Por: Katerin Erazo, Periodista La Procuraduría General de la Nación emitió un fallo de primera instancia que sanciona al excandidato presidencial Rodolfo Hernández con destitución e inhabilidad general por 14 años. La decisión se basa en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que demostraron el interés indebido del exalcalde de Bucaramanga en el proceso de selección de un contrato para el aprovechamiento y disposición de residuos sólidos. Según la investigación, Rodolfo Hernández tuvo contacto directo con los representantes de la tecnología que se iba a implementar en el contrato, proporcionándoles información privilegiada para obtener ventaja sobre otros competidores en el proceso de selección. Además, se comprobó que el exalcalde sostuvo una reunión en Bogotá con emisarios de la compañía involucrada, en la cual se acordó la designación de una persona para elaborar los términos que favorecerían a dicha firma contratista. El caso en el que se ve involucrado Hernández se remonta a la crisis por el manejo de basuras en Bucaramanga, por la cual la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) realizó una invitación pública para seleccionar una nueva tecnología de disposición de residuos, que finalmente acabó en un proceso de contratación directo que Hernández adelantó con la Unión Temporal Vitalogic RSU. Aunque la adjudicación no se llevó a cabo, se radicó una queja disciplinaria en la que se señalaba que el hijo de Rodolfo, Luis Carlos Hernández, había suscrito un acuerdo de corretaje en la firma del contrato entre la EMAB y Vitalogic, para otro contrato inicial de consultoría por $344 millones (Ver: Los cuestionamientos de Rodolfo Hernández). Según la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), Vitalogic es una empresa dedicada a “alcanzar una solución ambiental y eficiente para la disposición final alternativa de los residuos sólidos urbanos” (Ver: En la tierra de Rodolfo, ¿logrará ser rey?: empiezan a moverse fichas por la Gobernación de Santander). Daniela Garzón, investigadora nacional de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Pares, resalta que la reciente decisión vuelve a plantear el debate sobre la capacidad de la Procuraduría para privar a las personas de sus derechos políticos sin que exista una sentencia judicial. La investigadora destaca que esta situación genera interrogantes en torno a los límites y facultades de la Procuraduría en cuanto a la imposición de sanciones que afectan la participación política de los individuos. Cabe mencionar que en 2019 la Procuraduría le formuló a Rodolfo Hernández pliego de cargos por celebración indebida de contratos y en 2020 la Fiscalía lo imputó por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, por haber intervenido en la dirección del contrato que se esperaba suscribir entre la EMAB y alguien que tendría relación con Vitalogic, Jorge Alarcón Ayala. Tras el anuncio de la Procuraduría, la defensa de Rodolfo Hernández, líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, anunció que apelará la decisión de la Procuraduría. El abogado del exalcalde de Bucaramanga, Julio César Ortiz, argumenta que no existen fundamentos probados que respalden la sanción impuesta, alegando que no se ha demostrado la injerencia de Hernández en el caso. El defensor también destacó que el fallo no debería frenar la aspiración de Hernández a la gobernación de Santander y manifestó la disposición de recurrir a instancias internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos si fuera necesario. La decisión de la Procuraduría ha generado un fuerte impacto en el ámbito político y social de Bucaramanga. Muchos ciudadanos expresaron su descontento ante los actos de corrupción en los procesos de contratación, destacando la importancia de combatir la impunidad y promover la transparencia en la gestión pública. La destitución e inhabilidad de Rodolfo Hernández plantea interrogantes sobre el futuro político del excandidato presidencial. Con su aspiración a la gobernación de Santander en juego, la apelación de la decisión buscará demostrar la inocencia del político y restablecer su imagen ante la opinión pública. Daniela Garzón plantea la necesidad de realizar ajustes en relación con los poderes de la Procuraduría para imponer sanciones que afecten los derechos políticos de las personas, especialmente cuando no existe una sentencia judicial firme, como es el caso del juicio en curso contra Rodolfo. En esta situación, Garzón argumenta que Rodolfo podría apelar la decisión y mantener su postulación como aspirante a la gobernación hasta que se confirme una sentencia definitiva. Sin embargo, reconoce que esto implicaría un desgaste considerable, ya que el fallo de la Procuraduría arroja una sombra sobre todo el proceso judicial en curso. En el marco de este caso, se espera que las autoridades profundicen las investigaciones. El caso de Rodolfo Hernández es un recordatorio de la importancia de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la contratación pública, así como de promover una cultura de integridad en el ejercicio de la función pública. Conforme el caso avance y se desarrollen nuevas etapas legales, resultará esencial mantener un seguimiento cercano de su evolución y las decisiones que se adopten en relación con la apelación. No obstante, será necesario aguardar para determinar si la apelación presentada por Rodolfo es la opción adecuada. Quedan todavía numerosas incógnitas por resolver, las cuales solo podrán ser elucidadas a través de investigaciones y pruebas que se divulguen en el transcurso del proceso.

Por: Katerin Erazo, periodista En medio del complejo panorama humanitario que atraviesa el territorio del Norte del Cauca, surge la necesidad de arrojar luz sobre las condiciones que afectan a las comunidades y poblaciones que viven el conflicto armado. Esta región, ubicada en el noreste de Colombia ha sido testigo de diversos desafíos que ponen en riesgo el bienestar y los derechos fundamentales de su población. Conscientes de la importancia de considerar la situación humanitaria de este territorio, nos adentramos en una entrevista con María Elsa Zapata Díaz, cocinera tradicional, lideresa social defensora de los derechos humanos y de las mujeres, representante legal de la Red de Mujeres del Norte del Cauca. María Elsa vive en Puerto Tejada, Cauca, y a través de su voz buscamos comprender la realidad que enfrenta el Norte del Cauca. Esta entrevista pretende ser un espacio de reflexión y análisis sobre la situación humanitaria en el Norte del Cauca, con el objetivo de generar conciencia, fomentar el diálogo y promover acciones concretas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de quienes allí residen. ¿Cuál es la situación humanitaria actual en tu territorio? La situación en los territorios cada día es más complicada, ya que considero que se ha permitido que ciertos actores ganen fuerza y nos hostiguen, causándonos la pérdida de tranquilidad e incluso el deseo de seguir luchando contra la corriente. Por lo tanto, creo que este factor es sumamente relevante y debe ser tenido en cuenta de manera prioritaria. ¿Cómo han sido afectadas las comunidades locales por la situación humanitaria? Las afectaciones, en mi opinión, son incalculables, ya que han impactado todos los aspectos de nuestra vida. Nuestra visión se ha visto afectada, al igual que nuestra salud mental y nuestra autonomía alimentaria. Además, hemos perdido la confianza en nuestros propios entornos, ya que cada vez percibimos menos seguridad en nuestros espacios. Nos enfrentamos a amenazas crecientes y constantemente debemos estar vigilantes, incluso mirando hacia atrás, ya que nuestras vidas siempre están en peligro. ¿Cuál es el impacto de la situación humanitaria en grupos vulnerables, como mujeres, niños, personas mayores o personas con discapacidades? El impacto que todos y todas hemos experimentado en la naturaleza y los territorios está marcado por conductas amenazantes que vivimos día a día. Estas conductas hacen que el desplazamiento, las torturas, los crímenes de violencia en todas sus formas, los confinamientos y los reclutamientos forzados sean más efectivos. Incluso nuestros niños y niñas corren peligro, hasta en sus propias escuelas. Este impacto ha dejado una marca tan profunda en nosotras, como madres y como personas, que estamos constantemente preocupadas y en alerta. No nos sentimos seguras y tampoco sentimos que nuestras familias estén a salvo, ya que incluso ir a la escuela implica el riesgo de reclutamiento. Este impacto nos ha afectado enormemente y continúa haciéndolo. Todos y todas estamos marcados porque cada vez nos sentimos más amenazados. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas allí? Uno de los principales desafíos que enfrentamos como comunidades y defensores y defensoras de derechos humanos es, en primer lugar, mantener viva la lucha y la resistencia en la defensa de nuestros territorios. En segundo lugar, otro desafío importante es continuar fortaleciendo nuestra resiliencia, lo que nos permite ser cada vez más fuertes y enfrentar las múltiples situaciones que se presentan diariamente en nuestros entornos y territorios. ¿Qué piensas de la Paz Total? Creo firmemente que la Paz Total es un ejercicio que requiere la voluntad de todos los seres humanos, especialmente de aquellas organizaciones y líderes y lideresas que persisten en la lucha y la defensa de los derechos humanos. Es cierto que existen actores que se oponen a la vida, pero también debemos aprovechar la voluntad de aquellas personas y organizaciones que siguen apostando por la vida y la paz. De una forma u otra, continuamos en la batalla, entregando nuestros mejores esfuerzos y voluntades. Creo que es posible alcanzar esa Paz Total que tanto anhelamos si todos nos comprometemos con ese objetivo común. ¿Consideras que se está logrando la implementación de la Paz Total? En mi opinión, la implementación de la paz está todavía muy lejos de ser alcanzada. Nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, seguimos sintiéndonos hostigados y amenazados en nuestros territorios. La inseguridad en nuestras carreteras aumenta cada vez más, y somos testigos de masacres, violencia y el asesinato de líderes y lideresas sociales. Si los líderes y lideresas sociales son silenciados y se apaga su voz, creo que será aún más difícil lograr esa anhelada Paz Total que suena tan prometedora y emocionante. En realidad, se trata de un sueño muy complejo de alcanzar, y todavía hay mucho camino por recorrer. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes en este momento? Creo que una de las necesidades más urgentes que tenemos como habitantes del Norte del Cauca es que el Gobierno preste atención a las cada vez más alarmantes situaciones que ocurren en nuestros territorios. Es crucial que se enfoque en la creación de oportunidades, especialmente a través del trabajo con la niñez, para que nuestros hijos e hijas puedan tener otros horizontes y modelos de vida donde puedan asegurar y contar con territorios de vida, armonía y paz. Es necesario que se realice un análisis profundo de las situaciones que enfrentamos a diario, especialmente de cómo los niños, niñas y jóvenes son víctimas de la violencia, incluso perdiendo la vida sin siquiera poder sentirse seguros en los patios de sus casas. Creo que es fundamental que las instancias más altas del gobierno brinden su apoyo y tomen conciencia de lo que realmente estamos viviendo en nuestros territorios. ¿Qué cree que se necesita para mejorar la coordinación entre las diferentes organizaciones y actores involucrados en la respuesta humanitaria en el territorio? Es realmente necesario un trabajo conjunto, un trabajo en equipo, que demuestre nuestra fortaleza y haga que piensen dos veces antes de ofrecernos algo o de decidir qué creen que necesitan nuestros territorios. Como organizaciones, somos responsables de cuidar nuestra casa común, como bien menciona nuestra vicepresidenta, Francia Márquez, debemos ser ese cerco protector que salvaguarda nuestros territorios, donde el dolor de uno sea compartido por todos y no subestimemos que uno está en mayor peligro que otro. En condiciones de seguridad, todos estamos expuestos a los mismos riesgos. Desde esta perspectiva, como organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos y del territorio, creo que cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Debemos tejer una red tan fuerte que sea indestructible, donde piensen dos veces antes de responder a nuestras demandas, porque cuando nos unimos, somos más fuertes. Esa es la idea que debemos transmitir a todas las organizaciones sociales, para que nos convirtamos en uno solo en la defensa y lucha por nuestros territorios.

Por: Katerin Erazo, Periodista Este 15 de febrero fue presentando ante el Consejo Superior de Política Criminal el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, el cual se espera que pronto sea radicado en el Congreso de la República. Este proyecto, que está compuesto de 20 páginas y 54 artículos, está dirigido especialmente a las bandas criminales que no tienen origen político y cuyas actividades están centradas en la comisión de delitos como el narcotráfico y la extorsión. El articulado tiene como objetivo establecer mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas y de crimen de alto impacto como El Clan del Golfo, la Oficina de Envigado, Los Shottas y Los Espartanos, entre otros (Ver:‘Shottas’ y ‘Espartanos’ inician diálogos con el Gobierno Nacional para sometimiento a la justicia). Según el documento, las organizaciones ilegales que entrarían en este proyecto deberán cumplir cinco condiciones: Que se trate de organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas. Que se encuentren organizadas en una estructura jerárquica y/o en red. Que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo. Que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen. Que cumplan funciones en una o más economías ilícitas. En la creación de este proyecto de ley participaron Jorge Perdomo, Mauricio Pava, Yesid Reyes, el ministro de Justicia Néstor Osuna, Camilo Umaña y los congresistas Iván Cepeda, Roy Barreras, Ariel Ávila y Alirio Uribe. Según Osuna, esta ley funcionaria por medio de tres fases: Acercamiento, esta primera fase la ejecutaría el presidente Petro por medio del Alto Comisionado para la Paz, con el fin de hacer preacuerdos para el sometimiento colectivo. La segunda fase estaría conformada por la Fiscalía para que verifique que los integrantes de las bandas ilegales realmente hagan parte de ellas, evitando colados en el proceso. Imputación, en esta fase estarían los jueces que imputarían los delitos señalados a cada uno de los integrantes de las bandas criminales, con el objetivo de que cumplan sus condenas en centros carcelarios. Según Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), estas fases podrían estar bien, sin embargo, no hay claridad sobre lo que implica cada una de estas, es decir, saber quiénes realmente formarían dichas comisiones y si los avances de acercamientos se darían solo en las zonas temporales dispuestas para ello. El senador de la República por la Alianza Verde, Ariel Ávila, planteó un punto clave que tiene este proyecto y es que habrá un doble candado para evitar “colados” en esta ley, “uno es la Oficina del Alto Comisionado, inteligencia policial, inteligencia militar, dirección militar; y el segundo candado será la Fiscalía que puede depurar la lista”. Según Alirio Uribe, miembro de la Cámara de Representantes, una vez que un grupo ilegal decida someterse a las reglas de este proyecto de ley tendrá que entregar información sobre las características de la banda, su modo de operar, sus patrones criminales y sus bienes. De acuerdo a lo anterior, en el artículo 42 de este proyecto de ley se menciona que los miembros de las organizaciones ilegales tendrían un beneficio por entregar los bienes con anticipación. “El procesado se hará acreedor al beneficio de hasta el seis (6%) del valor de los bienes que efectivamente sean entregados y que sean monetizable o tengan en sí mismo capacidad para la restauración de las víctimas”, menciona el artículo 42 en el texto, lo que quiere decir que estas personas al cumplir con lo anteriormente mencionado podrían conservar un porcentaje (6%) de sus bienes. Además, esta ley contempla dos etapas en las condenas para los miembros de las organizaciones ilegales, la primera contempla que los condenados paguen un periodo en las cárceles entre los seis y ocho años, sin alguna reducción ni beneficios; y la segunda, según el medio de comunicación El País, luego de dicha condena, deberán permanecer por cuatro años en actividades de justicia restaurativa a las víctimas y de reinserción a la sociedad, este momento estará monitoreado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Cabe mencionar que estos beneficios podrían ser aplicados a integrantes de las organizaciones ilegales que estén actualmente detenidos, es decir, que las condenas que se les haya impuesto se cobijarán bajo la medida. Para obtener los beneficios mencionados, las estructuras ilegales deberán cumplir algunos compromisos establecidos en el artículo 10 del proyecto de ley, los cuales son: “manifestar la intención colectiva de contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición (...) la entrega de armas; la entrega de secuestrados; entrega de menores reclutados; entrega de inventario de bienes y activos vinculados a la actividad ilegal de la estructura y la entrega de información precisa sobre redes de apoyo, colaboradores, determinadores y beneficiarios de las actividades ilícitas de la estructura y sus redes de apoyo”. Según el artículo 12 del proyecto, habría cuatro causantes para que los integrantes de las estructuras ilegales perdieran los beneficios: Retornar a las armas. Cometer nuevos delitos dolosos. No cumplir con las obligaciones de contribución establecidas en el artículo 11 de la presente Ley. No cumplir, de manera reiterada e injustificada, con la participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración. Para Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares, este proyecto de ley es un gran avance, pero que aún faltan desarrollar muchos detalles tanto operativos y técnicos que aclaren el cómo se va a llevar a cabo el sometimiento. Morales señaló que seguramente durante el trámite legislativo se aclararan. Finalmente, Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, mencionó que este proyecto de ley deberá esperar los comentarios del Consejo Superior de Política Criminal, con el fin de, en caso tal, modificar algunos puntos que pueda mencionar el Consejo Superior para que posteriormente sea radicado en el Congreso. Por ahora no hay una fecha estimada, pero según Pérez, se espera que este proyecto de ley sea radicado en sesiones extraordinarias.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado martes 23 de mayo continuó el debate en torno a la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Allí se reanudó la discusión del articulado que conforma la reforma. Después de horas de deliberación, se alcanzaron finalmente 14 votos a favor y 6 en contra, lo que aprobó en la Comisión la reforma a la salud con un total de 144 artículos. La reforma a la salud propuesta tiene varios objetivos, según le comentó Iván Jaramillo Pérez, Magíster en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares). En primer lugar, busca mejorar el acceso a los servicios de salud, ya que aproximadamente el 25% de la población en las áreas rurales de Colombia no tiene acceso a ellos. Otro objetivo importante es mantener o reducir el gasto de bolsillo en salud, que actualmente representa el 14% de los ingresos de los hogares colombianos. Se busca aliviar la carga económica que implica para las familias el pago directo de servicios médicos. El proyecto de ley también se enfoca, según Jaramillo, en desarrollar un modelo de atención primaria en salud, con el fin de mejorar la atención preventiva y el cuidado de la salud en general. Este enfoque está respaldado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, y se basa en la idea de que la prevención es fundamental para un sistema de salud eficiente. Además, existe un interés en quitar el manejo de los recursos públicos a las empresas privadas, especialmente a las entidades promotoras de salud (EPS) aunque todavía no está claro cómo se llevará a cabo esta transición. Otro aspecto importante es dignificar al recurso humano en salud, especialmente a los médicos generales y enfermeras, quienes a menudo no reciben un trato justo. En cuanto a la atención primaria en salud, Jaramillo mencionó que se espera que el nuevo modelo sea preventivo, predictivo y resolutivo, siguiendo la doctrina de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Esto contrasta con el enfoque del Banco Mundial, que prioriza la protección económica de los pacientes y sus familias, especialmente en casos de tratamientos de alto costo. Sin embargo, algunos opositores argumentan que la atención primaria en salud no ha demostrado científicamente reducir los costos del sistema y lo ven como un gasto adicional que podría destinarse mejor a la curación. También se cuestiona si la prevención es una demanda de la población en general o solo de los expertos en salud. En relación con las EPS, según Iván Jaramillo, hay divergencias sobre si la reforma busca realmente acabar con ellas o simplemente cambiar su nombre y restringir su poder. Las EPS actualmente manejan grandes cantidades de recursos públicos, lo que ha generado críticas y protestas de diferentes sectores. Para reducir el poder de las EPS, Jaramillo explicó que se plantean medidas como la separación de la propiedad de las instituciones prestadoras de servicios (IPS) de las EPS y el giro directo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) a las IPS. Sin embargo, existen preocupaciones sobre el control y la auditoría de las cuentas por parte de las EPS, lo que podría mantener su influencia en el sistema. Durante la última jornada en la Comisión, se debatieron aproximadamente 27 artículos, entre los cuales se encontraba aquel que otorga atribuciones extraordinarias al actual presidente de la República. La propuesta logró superar este primer obstáculo gracias al respaldo de algunos miembros de los partidos Liberal y de La U, quienes, a pesar de tener diferencias con el articulado, votaron en su mayoría a favor. En esta fase final del debate, se aprobaron 14 nuevos artículos y se eliminaron nueve, según confirmó el presidente Gustavo Petro, quien celebró el avance de la jornada a través de su cuenta de Twitter. A continuación, se detallan los nuevos artículos que fueron aprobados en la Comisión; en el Primer bloque, el artículo 82, con 2 votos en contra y 6 a favor, tiene como objetivo la creación de Unidades Zonales de Planeación y Evaluación en Salud a nivel departamental y distrital. Los artículos 100, 132 y 133 también obtuvieron mayorías en el Congreso, con 14 votos a favor y 6 en contra. Estos establecen la función jurisdiccional de la Superintendencia de Salud, la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas; y la consulta y el consentimiento libre, previo o informado de las comunidades negras, raizales, palenqueras y del pueblo Rom (Ver: Avanza la discusión de la Reforma a la Salud: el 84,2% de los artículos fueron aprobados). Los artículos 24, 122 y 124 conformaron el segundo bloque aprobado durante la sesión de la Comisión Séptima de la Cámara. Estos artículos se encargan de la formulación de una política de formación, la autorregulación médica y la coordinación regional de las redes de atención en todo el país. Cabe destacar que el artículo 124 recibió modificaciones propuestas por los representantes Camilo Esteban Ávila y Víctor Salcedo. Asimismo, se corrigió el artículo 123, que obtuvo 18 votos a favor y ninguno en contra, eliminando la imposición a los médicos de asumir la responsabilidad de los resultados en la prestación de servicios profesionales. Tercer bloque, los artículos 4, 46 (con modificaciones) y 95 también fueron aprobados. Estos artículos abordan los derechos de permanencia de los servidores, la definición del modelo de salud y el sistema de inspección, vigilancia y control. Además, se aprobaron las facultades extraordinarias otorgadas al presidente Petro para capitalizar a la Nueva EPS. Con 14 votos a favor y 6 en contra, el artículo 138 del proyecto fue aprobado, aunque la reforma planteaba seis facultades, la Comisión decidió aprobar el artículo con una sola facultad. Esto permitirá al presidente dictar disposiciones y llevar a cabo operaciones presupuestales necesarias para capitalizar a la Nueva EPS durante el período de transición. Por otro lado, se acordó la eliminación de varios artículos por consenso entre los partidos políticos y el Gobierno. Los artículos 36, 59, 70, 71, 72, 74, 79, 80 y 81 fueron eliminados tras recibir 18 votos a favor y 2 en contra. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó que esta decisión se tomó con el objetivo de avanzar en el debate y encontrar puntos intermedios. La ponencia de la reforma a la salud ya ha sido radicada, aunque se espera que aún se realicen algunas modificaciones a dicho documento. Para esto, será necesario presentar una enmienda a la ponencia, tal como ocurrió en el primer debate. Se tiene previsto que el proceso de discusión en plenaria comience esta semana, aunque Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Pares, sugiere que probablemente se inicie la próxima semana. En cualquier caso, es necesario esperar para confirmar si se logrará discutir el proyecto durante esta semana. En caso de que la reforma sea aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes, pasaría a un tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. Si el proyecto es aprobado en dicha Comisión, avanzaría a la plenaria del Senado. Si los textos aprobados en Cámara y Senado son diferentes, pasaría a conciliación entre representantes a la Cámara y Senadores con el fin de que salga un solo texto que pase a sanción presidencial. Se espera que este proceso de discusión y ajustes siga generando debates intensos, pero con la meta de alcanzar una reforma integral que responda a las necesidades de la población y garantice un sistema de salud eficiente y equitativo.

Por: Daniela Garzón, Investigadora Nacional Alianza Democralat, Capítulo Guatemala Línea Democracia y Gobernabilidad El pasado viernes, la Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca ratificó la decisión de mantener suspendida la candidatura de Carlos Pineda Sosa a la presidencia para las elecciones que deberán surtirse el próximo 25 de junio. Pineda aparecía entre el primer y el segundo lugar en la mayoría de las encuestas electorales reportadas. Con esta decisión, tres son los binomios electorales que se quedan por fuera de la contienda, en medio de un clima de zozobra y pérdida de garantías democráticas por la persecución judicial a periodistas, activistas y exmiembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) por parte del aparato judicial. Tal persecución ha sido liderada en especial por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a la cabeza de Rafael Curruchiche, incluido en la Lista Engel y quien expuso las acusaciones contra el actual ministro de Defensa de Colombia, y exjefe de la CICIG, Iván Velásquez. Pineda Sosa es candidato por el partido Prosperidad Ciudadana, empresario de transportes y tiene cultivos de palma aceitera y banano. Era hasta hace un par de meses prácticamente un desconocido en la política, pero a partir de una novedosa campaña en Tik Tok estaba dando una gran pelea por pasar a la segunda vuelta. Hasta que el partido Cambio, del condenado por narcotráfico y excandidato presidencial Manuel Baldizón, interpuso un amparo contra Prosperidad Ciudadana que fue aceptado el 19 de mayo por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por presuntas irregularidades en la asamblea nacional del partido, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 2022. Esa decisión fue ratificada por la Corte de Constitucionalidad la semana pasada, al no aceptar el recurso de apelación de Pineda, con lo que no solo su candidatura, sino la de los más de 1.200 candidatos avalados por Prosperidad Ciudadana, quedaron por fuera de la posibilidad de presentarse a las elecciones de alcaldías, gobernaciones y Congreso. La decisión de la Corte de Constitucionalidad se suma a otras decisiones polémicas que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que han dejado por fuera las candidaturas de la líder indígena Thelma Cabrera y del empresario Roberto Arzú. Las exclusiones de estas candidaturas han beneficiado a los otros candidatos en carrera, especialmente a Edmond Mulet, Sandra Torres y Zury Ríos, entre quienes probablemente estén los dos candidatos que pasarán a segunda vuelta. Las decisiones contra los binomios de Cabrera y Arzú El primer caso de exclusión de un binomio electoral fue el de Thelma Cabrera y Jordán Rodas, del partido de izquierda Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que proviene de la Coordinadora de Desarrollo Campesino (CODECA). El TSE negó la inscripción de la candidatura de Rodas, aspirante a vicepresidente, quien había sido Procurador de Derechos Humanos, porque según el Registro de Ciudadanos, el finiquito —un tipo de paz y salvo con los organismos fiscales— presentado por Rodas y necesario para la inscripción no tenía validez, pues aparecían cargos jurídicos y una denuncia en su contra. Lo extraño del caso de Rodas es que la denuncia por la cual se le negó la inscripción fue interpuesta por el actual Procurador de Derechos Humanos, José Córdova, por supuestas irregularidades en el cobro de una indemnización después de que se conocieran las intenciones electorales de Rodas. Las denuncias se habrían presentado entre el 30 de diciembre de 2022 y el 06 de enero de este año, cuando la proclamación de Cabrera y Rodas fue el 28 de diciembre. La Fundación contra el Terrorismo, una organización de ultraderecha que ha estado detrás de muchas de las acciones que han acabado con exfiscales de la CICIG tras las rejas, interpuso la acción contra la candidatura de Rodas por no tener el finiquito el 18 de enero. Así, finalmente, el TSE negó la inscripción de la candidatura del binomio Cabrera-Rodas. El segundo caso de exclusión fue el que sacó de la carrera al binomio de Roberto Arzú y Daniel Esteban Pineda. Arzú es un empresario y político, hijo del expresidente y alcalde Álvaro Arzú Irigoyen. Arzú está relacionado con proyectos de fútbol y con una empresa constructora de centros comerciales en Guatemala. Ideológicamente puede ubicarse en la derecha del espectro político. Arzú pasó de ser cercano al gobierno de Jimmy Morales, que fue el que expulsó a Iván Velásquez de Guatemala, a no poder presentarse a las elecciones de este año. Fue proclamado como candidato a la presidencia por el partido Podemos el 11 de diciembre de 2022, junto a Pineda, pero el 06 de febrero de este año el TSE revocó su candidatura al recibir un recurso de nulidad del partido del expresidente Morales —Frente de Convergencia Nacional (FCN Nación)— porque habría incurrido en campaña anticipada. A Arzú se le había advertido en marzo de 2022 que estaba haciendo campaña anticipada por la entrega de unas pipas de agua al tiempo que usaba gorras con el lema #HagamosGrandeAGuate. La Corte Suprema de Justicia rechazó varios amparos interpuestos por Podemos y hace unos pocos días la CC declaró sin lugar los recursos y confirmó que Arzú y Pineda no podrán participar. Ambas decisiones, de acuerdo con organizaciones internacionales como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Human Rights Watch (HRW) deberían ser revisadas, pues sus criterios son dudosos y ponen en riesgo tanto los derechos políticos de los involucrados como la credibilidad del proceso electoral. La desproporción en las sanciones parece evidente. Ambas decisiones, sumadas a la exclusión de Carlos Pineda, contrastan con los casos de Zury Ríos y Sandra Torres, quienes sí mantienen sus candidaturas a pesar de dos grandes cuestionamientos que pesan sobre ellas. Las cuestionadas que sí van La candidatura de Zury Ríos se mantiene a pesar de estar expresamente prohibida en la constitución guatemalteca. Ríos es la hija de Efraín Ríos Montt, político y dictador, quien dio el golpe de Estado en 1982, y fue declarado culpable por genocidio en 2013, a pesar de que la CC anuló la sentencia a los pocos días de declarada. Zury Ríos ha sido diputada en el Congreso durante varios periodos, promueve una agenda de derecha que defiende no solo las actuaciones de los militares durante el conflicto armado y la dictadura proclamada por su padre, sino agendas antiaborto, valores conservadores y familiares. La salida de Pineda de la baraja electoral le da posibilidades de pasar a segunda vuelta. Su candidatura fue avalada a finales de enero por el TSE, después de que la coalición Valor-Unionista la proclamara como su candidata en diciembre de 2022, junto con Héctor Cifuentes. Ríos ya había intentado ser candidata en 2019 pero en ese momento no tuvo vía libre, y apegados al texto constitucional la candidatura debería ser inviable. De acuerdo con lo consignado en el artículo 186 de la Constitución, una de las prohibiciones para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República es ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del caudillo o los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar “que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno”. La CC dejó en firme la candidatura de Ríos, que fue impugnada por el partido Cabal de Edmond Mulet, al negar el pasado 18 de mayo el amparo presentado por esa colectividad. Por otro lado, tampoco se vio afectado el binomio de Sandra Torres y Romeo Guerra, avalado por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). En este caso, Guerra estaría inhabilitado para presentarse como candidato vicepresidencial por ejercer como ministro de culto de una iglesia, acorde con lo expuesto por el candidato del partido TODOS, Ricardo Sagastume. Esta prohibición también se encuentra consignada en el mismo artículo 186 mencionado anteriormente, pues de acuerdo con ello no pueden ser candidatos a presidente o vicepresidente “los ministros de cualquier religión o culto”. La CC confirmó que Guerra sí podrá presentarse a elecciones, al ratificar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de negar el amparo que presentó TODOS. Así las cosas, con dos cuestionamientos evidentes estas candidaturas estarán en el tarjetón el próximo 25 de junio, ambas con altas probabilidades de pasar a segunda vuelta. Entretanto, tres candidatos fueron excluidos y negados sus recursos de amparo, en lo que parece una muestra casi indiscutible de la politización de los órganos judiciales con funciones electorales en medio de una campaña a la que le sobran críticas, le faltan garantías y que pinta un panorama muy sombrío sobre el futuro de la democracia en Guatemala.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La decisión que tomó la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM), de dar libertad a la administración de la empresa para intervenir –entre junio y diciembre de 2023– la tarifa del servicio de energía eléctrica en el departamento de Antioquia, ha generado gran polémica durante estas últimas semanas. La decisión de la Junta fue posibilitar la aplicación de una medida temporal de “estabilización” de la tarifa, que permite descontar durante tres meses –de junio a septiembre– un 0,6% de la factura en el componente del servicio de energía eléctrica. Y luego ir aumentando el cobro, desde octubre hasta diciembre, para que al finalizar el año 2023 se encuentre al mismo nivel que comenzó en junio. La razón de esta medida es que la empresa está atendiendo al llamado que le hizo el gobierno de Gustavo Petro para explorar mecanismos de reducción de tarifas en los servicios públicos. Una solicitud que comenzó en octubre de 2022, con el llamado de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y que continuó en febrero de 2023 cuando el presidente de la República decretó su intervención en el control de la regulación de los servicios públicos (Ver: Petro y la función reguladora del Estado). A ambos llamados ha respondido la empresa: primero, cuando se comprometió en octubre con otras empresas públicas de servicios de energía a controlar el incremento del precio de la electricidad, llamado el Pacto por la Justicia Tarifaria (Ver: Pacto por la Justicia Tarifaria), y que para EPM ha resultado en “un esfuerzo de 2 billones de pesos para contribuir a estabilizar las tarifas de energía y aliviar el bolsillo de los usuarios”. El segundo esfuerzo lo va a comenzar a realizar en junio y representará para la empresa otro aporte por alrededor de $400 mil millones. Está decisión, según lo explicó el gerente general de la empresa, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, tiene dos etapas: en un comienzo la reducción será del 0,6%, que se le restará al saldo con el que cada uno llegó al mes de mayo y que se dará por cuatro meses –de junio a septiembre–. Un alivio tarifario que equivale a bajar $600 en una factura de $100.000 y que, según el gerente, permitirá en septiembre “tener la tarifa mínima”. Luego se tendrá una segunda etapa, entre octubre y diciembre de este año, cuando comenzará a subir lentamente la tarifa, lo que se verá reflejado en la factura hasta alcanzar, al finalizar el año, el mismo valor que se pagó en junio. Reducción que, como se ha dicho, representa un subsidio directo al consumo de $400 mil millones; y que la empresa lo lee como una transferencias de utilidades a la inversión social que hace periódicamente al municipio de Medellín. Está decisión unilateral de EPM, como se dijo, está causando mucha controversia. Una primera crítica viene de los habitantes de la ciudad y de las personas que están encargadas de cuidar y hacer seguimiento a la destinación de los recursos de Medellín. Como se dijo, esta es una decisión que compromete recursos del municipio y beneficiará a los 127 municipios de Antioquia –incluso se vinculó al municipio de El Carmen de Atrato (Chocó)–, que son cerca de seis millones de personas. Los críticos dicen que esta decisión de subsidiar a otra población por fuera de Medellín no es apropiada. Las utilidades de EPM son de la ciudad y para la ciudad, no para otros territorios, aunque allí se preste el servicio. Históricamente ha sido así y la ley lo plantea también así para cada unidad administrativa. Un alcalde no puede tomar la decisión de dar subsidios a los habitantes de otro territorio que no sean de su jurisdicción, y si lo hace estaría ante un detrimento patrimonial, incluso si a gente del otro territorio le presta el servicio y necesita el subsidio. La segunda crítica se relaciona con la sostenibilidad financiera de la empresa. Aunque la Junta Directiva de EPM diga que “el desempeño financiero del Grupo EPM en el primer trimestre fue excepcional”, y que por esa razón, puede “tomar este tipo de medidas para beneficiar a los usuarios”, lo cierto es que la empresa en los últimos años ha tenido serios problemas financieros, que ponen al negocio en riesgo. El Concejo de Medellín cuestiona a la Junta de EPM dejar de recibir $400 mil millones que pone en apuro el futuro de la empresa, en un momento en el que, según el último balance contable, se registra una disminución anual del 10% en los ingresos de EPM Matriz. Un tercer cuestionamiento viene de las demás empresas del sector de los servicios públicos domiciliarios. EPM se presenta como una compañía que viene a alterar la natural dinámica regulatoria del país. Para las empresas del sector existe una normatividad –las leyes 142 y 143 de 1994– que EPM debe respetar. Estas normas le dan a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) el monopolio de gestionar y definir las tarifas, y lo que hace la empresa es pasar por alto el acuerdo regulatorio y con ello pone en riesgo todo el mercado. La decisión de la Junta de EPM le está dando malas señales a los diversos agentes del mercado. A los oferentes los está motivando a un comportamiento autorregulatorio que no es conveniente y que precisamente se trató de evitar con el surgimiento de la CREG. Además, la empresa, indirectamente, está cuestionando la iniciativa privada al hablar el alcalde Quintero de la “necesidad de más empresas públicas en Colombia”. Finalmente, otro cuestionamiento es el político. Para la opinión pública, el alcalde Daniel Quintero Calle está actuando como un oportunista. Lo que busca el mandatario local es medio cumplir una promesa de campaña: aquella en la que dijo que al llegar al gobierno “congelaría las tarifas de servicios públicos”. Promesa imposible de cumplir en el país dada la normatividad existente. Lo que hace Quintero en el último semestre de su gobierno es decir que lo intentó hasta el último momento. Sin duda, para los críticos esta decisión de congelar –incluso que funciona como baja en las tarifas– es un comportamiento demagógico, con la que Quintero busca, por un lado, cuasi-cumplir una promesa electoral y, por el otro, mejorar su imagen para apoyar sus candidatos o los del movimiento al que está inscrito y aumentar sus opciones de continuar en el poder. Pues la decisión la toma en plena época electoral, cuando va de salida y cuando la ciudad y el departamento elegirán los nuevos mandatarios locales y regionales. En conclusión, a pesar de las críticas que tiene esta decisión, este momento lo podemos ver como una oportunidad para que en el país se discutan temas clave de la regulación de los servicios públicos domiciliarios. La estabilización de las tarifas de energía eléctrica en Antioquia es una invitación directa al Gobierno Nacional para que piense en la posibilidad de crear un fondo para la estabilización de tarifas del sector, pues como vimos el año anterior, el alto incremento de la tarifa en el país generó graves problemas, como ocurrió en la Costa Caribe, donde las tarifas subieron hasta un 50% en un año. Además, la decisión de EPM deja sobre la mesa importantes temas para discutir, como la autonomía o no que pueden tener las empresas del sector para bajar la tarifa de los servicios públicos –si lo pueden hacer de manera unilateral o no– y cuándo lo pueden hacer –para que no se considere esto como una decisión política y electoral–. También una ocasión para hablar de la forma como se establece la tarifa del servicio y la actualización de la misma, en especial, en un periodo en el que el fenómeno climático está elevando los precios de bolsa de la energía eléctrica y afectará, sin duda, las tarifas en los próximos meses. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Con la participación de cooperativas de mineros, mineros ancestrales y artesanales, agremiaciones, empresas privadas, organizaciones sociales, academia y autoridades locales y nacionales, se llevó a cabo la Cumbre Nacional Minera durante los días 27 y 28 de mayo en la ciudad de Bogotá. Este espacio se creó con el objetivo de recibir propuestas y avanzar en la creación de una nueva Ley Minera que refleje las necesidades y perspectivas de todos los actores involucrados. En la Cumbre participaron más de 1.500 actores de la minería y habitantes de 13 regiones del país con fuerte presencia de operaciones mineras en diversos sectores, como “minerales industriales, piedras preciosas, tierras raras, metales, carbón y materiales de construcción”. Durante los dos días se llevaron a cabo 50 mesas de trabajo para abordar temas cruciales relacionados con los territorios mineros, los componentes hacia una nueva Ley Minera, la industrialización y la transición energética, así como la regularización de la minería no formal. Estas discusiones fueron fundamentales para avanzar en la construcción de una “Minería para la Vida”, que priorice el ordenamiento territorial minero en torno al agua, promueva la diversificación de las actividades económicas en las regiones mineras, impulse una transición energética justa e industrialización, y dignifique la vida de los mineros y habitantes de los territorios mineros. Durante la Cumbre, se abordaron cuatro ejes fundamentales. Algunas de las propuestas planteadas incluyeron: Territorios Mineros: reconocer la minería ancestral en los procesos de planificación y reorganización minera, garantizando el respeto de los derechos humanos y priorizando la vida. Realizar una caracterización de la población minera teniendo en cuenta sus diferencias y diversidades. Nueva Ley Minera: revisar y armonizar las legislaciones minera y ambiental para brindar una mejor protección de los ecosistemas y las poblaciones, así como proporcionar mayor certidumbre jurídica a los titulares mineros. Planificar adecuadamente las fases del ciclo minero. Minería con Propósito, Industrialización y Transición Energética Justa: actualizar el catastro minero y su articulación con el catastro multipropósito. Reconocer las oportunidades que ofrece la minería para la industrialización y la transición energética justa. Apoyar la restauración ecológica y los procesos de diversificación productiva. Regularización de la minería no formal y estrategia de una Minería Para La Vida: desarrollar caracterizaciones poblacionales y territoriales para un adecuado planeamiento minero. Promover la democratización en el aprovechamiento de los minerales del país. Establecer procesos de apoyo y vigilancia para resolver conflictos y brindar herramientas a las comunidades mineras. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, destacó la importancia de este diálogo sin precedentes con el sector minero para construir una nueva política en el país. La intención es superar los efectos de más de 22 años de regulación que han generado numerosos conflictos socioambientales en el sector minero. Vélez enfatizó la importancia de priorizar el ordenamiento territorial y escuchar las voces de las comunidades mineras ancestrales, los pequeños mineros y las comunidades afectadas por la gran minería (Ver: La minería en el Postconflicto: Un asunto de quilates). Durante la Cumbre se abordaron diversas problemáticas y desafíos desde múltiples perspectivas, involucrando a las comunidades mineras, las empresas, la academia y las poblaciones de los territorios mineros. En un esfuerzo conjunto con el Gobierno Nacional, se recopilaron valiosos insumos que serán fundamentales en la elaboración del texto de la nueva Ley Minera. Como resultado de esta Cumbre, el Ministerio de Minas y Energía anunció que en el segundo semestre de 2023 se presentará al Congreso el proyecto de ley para modernizar el sector minero en el país, conocido como la “Ley Minera”. Es preciso destacar que dicho proyecto incorporará tanto los aportes y conclusiones surgidos de la Cumbre Nacional Minera, como las contribuciones provenientes de la ciudadanía, obtenidas a través de audiencias públicas y otras instancias de diálogo. Este enfoque participativo garantizará que la nueva legislación refleje las necesidades y aspiraciones de todos los actores involucrados en el ámbito minero. La participación de alrededor de 1.500 actores de la minería en este encuentro resalta la importancia que se le atribuye a la creación de una legislación inclusiva y sostenible. Como parte de este proceso, la Comisión Accidental del Congreso de la República ha llevado a cabo 28 audiencias públicas en diferentes regiones del país, donde se han recopilado valiosos aportes para la construcción de la nueva ley. Además, el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional Minera han realizado foros técnicos y reuniones con empresarios del sector minero, buscando promover la diversidad de voces y perspectivas. La ministra Vélez hizo un llamado a los congresistas de las comisiones quinta tanto del Senado como de la Cámara para que se involucren en la construcción y el trámite de la ley en el Congreso. Destacó que este proceso debe ser inclusivo y contar con la participación de diversos sectores políticos, ya que se trata de un tema de interés nacional. En relación a la transición energética, la ministra resaltó la importancia de pasar de un modelo extractivista a uno productivo. Esto implica no solo extraer minerales, sino también generar cadenas de valor y promover la industrialización. Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de fortalecer el conocimiento geo-científico para identificar de manera precisa la ubicación de los minerales, evitando conflictos con áreas de reserva forestal, territorios étnicos y recursos hídricos. Se espera que los lineamientos discutidos durante el evento sienten las bases de una nueva ley que fomente una minería sostenible, en armonía con el entorno socioambiental y en beneficio de las comunidades mineras. La incertidumbre generada por las políticas energéticas del gobierno de Gustavo Petro ha mantenido en expectativa a los pequeños mineros, quienes temen medidas radicales que puedan afectar su sustento ancestral. Sin embargo, la ministra Irene Vélez dejó claro en estas reuniones que la construcción de la ley minera se realizará de manera conjunta con la participación de la gente, garantizando una representación equitativa de todas las voces. Al finalizar la Cumbre, la viceministra de minas, Johana Rocha, mencionó que uno de los mayores aprendizajes de estos dos días fue que “efectivamente en la diferencia es posible construir”, además dijo: “la tarea que estamos adelantando es histórica. Es la primera vez que un Gobierno convoca a la ciudadanía interesada, representada por sectores muy diversos, para construir la ley del sector minero; para analizar el impacto de la normativa vigente a la fecha y para identificar las propuestas que nos permitan lograr un sector más moderno, orientado a proporcionar bienestar a las poblaciones, a contribuir a la industrialización del país, a incentivar la diversificación productiva de los territorios mineros, y a cimentar condiciones de justicia social y ambiental. La nueva Ley Minera será una ley de todos”. Se espera conocer cuáles serán las verdaderas prioridades del ministerio y cómo se retrasará la agenda a partir de ahora. Debemos recordar que estamos hablando de miles de mineros que a menudo carecen de acceso a la conectividad o no han sido considerados en otras propuestas mineras. Por lo tanto, aún existen algunas incertidumbres sobre cómo se desarrollará realmente la agenda.

Foto MP Durante seis meses el equipo de investigación de la Fundación Paz & Reconciliación trabajó en los departamentos de Cauca, Caquetá, Norte de Santander y Meta para hacer una investigación sobre los riesgos a los que están expuestos los militantes de la Marcha Patriótica, su historia y su aporte al proceso de paz en La Habana. La Marcha Patriótica es un movimiento social y político que incursionó oficialmente en la vida política el 21 de abril de 2012. Su emergencia lo convirtió en un actor clave en el proceso de paz. Sus expectativas de participación política están ligadas a la apertura democrática que el país necesita con urgencia. Su agenda política, principalmente agrarista, es uno de los aspectos nodales para la solución política y negociada del conflicto armado. Una parte de la investigación recoge la historia política reciente en ocho municipios de cuatro departamentos del territorio nacional: Santander de Quilichao y Buenos Aires, Cauca; La Montañita y San Vicente del Caguán, Caquetá; Vista Hermosa y Puerto Rico, Meta; El Tarra y Teorama, Norte de Santander. El estudio de las relaciones entre los concejos y las alcaldias de dichas muncipalidades, fue clave para determinar la fortaleza institucional del Estado local y para identificar oportunidades de incursión e injerencia en la vida política local del movimiento Marcha Patriótica. En los mismos cuatro departamentos, la Fundación analizó las relaciones políticas que el Movimiento tiene con instituciones, partidos, actores armados, entidades privadas, entre otros actores. Esas relaciones se calificaron como cooperantes, conflictivas y neutras, información que permitirá hacer otros análisis políticos sobre posibles aliados y construcción de redes de apoyo. La Fundación Paz & Reconciliación identificó nueve hipótesis de riesgo que se ciernen sobre la Marcha Patriótica, hay riesgos inminentes, probables y posibles. Por ejemplo, unos de los riesgos inminentes supone que las limitaciones legales para el ejercicio de la política no pueden superarse y con ello se restrinjan los espacios políticos de participación de la Marcha Patriótica. A continuación se muestran los informes completos sobre la caracterización del Movimiento Marcha Patriótica. Descargar aquí

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 22 al 28 de mayo de 2023 Nuevamente hemos constatado esta semana la complejidad de resolver un largo conflicto armado como el que se trata de resolver vía diálogos, negociaciones y construcción de un acuerdo de paz con una visión compartida de país y soportada en transformaciones que la hagan viable. Una noticia positiva fue la declaración conjunta entre la delegación negociadora del Gobierno Colombiano y la delegación del ELN, en la que anunciaron que el tercer ciclo va hasta el jueves 08 de junio y que en la clausura informarán de los avances en los tres puntos en los que han trabajado desde el 02 de mayo en La Habana. Una noticia negativa fue el ataque del ELN a una patrulla de la policía en Tibú, mostrando nuevamente que hay un conflicto armado por superar. El Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, expresó ante los hechos de Tibú solidaridad con las víctimas, el rechazo a la continuidad de estos hechos de violencia y la importancia de que el ELN haya reconocido su responsabilidad, por la cual deberá responder. Este será uno de los miles de casos a tramitar en el punto de víctimas. El ELN denuncia que hay operaciones de hostigamiento por parte de "paramilitares" y la Fuerza Pública colombiana contra la población del Catatumbo y que su acción es una respuesta a esta situación. Es la continuidad de acciones en los territorios que deben ser atendidas tanto en el punto de cese bilateral en construcción, así como en el de dinámicas humanitarias, puntos clave para que sea posible una participación de la sociedad. El tercer ciclo está en su recta final, esperemos los mejores resultados. 1. Gobierno y ELN informaron que van a trabajar en este tercer ciclo hasta el jueves 09 de junio y que ese día informarán sobre los resultados en los tres puntos en los que en este momento trabajan: participación de la sociedad, cese bilateral y acciones humanitarias. 2. El Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, se pronunció sobre el ataque del ELN a la Policía Nacional en Tibú en el que murieron dos policiales y una mujer civil. La dura realidad a transformar. 3. El ELN se responsabiliza de atentado en Tibú que dejó tres personas muertas. 4. Mensaje de la Guardia Campesina de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo: “no podemos seguir poniendo más muertos en este país, azotado por décadas por muchos años de violencia”. #ElCeseSalvaVidas 5. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, se pronunció sobre el ataque del ELN. 6. Comunicado de la Cumbre Nacional por la Vida, la Paz y los Territorios: "queremos convocar a toda la sociedad colombiana, a los actores en armas y al Estado colombiano a no disminuir los esfuerzos en la búsqueda de una salida política y participativa al conflicto social y armado". #CesePorLaVidaYPorLaPaz 7. Carta de Sara Tufano, columnista de El Tiempo, a Pablo Beltrán, integrante del Comando Central del ELN y jefe de su delegación de diálogo. https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/sara-tufano/carta-a-pablo-beltran-foro-del-lector-772152 8. María Jimena Duzán escribió sobre las reflexione del presidente Gustavo Petro sobre el ELN. https://elpais.com/america-colombia/2023-05-28/petro-y-la-cantada-de-tabla-que-le-pego-al-eln.html 9. Gustavo Bolívar se pronunció sobre la voluntad de paz del ELN. https://www.infobae.com/colombia/2023/05/27/gustavo-bolivar-aseguro-que-ni-las-disidencias-ni-el-eln-tienen-voluntad-de-paz-por-sus-acciones-recientes/ 10. El comandante de las FF.MM., General Helder Giraldo, se refirió a la violencia en el país. https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/eln-comandante-de-las-ff-mm-critica-el-accionar-de-la-guerrilla-772367 11. El Senador Iván Cepeda habló de la la importancia de la participación de José Felix Lafaurie en la delegación de diálogos con el ELN y sobre la complejidad de estos procesos. https://www.contextoganadero.com/politica/participacion-de-lafaurie-en-la-mesa-de-dialogos-con-el-eln-ha-hecho-mas-diversa-la-posicion-del-gobierno-ivan-cepeda 12. En este análisis, Andrés Caro se pregunta si es viable una negociación de paz con el ELN ante su resistencia de reconocer el ordenamiento constitucional colombiano. https://www.lasillavacia.com/la-silla-vacia/opinion/articulos-columna/lo-innegociable/ Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, desde la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, se ha experimentado un significativo incremento comercial entre los países. Con la habilitación del cruce de vehículos a través del puente Atanasio Girardot, se ha facilitado el intercambio comercial y se han generado nuevas oportunidades de negocio entre el departamento colombiano de Norte de Santander y el estado venezolano de Táchira. El comercio entre ambos países se reactivó el 01 de enero, cuando tres tractocamiones colombianos cruzaron el puente “Tienditas”, transportando 96 toneladas de preparaciones alimenticias. Estos primeros vehículos de carga marcaron el inicio de las operaciones por el puente Atanasio Girardot, consolidando la integración entre Colombia y Venezuela, al permitir el paso de vehículos particulares, transporte de pasajeros y mercancías. Según datos compartidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el comercio entre Colombia y Venezuela, en temas de exportaciones e importaciones, es creciente desde el 2021, cuando inició su proceso de recuperación. Mientras que en 2020 cayó a la cifra más baja y se acercó a los US$222 millones, en el 2021 empezó a crecer y cerró en US$394 millones, un aumento del 77,5 %. En el 2022 ya alcanzó los US$728,4 millones, lo que significó un crecimiento del 84,9 % frente al 2021. Y en el primer trimestre de este año (2023) llegó a US$182,2 millones, un incremento del 47,4 % con relación al mismo trimestre del 2022. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) informó que la frontera de Norte de Santander ha experimentado mejoras significativas en el transporte de carga por carretera a través de los tres puentes ubicados en esa región del país. Los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que se encuentran abiertos desde el 26 de septiembre de 2022, junto con el puente Atanasio Girardot, abierto desde el 01 de enero de este año, han contribuido al flujo comercial en la zona. Según un informe presentado por las autoridades de Norte de Santander, durante el periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 2022 y el 30 de abril del presente año, el comercio a través de estos tres puentes alcanzó la cifra de US$83,9 millones, lo que representa un total de 100,923 toneladas de mercancías transportadas. Dentro de las exportaciones colombianas hacia Venezuela los productos no mineros han sido los principales impulsores del aumento en las ventas. Los caramelos y confites se destacaron como los principales productos, representando el 8,3 % de la canasta exportadora hacia ese país. Otros productos no mineros, como los abonos minerales, los aceites de palma y las premezclas para la alimentación de animales, también han experimentado un crecimiento significativo en las ventas. El viceministro de Comercio Exterior, Luis Felipe Quintero Suárez, destacó el progreso en el restablecimiento de las relaciones económicas, comerciales y diplomáticas con Venezuela. Según sus declaraciones, se llevó a cabo un trabajo conjunto y coordinado con el Gobierno venezolano y las autoridades de ambos países. Sin embargo, Isabel Castillo, representante de la Cámara de Comercio de Venezuela, señaló a Pares que la reapertura de la frontera no ha tenido el impacto esperado, ya que aún quedan aspectos pendientes por coordinar, con el fin de que la reapertura sea plenamente efectiva. Castillo destacó que aún quedan muchas cosas por organizar y que el proceso está en curso. En cuanto a las importaciones y exportaciones, Castillo mencionó que aún no se han beneficiado completamente, puesto que hay una mayor cantidad de exportaciones que de importaciones desde Venezuela. Esto se debe a que el estado de Táchira depende en gran medida de Colombia para obtener el 90 % de los insumos y materias primas necesarios para la elaboración de sus productos, lo cual es un aspecto crucial. Es probable que las exportaciones de Colombia hacia Venezuela sean tres o cuatro veces mayores que las exportaciones de Venezuela hacia Colombia. Castillo enfatizó que el objetivo de la reapertura es lograr una complementariedad y aumentar las exportaciones de Venezuela hacia Colombia. La representante de la Cámara de Comercio de Venezuela aseguró que sí ha habido cierto movimiento en el sector industrial desde la reapertura de la frontera, ya que anteriormente se encontraba completamente paralizado. Sin embargo, destacó que aún hace falta financiamiento por parte de los entes gubernamentales de su país para incrementar la actividad comercial. Además, mencionó la existencia de programas destinados a fomentar el intercambio comercial y fortalecer las relaciones entre ambos países. Hizo referencia a un proyecto en la zona económica especial fronteriza y a la zona binacional comercial, los cuales espera que sean implementados en un futuro próximo. Castillo también resaltó la necesidad de mejorar las vías de comunicación, asegurar el financiamiento adecuado, garantizar el suministro de insumos y brindar seguridad a las personas que deseen invertir en Venezuela. Además, expresó su esperanza de que el movimiento en la frontera pueda recuperar la vitalidad que tuvo en años anteriores, una vez se aborden estos aspectos pendientes. No obstante, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) de Colombia destacó el impacto positivo que ha tenido la reapertura de la frontera en el comercio entre Colombia y Venezuela, ya que las cifras reflejan este efecto favorable, y “el proceso se ha desarrollado de manera irreversible, fluida, tranquila y normal, tal como se esperaba”. Este logro ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre la región y el Gobierno Nacional, así como a la colaboración entre los Gobiernos de ambos países. Es importante destacar que este éxito es compartido por todos los actores involucrados. Sin embargo, no cabe duda de que los mayores beneficiarios de esta apertura han sido los empresarios del comercio exterior y, por supuesto, los ciudadanos que residen en ambos lados de la frontera. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha expresado su compromiso en mantener la movilidad del puente Atanasio Girardot y fortalecer el acuerdo de apertura que se estableció el 01 de enero de 2023. Asimismo, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha manifestado su voluntad de promover el comercio bilateral y estrechar los lazos entre ambos países. En un encuentro llevado a cabo el 10 de enero en la zona fronteriza, participaron delegados de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Migración Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y representantes de la Cancillería. Durante esta reunión, se acordó realizar visitas a los demás tramos binacionales para verificar su operación y facilitar el libre paso de vehículos particulares. La reanudación del comercio entre Colombia y Venezuela se atribuye a la reanudación de las relaciones diplomáticas y la apertura de la frontera terrestre, que han sido factores determinantes para impulsar el intercambio comercial. Los principales pasos fronterizos terrestres en la región de Norte de Santander y Táchira, especialmente los puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Atanasio Girardot, han jugado un papel fundamental en la promoción del comercio bilateral. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) destacó que las políticas implementadas desde esta entidad son transversales a los diferentes sectores productivos no minero-energéticos. En ese sentido, desde el restablecimiento de las relaciones con el Gobierno de Venezuela y la reapertura de la frontera, las autoridades colombianas, incluyendo al MINCIT, mantienen una comunicación constante y un diálogo fluido con sus contrapartes venezolanas. Esto les permite monitorear y atender cualquier situación que pueda afectar el flujo del comercio y el intercambio bilateral en general. No obstante, el mayor desafío radica en ganarse la plena confianza de los actores comerciales, de manera que se consolide este proceso y no solo se recupere el nivel de comercio que existía en el pasado, sino que también se logren generar vínculos productivos en los que las pequeñas y medianas empresas (pymes) puedan participar. Esto contribuirá al crecimiento económico y al bienestar de los ciudadanos. En esta línea, el MINCIT ha trazado una ruta que garantiza la estabilidad y seguridad jurídica mediante mecanismos como los acuerdos de promoción y protección de la inversión, el acuerdo de alcance parcial y el acuerdo de transporte internacional entre ambos países. Este último ha sido recientemente aprobado en el Congreso, lo que brinda un marco normativo sólido para el comercio bilateral. Las exportaciones colombianas hacia Venezuela incluyen alimentos, fertilizantes, insumos agrícolas, material de ferretería y artículos de aseo, entre otros. Estos productos han encontrado un mercado favorable en Venezuela, y se espera que las exportaciones sigan creciendo en los próximos trimestres. Es importante tener en cuenta que el contexto económico y político de cada país puede influir en el comercio bilateral. Por lo tanto, es necesario que las autoridades continúen trabajando en la mejora de las condiciones comerciales y en la promoción de un entorno favorable para las empresas que deseen participar en el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Por último, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) subraya su objetivo de consolidar la relación bilateral y promover un crecimiento continuo del comercio. Según el MINCIT, “las condiciones son propicias y ambos países son hermanos, por lo que es fundamental aprovechar las oportunidades que se presentan en la actualidad para afianzar el proceso de restablecimiento de las relaciones y evitar retroceder en los avances logrados”.

Por: Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presenta su informe sobre la situación de líderes y lideresas sociales 2022-2023, una situación que preocupa, pues el asesinato de líderes y lideresas sociales viene presentando una tendencia de aumento desde 2021. En el año 2022 se presentaron un total de 180 víctimas de violencia letal, registrando un alza del 32% con respecto al 2021. Esta propensión al incremento podría confirmarse en los siguientes meses de 2023, pues de enero a abril de este año, ya se han presentado 58 casos. En los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia, Putumayo, Arauca y Valle del Cauca se concentraron el 60% de los casos en 2022. Los Grupos Armados Pos FARC (GAPF) y el Clan del Golfo son responsables en conjunto de cerca del 82% las acciones armadas letales contra líderes y lideresas. Pese al plan de emergencia propuesto por el nuevo gobierno a finales del año pasado para mitigar la violencia contra líderes y lideresas, en la práctica no se está llevando a cabo producto de la falta de articulación interinsticucional, lo que termina por configurar por parte de las instituciones la adopción de una serie de medidas de carácter reactivo, mas no preventivo. Desde la posesión de Gustavo Petro a la actualidad, ya se registra un total de 128 líderes y lideresas asesinados. Foto: Ernesto Guzmán Jr. / Agencia EFE Lea el informe completo, aquí:

Por: Nataly Páez y Violeta López Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos El pasado 17 de mayo, en el departamento de Putumayo, cuatro menores de la comunidad Samaritana del resguardo Alto Predio, del pueblo indígena Muruí, fueron víctimas de un intento de reclutamiento forzado por parte del Frente Carolina Ramírez del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC. Los menores lograron escapar, sin embargo, en horas de la tarde fueron encontrados y asesinados por el grupo armado. Tres días después, miembros de la Fuerza Pública y el ICBF se desplazaron hasta el lugar de los hechos para atender la denuncia realizada por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac). Una vez verificados los hechos, el presidente de la República Gustavo Petro convocó una reunión extraordinaria en la que suspendió parcialmente el cese al fuego bilateral con esta organización en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, y ordenó una ofensiva militar. En consecuencia, el grupo armado emitió un comunicado en el cual afirma que el Estado Mayor Central (EMC) ha demostrado desde el 22 de septiembre de 2022 su voluntad de paz, fecha en la que se anunció el cese de acciones ofensivas contra la Fuerza Pública con el objetivo de crear un ambiente propicio para una eventual mesa de diálogo. Sin embargo, en un informe de inteligencia militar divulgado por W Radio, se evidenció que este grupo habría violado el cese al fuego con 226 acciones violentas, acciones que han afectado principalmente a los departamentos del Cauca, Meta, Nariño, Valle, Caquetá y Norte de Santander. Este comunicado responsabiliza a la Fuerza Pública de una presunta violación del cese al fuego y realiza fuertes críticas hacia el mandato de Gustavo Petro, aludiendo que “el supuesto gobierno del cambio, el cual no se ha visto más que en discursos y promesas, sigue en el continuismo de asumir decisiones norteamericanas con celeridad [...]”. Asimismo, señala que los mecanismos de monitoreo y verificación necesarios para llevar a cabo las negociaciones son deficientes y hasta el momento no se han instalado. Además, reacciona de forma ofensiva ante las declaraciones de Gustavo Petro, allí el EMC advierte que “se desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”. Lo anterior deja en evidencia un posible incremento de la violencia en el territorio nacional, en donde frente a la débil presencia estatal en zonas de conflicto, así como una frágil estrategia de seguridad, la población civil continuará expuesta ante nuevos escenarios de violencia en los cuales el EMC permanecerá ejerciendo control social. Según investigaciones adelantadas por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) se encuentra conformado por 24 frentes, los cuales son liderados por 32 cabecillas y cuentan con más de 3.500 (inteligencia) integrantes que se distribuyen principalmente en los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Arauca, Casanare, Nariño, Caquetá, Putumayo y Valle del Cauca. Dentro de su accionar violento destacan combates o enfrentamientos armados con la Segunda Marquetalia y el ELN, al igual que ataques a la Fuerza Pública y a la población civil. Uno de los frentes que conforma esta disidencia es el Carolina Ramírez, antes conocido como Frente Armando Ríos, comandado por alias “Danilo Alvizú”, el cual cuenta con presencia en el Putumayo, en los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguizamó, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, en los departamentos del Guaviare, Caquetá y Cauca, principalmente en el municipio de Piamonte. En el último año, el Frente Carolina Ramírez se ha enfrentado con algunas subestructuras de la Segunda Marquetalia, particularmente con el Frente 48 y los Comandos de Frontera. Estos enfrentamientos se derivan de la disputa por el control de rutas de tráfico de estupefacientes en la frontera con Ecuador, en donde como parte del control territorial el frente Carolina Ramírez lleva a cabo acciones en contra de la población civil como homicidios selectivos y reclutamiento forzado, en especial en comunidades indígenas. En definitiva, el hecho violento perpetrado por el Frente Carolina Ramírez pone en tela de juicio la voluntad del Estado Mayor Central por cesar sus hostilidades y generar un escenario propicio para una eventual mesa de diálogo y posterior proceso de negociación con el Gobierno Nacional, y se suma a una larga lista de acciones violentas que representan una amenaza para la Paz Total. Por esta razón, es necesario que el Gobierno refuerce su política de seguridad mediante el fortalecimiento de la acción de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de establecer un mayor control territorial, ya que de lo contrario las acciones violentas hacia la población civil continuarán incrementando y la promesa de la Paz Total se verá cada vez más lejana. Asimismo, es indispensable aunar esfuerzos para no desistir de una negociación como principal medio para la construcción de una paz posible y duradera, en el cual se logren (l) definir mecanismos de monitoreo del cese al fuego que garanticen su efectivo cumplimiento y (II) una selección clara de las delegaciones de negociación. Es importante que este proceso se funde sobre la base de los derechos de las víctimas y con un enfoque que permita aliviar la violencia que padecen las comunidades.