necesaria a Nóvita. Es imprescindible contar con este paso para asegurar que la población civil no siga sufriendo las consecuencias indiscriminadas de los grupos armados ilegales. Sin embargo, la situación se agrava debido al colapso de un puente vehicular en el municipio de Río Iró desde hace más de 20 días. La estructura sigue en estado de colapso y las reparaciones no han comenzado, sin que hasta ahora haya una respuesta por parte de las entidades competentes. Este hecho dificulta aún más el acceso a la asistencia humanitaria y agrava la precariedad en la que se encuentran las personas afectadas. La Defensoría del Pueblo también solicitó la protección de las viviendas y pertenencias de aquellos que tuvieron que abandonar todo en busca de seguridad. Asimismo, ha hecho un llamado al Gobierno Nacional y a las fuerzas de seguridad para garantizar la libre movilidad en la región de San Juan, en la zona centro-sur del departamento de Chocó. Es importante destacar que los eventos masivos de desplazamiento y confinamiento van en contra del Derecho Internacional Humanitario y no contribuyen a la construcción de la paz en el país. La entidad ha instado al ELN a poner fin al paro armado y a buscar soluciones pacíficas que no pongan en riesgo a la población civil. Según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, durante los primeros cinco meses del año se registraron 43 eventos de desplazamiento forzado en el país, afectando a aproximadamente 15,437 personas pertenecientes a 6,081 familias. Los departamentos del Pacífico, como Nariño, Valle del Cauca, Chocó y Cauca, son los más afectados por estos desplazamientos. Francisco Palacios, periodista de Radio Nacional en Chocó, le dijo a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), las diversas situaciones que afectan la seguridad en el Chocó. En primer lugar, mencionó que el tema de seguridad continúa siendo complejo y se ha agravado debido a la imposibilidad de transitar libremente entre Istmina y Nóvita, lo cual impide llevar elementos al municipio de Nóvita. Esta problemática se ha intensificado aún más debido al colapso de un puente que conecta varios municipios, situación que ya lleva aproximadamente 50 días sin respuesta oportuna por parte de las autoridades municipales, departamentales y nacionales. Según el periodista, esta falta de acción por parte de las autoridades ha generado mayores dificultades para el traslado de ayuda humanitaria a las familias desplazadas. Palacios también mencionó que han recibido información de diversas fuentes, como el representante a la cámara James Mosquera, quien ha manifestado que el número de desplazados que han llegado a Istmina ha aumentado. Sin embargo, las autoridades en terreno no han podido verificar esta situación debido a la falta de un albergue en el municipio. Las personas que llegaron a Istmina se han alojado en el Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del San Juan, en casas de familiares, amigos o incluso han tenido que alquilar lugares, lo que dificulta establecer el número exacto de desplazados de los municipios del Chocó. Palacios también destacó que esta situación se ha presentado durante varios años, donde los grupos armados, especialmente el ELN, amenazan y se enfrentan al Clan del Golfo, generando graves afectaciones a la población civil. Es importante recordar que, a finales del año pasado, el alcalde de Nóvita se vio obligado a pasar dos noches en un corregimiento debido a la presencia de ambos grupos armados, quienes les impedían moverse. Incluso tuvieron que suplicar a los grupos para que les permitieran salir de allí. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, enfatizó en la necesidad de que los grupos armados ilegales cesen sus acciones bélicas contra la población civil. Destacó la importancia de avanzar hacia la Paz Total que busca el Gobierno y de garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas. En este contexto, el ataque con explosivos perpetrado contra el alcalde del municipio de Río Iró, Edson Perea, ha generado mayor preocupación en la región. Desconocidos lanzaron un artefacto explosivo en su residencia, aunque afortunadamente no se encontraba nadie en el lugar en ese momento. Las autoridades regionales han confirmado que el incidente solo causó daños materiales y no se reportaron personas heridas. Sin embargo, esta acción ha encendido las alarmas entre las fuerzas de seguridad debido al accionar de los criminales en la zona. Francisco Palacios señaló que los habitantes del área viven con mucha zozobra y preocupación, ya que consideran que aunque es necesario que el ejército esté presente, también son conscientes de que estas autoridades llegan a la zona, dispersan a los grupos armados, pero luego se retiran y se despliegan aparentemente hacia zonas cercanas al casco urbano. Esto ha provocado que en la zona del río Taparal y el río Cajón y otros ríos cercanos haya tenido una presencia constante de grupos armados durante dos años. Debido a esta situación, los habitantes han expresado su frustración al no ver respuestas por parte de los gobiernos local, regional y nacional. Aunque las autoridades llegan a intervenir, no se percibe un compromiso continuo para brindar seguridad y estabilidad en la zona. Esta falta de presencia constante ha generado un sentimiento de abandono por parte de las autoridades y ha alimentado la sensación de impotencia en la comunidad. Es necesario que se redoblen los esfuerzos para enfrentar esta problemática, proteger a las comunidades afectadas y buscar soluciones a largo plazo que promuevan la paz y el respeto por los derechos humanos en la región. La Defensoría del Pueblo enfatizó en segur vigilando y colaborando con otras entidades para garantizar la protección de los derechos de la población afectada en Nóvita y en todo el país La construcción de la paz requiere el compromiso y la colaboración de todos los actores involucrados, incluyendo a los grupos armados ilegales, quienes deben cesar sus acciones violentas y buscar vías pacíficas para resolver los conflictos.

Por: Katerin Erazo, periodista Aida Quilcué, quien actualmente tiene cincuenta (50) años, es vicepresidenta de la Comisión Primera del Senado, encargada de temas como reglamentos de los organismos de control, contratación administrativa, notariado y registro, así como la estructura y organización de la administración nacional central. Su trayectoria incluye haber sido consejera de derechos humanos y paz de la UNESCO y participar activamente en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), elegida como parte de la Circunscripción Especial Indígena hasta el año 2026. La senadora Aida Quilcué, quien hace parte del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), ha sido objeto de diversas amenazas en los últimos meses, generando preocupación en torno a su integridad y seguridad. El más reciente incidente ocurrió el sábado 20 de mayo, cuando Quilcué alertó a través de sus redes sociales sobre la presencia de hombres armados cerca de la vivienda en la que se encontraba con su familia, en la vereda Clarete, zona rural de Popayán, Cauca. Estos individuos sospechosos merodeaban el inmueble y dejaron un cartel intimidante dirigido a la congresista, evidenciando con esto un claro intento de atentar contra su vida. Estos sujetos abandonaron el lugar rápidamente, dejando atrás dos armas de fuego automáticas y prendas de uso exclusivo militar. El descubrimiento fue realizado durante un recorrido realizado por Quilcué y miembros de la guardia indígena, quienes actuaron de inmediato para protegerla. El cartel encontrado pertenece a un frente de la Segunda Marquetalia, una organización delictiva liderada por Iván Márquez, antiguo miembro del equipo negociador de las FARC en los diálogos de paz. Este incidente se suma a otros eventos preocupantes que han puesto en riesgo la vida de la senadora, siendo blanco activo de grupos armados ilegales que operan en la región del suroccidente colombiano. En octubre de 2022, la camioneta en la que se movilizaba, bajo un esquema especial de protección, fue objeto de disparos mientras la senadora transitaba en el sector Guadualejo-Puerto Valencia. De acuerdo con la senadora Quilcué, la camioneta de su esquema de seguridad recibió alrededor de seis impactos de balas. Ahora bien, en febrero del presente año el Grupo Gaula del departamento del Huila logró la captura del presunto responsable de dicho atentado. Según información suministrada por las autoridades, la detención de Campo Elías Ramos Alonso, conocido como alias “Chinga”, se llevó a cabo en una operación conjunta de investigación judicial e inteligencia en una zona rural de La Plata. El trabajo exhaustivo y coordinado entre la Policía Nacional y el Gaula-Huila permitió recopilar las pruebas necesarias para identificar a “Chinga” como el presunto responsable del atentado contra la senadora Aida Quilcué. Es importante resaltar que la senadora Aida Quilcué ha enfrentado momentos de dolor y violencia a lo largo de sus últimos años. En 2008, su esposo Edwin Legarda perdió trágicamente la vida en una acción llevada a cabo por el Ejército, suceso que ha sido objeto de investigación por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien ha examinado el caso de cerca y ha involucrado a 33 uniformados en el proceso. La decisión de investigar surge a raíz de las pruebas presentadas por la Procuraduría, donde se evidencia que los militares dispararon indiscriminadamente contra Legarda Vásquez y su acompañante mientras se dirigían en su vehículo hacia el municipio de Totoró, en el departamento del Cauca. Este caso, fue conocido como uno de los primeros “falsos positivos” en contra de un indígena en el municipio de Totoró, que ha generado gran conmoción. Edwin Legarda Vásquez, quien se transportaba en una camioneta con el logotipo del Consejo Regional Indígena (CRIC) al regresar a Popayán, recibió tres de los diecisiete disparos que el perito de criminalística pudo determinar en la escena. La investigación continúa por esclarecer completamente hasta la fecha, esperando que se haga justicia para la senadora. Ante las continuas amenazas y los múltiples atentados que ha sufrido senadora Quilcué, el pasado 29 de mayo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, se pronunció al respecto y afirmó que el Gobierno “asume con seriedad y preocupación” las situaciones de riesgo que enfrenta Aida Quilcué. El ministro aseguró que se han tomado medidas inmediatas para garantizar su seguridad, incluyendo la asignación de un esquema de protección de emergencia y la mejora de los vehículos asignados para su desplazamiento tanto en la capital como en la región donde lleva a cabo su labor política como vocera y representante de las comunidades indígenas del Cauca. Varios senadores de distintas bancadas, incluyendo la oposición, expresaron su solidaridad y solicitaron al Gobierno que se tomen las medidas necesarias para proteger su vida e integridad. Legisladores como David Luna Sánchez de Cambio Radical, Alejandro Vega Pérez del Partido Liberal y Alfredo Deluque del Partido de La U, señalaron el deterioro persistente de las condiciones de seguridad en el país, e incluso advirtieron sobre el riesgo que esto representa para el proceso electoral. El ministro Velasco hizo énfasis en la importancia de alcanzar la Paz Total y ejercer control territorial en todas las zonas donde los grupos violentos intentan imponerse y amedrentar a la población. En medio de estas amenazas persistentes, Aida Quilcué continúa desempeñando su papel como senadora y lideresa indígena, luchando por los derechos de las comunidades y representando sus intereses en el ámbito legislativo. Su valentía y dedicación en medio de las adversidades son un ejemplo para muchos, y su labor se ha convertido en un símbolo de resistencia y lucha por la justicia en Colombia. La sociedad colombiana espera que el Gobierno cumpla con su compromiso de garantizar la seguridad de Aida Quilcué y de todos los líderes y lideresas que enfrentan amenazas similares. La protección de los defensores de derechos humanos, lideresas y líderes políticos es fundamental para mantener la democracia y construir un país en paz, donde todas las voces sean escuchadas y respetadas.

Por: Luis Eduardo Celis Con el liderazgo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, se han reunido todos los presidentes de Suramérica para volver a pensar los temas comunes como región. Es un viejo anhelo que vuelve a cobrar fuerza en un mundo lleno de retos y desafíos que hacen necesario avanzar en esa dirección: una región suramericana capaz de tramitar lo común de manera organizada y tener una voz y una acción unificada en los temas globales. Suramérica son doce naciones con una historia compartida y parte de un solo territorio donde vivimos cerca de cuatrocientos millones de personas en dieciséis millones de kilómetros cuadrados. Con este peso y dimensión son muchos los asuntos a trabajar de manera coordinada y con un enorme potencial de transformación si se actúa de manera conjunta. Una economía de cuatrocientos millones de personas puede y debe avanzar en una acción coordinada, son muchos los campos en los que somos complementarios y donde se pueden hacer sinergias virtuosas para las partes y para el conjunto de Suramérica, pero ello requiere trabajo conjunto, construcción de políticas y de una institucionalidad que le dé soporte a la integración. Desde el año 2006 se habló de dotarse de una institucionalidad para la integración y ella se concretó en la Unión de Naciones de Suramérica (UNASUR), que cobró vida plena en 2011, cuando nueve países ratificaron mediante sus parlamentos la adhesión a este referente de integración, que inició su proceso de conformación y se dotó de una serie de espacios decisorios con el liderazgo de presidentes, cancilleres y una secretaría general con sede en Quito. Todo parecía promisorio para UNASUR, hasta que la falta de madurez política para convivir en la diferencia política desintegró la organización, lo que llevó a la mayoría de los países integrantes a retirarse de ella. Suramérica puede avanzar en integración económica sin duda alguna, haciendo comercio justo y complementario, potenciado un trabajo coordinado para que cada economía crezca y apoye el desarrollo regional. Para ello hay que avanzar en los mecanismos y las políticas concretas que permitan crecimiento y distribución de los recursos para avanzar en los desafíos de mayor cohesión social y garantía de derechos universales, saliendo de la segregación y la exclusión en la que viven partes importantes de nuestras sociedades. En una agenda de prioridades para Suramérica está la protección y restauración ambiental, donde sobresale la Amazonía compartida por: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa, es decir ocho de los doce países suramericanos tienen territorio en este importante ecosistema y territorio de interés mundial como lo es la Amazonía. Ligado a la protección y restauración de la Amazonía tenemos el vital tema de la crisis climática y la transición energética, en el que se pueden construir políticas compartidas. También hay que salir de la fracasada guerra contra las drogas y formular una nueva política para el relacionamiento del mundo con este cada vez más diverso mundo de “drogas”, esa es una discusión y una reformulación global, allí se puede construir una voz como Suramérica y promover las necesarias y pertinentes reformulaciones. Hay que volver a UNASUR, como lo ha anunciado el presidente Petro en la reciente cumbre de presidentes en el Brasil, avanzar en un relacionamiento sobre los intereses comunes y saber convivir entre todo el espectro político, aprendiendo de las experiencias pasadas, frente a las que esta diversidad no supo llevar adelante esta necesaria integración. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana Será muy difícil hablar de Paz Total si no se incluye en la política de paz a todos los actores generadores de violencia en el país, no solo a los grupos armados organizados de carácter político, sino también a las estructuras criminales que proliferan en las ciudades y que generan problemas de seguridad y convivencia ciudadana. En Colombia, el 80% de la población vive en las ciudades y la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha registrado alrededor de 60 estructuras criminales que operan y generan violencia en los territorios urbanos. Es por esto que el Gobierno Nacional se ha volcado ha iniciar conversaciones con estas estructuras criminales urbanas, intentando acuñar el término Paz Urbana. ¿Qué es la Paz Urbana? La Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares presenta su informe Sin Paz Urbana no hay Paz Total para intentar responder esta pregunta en términos conceptuales e institucionales, así como diagnosticar las áreas metropolitanas del país en las que el Gobierno Nacional está llevando a cabo conversaciones con estructuras criminales, a saber: Barranquilla, Cali, Cúcuta, Medellín y Quibdó. En este informe se intenta responder a la pregunta ¿qué se necesita para lograr la Paz Urbana?, y se hacen recomendaciones al respecto para cada una de las áreas metropolitanas anteriormente mencionadas. Consulte toda la información, el análisis, los mapas y las recomendaciones sobre Paz Urbana, aquí:

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda La principal de las estrategias del llamado golpe blando –del cual se habla como una maniobra de la oposición para tumbar a Petro– es crear ambientes de ingobernabilidad. Los golpes blandos son una estrategia de explícita traza maquiavélica, cuya fórmula está fundada no en cómo conseguir el poder y mantenerlo –que es la premisa de El Príncipe– sino en todo lo contrario, en cómo derrocar presidentes y tumbar gobiernos. Al decir de Gene Sharp, autor De la Dictadura a la Democracia –ensayo escrito en 1993 que alude por primera vez al golpe blando–, se trata de promover acciones no violentas para generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad, como lo es la denuncia, con o sin fundamentos, de actos de corrupción o abuso del poder. En tal propósito, el golpe blando está ligado a la creación de rumores y falsas noticias en contra del gobernante. Una tarea en la que las informaciones mentirosas son el medio expedito para fabricar perjuicios en sus cercanos colaboradores, debilitándolos moralmente. De ahí que, a partir del éxito comercial del mentado ensayo de Sharp, se hubieran puesto en boga las llamadas fake news. Dicho texto, que contiene más de 190 estrategias para facilitar la caída de gobernantes y cinco etapas para llevarlas a cabo, plantea como medio de acción primordial la construcción de mentiras. Así, la primera etapa del golpe blando es la promoción de intrigas y la divulgación de falsos rumores*, como decir, por ejemplo, que la Presidencia de la República ante un robo que le hicieran a la secretaria de la presidencia, Laura Sarabia, secuestró y torturó sicológicamente a su niñera tras haberla sometido a un interrogatorio validado por las buenas costumbres y por los protocolos de ley. La segunda etapa del golpe blando consiste en desarrollar intensas campañas en “defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos”, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el Gobierno en el poder*. Aunque resulte a todas luces un hecho obtuso, el presidente Petro recibió un llamado de atención de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) –sumada consciente o inconscientemente al golpe blando– en la que se le señala de estar censurando periodistas, cuando en realidad lo evidente ha sido que, en su personalísimo derecho de defensa, el presidente ha desmentido a quienes en calidad de periodistas han actuado por fuera de la ética de su profesión y se han distanciado del buen comportamiento moral. La tercera etapa del golpe blando se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales, y en la manipulación de la población para que emprenda manifestaciones y protestas amenazando las instituciones*. En el caso del presente nuestro, y del presidente Petro, esta tercera etapa ha sido fallida. Tanto la marcha de los empleados de Rappi, como el plantón de los coroneles retirados, terminaron siendo impertinentes; pues este gobierno, como no lo hicieron los anteriores, ha buscado y prometido mejorarles la situación. La cuarta etapa del golpe blando consiste en la realización de operaciones de guerra psicológica y desestabilización del Gobierno, creando un clima de "ingobernabilidad"*. La prueba reina del cumplimiento de esta cuarta etapa –siempre de la mano de periodistas mezquinos– sin duda son las intenciones de dañar las relaciones del presidente con las instituciones judiciales, como por ejemplo con el Concejo de Estado y las altas cortes. Y ni qué decir de las actuaciones de la Procuraduría, que pretende suspender al senador Wilson Arias. La quinta y última etapa del golpe blando tiene por objeto forzar la renuncia del gobernante, mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones al tiempo que se mantiene la presión en la calle con el fin de ir preparando el terreno para una intervención militar, mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país*. Pese a ello, ya es imposible el llamado aislamiento internacional, porque al gobierno de Petro lo han respaldado públicamente en sus programas, entre otros estados y organismos internacionales, el FMI –que ha dicho que apoya las diferentes políticas de su gobierno–; el Banco Mundial –que se comprometió a respaldar los procesos para la reformas pensional y laboral–; el gobierno de los Estado Unidos –que apoya plenamente el proceso de Paz Total–; y la Organización para la Cooperación y el desarrollo económico, la OCDE –que ha respaldado las reformas laboral y pensional de su gobierno y ha rotulado a Colombia como el quinto país con mayor crecimiento económico–. En fin, el golpe blando es una sucia estrategia que los opositores al gobierno de Petro están empleando con el propósito de azuzar a inocentes sin ninguna preparación intelectual y a sus seguidores –igualmente inocentes y sin preparación intelectual– para que sientan odio contra la persona del presidente y contra su gobierno. No obstante, es muy difícil –si no imposible– levantar a un pueblo contra un presidente que lo ampara y le cumple las promesas. De modo que en Colombia las acciones abanderadas por los medios de comunicación del régimen sin duda serán fallidas. Igual se equivocan quienes sueñan con una intervención militar directa, un golpe fuerte, porque hoy es bastante claro que los militares y los policías, pero especialmente sus familiares cercanos, prefieren una política de paz y no una política de guerra en la que ellos son quienes exponen y pierden la vida. Con todo, y aunque la estrategia de los golpes blandos ha sido concebida para derrocar dictadores; si miramos los países y los gobernantes a los cuales, fructuosa o infructuosamente, se les ha aplicado, nos daremos cuenta de que eso no es cierto. De hecho, quienes los han puesto en práctica –los Estados Unidos y sus aliados incondicionales– sólo lo han usado para tumbar gobiernos comunistas o socialistas, para tumbar gobiernos de izquierda o progresistas y, por supuesto, para tumbar gobiernos democráticamente constituidos que, a su juicio, afectan sus intereses o ponen en riesgo su “seguridad nacional”. En Latinoamérica ya son muchos las gobernantes víctimas del golpe blando: Fernando de la Rúa en Argentina, Lula Da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Nicolás Maduro en Venezuela, Dilma Russel en Brasil, Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia y, entre otros, Pedro Castillo en el Perú. De igual forma, todos estos golpes dados en calidad de “blandos” –frustrados o no– han sido actuaciones que, puestas en comparación con los procedimientos de los golpes militares tradicionales, son igual de violentas. En el Perú, por ejemplo, en ocasión del golpe blando dado al presidente Pedro Castillo, se reportaron más de cincuenta muertos y cientos de heridos. Pero, bueno, ¿qué posibilidades hay de que al presidente Petro le den un golpe blando? Yo diría que ninguna, porque, pese a la existencia de pruebas de su fragua, también es cierto que existen elementos para asegurar su fracaso. Sólo basta considerar el respaldo popular al presidente por parte de millones de colombianos y colombianas que votaron para elegirlo y el respaldo de quienes, más allá de ser sus electores, están siendo beneficiados por sus proyectos de gobierno. Por estas claras razones, no es difícil sopesar y concluir que el presidente Petro es inmune a un golpe blando y, por el contrario, las intentonas por dárselo, en efecto bumerang llevarán al llamado régimen al debilitamiento y a su desestructuración. *Estos apartados están apoyados en el texto Estado Blando en Marcha. De: https://larosaroja.org/golpe-de-estado-blando-en-marcha/ *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.