Por: Katerin Erazo, Periodista Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, desde la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, se ha experimentado un significativo incremento comercial entre los países. Con la habilitación del cruce de vehículos a través del puente Atanasio Girardot, se ha facilitado el intercambio comercial y se han generado nuevas oportunidades de negocio entre el departamento colombiano de Norte de Santander y el estado venezolano de Táchira. El comercio entre ambos países se reactivó el 01 de enero, cuando tres tractocamiones colombianos cruzaron el puente “Tienditas”, transportando 96 toneladas de preparaciones alimenticias. Estos primeros vehículos de carga marcaron el inicio de las operaciones por el puente Atanasio Girardot, consolidando la integración entre Colombia y Venezuela, al permitir el paso de vehículos particulares, transporte de pasajeros y mercancías. Según datos compartidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el comercio entre Colombia y Venezuela, en temas de exportaciones e importaciones, es creciente desde el 2021, cuando inició su proceso de recuperación. Mientras que en 2020 cayó a la cifra más baja y se acercó a los US$222 millones, en el 2021 empezó a crecer y cerró en US$394 millones, un aumento del 77,5 %. En el 2022 ya alcanzó los US$728,4 millones, lo que significó un crecimiento del 84,9 % frente al 2021. Y en el primer trimestre de este año (2023) llegó a US$182,2 millones, un incremento del 47,4 % con relación al mismo trimestre del 2022. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) informó que la frontera de Norte de Santander ha experimentado mejoras significativas en el transporte de carga por carretera a través de los tres puentes ubicados en esa región del país. Los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que se encuentran abiertos desde el 26 de septiembre de 2022, junto con el puente Atanasio Girardot, abierto desde el 01 de enero de este año, han contribuido al flujo comercial en la zona. Según un informe presentado por las autoridades de Norte de Santander, durante el periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 2022 y el 30 de abril del presente año, el comercio a través de estos tres puentes alcanzó la cifra de US$83,9 millones, lo que representa un total de 100,923 toneladas de mercancías transportadas. Dentro de las exportaciones colombianas hacia Venezuela los productos no mineros han sido los principales impulsores del aumento en las ventas. Los caramelos y confites se destacaron como los principales productos, representando el 8,3 % de la canasta exportadora hacia ese país. Otros productos no mineros, como los abonos minerales, los aceites de palma y las premezclas para la alimentación de animales, también han experimentado un crecimiento significativo en las ventas. El viceministro de Comercio Exterior, Luis Felipe Quintero Suárez, destacó el progreso en el restablecimiento de las relaciones económicas, comerciales y diplomáticas con Venezuela. Según sus declaraciones, se llevó a cabo un trabajo conjunto y coordinado con el Gobierno venezolano y las autoridades de ambos países. Sin embargo, Isabel Castillo, representante de la Cámara de Comercio de Venezuela, señaló a Pares que la reapertura de la frontera no ha tenido el impacto esperado, ya que aún quedan aspectos pendientes por coordinar, con el fin de que la reapertura sea plenamente efectiva. Castillo destacó que aún quedan muchas cosas por organizar y que el proceso está en curso. En cuanto a las importaciones y exportaciones, Castillo mencionó que aún no se han beneficiado completamente, puesto que hay una mayor cantidad de exportaciones que de importaciones desde Venezuela. Esto se debe a que el estado de Táchira depende en gran medida de Colombia para obtener el 90 % de los insumos y materias primas necesarios para la elaboración de sus productos, lo cual es un aspecto crucial. Es probable que las exportaciones de Colombia hacia Venezuela sean tres o cuatro veces mayores que las exportaciones de Venezuela hacia Colombia. Castillo enfatizó que el objetivo de la reapertura es lograr una complementariedad y aumentar las exportaciones de Venezuela hacia Colombia. La representante de la Cámara de Comercio de Venezuela aseguró que sí ha habido cierto movimiento en el sector industrial desde la reapertura de la frontera, ya que anteriormente se encontraba completamente paralizado. Sin embargo, destacó que aún hace falta financiamiento por parte de los entes gubernamentales de su país para incrementar la actividad comercial. Además, mencionó la existencia de programas destinados a fomentar el intercambio comercial y fortalecer las relaciones entre ambos países. Hizo referencia a un proyecto en la zona económica especial fronteriza y a la zona binacional comercial, los cuales espera que sean implementados en un futuro próximo. Castillo también resaltó la necesidad de mejorar las vías de comunicación, asegurar el financiamiento adecuado, garantizar el suministro de insumos y brindar seguridad a las personas que deseen invertir en Venezuela. Además, expresó su esperanza de que el movimiento en la frontera pueda recuperar la vitalidad que tuvo en años anteriores, una vez se aborden estos aspectos pendientes. No obstante, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) de Colombia destacó el impacto positivo que ha tenido la reapertura de la frontera en el comercio entre Colombia y Venezuela, ya que las cifras reflejan este efecto favorable, y “el proceso se ha desarrollado de manera irreversible, fluida, tranquila y normal, tal como se esperaba”. Este logro ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre la región y el Gobierno Nacional, así como a la colaboración entre los Gobiernos de ambos países. Es importante destacar que este éxito es compartido por todos los actores involucrados. Sin embargo, no cabe duda de que los mayores beneficiarios de esta apertura han sido los empresarios del comercio exterior y, por supuesto, los ciudadanos que residen en ambos lados de la frontera. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha expresado su compromiso en mantener la movilidad del puente Atanasio Girardot y fortalecer el acuerdo de apertura que se estableció el 01 de enero de 2023. Asimismo, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha manifestado su voluntad de promover el comercio bilateral y estrechar los lazos entre ambos países. En un encuentro llevado a cabo el 10 de enero en la zona fronteriza, participaron delegados de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Migración Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y representantes de la Cancillería. Durante esta reunión, se acordó realizar visitas a los demás tramos binacionales para verificar su operación y facilitar el libre paso de vehículos particulares. La reanudación del comercio entre Colombia y Venezuela se atribuye a la reanudación de las relaciones diplomáticas y la apertura de la frontera terrestre, que han sido factores determinantes para impulsar el intercambio comercial. Los principales pasos fronterizos terrestres en la región de Norte de Santander y Táchira, especialmente los puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Atanasio Girardot, han jugado un papel fundamental en la promoción del comercio bilateral. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) destacó que las políticas implementadas desde esta entidad son transversales a los diferentes sectores productivos no minero-energéticos. En ese sentido, desde el restablecimiento de las relaciones con el Gobierno de Venezuela y la reapertura de la frontera, las autoridades colombianas, incluyendo al MINCIT, mantienen una comunicación constante y un diálogo fluido con sus contrapartes venezolanas. Esto les permite monitorear y atender cualquier situación que pueda afectar el flujo del comercio y el intercambio bilateral en general. No obstante, el mayor desafío radica en ganarse la plena confianza de los actores comerciales, de manera que se consolide este proceso y no solo se recupere el nivel de comercio que existía en el pasado, sino que también se logren generar vínculos productivos en los que las pequeñas y medianas empresas (pymes) puedan participar. Esto contribuirá al crecimiento económico y al bienestar de los ciudadanos. En esta línea, el MINCIT ha trazado una ruta que garantiza la estabilidad y seguridad jurídica mediante mecanismos como los acuerdos de promoción y protección de la inversión, el acuerdo de alcance parcial y el acuerdo de transporte internacional entre ambos países. Este último ha sido recientemente aprobado en el Congreso, lo que brinda un marco normativo sólido para el comercio bilateral. Las exportaciones colombianas hacia Venezuela incluyen alimentos, fertilizantes, insumos agrícolas, material de ferretería y artículos de aseo, entre otros. Estos productos han encontrado un mercado favorable en Venezuela, y se espera que las exportaciones sigan creciendo en los próximos trimestres. Es importante tener en cuenta que el contexto económico y político de cada país puede influir en el comercio bilateral. Por lo tanto, es necesario que las autoridades continúen trabajando en la mejora de las condiciones comerciales y en la promoción de un entorno favorable para las empresas que deseen participar en el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Por último, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) subraya su objetivo de consolidar la relación bilateral y promover un crecimiento continuo del comercio. Según el MINCIT, “las condiciones son propicias y ambos países son hermanos, por lo que es fundamental aprovechar las oportunidades que se presentan en la actualidad para afianzar el proceso de restablecimiento de las relaciones y evitar retroceder en los avances logrados”.

Por: Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presenta su informe sobre la situación de líderes y lideresas sociales 2022-2023, una situación que preocupa, pues el asesinato de líderes y lideresas sociales viene presentando una tendencia de aumento desde 2021. En el año 2022 se presentaron un total de 180 víctimas de violencia letal, registrando un alza del 32% con respecto al 2021. Esta propensión al incremento podría confirmarse en los siguientes meses de 2023, pues de enero a abril de este año, ya se han presentado 58 casos. En los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia, Putumayo, Arauca y Valle del Cauca se concentraron el 60% de los casos en 2022. Los Grupos Armados Pos FARC (GAPF) y el Clan del Golfo son responsables en conjunto de cerca del 82% las acciones armadas letales contra líderes y lideresas. Pese al plan de emergencia propuesto por el nuevo gobierno a finales del año pasado para mitigar la violencia contra líderes y lideresas, en la práctica no se está llevando a cabo producto de la falta de articulación interinsticucional, lo que termina por configurar por parte de las instituciones la adopción de una serie de medidas de carácter reactivo, mas no preventivo. Desde la posesión de Gustavo Petro a la actualidad, ya se registra un total de 128 líderes y lideresas asesinados. Foto: Ernesto Guzmán Jr. / Agencia EFE Lea el informe completo, aquí:

Por: Nataly Páez y Violeta López Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos El pasado 17 de mayo, en el departamento de Putumayo, cuatro menores de la comunidad Samaritana del resguardo Alto Predio, del pueblo indígena Muruí, fueron víctimas de un intento de reclutamiento forzado por parte del Frente Carolina Ramírez del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC. Los menores lograron escapar, sin embargo, en horas de la tarde fueron encontrados y asesinados por el grupo armado. Tres días después, miembros de la Fuerza Pública y el ICBF se desplazaron hasta el lugar de los hechos para atender la denuncia realizada por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac). Una vez verificados los hechos, el presidente de la República Gustavo Petro convocó una reunión extraordinaria en la que suspendió parcialmente el cese al fuego bilateral con esta organización en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, y ordenó una ofensiva militar. En consecuencia, el grupo armado emitió un comunicado en el cual afirma que el Estado Mayor Central (EMC) ha demostrado desde el 22 de septiembre de 2022 su voluntad de paz, fecha en la que se anunció el cese de acciones ofensivas contra la Fuerza Pública con el objetivo de crear un ambiente propicio para una eventual mesa de diálogo. Sin embargo, en un informe de inteligencia militar divulgado por W Radio, se evidenció que este grupo habría violado el cese al fuego con 226 acciones violentas, acciones que han afectado principalmente a los departamentos del Cauca, Meta, Nariño, Valle, Caquetá y Norte de Santander. Este comunicado responsabiliza a la Fuerza Pública de una presunta violación del cese al fuego y realiza fuertes críticas hacia el mandato de Gustavo Petro, aludiendo que “el supuesto gobierno del cambio, el cual no se ha visto más que en discursos y promesas, sigue en el continuismo de asumir decisiones norteamericanas con celeridad [...]”. Asimismo, señala que los mecanismos de monitoreo y verificación necesarios para llevar a cabo las negociaciones son deficientes y hasta el momento no se han instalado. Además, reacciona de forma ofensiva ante las declaraciones de Gustavo Petro, allí el EMC advierte que “se desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”. Lo anterior deja en evidencia un posible incremento de la violencia en el territorio nacional, en donde frente a la débil presencia estatal en zonas de conflicto, así como una frágil estrategia de seguridad, la población civil continuará expuesta ante nuevos escenarios de violencia en los cuales el EMC permanecerá ejerciendo control social. Según investigaciones adelantadas por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) se encuentra conformado por 24 frentes, los cuales son liderados por 32 cabecillas y cuentan con más de 3.500 (inteligencia) integrantes que se distribuyen principalmente en los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Arauca, Casanare, Nariño, Caquetá, Putumayo y Valle del Cauca. Dentro de su accionar violento destacan combates o enfrentamientos armados con la Segunda Marquetalia y el ELN, al igual que ataques a la Fuerza Pública y a la población civil. Uno de los frentes que conforma esta disidencia es el Carolina Ramírez, antes conocido como Frente Armando Ríos, comandado por alias “Danilo Alvizú”, el cual cuenta con presencia en el Putumayo, en los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguizamó, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, en los departamentos del Guaviare, Caquetá y Cauca, principalmente en el municipio de Piamonte. En el último año, el Frente Carolina Ramírez se ha enfrentado con algunas subestructuras de la Segunda Marquetalia, particularmente con el Frente 48 y los Comandos de Frontera. Estos enfrentamientos se derivan de la disputa por el control de rutas de tráfico de estupefacientes en la frontera con Ecuador, en donde como parte del control territorial el frente Carolina Ramírez lleva a cabo acciones en contra de la población civil como homicidios selectivos y reclutamiento forzado, en especial en comunidades indígenas. En definitiva, el hecho violento perpetrado por el Frente Carolina Ramírez pone en tela de juicio la voluntad del Estado Mayor Central por cesar sus hostilidades y generar un escenario propicio para una eventual mesa de diálogo y posterior proceso de negociación con el Gobierno Nacional, y se suma a una larga lista de acciones violentas que representan una amenaza para la Paz Total. Por esta razón, es necesario que el Gobierno refuerce su política de seguridad mediante el fortalecimiento de la acción de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de establecer un mayor control territorial, ya que de lo contrario las acciones violentas hacia la población civil continuarán incrementando y la promesa de la Paz Total se verá cada vez más lejana. Asimismo, es indispensable aunar esfuerzos para no desistir de una negociación como principal medio para la construcción de una paz posible y duradera, en el cual se logren (l) definir mecanismos de monitoreo del cese al fuego que garanticen su efectivo cumplimiento y (II) una selección clara de las delegaciones de negociación. Es importante que este proceso se funde sobre la base de los derechos de las víctimas y con un enfoque que permita aliviar la violencia que padecen las comunidades.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda La berenjena está considerada como una de las joyas de la cocina mediterránea. También es una de las hortalizas más agradables a la vista, por su armónica forma y por la luz de su oscuro violeta. Empero, la planta que la produce es todo lo contrario: de corteza leñosa, su tallo y sus ramas son pubescentes y tienen espinas que en eso de cumplir su cometido parecieran pensantes. Además, desde que nacen, sus ramas siempre están bifurcándose con ansiedad agreste. Por crispadas, estas características son precisamente el origen de la frase popular “meterse en un berenjenal”, que significa verse en situaciones de enredo y dificultades, o más exactamente, caer en un embrollo del cual es muy difícil salir. Aludiendo a esa frase de alerta, el presidente Gustavo Petro, ya enmarañado en su cargo, ha dicho que aspirar a ser presidente es querer meterse en un berenjenal. Y no está equivocado, si comprendemos que ser presidente consiste en hallarse en medio de situaciones de enredo político social, atrapado en el nudo de un embrollo de donde es muy difícil salir. Un contexto tan complejo que hace de la actividad de gobernar algo muy serio. Por ello, lo ideal es que los gobernantes tengan un perfil semejante al sugerido por pensadores y filósofos: que tengan responsabilidad y capacidad de servicio, que demuestren respeto por los otros y, por supuesto, que posean más decencia que prudencia, pues esta última, pese a ser denominada la virtud de los políticos, la más de las veces suele ser maquiavélica. Cuando un inepto gobierna, por ejemplo, y no es revocado antes de culminar su mandato –como lo permiten los artículos 40, 103 y 259 de nuestra carta política– es porque lo ampara una fuerza tan grande o tan macabra que anula la voluntad del pueblo. Cuando un mandatario es inepto –pensemos en los expresidentes Pastrana y Duque– se encarga del cuidado del berenjenal: el desorden (es decir, la corrupción administrativa), la confusión (es decir, la incoherencia de la justicia), lo problemático (es decir, la violencia como herramienta política) y lo difícil de resolver (es decir, la inequidad social). Si miramos los gobiernos anteriores al de Gustavo Petro nos daremos cuenta de que a todos les ha correspondido administrar berenjenales, pero con una diferencia bien grande: mientras que aquellos presidentes no pretendieron cambiar las cosas –pues les sacaban provecho a lo convulso, a la barbarie y al embrollo político–, Petro le ha apostado a desmontar esos vicios con actos armonizadores. Una estrategia benévola que sin duda le estará costando mucho trabajo y mucha paciencia, básicamente por causa de haber recibido del anterior gobierno un berenjenal muy agreste y sin berenjenas. De tal suerte que, si la bandera del presidente Petro es el cambio (basado en la reivindicación de derechos básicos, como el acceso a una buena salud, la dignificación del trabajo y la cobertura pensional), resulta apenas natural que haya quienes lo asedien con enmarañadas estrategias políticas, como las exigencias burocráticas de las bancadas de partido y las malversaciones de los medios de comunicación poderosos; y hay hasta quienes lo asedian con espinosas estrategias criminales, como lo develan rumores o indicios acerca de un golpe blando. La resistencia a los cambios políticos estructurales suele ser bastante agresiva: porque es muy difícil, para un sano gobernante, zanjar diferencias con quienes estaban acostumbrados a un estado de confort y al beneficio de políticas injustas. De modo que las familias de los expresidentes, las de los altos mandos militares y la de los jerarcas de la iglesia, así como los clanes políticos y los empresarios inescrupulosos, tardarán en asimilar un nuevo modelo de gobierno, máxime si este es totalmente contrario a sus ideales de derecha y contrario a su destino económico de inmerecidos privilegios. Muchos políticos, gobernantes y legisladores hicieron su fortuna en Colombia por cuenta de actividades ligadas a la delincuencia común, al narcotráfico, a las guerrillas, a los paramilitares y, desde luego, por cuenta de actividades ligadas a la corrupción política. Para ello construyeron una moral y una ética propias, para que les justificara tales conductas, la cultura de los traquetos y de la “gente de bien”. Una moral y una ética negativas, por las cuales se resisten al cambio con fundamentalismos fascistas. Históricamente, esa resistencia había hecho que los gobernantes, cuando no habían nacido en cuna de oro y querían sostenerse en el poder –recordemos a Belisario Betancur–, se vieran obligados a favorecer a los poderosos –el oculto y discernible régimen– y a reprimir a los demás ciudadanos. Por ello, trabajar para encontrar un equilibrio entre todos los bandos existentes, como lo ha planteado el presidente Gustavo Petro, va más allá de la difícil tarea de buscar recursos dentro del territorio (darle tierra a los campesinos y subsidios para la producción de alimentos), va más allá de la integración de la ciudadanía en los procesos democráticos (la sonada invitación a salir a las calles), y va más allá de las actuaciones insanas de los adversarios extremistas y de su “oposición inteligente”. Incluso, la denominada Paz Total sólo tiene sentido si va más allá de transigir con los delincuentes de guante sucio (los jefes de las bandas criminales) e igualmente transige con los delincuentes de guante blanco (los políticos y los gobernantes corruptos). Finalmente, valga decir que lo más espinoso del berenjenal al que se enfrenta el presidente Petro –quién lo creyera– son las estrategias políticas de los medios de comunicación poderosos, que se resisten al cambio malversando noticias con el propósito de desprestigiar su gobierno. Y lo hacen con las malas maneras de una cultura excluyente (racista e intolerante) para la cual los anteriores gobiernos y sus legisladores, crearon una “moral” y una “ética” a la medida de los bandidos. Sin embargo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que parece haberse formado bajo la égida de esa “moral” y esa “ética” falsas –porque supongo que cuenta con una mesa de trabajo para el examen de las noticias denunciadas–, les respalda con fe ciega, tal vez porque inocentemente se ha creído la principal de las malversaciones de dichos medios de comunicación locales: que el presidente ataca permanentemente a la prensa y limita su derecho a la libre expresión, cuando lo cierto es que el presidente sólo está defendiéndose de ese berenjenal de malas intenciones, y desmintiendo los engaños dirigidos a una población esperanzada en una nueva vida. Una población a la cual Gustavo Petro representa, como no lo había hecho antes ningún presidente: enfrentándose a esa fuerza tan grande o tan macabra, experta en anular la voluntad del pueblo. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Juan Manuel Torres Erazo, Coordinador Oficina Pares Pacífico Esta semana se presentaron los resultados de la encuesta de percepción ciudadana 2022 del Buenaventura Cómo Vamos, revelando una situación preocupante que exige una acción inmediata. Los hallazgos reflejan un desánimo generalizado e insatisfacción ciudadana, agravados por la creciente inseguridad y la reactivación de la guerra urbana que amenazan los intentos de paz en la región. Desánimo e insatisfacción con el actuar institucional La encuesta, realizada en diciembre de 2022 y enero de 2023, pone al descubierto una realidad dolorosa en Buenaventura. La percepción ciudadana revela un profundo descontento respecto a la situación de la ciudad y al actuar de las instituciones, tema que no puede ser ignorado. El alcalde tiene una desaprobación de su gestión enorme, del 63%; el 78% considera que ninguna institución le puede mejorar la calidad de vida; en la parte urbana le creen más a las Juntas de Acción Comunal (9%) que a la Alcaldía (1%) respecto a que realizan acciones para mejorar la calidad de vida. El panorama económico tampoco arroja buenas noticias, ya que son más las personas que consideran que la economía ha empeorado en el último año, en comparación con aquellas que afirman que ha mejorado. Este deterioro ha llegado a dimensiones alarmantes, llevando a 4 de cada 10 hogares a renunciar a una de las tres comidas diarias en el último mes. Detrás de estas cifras se esconden situaciones de privación y angustia que afectan especialmente a los más vulnerables de la comunidad. La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los desafíos más urgentes. Un 45% de los encuestados ha manifestado sentirse inseguro en la ciudad. Sin embargo, lo más preocupante es que casi la mitad de ellos respalda la idea de hacer justicia por cuenta propia frente a las amenazas y robos perpetrados por la delincuencia. Esta falta de confianza en el sistema de justicia y la creencia en la venganza personal reflejan una fractura profunda en el tejido social, que requiere una atención inmediata. Encuesta de percepción ciudadana Buenaventura Cómo Vamos Las amenazas al piloto de la Paz Total Agravando aún más la situación, se evidencia una reactivación de la guerra urbana en Buenaventura, lo cual representa una seria amenaza para el piloto de la Paz Total en la región y enciende las alarmas. El fracaso de este proyecto de paz no solo cuestionaría la gestión de la paz en la ciudad, sino también a nivel nacional. Es importante recordar la preocupante situación humanitaria en Buenaventura. La Defensoría del Pueblo tiene la responsabilidad de emitir una nueva alerta temprana que refleje con precisión todo lo que está sucediendo en el territorio. Las consecuencias de las tres guerras que azotan la ciudad son devastadoras: La primera guerra se libra en el Bajo Calima entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), causando una prolongada crisis de refugiados. La segunda guerra tiene lugar en los ríos del sur, enfrentando a la banda de Jaime Martínez contra la segunda Marquetalia, que cuenta con el apoyo del ELN. Este conflicto ha generado confinamientos, desplazamientos y ha convertido a varias localidades en pueblos fantasma. La tercera guerra es una lucha urbana entre los grupos conocidos como Shottas y Espartanos, en la que el acuerdo existente carece de control efectivo por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Paz. Recomendaciones En respuesta a esta crisis en la confianza en las instituciones para resolver problemas urgentes, el descontento con la situación actual, la guerra que se incrementa y amenaza la paz, desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) hemos identificado recomendaciones cruciales: En primer lugar, es imperativo nombrar un Comisionado Regional de Paz que tenga los recursos necesarios para enfrentar los desafíos planteados por el piloto de la Paz Total en Buenaventura y que pueda atender de manera oportuna y en detalle lo que resulta del contexto tan cambiante. En segundo lugar, se deben establecer las instancias de negociación con los grupos que están en la región: el Estado Mayor Central, la segunda Marquetalia y las AGC/Clan del Golfo, lo cual recae directamente en la responsabilidad del presidente Gustavo Petro. La búsqueda de diálogo y reconciliación genuina es esencial para superar esta crisis. En tercer lugar, es fundamental fortalecer la participación ciudadana e involucrar a todos los sectores de la sociedad en el proceso de construcción de la paz. Destacadas figuras como la vicepresidenta Francia Márquez pueden desempeñar un papel clave en este sentido. En cuarto lugar, se insta al gobierno a crear mecanismos de seguimiento territorializados que aseguren una implementación efectiva y continua de los acuerdos de paz. La paz debe dejar de ser una promesa vacía y convertirse en una realidad tangible y duradera para todos los habitantes de Buenaventura. Por último, como sociedad no perder de vista la mala utilización del discurso de la seguridad para la temporada electoral para ganar electores y pasar por encima de las banderas de la paz y los derechos humanos.

Por: Luis Eduardo Celis La política de Paz Total tiene como propósito la superación de todas las violencias organizadas, mediante diálogos, negociaciones y acogimientos. Hay un tratamiento diferenciado a los actores. Con el ELN y disidencias de las Farc hay diálogos y negociaciones. Con las mafias y herederos del paramilitarismo habrá acogimientos. Estos últimos van a contar con una ley, que está en trámite, la cual será referente central para un proceso en el que habrá, por supuesto, estímulos en penas y capitales, y garantías para la vida de los que se acogen y sus familias. Está política está en curso y se van a lograr establecer esos procesos de diálogos, negociaciones y acogimientos. Sus perspectivas de éxito pueden concretarse en este gobierno. Hay una política en desarrollo y no se puede hablar de ningún fracaso. Hay disminución de los hechos de violencia (eso dice el informe de la JEP presentado esta semana). Igualmente, las estadísticas sobre homicidios muestran un descenso si se comparan los primeros cuatro meses del 2022 con los del 2023. Vamos a ver los desarrollos de estos procesos con los ajustes que se requieran. Hay que avanzar en la política de Paz Total, en toda su complejidad: proteger los derechos de las comunidades, tramitar los conflictos territoriales, formular planes territoriales para la construcción de estado de derecho en los territorios críticos y redoblar la acción para implementar el Acuerdo de Paz con las FARC de 2016. El tercer ciclo de negociaciones con el ELN traerá importantes logros en los temas que se trabajan: participación de la sociedad, cese bilateral y dinámicas humanitarias. En las próximas semanas vamos a ver otras mesas instaladas, con los respectivos equipos de gobierno responsables de llevarlas adelante. La política de Paz Total no está en crisis, mil dificultades sí, nada es fácil en la gestión de estas largas violencias. Las comunidades afros, indígenas y campesinas, que por décadas han sufrido las violencias, incluidas las del Estado, saben que hay un gobierno, con el apersonamiento del Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda y su equipo, tejiendo con este mundo social, esta política qué traerá mejores días, para estos territorios donde la vida debe florecer. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Juan Alejandro Pérez Montañez, Asistente de Investigación; Valentina Polo, Practicante Línea Democracia y Gobernabilidad En el marco de las denominadas reformas sociales que el Gobierno Petro está presentando en el primer semestre del 2023, el pasado miércoles 17 de mayo fue presentada la reforma laboral. Esta reforma es uno de los proyectos clave con los que el gobierno busca modernizar el sistema laboral. Uno de los principales cuestionamientos que ha generado esta reforma es cómo modernizar el sistema laboral sin afectar, en el proceso, a sectores de la economía que actualmente aportan al crecimiento y empleo en el país. Un problema social que se incrementó con la pandemia fue la informalidad en el sector laboral. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el trimestre de diciembre del 2022 a febrero del 2023, el 58% de la población activa en el mercado laboral trabaja de manera informal. Cabe señalar que gran parte de la informalidad laboral se concentra en sectores enfocados al comercio. En consecuencia, el promedio de los ingresos de los trabajadores que operan de manera informal se encuentra por debajo del salario mínimo legal vigente, lo que conlleva a que este sector de la población sea uno de los más vulnerables en Colombia. Es de común acuerdo que la reforma laboral debe garantizar derechos para los trabajadores, la pregunta es ¿cómo? En este orden de ideas, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en reiteradas ocasiones ha asegurado que “la reforma laboral no generará empleo por sí misma, sino que buscará mejorar la productividad a través de la estabilidad, la formalización y garantía de derechos laborales”. ¿Qué propone la reforma laboral? Desde el año 2022 la ministra de Trabajo había venido trabajando con diferentes actores políticos interesados en esta reforma, como la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) o sindicatos, para la construcción de un proyecto lo más consensuado posible. Inicialmente el borrador de la reforma laboral contaba con 78 artículos y luego de diversas mesas técnicas y de concertación, mesas compuestas por representantes a la Cámara que componen la Comisión Séptima, la ponencia positiva del proyecto fue presentada con 82 artículos. La reforma laboral busca priorizar la contratación a término indefinido, y recuperar y diferenciar la jornada diurna y nocturna de 6 a.m. a 7 p.m. También pretende cambiar el pago del recargo dominical, que hoy es del 75% y pasarlo al 100%, esto con un régimen de transición, pues a partir de julio de 2024 se pagarían al 80%; 90% desde julio de 2025 y el 100% se alcanzaría desde julio de 2026. A diferencia del primer borrador, respecto a la protección del trabajador en plataformas digitales o de reparto por medio de un contrato laboral con todas las prestaciones legales, se propone, ahora, un contrato “especial”. Con estos cambios, la reforma le apuesta a una mayor estabilidad laboral, al respaldar a los trabajadores por encima de las empresas. Dichas propuestas han sido muy controvertidas en varios sectores económicos que argumentan que uno de los efectos negativos de la implementación de la reforma laboral podría ser el incremento en la tasa de desempleo e informalidad, pues se está limitando la forma de contratar de las empresas. Según lo dicho en un informe del Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) del Banco de la República, esta reforma laboral, en el corto plazo –de tres a cuatro años–, haría que se presente un recorte de, al menos, 450 mil empleos formales. Además, según el informe de Gamla, se presentaría un incremento de 6,73% en los costos salariales, en caso de haber indemnización, el aumento sería del 8,32%. Otra de las críticas alrededor de la reforma laboral es que amenazaría la subsistencia a mediano plazo de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Según el DANE, el 85,2% de las personas que trabajan en microempresas realizan sus labores bajo la modalidad informal. De manera que exigir que todas las formas de empleo sean regidas por un contrato laboral es una barrera bastante costosa para las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con los recursos suficientes para garantizar gastos derivados de las prestaciones sociales (prima, cesantías, vacaciones, etc.). En suma, la reforma laboral claramente busca la formalización laboral, pero parece no ofrecer incentivos para la generación de nuevos empleos, así también lo ha manifestado la ministra Ramírez. La reforma en el Congreso La reforma laboral, al igual que otras reformas del paquete social como son salud y pensional, surtirá su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. En lo que se refiere a su composición en Cámara, esta se encuentra compuesta por 21 congresistas, de los cuales 13 hacen parte de la bancada de gobierno, cuatro son independientes y cuatro son oposición. Adicionalmente, quien preside la Comisión Séptima en Cámara de Representantes es Agmeth Escaf, una de las fichas del Pacto Histórico y gran aliado del Gobierno. Pese a que Escaf es quien decide los tiempos en los que los proyectos se discuten, la ralentización del debate sobre la reforma a la salud ha hecho que las discusiones sobre la reforma laboral se corran y los tiempos que tenía contemplado el gobierno no se cumplan. Por lo que quedan dudas si ante la posibilidad de llamar a sesiones extraordinarias en este final de primera legislatura esta reforma sería discutida en estas, o su discusión, al menos en Senado, se daría en segunda legislatura, con un problema de por medio: las elecciones regionales de octubre. Los congresistas estarían volcados en ganar en sus regiones y esperarían que, al menos, los miércoles, días de plenaria, ya no sean citados, para así estar en diferentes zonas del país. El panorama que rodea a la reforma laboral no es muy alentador porque, pese a las conversaciones del gobierno con algunos sectores económicos del país, las preocupaciones se siguen manteniendo frente al futuro de las pequeñas y medianas empresas, además de que los tiempos y la gasolina política se reducen cada vez más. Tras la declaración de independencia del partido de La U y del partido Conservador, la coalición de gobierno se ha venido desmoronando tal como la conocimos al inicio de la primera legislatura. La U no apoyará la reforma tal como está presentada, de hecho, radicó una ponencia alternativa en cabeza del representante Víctor Manuel Salcedo. El partido Conservador tampoco la apoyará y, de hecho, el representante conservador, Jorge Quevedo, integrante de la Comisión Séptima que firmó la ponencia de la reforma, fue suspendido por el partido a tres meses sin voz ni voto. El partido Liberal, que sigue siendo de la coalición de gobierno, no firmó la ponencia presentada, al igual que el partido de La U, y poco a poco se ha venido apartando de la reforma laboral. Teniendo en cuenta lo anterior, la reforma laboral cuenta con nueve votos seguros de las bancadas del Pacto Histórico, Alianza Verde, Curules de Paz y Comunes. La reforma necesita de la mitad más uno de los votos presentes a la hora de votar en la Comisión, así que el gobierno, en cabeza de Gloria Inés Ramírez y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, buscará los votos uno a uno como ha venido haciendo con la reforma a la salud en la misma comisión. Otro ministro fundamental para aclarar las dudas en torno al impacto fiscal de la reforma será el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Este jueves 25 de mayo a las ocho de la mañana está citada la Comisión Séptima de Cámara, pese a ello en el orden del día no aparece reforma laboral para iniciar su discusión. Los tiempos cada vez se le acortan más al gobierno y se reduce su maniobra política dentro del Congreso para pasar el paquete de reformas sociales.

Por: Katerin Erazo, Periodista Las voces de las víctimas de desaparición forzada claman por justicia y verdad en todo el mundo, incluyendo a Colombia. En nuestro país, el año 2022 fue considerado el año con mayor número de víctimas de desaparición forzada, con 4.799 víctimas directas y 14.130 víctimas indirectas; seguido del 2003, con 3.849 víctimas directas y 11.403 indirectas; y 2001, con 3.729 víctimas directas y 11.239 víctimas indirectas de este fenómeno, lo que refleja la magnitud de la tragedia. Lamentablemente, en la mayoría de los casos en los que se denunció la ausencia de un ser querido, las familias no pudieron reunirse nuevamente con ellos, o bien solo lograron encontrar sus cuerpos sin vida. Estas cifras revelan una tendencia alarmante. La Unidad para las Víctimas le compartió a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que en el Registro Único de Víctimas (RUV) han sido incluidas, contando desde 1985, 51.173 víctimas directas de desaparición forzada y 140.734 víctimas indirectas, que se refiere a los cónyuges, compañeros o compañeras permanentes, parejas del mismo sexo o familiar en primer grado de consanguinidad de la persona desaparecida. Por otro lado, por hechos ocurridos en 2023 se han incluido en el RUV cuatro víctimas directas de desaparición forzada y 11 indirectas. Según la Unidad, es importante tener en cuenta que la declaración de las víctimas ante el Ministerio Público es voluntaria, por lo que es posible que algunos hechos que han ocurrido durante 2023 no hayan sido declarados todavía o se encuentren en proceso de valoración para su inclusión en el RUV. Para honrar la memoria de las víctimas y recordar el legado de lucha por los derechos humanos, se conmemora anualmente la Semana del Detenido y Desaparecido. Durante esta semana, se busca generar conciencia, exigir justicia y promover la prevención de violaciones de derechos humanos en el país. Esta conmemoración fue fundada el 30 de agosto de 1981 por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) y otras organizaciones de derechos humanos. Se eligió esta fecha para conmemorar el Día Internacional del Detenido-Desaparecido, en memoria de las víctimas de desaparición forzada en América Latina y en reconocimiento a la lucha incansable de los familiares en busca de justicia y verdad. Desde entonces, esta semana se ha convertido en un importante espacio de reflexión, denuncia y solidaridad en la lucha contra la impunidad y la violación de los derechos humanos. La desaparición forzada representa una serie de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, que deja un impacto devastador en las víctimas y sus familias. Este hecho victimizante, que varía según el contexto y los actores involucrados, conlleva diversas formas de violencia y negación de derechos fundamentales. Una de las violaciones más evidentes es la privación arbitraria de la libertad. Las víctimas son detenidas o capturadas ilegalmente, sin orden de arresto legal y sin recibir notificación del motivo de su detención. Son arrancadas de su entorno sin seguir el debido proceso, negándoles su derecho fundamental a la libertad. La tortura y el maltrato son prácticas recurrentes durante el proceso de desaparición forzada. Las víctimas son sometidas a actos crueles, inhumanos o degradantes, tanto física como psicológicamente. Estas formas extremas de violencia tienen como objetivo causar sufrimiento y obtener información o confesiones. En muchos casos, las personas desaparecidas son asesinadas o ejecutadas extrajudicialmente, violando su derecho a la vida. La desaparición forzada se convierte así en una forma de violencia extrema que pone en peligro la vida de las víctimas, llevando a consecuencias irreparables y dolorosas. La violación del derecho a la integridad personal es otra consecuencia trágica de la desaparición forzada. La incertidumbre sobre el paradero y estado de salud de la persona desaparecida genera un impacto emocional y psicológico devastador tanto para ellos como para sus seres queridos. La ausencia de respuestas y la falta de cierre dificultan el proceso de duelo y perpetúan el sufrimiento. La desaparición forzada también impide el derecho de las víctimas y sus familias a conocer la verdad y buscar justicia. La impunidad y la falta de investigaciones adecuadas alimentan la injusticia y prolongan el sufrimiento, negando el derecho a la verdad y la justicia de quienes han sido afectados. Además de todas estas violaciones, la desaparición forzada atenta contra la dignidad humana de las víctimas. Al ser tratadas como meros objetos de control, se elimina su existencia y reconocimiento como seres humanos, vulnerando su dignidad inherente. Estas violaciones son consideradas crímenes de lesa humanidad y constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. La lucha contra la desaparición forzada implica una responsabilidad colectiva en la defensa de los valores fundamentales de justicia, dignidad y respeto por la vida y la integridad de cada ser humano. Es por esto que la Semana del Detenido y Desaparecido adquiere una significancia especial debido a la magnitud de las violaciones de derechos humanos que se han perpetrado en todo el mundo. En países como Argentina, Colombia, Chile, México, El Salvador y muchos otros, se han documentado casos de desapariciones forzadas durante dictaduras militares, conflictos armados internos y regímenes represivos. Estos actos inhumanos no solo han dejado cicatrices profundas en las sociedades afectadas, sino que también han causado un dolor inmenso a nivel individual y familiar. Las familias de los detenidos y desaparecidos han vivido décadas de incertidumbre, angustia y búsqueda incesante de verdad y justicia. La Semana del Detenido y Desaparecido, busca acompañarlos en su lucha y mostrar solidaridad con su causa. Un marco legal fundamental para la protección de los derechos de los detenidos y desaparecidos en Colombia es la Ley 1408. Esta ley, promulgada en 2010 y lograda gracias a las organizaciones de familiares, lideradas por la asociación de familiares de detenidos desaparecidos (ASFADDES), establece mecanismos específicos para la búsqueda, localización, identificación y restitución de personas desaparecidas. Además, busca garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas y sus familias. La Ley 1408/2010 también establece la creación de comisiones de búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como la obligación de los Estados de brindar recursos y apoyo a las familias afectadas. Cabe añadir que según el artículo 14 de dicha Ley, “la memoria histórica de las víctimas del conflicto colombiano desaparecidas forzadamente será objeto de conmemoración la última semana de mayo, en el marco de la Semana de los Detenidos - Desaparecidos, y el treinta (30) de agosto, Día Internacional de los Desaparecidos. Los establecimientos educativos públicos y privados y las autoridades nacionales, departamentales y municipales rendirán homenaje a estas víctimas esta semana con la realización de foros, conferencias, talleres y jornadas de reflexión referentes al derecho a la memoria, a la verdad, a la vida y al respeto por los derechos humanos”. Esta legislación representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. Esta semana es un llamado a los Gobiernos, la sociedad civil y la comunidad internacional para que trabajen juntos en la promoción de la justicia, la verdad y la no repetición. Además, es importante que recordemos que detrás de las cifras y las estadísticas hay historias de personas reales, de seres humanos que merecen dignidad y justicia. Adriana Rudling, investigadora posdoctoral en el Instituto Chr Michelsen de Bergen (Noruega), le dijo a Pares que uno de los problemas más significativos que enfrenta actualmente la lucha contra la desaparición forzada en nuestro país es el andamiaje burocrático, ya que hay muchas cifras que son contradictorias sobre la desaparición forzada y, además, no es claro para las víctimas dónde buscar ni cómo hacerlo. Según la Unidad para las Víctimas, desde 2007 hasta la actualidad, se ha brindado indemnización por hechos de desaparición forzada a un total de 63.755 personas. En lo que va de este año (2023), se han indemnizado a 51 personas. La entidad ofrece diversos mecanismos para que las víctimas puedan acceder a la ayuda y reparación que se les ofrece. Uno de estos mecanismos es la Garantía de Participación, que proporciona apoyo económico a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y homicidio. Esto incluye asistencia en términos de hospedaje, alimentación, transporte y elementos fúnebres y simbólicos durante los procesos de búsqueda. Además, se ofrece el auxilio funerario, que forma parte de la asistencia funeraria y se brinda tanto en casos de entrega real como simbólica de los cuerpos, e incluye los elementos mencionados anteriormente. Otro aspecto fundamental es la atención a las víctimas. Esta se define, según el parágrafo 2, artículo 49 de la Ley 1448 de 2011, como “la acción de brindar información, orientación y apoyo jurídico y psicosocial a la víctima, con el fin de facilitar el acceso y mejorar el ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia y reparación”. La Unidad para las Víctimas lleva a cabo acciones de atención para orientar a las víctimas en los trámites necesarios para acceder a la reparación administrativa y para proporcionarles información sobre sus derechos. La reparación es otro componente fundamental dentro de los procesos de búsqueda y entrega de los cuerpos, y la Unidad tiene la facultad de llevar a cabo acciones para restablecer la dignidad de las víctimas y difundir la verdad de lo sucedido, en concordancia con las competencias establecidas en la Ley y en el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La Semana del Detenido y Desaparecido representa una oportunidad para fortalecer el compromiso de los Estados en la implementación de políticas públicas y leyes que protejan los derechos humanos y prevengan las desapariciones forzadas. Asimismo, se busca instar a los Gobiernos a ratificar y cumplir los tratados y convenciones internacionales que abordan esta problemática. Es crucial destacar que la lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia para los detenidos y desaparecidos es un desafío constante. En muchos casos, las investigaciones enfrentan obstáculos como la falta de voluntad política, la corrupción y la falta de recursos. Sin embargo, la Semana del Detenido y Desaparecido nos recuerda que no podemos renunciar a la búsqueda de la verdad y la justicia.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En Colombia el transporte aéreo es un servicio público esencial. Su acceso permite la libre movilidad de las personas, brinda opción de desplazamiento rápido y ayuda a la ciudadanía a ejercer varios de los derechos económico-sociales que consagra la Constitución, como el derecho al trabajo, al disfrute —turismo— y a la educación —desplazarse para estudiar—. De allí que sea responsabilidad del Estado intervenir en este mercado y velar por su buen funcionamiento para el logro del bienestar general de la población. Para cumplir este objetivo, el Gobierno Nacional cuenta con varias organizaciones que se encargan de regular el mercado, entre ellas: el Ministerio de Transporte, quien planifica y ejecuta las políticas generales del sector; el Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil —Aerocivil—, que regula el mercado para que los servicios se presten de forma segura, eficiente, con calidad y de forma equitativa; y, finalmente, la Superintendencia de Transporte, que vela por la defensa del bienestar de los usuarios. Es decir, nos encontramos frente a un mercado económico altamente regulado o intervenido. Donde el Estado, usando su poder monopólico normativo, busca generar condiciones justas, atractivas y competitivas para la inversión. Un Estado que se enfoca en ofrecer estabilidad al sector y cumplir los mandatos constitucionales, como la función social de la propiedad, la defensa de la competencia y la protección de los usuarios. Un ejemplo reciente que ilustra muy bien la manera como opera el Estado regulador en este mercado ocurrió en el último año, cuando se planteó la fusión entre las empresas Avianca y Viva Air. El 29 de abril de 2022 estas dos firmas —las más grandes del mercado aéreo colombiano— informaron que se fusionarían para atender conjuntamente las rutas que habitualmente hacen en el país y la región. Avianca —que inició como una empresa nacional en 1919— se convirtió en las últimas décadas en un empresa transnacional y catalogada entre las 100 empresas aéreas más grandes del mundo y tiene el 37% del mercado colombiano. Por su parte, Viva Air es una joven empresa —fundada en 2012 por el empresario mexicano William N. Shaw—, que entró al mercado con la novedad de ofrecer bajos precios a los usuarios y que le permitió en diez años tener el 22% del mercado nacional, además de ofrecer sus servicios a otros países —entre ellos Estados Unidos, México, República Dominicana, Perú, Argentina, Brasil y Colombia—, logrando tener 47 rutas en 26 destinos. El objetivo de Avianca era en 2022 integrarse con Viva Air, de allí que compró la compañía por fuera del país y le informó al Estado colombiano que le permitiera integrarse. Esta es una vieja estrategia usada por Avianca para ganar posición en el mercado, reducir costos vía economías de escala y aumentar utilidades. En 2001 ya había usado esta estratagema con las empresas Aces y Sam —en aquella época se llamó a esta alianza que terminó por desaparecer a las otras dos empresas en la Alianza Suma—. Precisamente, debido al antecedente estratégico de la empresa, que amenazaba con una pérdida de bienestar para los usuarios, las autoridades regulatorias se dieron un tiempo para responder a la solicitud. La historia tuvo tres momentos: uno, en agosto de 2022, cuando las empresas quisieron aprovechar el cambio de gobierno y le pidieron la autorización para la fusión en el país; otro, cuando se les negó la integración un par de meses después, lo que fue apelado por las aerolíneas; y, finalmente, otro momento en mayo de este año, cuando se les permitió la compra, pero no la fusión. La Secretaría de la Aeronáutica Civil le permitió a Avianca la legalización de la compra de Viva Air, pero con las condiciones de continuar operando de forma separada. Aunque al final de 2022 les dijo que no, pues Avianca era la dueña de la otra empresa, el regulador buscó flexibilizar las condiciones para que la empresa pudiera continuar operando. Respuesta que finalmente Avianca no aceptó y que llevó a que Viva Air informara, en mayo de 2023, que con “profundo dolor” le decía a sus clientes que “ya no cuenta con la capacidad para continuar operando en el mercado” y, por tanto, cerraría el negocio. En este sentido el mensaje de Avianca —la real dueña económica y financiera de Viva Air— fue claro: su objetivo era la fusión. Quería conseguir una posición dominante en el mercado; buscaban convertirse con la adquisición de esta aerolínea de bajo costo en la empresa más grande del país y una de las mayores en el continente. En breve, los directivos de la empresa realizaron sus cálculos racionales de costo-beneficio y los compararon, llegando a la conclusión de que era mejor para ella continuar con sus rutas en horario premium —Slots— y su situación privilegiada. Por su parte, las agencias reguladoras del Estado actuaron como deberían operar, asumieron con responsabilidad su función de protección de los agentes del mercado, en este caso, de los usuarios del servicio esencial de transporte aéreo. Evitaron que Avianca nuevamente se saliera con la suya, afectando el bienestar de los ciudadanos-clientes. Pero la labor regulatoria de la Aerocivil debe continuar, al menos en tres frentes de trabajo: El primero en continuar con la protección de los usuarios. Recordemos que el cierre de Viva Air representa el anuncio de una posible pérdida de dinero de los usuarios. Muchos ciudadanos compraron viajes, incentivados por las ofertas que hizo la empresa en la última semana antes de anunciar su parálisis el 27 de febrero de 2023. Son, por lo menos, 30 mil millones de pesos que la empresa tiene de los usuarios y que la Aeronáutica Civil debe trabajar para que se le reconozca por Viva Air y por Avianca. El segundo es fomentar la competencia en el mercado aéreo del país. Es necesario que se trabaje en estrategias para que otras empresas lleguen a ofrecer viajes. El país está adquiriendo un reconocimiento internacional de ser un territorio para el turismo, y muchas empresas desde Europa y Estado Unidos podrían llegar a ofrecer sus servicios. Demostrando con ello —como lo dice la misma Aerocivil— que tenemos un mercado “robusto y sólido”, con una demanda “resiliente”, que es capaz de “atraer a las aerolíneas a suplir los espacios de oferta”. Finalmente, trabajar en planificar mejor el sector. La Aerocivil deberá asumir con más claridad su papel como órgano decisorio de los proyectos aerocomerciales. Realizar encuentros con los diversos actores del mercado para aumentar la conectividad del país, incorporar nuevas aeronaves y revisar el plan estratégico aeronáutico para proteger al sector, promover la conectividad, la competitividad y la competencia. No debe permitirse nuevamente que empresas inescrupulosas abusen de los usuarios operando en el mercado sin condiciones —como lo hicieron Interjet, Viva Air y Ultra Air—; ni que grandes empresas abusen de su posición dominante, reduciendo el bienestar de los usuarios manejando las rutas a su antojo. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guardianes de la Transparencia Veeduría Soy Joven de Buenaventura Oficina Pares Pacífico El pasado 09 de mayo un grupo de Guardianes de la Transparencia y la Veeduría Soy Joven de Buenaventura visitaron la construcción del Centro de Atención Integral a la Juventud (CAIJU) del distrito de Buenaventura, con el propósito de verificar de primera mano los avances de esta obra en el marco de sus labores de seguimiento y control. La visita también estuvo acompañada por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Oficina Pacífico la cual, en el marco del programa Juntos por la Transparencia (JxT), viene adelantando procesos de formación y acompañamiento a diferentes veedurías y dando forma al Movimiento Ciudadano Anticorrupción de la ciudad. Avances en la obra del CAIJU El CAIJU es un escenario de encuentro, articulación, coordinación e interlocución de las juventudes, en cabeza de alrededor de cien organizaciones juveniles que se encuentran adscritas a la Plataforma Distrital de Juventud, la cual es un escenario de participación ciudadana juvenil establecida por la ley estatutaria 1622 de 2013, modificada por la ley estatutaria 1885 de 2018 (Ver: Las juventudes de Buenaventura inician veeduría al CAIJU). Este importante espacio para las juventudes bonaverenses se encontraba en deterioro, al punto que no podía ser utilizado para su propósito, por esta razón, se destinaron 1.575 millones de pesos colombianos para su dotación y remodelación, obra que inició en febrero de este año y deberá culminar en agosto. El recorrido estuvo guiado por Jackson Ángulo, el encargado de la obra; una profesional administrativa; una profesional social y un delegado de la Alcaldía. De acuerdo con el encargado, la obra tiene un avance de entre el 70 y 75 por ciento entre construcción y compras (dotación). Solo construcción va en un 60%, en lo que se destaca: · Avance de la cubierta: mortero nuevo, cerámica nueva. · Los salones están intervenidos, solo faltan las ventanas. Ya hay electricidad y tienen aires instalados. · Las baterías sanitarias: ya levantaron cerámicas, ya cuentan con el material y se espera que a más tardar en un mes estén terminadas (09 de junio). · La instalación eléctrica va en un 90%. · Los cimientos de las tres plazoletas para uso cultural están realizados. · Se hizo conexión de las cajas sanitarias para evitar su estancamiento · Se realizó en encerramiento de las partes laterales y traseras de la instalación. · Se recuperó la caseta para los vigilantes Además, se informó que de la etapa posterior que es de dotación de las instalaciones, las compras están en un 80%, que incluyen: · Los aires acondicionados ya instalados en los salones, televisores en los salones, sonido, equipos para conectividad a internet, sillas y mesas. · 12 cámaras de circuito cerrado de televisión y mobiliario para la oficina administrativa. · Cinco computadores portátiles tipo empresarial · Extintores. · Camillas. · Señalización de seguridad. ¿Qué falta para terminar las obras y dotaciones faltantes? A tres meses de la entrega de la obra está pendiente el cambio total de baterías sanitarias cumpliendo la norma para personas con movilidad reducida, reparación total y ampliación de los pisos (sin contar los salones que ya están), terminar la cocina y comedor tipo cafería, recuperación de piso y dotación de cancha múltiple, la construcción de canal para agua lluvia en perímetro de la cancha múltiple, recuperación de la cubierta de la cancha, construcción de las plazoletas para prácticas culturales, recuperación de las zonas verdes y la instalación de los dos tanques de mil litros y la bomba presurizadora para proveer agua potable. Además de esto, la alcaldía ya destinó 60 millones de pesos colombianos anuales, a través de la Secretaría de Convivencia, para el sostenimiento y mantenimiento del CAIJU posterior a su entrega, según afirmó el delegado de la administración durante la visita. El propósito es que este recurso se pueda ampliar y se mantenga en el tiempo indistintamente de cuál sea la administración y sea un compromiso de regalías nacional. Por su parte, los veedores esperan realizar una segunda visita de verificación a mediados del mes de junio, ahí esperan que: 1. El sistema de acueducto esté terminado y completamente renovado. 2. La cancha deportiva esté totalmente reconstruida, teniendo en cuenta que sólo se cambiará y mejorará la misma. 3. La construcción o avance significativo de las tres que se usarán en diversas expresiones artísticas y culturales. A esta importante obra le hacen seguimiento diversas organizaciones y plataformas juveniles de la ciudad por la importancia que tiene para ellos. Será un escenario propio para encontrarse, pero también para llevar a cabo sus agendas. Un lugar para sus actividades, en medio de una ciudad que carece de espacios para las juventudes. Por ello, desde Guardianes por la Transparencia y la Veeduría Soy Joven de Buenaventura, se espera que la obra culmine y sea entregada en los plazos establecidos y cumplan con lo proyectado, para ello, seguirán ejerciendo su labor de veedores y control social.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 15 al 22 de mayo de 2023 Resolver un conflicto armado de casi seis décadas es un desafío de marca mayor y esta semana reportada hemos tenido nueva evidencia de las enormes distancias que hay entre el gobierno del presidente Petro y el ELN. Sobre las preguntas formuladas por el presidente Petro acerca de la cohesión del ELN, su unidad de mando y su relacionamiento con economías ilegales, hubo reacciones desde la dirección del ELN y se vivieron tres días de tensiones y reacciones de lado y lado, mostrando que hay temas que a ambas partes le preocupan de su contraparte. No es de extrañar las diferencias y las valoraciones que el Gobierno tiene sobre el ELN y el ELN sobre el Gobierno. Sobre estos temas es que se viene construyendo una relación de trabajo compartido y una perspectiva de acción conjunta y las diferencias seguirán presentes hasta que se logre resolver en la realidad si las mutuas preocupaciones tienen asidero o eran valoraciones políticas sin fundamento. El ELN ha formulado cuestionamientos públicos al gobierno del presidente Petro: ha señalado que sigue siendo parte del poder tradicional, que su capacidad de llevar adelante sus propuestas de transformaciones es limitada, que hay verdaderos poderes de lo que valora como un régimen tradicional que se van a oponer a los cambios y que el presidente Petro no tendrá capacidad para los cambios. No son cuestionamientos menores, son de una enorme profundidad política y evidencian la desconfianza de un ELN por fuera de este sistema de competencia política y del ordenamiento democrático colombiano, contra el cual el ELN ha luchado desde 1964. Lograr una visión compartida de paz es el propósito de este proceso de diálogos y negociaciones en curso para construir un acuerdo sustentado en transformaciones pertinentes y necesarias con el objetivo de lograr superar problemas que son reales en la sociedad colombiana de hoy. 1. Pronunciamiento del Comando Central del ELN en el cual afirma que hay una crisis en la mesa, por las declaraciones del presidente Gustavo Petro: 2. El miércoles 17 de mayo la delegación del Gobierno Colombiano y la Delegación del ELN hicieron público un pronunciamiento en el cual reafirman que seguirán trabajando para construir una visión compartida de paz y lograr acuerdos en los puntos de cese bilateral de fuego, participación de la sociedad y acciones y dinámicas humanitarias. 3. La oficina del Alto Comisionado de Paz sacó un comunicado en el que reafirmó el carácter político del ELN: 4. En estas declaraciones Pablo Beltrán explica las razones que tiene el ELN para plantear una "pausa" en la mesa de diálogos y negociaciones: 5. El senador Iván Cepeda, integrante de la Delegación de Gobierno para el proceso de paz con el ELN, analizó la situación creada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro: 6. Nicolas Rodríguez Bautista, fundador del ELN y hasta hace un par de años su primer comandante, hace un recuento de la crisis vivida en los últimos días. 7. Isabel Torres, integrante de la Delegación de Diálogos del ELN, hace una reflexión sobre lo que entiende por la paz: 8. En esta entrevista, Socorro Ramírez, quien fue integrante de la última delegación negociadora del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con el ELN, hace un análisis del actual proceso y sus perspectivas: Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Luis Eduardo Celis El gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez ha liderado la construcción del Plan Nacional de Desarrollo bajo el apersonamiento de Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación. El Plan Nacional de Desarrollo es el principal instrumento de la gestión pública, allí quedan consignadas las prioridades de un gobierno y marca su derrotero de actuación. En el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, sancionado el pasado viernes 19 de mayo en una comunidad indígena en Puerto Inírida en el Departamento de Guainía, se tiene como prioridad avanzar en un ordenamiento democrático del territorio donde están las raíces de muchos de nuestros más graves problemas como sociedad. Como lo dice Jorge Iván González cuando se refiere a este Plan, titulado Colombia potencia mundial de la vida, somos seres espaciales y temporales, lo cual puede ser una obviedad, pero en la sociedad colombiana está la dimensión de que tenemos un pésimo uso de nuestro territorio y que en ese pésimo uso están las explicaciones a grandes problemas por superar. Una concentración extrema de la propiedad rural en la que menos del tres por ciento de los propietarios tienen el control de un tercio del territorio en uso para dinámicas económicas, en este caso para un mal uso –porque las 40 millones de hectáreas en pastos tienen la economía mas ineficiente del mundo, como lo es la ganadería colombiana–, es quizás el tema más extremo y complejo que tiene que afrontar un ordenamiento democrático del territorio y en el que está una de las raíces de nuestras largas violencias por superar. En las cincuenta y cinco millones hectáreas hoy en actividad económica y pésimamente utilizadas, hay que volver a lograr un crecimiento de la agricultura para recuperar la soberanía y seguridad alimentaria perdida en las últimas tres décadas. Hoy importamos más de veinte millones de toneladas de alimentos al año, que en buena medida se pueden producir en Colombia y que podrían exportarse aprovechando el potencial de que somos parte de un pequeño grupo de países que aún pueden hacer crecer su producción agrícola, en un mundo que siempre tendrá como prioridad los alimentos –o que lo digan los chinos que han comprado enormes extensiones de tierras en África y América Latina, conocedores de la importancia de garantizar alimentos para su población que sigue creciendo, para colocar solo un ejemplo–. Colombia debe lograr en las próximas dos décadas pasar de las seis millones de hectáreas que hoy producen alimentos a veinte millones de hectáreas en producción de una amplia variedad de productos que nuestra bendecida naturaleza nos posibilita producir. Y con esta enorme operación de reordenamiento territorial lo vamos a lograr: dejar atrás el narcotráfico, alimentar bien y a bajos precios al conjunto de nuestra población – de la que hoy un tercio pasa hambre, lo cual es una vergüenza– y exportar alimentos para fortalecer nuestra economía. Si tenemos un campo próspero, con oportunidades para el mundo campesino, afro e indígena, vamos a dejar atrás las violencias organizadas que se sustentan en territorios donde el Estado social de derecho no existe y podremos construir ese Estado, lo cual implica promover derechos para las comunidades que hoy están al vaivén de los actores armados que se imponen sobre territorios donde se hace narcotráfico, minería sin adecuadas regulaciones y depredación ambiental. Todo esto debe ser superado construyendo economías legales e instituciones que garanticen derechos, enormes tareas que no hemos logrado en toda nuestra vida republicana. Un Plan Nacional de Desarrollo que coloca al centro el ordenamiento territorial es un instrumento de acción que apunta a un tema central de la sociedad colombiana, enorme tarea, que implica muchas acciones para proteger los derechos de las comunidades y fortalecer la gestión pública local y regional. En esto último tendremos un derrotero de acción en los próximos meses con la Misión sobre Descentralización que coordina el maestro Darío Indalecio Restrepo y cuyo informe debe darnos una ruta de actuación para fortalecer el desempeño de alcaldías y gobernaciones, informe que llega en un momento en el que tendremos recambios en la gobernabilidad local y regional, sin duda una gran oportunidad para avanzar en tareas pendientes para lograr desempeños virtuosos en el estado local, donde se vive y se deben solucionar las múltiples necesidades de la ciudadanía. Cuando se habla de proteger a la Amazonía o de hacer una transición energética, se habla de los territorios, su uso y potencialidades, todo ello y mucho más quedó consignado en el Plan Nacional de Desarrollo que guiará la acción de gobierno en estos años, enormes tareas por desarrollar pero, sin duda, tareas muy importantes que han sido postergadas por quienes no quieren territorios pacíficos, prósperos y con un real Estado social y de derecho en ejercicio. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.