Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En Colombia el transporte aéreo es un servicio público esencial. Su acceso permite la libre movilidad de las personas, brinda opción de desplazamiento rápido y ayuda a la ciudadanía a ejercer varios de los derechos económico-sociales que consagra la Constitución, como el derecho al trabajo, al disfrute —turismo— y a la educación —desplazarse para estudiar—. De allí que sea responsabilidad del Estado intervenir en este mercado y velar por su buen funcionamiento para el logro del bienestar general de la población. Para cumplir este objetivo, el Gobierno Nacional cuenta con varias organizaciones que se encargan de regular el mercado, entre ellas: el Ministerio de Transporte, quien planifica y ejecuta las políticas generales del sector; el Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil —Aerocivil—, que regula el mercado para que los servicios se presten de forma segura, eficiente, con calidad y de forma equitativa; y, finalmente, la Superintendencia de Transporte, que vela por la defensa del bienestar de los usuarios. Es decir, nos encontramos frente a un mercado económico altamente regulado o intervenido. Donde el Estado, usando su poder monopólico normativo, busca generar condiciones justas, atractivas y competitivas para la inversión. Un Estado que se enfoca en ofrecer estabilidad al sector y cumplir los mandatos constitucionales, como la función social de la propiedad, la defensa de la competencia y la protección de los usuarios. Un ejemplo reciente que ilustra muy bien la manera como opera el Estado regulador en este mercado ocurrió en el último año, cuando se planteó la fusión entre las empresas Avianca y Viva Air. El 29 de abril de 2022 estas dos firmas —las más grandes del mercado aéreo colombiano— informaron que se fusionarían para atender conjuntamente las rutas que habitualmente hacen en el país y la región. Avianca —que inició como una empresa nacional en 1919— se convirtió en las últimas décadas en un empresa transnacional y catalogada entre las 100 empresas aéreas más grandes del mundo y tiene el 37% del mercado colombiano. Por su parte, Viva Air es una joven empresa —fundada en 2012 por el empresario mexicano William N. Shaw—, que entró al mercado con la novedad de ofrecer bajos precios a los usuarios y que le permitió en diez años tener el 22% del mercado nacional, además de ofrecer sus servicios a otros países —entre ellos Estados Unidos, México, República Dominicana, Perú, Argentina, Brasil y Colombia—, logrando tener 47 rutas en 26 destinos. El objetivo de Avianca era en 2022 integrarse con Viva Air, de allí que compró la compañía por fuera del país y le informó al Estado colombiano que le permitiera integrarse. Esta es una vieja estrategia usada por Avianca para ganar posición en el mercado, reducir costos vía economías de escala y aumentar utilidades. En 2001 ya había usado esta estratagema con las empresas Aces y Sam —en aquella época se llamó a esta alianza que terminó por desaparecer a las otras dos empresas en la Alianza Suma—. Precisamente, debido al antecedente estratégico de la empresa, que amenazaba con una pérdida de bienestar para los usuarios, las autoridades regulatorias se dieron un tiempo para responder a la solicitud. La historia tuvo tres momentos: uno, en agosto de 2022, cuando las empresas quisieron aprovechar el cambio de gobierno y le pidieron la autorización para la fusión en el país; otro, cuando se les negó la integración un par de meses después, lo que fue apelado por las aerolíneas; y, finalmente, otro momento en mayo de este año, cuando se les permitió la compra, pero no la fusión. La Secretaría de la Aeronáutica Civil le permitió a Avianca la legalización de la compra de Viva Air, pero con las condiciones de continuar operando de forma separada. Aunque al final de 2022 les dijo que no, pues Avianca era la dueña de la otra empresa, el regulador buscó flexibilizar las condiciones para que la empresa pudiera continuar operando. Respuesta que finalmente Avianca no aceptó y que llevó a que Viva Air informara, en mayo de 2023, que con “profundo dolor” le decía a sus clientes que “ya no cuenta con la capacidad para continuar operando en el mercado” y, por tanto, cerraría el negocio. En este sentido el mensaje de Avianca —la real dueña económica y financiera de Viva Air— fue claro: su objetivo era la fusión. Quería conseguir una posición dominante en el mercado; buscaban convertirse con la adquisición de esta aerolínea de bajo costo en la empresa más grande del país y una de las mayores en el continente. En breve, los directivos de la empresa realizaron sus cálculos racionales de costo-beneficio y los compararon, llegando a la conclusión de que era mejor para ella continuar con sus rutas en horario premium —Slots— y su situación privilegiada. Por su parte, las agencias reguladoras del Estado actuaron como deberían operar, asumieron con responsabilidad su función de protección de los agentes del mercado, en este caso, de los usuarios del servicio esencial de transporte aéreo. Evitaron que Avianca nuevamente se saliera con la suya, afectando el bienestar de los ciudadanos-clientes. Pero la labor regulatoria de la Aerocivil debe continuar, al menos en tres frentes de trabajo: El primero en continuar con la protección de los usuarios. Recordemos que el cierre de Viva Air representa el anuncio de una posible pérdida de dinero de los usuarios. Muchos ciudadanos compraron viajes, incentivados por las ofertas que hizo la empresa en la última semana antes de anunciar su parálisis el 27 de febrero de 2023. Son, por lo menos, 30 mil millones de pesos que la empresa tiene de los usuarios y que la Aeronáutica Civil debe trabajar para que se le reconozca por Viva Air y por Avianca. El segundo es fomentar la competencia en el mercado aéreo del país. Es necesario que se trabaje en estrategias para que otras empresas lleguen a ofrecer viajes. El país está adquiriendo un reconocimiento internacional de ser un territorio para el turismo, y muchas empresas desde Europa y Estado Unidos podrían llegar a ofrecer sus servicios. Demostrando con ello —como lo dice la misma Aerocivil— que tenemos un mercado “robusto y sólido”, con una demanda “resiliente”, que es capaz de “atraer a las aerolíneas a suplir los espacios de oferta”. Finalmente, trabajar en planificar mejor el sector. La Aerocivil deberá asumir con más claridad su papel como órgano decisorio de los proyectos aerocomerciales. Realizar encuentros con los diversos actores del mercado para aumentar la conectividad del país, incorporar nuevas aeronaves y revisar el plan estratégico aeronáutico para proteger al sector, promover la conectividad, la competitividad y la competencia. No debe permitirse nuevamente que empresas inescrupulosas abusen de los usuarios operando en el mercado sin condiciones —como lo hicieron Interjet, Viva Air y Ultra Air—; ni que grandes empresas abusen de su posición dominante, reduciendo el bienestar de los usuarios manejando las rutas a su antojo. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guardianes de la Transparencia Veeduría Soy Joven de Buenaventura Oficina Pares Pacífico El pasado 09 de mayo un grupo de Guardianes de la Transparencia y la Veeduría Soy Joven de Buenaventura visitaron la construcción del Centro de Atención Integral a la Juventud (CAIJU) del distrito de Buenaventura, con el propósito de verificar de primera mano los avances de esta obra en el marco de sus labores de seguimiento y control. La visita también estuvo acompañada por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Oficina Pacífico la cual, en el marco del programa Juntos por la Transparencia (JxT), viene adelantando procesos de formación y acompañamiento a diferentes veedurías y dando forma al Movimiento Ciudadano Anticorrupción de la ciudad. Avances en la obra del CAIJU El CAIJU es un escenario de encuentro, articulación, coordinación e interlocución de las juventudes, en cabeza de alrededor de cien organizaciones juveniles que se encuentran adscritas a la Plataforma Distrital de Juventud, la cual es un escenario de participación ciudadana juvenil establecida por la ley estatutaria 1622 de 2013, modificada por la ley estatutaria 1885 de 2018 (Ver: Las juventudes de Buenaventura inician veeduría al CAIJU). Este importante espacio para las juventudes bonaverenses se encontraba en deterioro, al punto que no podía ser utilizado para su propósito, por esta razón, se destinaron 1.575 millones de pesos colombianos para su dotación y remodelación, obra que inició en febrero de este año y deberá culminar en agosto. El recorrido estuvo guiado por Jackson Ángulo, el encargado de la obra; una profesional administrativa; una profesional social y un delegado de la Alcaldía. De acuerdo con el encargado, la obra tiene un avance de entre el 70 y 75 por ciento entre construcción y compras (dotación). Solo construcción va en un 60%, en lo que se destaca: · Avance de la cubierta: mortero nuevo, cerámica nueva. · Los salones están intervenidos, solo faltan las ventanas. Ya hay electricidad y tienen aires instalados. · Las baterías sanitarias: ya levantaron cerámicas, ya cuentan con el material y se espera que a más tardar en un mes estén terminadas (09 de junio). · La instalación eléctrica va en un 90%. · Los cimientos de las tres plazoletas para uso cultural están realizados. · Se hizo conexión de las cajas sanitarias para evitar su estancamiento · Se realizó en encerramiento de las partes laterales y traseras de la instalación. · Se recuperó la caseta para los vigilantes Además, se informó que de la etapa posterior que es de dotación de las instalaciones, las compras están en un 80%, que incluyen: · Los aires acondicionados ya instalados en los salones, televisores en los salones, sonido, equipos para conectividad a internet, sillas y mesas. · 12 cámaras de circuito cerrado de televisión y mobiliario para la oficina administrativa. · Cinco computadores portátiles tipo empresarial · Extintores. · Camillas. · Señalización de seguridad. ¿Qué falta para terminar las obras y dotaciones faltantes? A tres meses de la entrega de la obra está pendiente el cambio total de baterías sanitarias cumpliendo la norma para personas con movilidad reducida, reparación total y ampliación de los pisos (sin contar los salones que ya están), terminar la cocina y comedor tipo cafería, recuperación de piso y dotación de cancha múltiple, la construcción de canal para agua lluvia en perímetro de la cancha múltiple, recuperación de la cubierta de la cancha, construcción de las plazoletas para prácticas culturales, recuperación de las zonas verdes y la instalación de los dos tanques de mil litros y la bomba presurizadora para proveer agua potable. Además de esto, la alcaldía ya destinó 60 millones de pesos colombianos anuales, a través de la Secretaría de Convivencia, para el sostenimiento y mantenimiento del CAIJU posterior a su entrega, según afirmó el delegado de la administración durante la visita. El propósito es que este recurso se pueda ampliar y se mantenga en el tiempo indistintamente de cuál sea la administración y sea un compromiso de regalías nacional. Por su parte, los veedores esperan realizar una segunda visita de verificación a mediados del mes de junio, ahí esperan que: 1. El sistema de acueducto esté terminado y completamente renovado. 2. La cancha deportiva esté totalmente reconstruida, teniendo en cuenta que sólo se cambiará y mejorará la misma. 3. La construcción o avance significativo de las tres que se usarán en diversas expresiones artísticas y culturales. A esta importante obra le hacen seguimiento diversas organizaciones y plataformas juveniles de la ciudad por la importancia que tiene para ellos. Será un escenario propio para encontrarse, pero también para llevar a cabo sus agendas. Un lugar para sus actividades, en medio de una ciudad que carece de espacios para las juventudes. Por ello, desde Guardianes por la Transparencia y la Veeduría Soy Joven de Buenaventura, se espera que la obra culmine y sea entregada en los plazos establecidos y cumplan con lo proyectado, para ello, seguirán ejerciendo su labor de veedores y control social.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 15 al 22 de mayo de 2023 Resolver un conflicto armado de casi seis décadas es un desafío de marca mayor y esta semana reportada hemos tenido nueva evidencia de las enormes distancias que hay entre el gobierno del presidente Petro y el ELN. Sobre las preguntas formuladas por el presidente Petro acerca de la cohesión del ELN, su unidad de mando y su relacionamiento con economías ilegales, hubo reacciones desde la dirección del ELN y se vivieron tres días de tensiones y reacciones de lado y lado, mostrando que hay temas que a ambas partes le preocupan de su contraparte. No es de extrañar las diferencias y las valoraciones que el Gobierno tiene sobre el ELN y el ELN sobre el Gobierno. Sobre estos temas es que se viene construyendo una relación de trabajo compartido y una perspectiva de acción conjunta y las diferencias seguirán presentes hasta que se logre resolver en la realidad si las mutuas preocupaciones tienen asidero o eran valoraciones políticas sin fundamento. El ELN ha formulado cuestionamientos públicos al gobierno del presidente Petro: ha señalado que sigue siendo parte del poder tradicional, que su capacidad de llevar adelante sus propuestas de transformaciones es limitada, que hay verdaderos poderes de lo que valora como un régimen tradicional que se van a oponer a los cambios y que el presidente Petro no tendrá capacidad para los cambios. No son cuestionamientos menores, son de una enorme profundidad política y evidencian la desconfianza de un ELN por fuera de este sistema de competencia política y del ordenamiento democrático colombiano, contra el cual el ELN ha luchado desde 1964. Lograr una visión compartida de paz es el propósito de este proceso de diálogos y negociaciones en curso para construir un acuerdo sustentado en transformaciones pertinentes y necesarias con el objetivo de lograr superar problemas que son reales en la sociedad colombiana de hoy. 1. Pronunciamiento del Comando Central del ELN en el cual afirma que hay una crisis en la mesa, por las declaraciones del presidente Gustavo Petro: 2. El miércoles 17 de mayo la delegación del Gobierno Colombiano y la Delegación del ELN hicieron público un pronunciamiento en el cual reafirman que seguirán trabajando para construir una visión compartida de paz y lograr acuerdos en los puntos de cese bilateral de fuego, participación de la sociedad y acciones y dinámicas humanitarias. 3. La oficina del Alto Comisionado de Paz sacó un comunicado en el que reafirmó el carácter político del ELN: 4. En estas declaraciones Pablo Beltrán explica las razones que tiene el ELN para plantear una "pausa" en la mesa de diálogos y negociaciones: 5. El senador Iván Cepeda, integrante de la Delegación de Gobierno para el proceso de paz con el ELN, analizó la situación creada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro: 6. Nicolas Rodríguez Bautista, fundador del ELN y hasta hace un par de años su primer comandante, hace un recuento de la crisis vivida en los últimos días. 7. Isabel Torres, integrante de la Delegación de Diálogos del ELN, hace una reflexión sobre lo que entiende por la paz: 8. En esta entrevista, Socorro Ramírez, quien fue integrante de la última delegación negociadora del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con el ELN, hace un análisis del actual proceso y sus perspectivas: Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Luis Eduardo Celis El gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez ha liderado la construcción del Plan Nacional de Desarrollo bajo el apersonamiento de Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación. El Plan Nacional de Desarrollo es el principal instrumento de la gestión pública, allí quedan consignadas las prioridades de un gobierno y marca su derrotero de actuación. En el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, sancionado el pasado viernes 19 de mayo en una comunidad indígena en Puerto Inírida en el Departamento de Guainía, se tiene como prioridad avanzar en un ordenamiento democrático del territorio donde están las raíces de muchos de nuestros más graves problemas como sociedad. Como lo dice Jorge Iván González cuando se refiere a este Plan, titulado Colombia potencia mundial de la vida, somos seres espaciales y temporales, lo cual puede ser una obviedad, pero en la sociedad colombiana está la dimensión de que tenemos un pésimo uso de nuestro territorio y que en ese pésimo uso están las explicaciones a grandes problemas por superar. Una concentración extrema de la propiedad rural en la que menos del tres por ciento de los propietarios tienen el control de un tercio del territorio en uso para dinámicas económicas, en este caso para un mal uso –porque las 40 millones de hectáreas en pastos tienen la economía mas ineficiente del mundo, como lo es la ganadería colombiana–, es quizás el tema más extremo y complejo que tiene que afrontar un ordenamiento democrático del territorio y en el que está una de las raíces de nuestras largas violencias por superar. En las cincuenta y cinco millones hectáreas hoy en actividad económica y pésimamente utilizadas, hay que volver a lograr un crecimiento de la agricultura para recuperar la soberanía y seguridad alimentaria perdida en las últimas tres décadas. Hoy importamos más de veinte millones de toneladas de alimentos al año, que en buena medida se pueden producir en Colombia y que podrían exportarse aprovechando el potencial de que somos parte de un pequeño grupo de países que aún pueden hacer crecer su producción agrícola, en un mundo que siempre tendrá como prioridad los alimentos –o que lo digan los chinos que han comprado enormes extensiones de tierras en África y América Latina, conocedores de la importancia de garantizar alimentos para su población que sigue creciendo, para colocar solo un ejemplo–. Colombia debe lograr en las próximas dos décadas pasar de las seis millones de hectáreas que hoy producen alimentos a veinte millones de hectáreas en producción de una amplia variedad de productos que nuestra bendecida naturaleza nos posibilita producir. Y con esta enorme operación de reordenamiento territorial lo vamos a lograr: dejar atrás el narcotráfico, alimentar bien y a bajos precios al conjunto de nuestra población – de la que hoy un tercio pasa hambre, lo cual es una vergüenza– y exportar alimentos para fortalecer nuestra economía. Si tenemos un campo próspero, con oportunidades para el mundo campesino, afro e indígena, vamos a dejar atrás las violencias organizadas que se sustentan en territorios donde el Estado social de derecho no existe y podremos construir ese Estado, lo cual implica promover derechos para las comunidades que hoy están al vaivén de los actores armados que se imponen sobre territorios donde se hace narcotráfico, minería sin adecuadas regulaciones y depredación ambiental. Todo esto debe ser superado construyendo economías legales e instituciones que garanticen derechos, enormes tareas que no hemos logrado en toda nuestra vida republicana. Un Plan Nacional de Desarrollo que coloca al centro el ordenamiento territorial es un instrumento de acción que apunta a un tema central de la sociedad colombiana, enorme tarea, que implica muchas acciones para proteger los derechos de las comunidades y fortalecer la gestión pública local y regional. En esto último tendremos un derrotero de acción en los próximos meses con la Misión sobre Descentralización que coordina el maestro Darío Indalecio Restrepo y cuyo informe debe darnos una ruta de actuación para fortalecer el desempeño de alcaldías y gobernaciones, informe que llega en un momento en el que tendremos recambios en la gobernabilidad local y regional, sin duda una gran oportunidad para avanzar en tareas pendientes para lograr desempeños virtuosos en el estado local, donde se vive y se deben solucionar las múltiples necesidades de la ciudadanía. Cuando se habla de proteger a la Amazonía o de hacer una transición energética, se habla de los territorios, su uso y potencialidades, todo ello y mucho más quedó consignado en el Plan Nacional de Desarrollo que guiará la acción de gobierno en estos años, enormes tareas por desarrollar pero, sin duda, tareas muy importantes que han sido postergadas por quienes no quieren territorios pacíficos, prósperos y con un real Estado social y de derecho en ejercicio. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Es poco corriente y bastante temerario tildar de ignorante a un filósofo de la talla del español Fernando Savater; pero es justo y razonable hacerlo, si este ha dado muestras fehacientes de que ello es así. No obstante, aclaro que la ignorancia a la cual me refiero en el título de esta columna no está ligada en lo más mínimo al analfabetismo típico del iletrado –sería un exabrupto insinuar que Savater lo es–, sino al desconocimiento de específicas experiencias adquiribles que el filósofo de San Sebastián ha soslayado o inadvertido. De hecho, no me hubiese dispuesto a mencionar la ignorancia de este exitoso filósofo de escuela, de no ser porque sus calificaciones de ignorante a Gustavo Petro la develaron de modo tajante. En efecto, en su columna de opinión del diario El País, hizo críticas al presidente, muy desacertadas por ignorar nuestra realidad política nacional, o quizás muy afectadas al encontrarse enajenado por formas políticas que desprecian la justicia social, por las ideas del nuevo fascismo europeo. Lo cierto es que, más que enlodar el nombre de un presidente –que ha demostrado sagacidad mental para quitarles en franca lid el país a quienes siempre lo habían visto y administrado como a un botín– está enlodando a un pueblo que por culpa de ideas como las suyas ha padecido por cientos de años el maltrato de gobernantes cuyas ambiciones e ignorancia los condujo a gobernar con atrocidades. Refiriéndose a nuestro pueblo, y a propósito de la pérdida del poder de las derechas (liberales y conservadores) y de la extrema derecha (la corriente uribista), Savater ha escrito que “a Colombia se le acabó la suerte”. Yo me pregunto: ¿Sabrá el autor de Ética para Amador que a los únicos que se les acabó la suerte en Colombia con el nuevo gobierno fue a los carentes de ética y de moral, a los políticos y empresarios corruptos? ¿Y sabrá que lo que está acabándosele a Colombia no es la suerte, que política y socialmente nunca la había tenido, sino la indolencia, la impunidad y el desequilibrio social? También ha escrito que Petro es un “averiado rebelde institucional”. ¿Acaso lo llama “averiado rebelde” porque cambió la rebeldía armada por la rebeldía política legítima? Y lo acusa de “rebeldía institucional”, acaso por ignorar que el presidente Gustavo Petro está cercado por instituciones de control manejadas incluso por personas que lo quisieran ver muerto. ¿Esto lo sabrá Savater o también lo ignora? Además, respecto al presidente ha escrito que “no se puede ser más provocativamente ignorante en historia”. Entonces cabe preguntarse: ¿a qué historia se referirá Savater, a la de sus antepasados españoles que asesinaron a millones de indígenas o a la de nuestros gobernantes de la Independencia que hasta el gobierno de Iván Duque –incluyéndolo a él–hicieron lo mismo con sus opositores políticos? ¿Acaso Savater tampoco visualiza que la historia digna de nuestro país apenas ha comenzado a construirse, gracias a la nobleza e inteligencia de ciudadanos como Gustavo Petro? De igual modo, Savater califica a Petro de ignorante “en ecología” y me pregunto: ¿sabrá Savater que la ecología es la parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven, y que no otra cosa ha hecho el presidente Petro desde sus programas de gobierno, al cual ha denominado “el gobierno de la vida”, precisamente para que dichas relaciones entre seres vivos ocurran de modo humanizado y en un medio ambiente sano? También le dice ignorante “en zoolatría”; es decir, acusa al presidente de no rendirles culto a los animales, cuando éste sólo ha demostrado quererlos vivos. ¿O tal vez lo acusa de falta de zoolatría, porque se opone a la fiesta brava que Petro aborrece y él, Savater, defiende con talante de matarife? De manera semejante lo trata “en economía”, como si valieran más sus palabras que las de sabios economistas del siglo XXI, como las de Mariana Mazzucato, las de Thomas Piketty y las del Premio Nobel Joseph Stiglitz que se han referido a Gustavo Petro con expresos elogios. Así mismo, se equivoca Savater cuando afirma que el presidente de Colombia es ignorante “en los usos de la cortesía diplomática”. Se trata de una aseveración provocada porque Petro habló sin tapujos de la historia de las relaciones entre las dos naciones, y porque lo hizo, con respeto a la España de hoy; pero, especialmente, por respeto a las poblaciones que todavía en el presente padecen las consecuencias de la vileza de la España de ayer. Frente a esto último, tal vez sea necesario informarle al señor Savater que las tradicionales “buenas maneras diplomáticas” del siglo XX implicaban la sumisión a los poderosos por medio de mentiras e hipocresías. En el siglo XXI por fortuna han cambiado las cosas y ahora están fundadas estrictamente en la verdad, que entre todas las maneras de la diplomacia, es la más decente y la más respetuosa. Para terminar, valga decir de Fernando Savater con la pequeña porción de respeto que se merece, que su ignorancia la conoce muy bien el mundo decente, pues universalmente la ha demostrado, al oponerse a un mundo nuevo dado a la defensa de los derechos humanos, de los animales y del medio ambiente, un mundo empeñado en la defensa de la vida; en fin, un mundo muy distinto al suyo, cuya filosofía busca enarbolar éticas para lo insano y para descontar la moral a raja tablas. En su libro Tauroética, que es una vana argumentación amoralista para defender la fiesta brava, dice por ejemplo, que: “quien se complace en el sufrimiento de los animales no viola una obligación moral con ellos, que no existe, sino que renuncia a su propio perfeccionamiento moral”. Una tesis, plegada a Nietzsche, que tolera el maltrato desprovisto de ética, pues este da paso a la compasión. Algo semejante a creer que la mejor manera de disfrutar la felicidad es experimentando primero el dolor. No en vano, para justificar la crueldad de la fiesta brava, Savater profesa que “la compasión engrandece nuestra vida moral —la excepcionalidad humana por excelencia— y nos acerca a lo que Nietzsche llamó bellamente "la estética de la generosidad"” (2010a, 34). En fin, Fernando Savater, difícilmente podría hablar con imparcialidad contra un líder político ceñido a las reglas o normas morales que rigen la conducta de los seres humanos en relación con la sociedad y consigo mismo, mientras él se pliegue a ciegas a un sistema filosófico totalmente contrario, estructurado por Nietzsche y Stirner, bajo el entendimiento de que la moral no actúa en contra, sino sin normas morales. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Santiago Chinchilla, Practicante Línea Democracia y Gobernabilidad La política exterior de Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez al poder cambió su rumbo y se encaminó en la construcción de un mundo multipolar centrado en el intercambio comercial, la ampliación del mercado, la transferencia de tecnología, la cooperación y la ayuda humanitaria. Esta propuesta buscó el distanciamiento de la geopolítica de Estados Unidos y su agenda, por lo que Venezuela se convirtió con la expansión del proyecto bolivariano en una amenaza para losnorteamericanos. Tras la muerte de Chávez en 2013, las relaciones entre Venezuela y el resto del mundo han empeorado, en especial con Estados Unido. Probablemente, las dos expresiones más concretas del deterioro de la política internacional venezolana son las sanciones internacionales y la crisis de reconocimiento de las elecciones presidenciales de 2018. Si bien ya había antecedentes de sanciones durante el periodo presidido por Chávez, no fue sino hasta las protestas contra Nicolás Maduro que los Estados Unidos fueron más vehementes contra el gobierno venezolano bajo el argumento de las violaciones de derechos humanos y la aparente amenaza del gobierno hacia el país norteamericano. Estas medidas iniciadas al final del gobierno de Barack Obama fueron continuadas y potenciadas bajo su predecesor Donald Trump e incluyen la congelación de los bienes y activos de funcionarios del gobierno chavista y altos rangos militares, la prohibición de comercialización con la petrolera PDVSA, la prohibición de exportación de armamento hacia Venezuela, entre otras medidas. En tiempos recientes, la situación venezolana ha tomado mayor relevancia internacional, en especial durante las elecciones presidenciales de 2018 y sus efectos posteriores. Para esas elecciones, luego de una cuestionada reelección de Nicolás Maduro, la oposición venezolana presentó ante el mundo al que consideraban como el legítimo presidente, Juan Guaidó, quien recibió un gran apoyo internacional mediante el reconocimiento de países latinoamericanos bajo el Grupo de Lima, la mayoría de los países europeos y los Estados Unidos. Este reconocimiento tuvo efectos concretos sobre la política internacional venezolana en la entrega a Guaidó y a la oposición de diferentes activos venezolanos fuera país, por ejemplo, las cuentas oficiales de Venezuela en el Banco de la Reserva Federal en Nueva York y la facultad de representar diplomáticamente a Venezuela en algunos contextos internacionales. No obstante, para finales del 2022 la oposición venezolana no renovó el mandato de Guaidó y su reconocimiento e influencia internacional fueron puestos a un costado. En este contexto, y bajo nuevas condiciones internacionales, como el triunfo de Joe Biden en Estado Unidos y el “nuevo giro a la izquierda” en América Latina, vale la pena preguntarse: ¿cómo se proyecta la política exterior venezolana tras la salida de Guaidó? Una posible respuesta es que, si bien la salida de Guaidó significó que las relaciones exteriores de Venezuela han tenido un leve alivio, el país todavía enfrenta fuertes retos para el restablecimiento de relaciones con el resto del mundo. Viejos y nuevos amigos Desde la época de Chávez, Venezuela venía forjando un lazo importante con algunos países de la región (y fuera de esta) con afinidad ideológica como Cuba, Nicaragua o Bolivia en los casos más próximos, pero también con la República Popular Democrática de Corea, Vietnam o los Emiratos Árabes fuera de la región. De hecho, varios de los jefes de Estado de estos países estuvieron en la conmemoración de la muerte de Chávez en marzo de 2023, entre esos el presidente de Bolivia Luis Arce, el nicaragüense Daniel Ortega y los expresidentes Raúl Castro, Evo Morales y Rafael Correa. Así mismo, Venezuela ha fortalecido lazos con los Emiratos Árabes respecto a cooperación en materia energética, también ha estrechado lazos bilaterales con Corea del Norte en términos de seguridad y la cooperación con Vietnam y Zimbabue. No obstante, la salida de Guaidó del escenario internacional, más los cambios de mandato en varios países de la región, ha permitido que el gobierno de Nicolás Maduro pueda retomar las relaciones con Estados que en el pasado habían mostrado inconformidad con la presidencia de Maduro. Tal es el caso del recién elegido presidente de Paraguay Santiago Peña, que mostró su disposición a retomar relaciones con Venezuela, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva con la recuperación de la embajada en Brasil, el embajador español en Venezuela Ramón Santos, lo países caribeños limítrofes como Trinidad y Tobago, Curazao, Bonaire y Aruba (con los que Venezuela reactivó proyectos petroleros y conexiones marítimas) e incluso China, país que había tomado distancia de Venezuela pero que, en tiempos recientes, se ha acercado a Maduro mediante la reestructuración de líneas de crédito y cooperación en temas energéticos. Si bien el avance de restablecimiento de relaciones con países que en el pasado fueron reacios a Maduro ha sido significativo, sin duda alguna el mayor cambio para Venezuela en términos de política internacional ha sido el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Colombia tras el triunfo de Gustavo Petro, presidente con el que Maduro se ha reunido en varias ocasiones en zona de frontera y con el que ha firmado acuerdos de inversión transfronteriza. Este cambio de rumbo en la relación de estos dos países está sedimentada en la lucha contra el crimen transfronterizo, la reactivación del comercio binacional y la libre circulación de personas por los pasos oficiales. Tal ha sido la afinidad en esta nueva etapa que el presidente colombiano se ha ofrecido de intermediador para que se contemple el levantamiento de las sanciones internacionales que tiene Venezuela. De hecho, el 25 de abril de 2023 se celebró una cumbre internacional en Bogotá que buscaba discutir la situación sobre Venezuela para buscar posibles salidas a la crisis económica, política y humanitaria. La cumbre reunió a 20 países garantes, sectores de oposición, oficialistas y del gobierno colombiano y, aunque se discute el éxito de la iniciativa, es una muestra fehaciente del bueno momento entre las relaciones bilaterales entre ambos países. Mucho trecho por recorrer No obstante, y a pesar de la leve mejoría de la política exterior venezolana, el país todavía enfrenta grandes retos en materia internacional que necesitan ser abordados de manera urgente. En primer lugar vale la pena señalar la investigación en curso que tiene la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad y de la cual Maduro ha exigido su cierre para continuar con el diálogo y las negociaciones con la oposición venezolana en México. Así mismo cabe recordar las hostilidades recientes por parte de Estados Unidos contra Venezuela y que incluyen la extensión del decreto de emergencia contra Venezuela (iniciado por Obama y que ha permanecido durante el gobierno Trump y Biden) o la subasta de Citgo, que es una filial de la petrolera PDVSA en Estados Unidos y que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió no proteger contra acuerdos de negociación o venta de acciones. A lo anterior hay que añadir el reciente altercado que tuvieron los gobiernos de Bolivia y Chile a propósito de la situación venezolana, en el que a causa de la movilidad masiva de venezolanos por el continente se reactivó el conflicto histórico sobre la zona de Colchane, que divide el territorio de Chile y Bolivia. Cabe recordar que Chile y Bolivia no mantienen relaciones diplomáticas desde 1978 cuando Bolivia decidió demandar a Chile queriendo recuperar 400 kilómetros de costa y 128.000 kilómetros cuadrados de territorio que Bolivia perdió durante la Guerra del Pacífico. Al respecto, el gobierno chileno ha demandado ayuda para la repatriación de los migrantes expulsados, además de militarizar la zona, mientras que el gobierno boliviano se ha limitado a afirmar que no hay acuerdos para la reconducción de los migrantes hacia Venezuela. Lo anterior pone en evidencia las repercusiones de la situación venezolana en el resto de la región y la dificultad que enfrenta Venezuela al manejar la política exterior en la actualidad. En conclusión, si bien hay una leve mejoría en las relaciones exteriores de Venezuela que han permitido retomar la relación con países con los que en el pasado hubo distanciamiento y que han llevado a replantear la pertinencia de las sanciones y el reconocimiento a otros actores diplomáticos diferentes a los delegados por el chavismo, Venezuela sigue estando en el ojo del huracán y su situación requiere de un compromiso sostenido e independiente a los gobiernos de turno que logre superar los problemas profundos dentro de Venezuela y sus repercusiones en el resto del continente.

Por: Katerin Erazo, Periodista En una sesión marcada por el avance en la discusión sobre la Reforma a la Salud, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó 117 artículos de los 139 que componen la propuesta, es decir que fue aprobado el 84,2% del articulado. En esta última sesión, solo 31 artículos fueron modificados, mientras que el resto se aprobó sin cambios, tal como habían sido radicados en la ponencia. Ahora, únicamente quedan pendientes de discusión y votación 22 puntos. Ver: (Reforma a la salud, ¿manzana de la discordia?) Según Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), es importante tener en cuenta que los 139 artículos no pertenecen al proyecto original, sino a una enmienda realizada a dicho proyecto. Inicialmente, el proyecto original constaba aproximadamente de 154 artículos. Sin embargo, debido a ciertas negociaciones que tuvieron lugar, se presentó una enmienda que modificó la propuesta original y se votó sobre dicha enmienda en lugar de la propuesta inicialmente presentada. Uno de los aspectos clave aprobados durante la sesión fue el artículo 60, que establece las funciones de la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES). En caso de convertirse en ley, la ADRES será responsable de administrar los recursos del sistema, actuando como el pagador único. Tendrá la capacidad de realizar pagos directos a los proveedores de servicios de salud y tecnologías médicas, así como de realizar las transferencias correspondientes a los diferentes agentes involucrados. La discusión en torno a este punto generó polémica, ya que se cuestionaba si la entidad tendría realmente la capacidad necesaria. En respuesta, el director de la ADRES, Félix León Martínez, señaló que “para asumir esta función de pagador único, la ADRES requerirá una transformación que ya está proyectada. En caso de que se apruebe la ley, la ADRES deberá someterse a un proceso de reestructuración”. Durante la sesión también se aprobaron otros artículos relevantes, como el 9 y el 10, que establecen la estructura y funciones de los Centros de Atención Primaria (CAP), los cuales son fundamentales dentro de la reforma. Asimismo, se votó a favor del artículo 49, el cual define la naturaleza y funciones de las gestoras de salud y vida, conocidas actualmente como EPS. También se aprobaron los artículos 53 y 54, que tratan sobre la inspección, vigilancia y control de estas entidades, así como sus gastos administrativos. Sin embargo, aún se debe discutir el artículo 50, referente a la transformación. En relación al régimen de transición, se dieron aprobaciones como el artículo 135 y el 136, que abordan la atención de peticiones, quejas o reclamos por parte de los usuarios durante dicho periodo. Cabe mencionar que el martes pasado se aprobó el artículo 123, el cual ha sido objeto de polémica debido a la obligación que impone a los médicos de garantizar resultados en los pacientes. Esta disposición ha generado preocupación en la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que ha manifestado que “obligar al profesional de la medicina a resolver de manera imperante las situaciones de salud del paciente va en contra de la práctica médica”. Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de Pares, señaló que entre los artículos aprobados también se encuentran aquellos relacionados con los determinantes sociales de la salud, el sistema integral de calidad en salud y la tipología sin niveles de las instituciones de salud del estado que son las ISE. Durante los debates de esta semana, se logró la aprobación de varios artículos relevantes para la reforma. La semana pasada se aprobaron los artículos 30, 91 y 103, mientras que el martes se avanzó en el primer bloque con la aprobación de los artículos 43, 44, 69, 88, 97, 101, 102, 104, 108, 113, 119, 120, 123, 126, 127 y 134. En el segundo bloque, se aprobaron los artículos 89, 96, 112, 115 y 130. En la sesión de este jueves, se dieron importantes avances con la aprobación de los artículos 5, 15, 16, 28, 29, 32, 33, 34, 41, 42, 47, 85, 87, 90, 92 y 114 en el primer bloque. En el segundo bloque, se aprobaron con proposiciones avaladas los artículos 8, 45 y 86, mientras que en el tercer bloque se aprobaron los artículos 63 y 136 con sus respectivas proposiciones. Además, se votaron favorablemente los artículos 7, 40, 50, 117 y 131, los cuales abordan temas fundamentales como la identificación de los determinantes sociales de la salud, el giro de recursos a las Instituciones de Salud del Estado (ISE), la naturaleza y funciones de las Gestoras de Salud y Vida, la vinculación de los trabajadores del sector salud especialistas y la continuidad de las Empresas de Medicina Prepagada y Seguros Privados. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lideró esta iniciativa de reforma y destacó la importancia de los avances logrados hasta el momento. Sin embargo, aún quedan por discutir 22 artículos que son considerados puntos álgidos de la propuesta. Juan Alejandro Pérez destacó que aún falta la aprobación del 15% restante. Además, mencionó que, por ahora, al tratarse de una ley ordinaria que puede ser discutida en legislaturas posteriores o en sesiones extraordinarias, no existen problemas con los tiempos para la aprobación. En cuanto a los plazos, el asistente de investigación señaló que, en términos relativos al proceso legislativo, todo va bien y no hay problemas, debido a que se trata de una ley ordinaria. Probablemente por esta razón el Gobierno la presentó como tal, ya que resulta más “sencillo” de pasar. Pérez señaló que, pese a la decisión del partido de la U en declararse como partido independiente, el Gobierno cuenta aún con mayorías, pues tiene 103 representantes de los 186 en total. Sin embargo, el problema radica en que, de esos 103 representantes, 33 son liberales, partido que está divido en su votación hacia dicha reforma, por lo que no se sabe si se contarán con todos los votos necesarios, por ahora, para pasar la reforma. Se requerirían al menos 94 votos para la aprobación, en caso tal que el día de la votación en plenaria de Cámara están los 186 representantes. En este sentido, el Gobierno continuará negociando individualmente para obtener el apoyo necesario para que esta reforma siga su curso. Según el asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, el Gobierno ha perdido terreno con la declaración de independencia del partido de la U y el Conservador. A pesar de ello, el Gobierno sigue apostando por las negociaciones individuales con los representantes, tanto de la coalición como de otras bancadas como la conservadora y la de la U. El impacto de esta declaración de independencia se verá en la votación en plenaria, donde se determinará cómo se desarrollará este nuevo escenario político. El próximo martes 23 de mayo se retomará el debate sobre la Reforma a la Salud, con el objetivo de buscar acuerdos y consensos para lograr una transformación integral del sistema de salud en el país. Sin embargo, aún hay varios obstáculos por superar antes de que la reforma se convierta en ley y se implementen los cambios propuestos. Según Pérez, el panorama actual indica que la Reforma a la Salud sigue “viva”, pero existen muchas incertidumbres en cuanto a los plazos que le darían los congresistas, pues si bien es una ley ordinaria y puede pasar de una legislatura a otra, la próxima legislatura estará marcada por las tareas de los congresistas en sus territorios para ganar las elecciones locales y no por los debates en torno a las reformas sociales.

Por: Katerin Erazo, Periodista Hoy culmina la gira oficial de la vicepresidenta Francia Márquez por Etiopía, Kenia y Sudáfrica, dejando un legado de logros y estrechando lazos con naciones hermanas. Su recorrido inició desde el pasado 10 de mayo y sostuvo reuniones de alto nivel con representantes de estos países africanos. El objetivo de dicha gira fue fortalecer las relaciones políticas, económicas, comerciales y culturales de Colombia y la Unión Africana. Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario, explicó a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que esta gira representa una oportunidad de volver a abrir una puerta que había dejado el expresidente Ernesto Samper, quien visitó Sudáfrica y Kenia en la década de los 90. Desde aquel entonces, ningún gobierno se mostró dispuesto a explorar estas conexiones. Jaramillo sostiene que esta gira contribuye a una mejor alineación de Colombia con su región natural, el sur global. Según él, estamos distanciados de las preocupaciones compartidas por nuestros pares en temas como el calentamiento global, las migraciones, la transición energética y la seguridad alimentaria. “Volvemos a la órbita a la que pertenecemos”. El profesor de relaciones internacionales mencionó que debemos entender esta gira como una oportunidad que se presenta de nuevo. No obstante, no es una gira que resolverá por completo nuestra relación con África. Jaramillo señala que corresponde a los gobiernos que vienen mantener esta relación, al igual que se hace con Estados Unidos o Europa. Hoy, 18 de mayo, la vicepresidenta se reunió en Adís Abeba, Etiopía, con la vicepresidenta de la Comisión de la Unión Africana (UA), Monique Nsanzabaganwa, quien expresó su deseo de que Colombia desempeñe un “rol más activo” en la organización panafricana. Márquez, en su cuenta de Twitter, mencionó que Nsanzabaganwa manifestó su apoyo para que Colombia tenga un papel destacado en la Unión Africana, incluyéndola como parte de la “sexta región: ¡la diáspora!”, en referencia a las seis divisiones geográficas de la UA. Durante el encuentro, Márquez se comprometió a fortalecer la colaboración entre Colombia y la Unión Africana en el intercambio de conocimientos y la cooperación Sur-Sur, según señaló Josefa Sacko, comisionada de Agricultura de la UA. Colombia, que ha sido miembro observador de la UA desde 2008, se convertirá en un observador activo y un aliado de la agenda africana para el año 2063, según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano. La Agenda 2063 de la UA es un plan estratégico para África que abarca el desarrollo económico, la integración política, la mejora de la democracia y la justicia, la seguridad y la paz, el fortalecimiento de la identidad cultural, la igualdad de género y la independencia política de las potencias extranjeras. Durante su visita, Márquez recibió reconocimiento por el liderazgo de Colombia en la cooperación sur-sur y fue llamada a compartir las apuestas por la paz y la reconciliación en el marco de la Agenda Africana 2063, según informó la Cancillería colombiana. Además de su encuentro con la UA, la vicepresidenta también se reunió con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, para discutir el fortalecimiento de los vínculos bilaterales y explorar oportunidades de colaboración. Abiy, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2019, destacó la importancia de la visita de Márquez a través de su cuenta de Twitter, afirmando que ambos países trabajarán para fortalecer los lazos bilaterales y explorar oportunidades de colaboración en diversas áreas. En su visita a Etiopía, Márquez acordó la apertura de la embajada de Colombia en este país africano, un hito histórico que marcará un nuevo capítulo en las relaciones entre ambas naciones. Esta apertura fortalecerá los lazos económicos, culturales y políticos entre Colombia y Etiopía, y fomentará la cooperación en áreas clave como la agricultura, la tecnología y la inversión. Además, la vicepresidenta anunció la firma de dos acuerdos entre los Gobiernos de Colombia y Etiopía. Los memorandos de entendimiento firmados abarcan el inicio de las consultas políticas y la promoción del español como lengua extranjera en Etiopía. El viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, suscribió el memorando de entendimiento para el inicio de las consultas políticas entre Colombia y Etiopía con el ministro etíope de Estado para Asuntos Exteriores, Mesganu Arga Moach. Además, se firmó una declaración de intención para facilitar la enseñanza del español a diplomáticos etíopes, reafirmando el compromiso mutuo de ambos países. La gira de la vicepresidenta culminó en Etiopía, su última parada de su gira por países africanos, por medio de su cuenta de Twitter destacó que el encuentro con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Alí, tuvo un balance positivo en materia de cooperación. Además, uno de los momentos más destacados de la gira fue cuando Márquez se reunió con líderes y representantes de organizaciones ambientales en varios países africanos. Durante estos encuentros, abogó por la necesidad de proteger los recursos naturales y promover la sostenibilidad, resaltando la importancia de la lucha contra la deforestación y el cambio climático. La vicepresidenta Francia Márquez realizó diversas actividades en Kenia como parte de su gira por África, enfocadas en fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países y promover la cooperación en temas ambientales y de género. Durante su visita, Márquez participó en la siembra de árboles en el Karura Forest y se reunió con lideresas del sistema de Naciones Unidas en Nairobi. En el Karura Forest, Márquez tuvo el honor de plantar un árbol en compañía de Wangari Maathai, hija del Premio Nobel de la Paz. Este acto simbólico resaltó la importancia del desarrollo sostenible y la democracia en la lucha contra el cambio climático. La vicepresidenta expresó su satisfacción por contribuir al desarrollo sostenible y la justicia ambiental, y destacó los avances de Colombia y Kenia en la búsqueda de la justicia racial y ambiental. Además de su compromiso con el medio ambiente, Márquez se reunió con lideresas del sistema de Naciones Unidas en Nairobi para discutir la importancia de trabajar de manera articulada contra el cambio climático, la justicia racial y de género. Durante el encuentro, se manifestó la disposición de ambos países para colaborar en estos temas y promover acciones conjuntas que impulsen la igualdad y la protección del medio ambiente. En el marco de su visita a Kenia, la vicepresidenta también participó en el Foro Comercial Colombia-Kenia, donde se discutieron oportunidades de cooperación económica y comercial entre ambos países. Asimismo, se llevaron a cabo importantes firmas de acuerdos, entre ellos un memorando de entendimiento para trabajar en la equidad de género y empoderamiento de las mujeres, mostrando el compromiso de Colombia y Kenia en promover la igualdad y el fortalecimiento de la participación de las mujeres en diferentes ámbitos. En medio del recorrido la vicepresidenta también llegó a Sudáfrica, en donde dejó un impacto profundo en la lucha por la justicia y la equidad. Durante su estadía, Márquez se involucró activamente en una serie de actividades que abordaron problemáticas sociales y buscaron soluciones concretas. Una de las facetas destacadas de la visita de Márquez fue su participación en reuniones con líderes comunitarios, organizaciones no gubernamentales y funcionarios gubernamentales comprometidos con la construcción de una sociedad más justa. A través del diálogo abierto y constructivo, Márquez compartió su experiencia y conocimientos adquiridos en su país de origen, brindando valiosas perspectivas sobre cómo enfrentar desafíos socioeconómicos y ambientales. En un importante foro sobre el impacto de la minería en las comunidades locales y el medio ambiente, Márquez expuso ejemplos concretos de cómo las comunidades en Colombia han enfrentado y superado los desafíos causados por la explotación minera descontrolada. Además de su participación en reuniones y foros, la vicepresidenta también aprovechó la oportunidad para visitar proyectos locales innovadores que han empoderado a comunidades marginadas. Al interactuar directamente con las personas afectadas, Márquez compartió su visión y experiencias, alentando a otros a tomar medidas concretas para superar la desigualdad y construir un futuro más inclusivo. Mauricio Jaramillo resaltó que esta gira presenta un panorama positivo, fundamentado en tres aspectos principales. En primer lugar, se ha contemplado la apertura por primera vez de embajadas de países del África subsahariana en Colombia, lo cual representa una oportunidad significativa. En segundo lugar, se han establecido acuerdos que trascienden lo inmediato, como en el ámbito educativo y en prácticas relacionadas con las cadenas de valor, especialmente en el caso del café, un producto de gran importancia para Colombia. Estos acuerdos abren la posibilidad de intercambiar experiencias y conocimientos en temas como el calentamiento global. En tercer lugar, se destaca el regreso al discurso del sur global, tal como se intentó en los años 90, lo cual reafirma la orientación de Colombia hacia esta región. Finalmente, la vicepresidenta mencionó la apuesta de la Paz Total a la que se quiere llegar en Colombia. En una reunió con su homólogo Paul Mashatile, pidió el apoyo de Sudáfrica en los diálogos de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Márquez pidió que Sudáfrica sea “garante” de estos procesos de diálogo y que su experiencia en la reconciliación y la paz sea utilizada en Colombia y en la región de América Latina y el Caribe. Mashatile aseguró que Sudáfrica respaldará los esfuerzos de paz en Colombia. El profesor de relaciones internacionales, Mauricio Jaramillo, explicó la importancia del tema de la paz, destacando los casos de Sudáfrica y Kenia, ambos países que han enfrentado problemas de violencia. En el caso de Sudáfrica, Jaramillo resalta que es un ejemplo emblemático de reconciliación, con una transición desde un régimen de apartheid hacia una apuesta por la paz basada en la verdad, la reconciliación y la reparación. Según Jaramillo, hay mucho que aprender de ellos, al igual que ellos pueden aprender de Colombia. El profesor Jaramillo también enfatizó que nadie tiene el monopolio de la paz ni del diálogo, por lo que otorgar protagonismo a la paz en la política exterior era una de las promesas del Gobierno. En ese sentido, considera positivo que se haya llevado a cabo esta gira, ya que brinda la oportunidad de aprender de las experiencias de otros países en la construcción de la paz. Para Jaramillo, es esencial valorar y promover el papel de la paz en la política exterior, reconociendo su relevancia como un elemento clave en las relaciones internacionales. Según Jaramillo, esta gira ofrece a Colombia y África la oportunidad de fomentar la viabilidad de la cooperación sur-sur. En un momento en el que el mundo está transitando de una estructura unipolar, centrada en Estados Unidos y Europa, hacia un orden multipolar, es fundamental que el sur global tenga una voz activa. Este cambio de paradigma permite que la periferia también tenga un papel relevante en temas como la guerra en Ucrania, las migraciones y el comercio justo. Jaramillo destaca que esto representa una ganancia mutua, un escenario de “ganar-ganar” tanto para África subsahariana como para América del Sur. Finalmente, a corto plazo se tiene previsto concretar algunas de las iniciativas propuestas. Según Jaramillo, esto implica iniciar los trámites para la apertura de la embajada de Colombia en Etiopía, un paso importante que aún no se ha llevado a cabo. Además, se debe comenzar a trabajar en la materialización de las iniciativas e inversiones propuestas durante la gira. En el largo plazo se espera que los gobiernos subsiguientes reciban el mensaje y retomen el impulso que acaba de abrir Francia Márquez. Esto implica que se continúe fortaleciendo los lazos y la cooperación con los países africanos, reconociendo la importancia de la relación entre ambos continentes.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad; Línea Migración, Región y Frontera En la frontera nororiental de país los cuerpos de las mujeres continúan siendo cuerpos inscritos por la guerra. El Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander (OAG-NDS) destacó en su Boletín Número 6 ¡No son casos aislados, es el patriarcado! que la ausencia de una política fronteriza y migratoria con enfoque de género ha sido aprovechada por las estructuras armadas ilegales (EAI) que hacen presencia en Norte de Santander. Según el monitoreo de medios de comunicación realizado por esta organización para el informe, el 23,6% de los agresores de violencia basada en género (VGB) durante 2022 en Norte de Santander fueron los actores armados. El centro de investigación destacó que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) y el Instituto Departamental de Salud (IDS) no estandarizan los tipos de agresores y no precisan cuántos corresponden a las EAI, mientras que el Departamento de Policía de Norte de Santander y la Fiscalía General de la Nación no cuentan con una clasificación de los victimarios en el departamento. Gráfico No. 1. Tipos de agresores de violencia basada en género durante 2022 en Norte de Santander Fuente: Observatorio de Asunto de Género de Norte de Santander (2023) Gráfico No. 2. Actores que ejercieron VBG (2022) en Norte de Santander según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2022) Gráfico No. 3. Actores que ejercieron VBG (2022) reportados en Norte de Santander según el Instituto Departamental de Salud Fuente: Instituto Departamental de Salud (2022) Si bien el INMLCF y el IDS no estandarizan la clasificación de tipos de agresores, ambos coinciden en que los tipos de victimarios que registran más casos son personas cercanas a las víctimas. De acuerdo con el INMLCF, el mayor porcentaje de agresores fueron las parejas o ex parejas, con un 53%, y según el IDS, los familiares con un 58%. Así, la persistencia e impunidad de las violencias basadas en género en territorios de disputa entre EAI ha permitido también que quienes no están involucrados como actores armados puedan violentar a las mujeres sin consecuencias. El acceso a la justicia y la posibilidad de que estos casos lleguen ante los medios está influenciada por el poder que poseen los victimarios. De acuerdo con el Observatorio, existe “un ocultamiento sistemático de los medios locales frente a casos de abuso sexual relacionados con hombres con cierto nivel de influencia social y política”, pues en el departamento los medios se dedicaron a registrar violencias ocurridas en otras ciudades del país, mientras que los medios de carácter nacional sí publicaron los hechos que se presentaron en el territorio. Ejemplo de lo anterior son los dos casos que no se visibilizaron en la prensa local: Félix Mario Galvis Uribe, hijo del exmagistrado Félix Galvis Ramírez, fue denunciado por abuso sexual en la Fiscalía General de la Nación y un funcionario de la Alcaldía de Cúcuta fue denunciado por abusar a sus dos hijas, una menor de nueve años y otra de quince meses de edad. Ahora bien, la ausencia de la política fronteriza y migratoria con enfoque de género ha permitido que los actores armados en zonas álgidas del conflicto reafirmen su poder y dominio a través del cuerpo de las mujeres que residen en estos territorios. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, esto se debe principalmente a que las distintas EAI han comprendido que controlar los territorios implican per se controlar la vida y el cuerpo de las mujeres. Esta lógica del conflicto armado pese al Acuerdo de Paz se encuentra latente en subregiones como el Catatumbo, donde para romper el tejido social de los territorios se ha violentado a sus principales defensoras, las mujeres que han organizado la vida en medio de la precariedad y ausencia del Estado. Tras la ola migratoria que vive Norte de Santander desde 2015, no solamente las mujeres nacionales son víctimas de estas dinámicas, sino que también lo son ahora con mucha frecuencia las mujeres migrantes que transitan o residen en el territorio. Conforme a un ejercicio investigativo de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) se ha podido establecer que el Tren de Aragua es aparentemente una de las EAI detrás de la trata de personas. Por su parte fuentes locales le mencionaron al Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander que el ELN ha ejercido violencia contra mujeres que se dedican a la prostitución, mientras que estructuras como el Tren de Aragua se lucran aparentemente de este ejercicio. De acuerdo con una lideresa social de Villa del Rosario, consultada por Pares, el Tren de Aragua se queda con el 60% de las ganancias de esta actividad. La vocera también señaló que existen espacios de tortura por ejercer la prostitución o por ser considerada una informante: Hay zonas que les llaman El Hueco que hacen referencia a espacios donde son llevadas mujeres a torturar a cambio de información o por castigo por ejercer la prostitución. Muchas no salen con vida de eso y desaparecen. La mujer puede resultar sospechosa de ser informante de un grupo ilegal contrario o de la Fuerza Pública. Se han presentado casos donde se castiga a las mujeres y las obligan a cargar piedras a lo largo de la trocha. Asimismo, el OAG-NDS señaló la necesidad de articulación entre los actores institucionales, pues la Fiscalía General de la Nación reportó 1.248 casos de violencia basada en género (VBG) para el 2022, pero el Instituto Departamental de Salud (IDS) informó 3.832 en la misma temporalidad, lo cual refleja que una de cada tres víctimas que acceden a servicios de salud, no acceden a la justicia. Gráfico No. 4. Casos de Violencia Basada en Género (2022) reportados en Norte de Santander por la Fiscalía General de la Nación Fuente: Fiscalía General de la Nación Gráfico No. 5. Casos de Violencia Basada en Género (2022) reportados en Norte de Santander por el Instituto Departamental de Salud Fuente: Instituto Departamental de Salud Igualmente, el OAG-NDS resaltó en el boletín el carácter diferencial de violencia de las mujeres migrantes de origen venezolano, ya que las condiciones de quienes migran de manera irregular las hace susceptibles a ciertos repertorios de violencia entre los que se destacan las distintas modalidades de trata de personas, como la explotación sexual. Esta condición de irregularidad no solamente las hace mayormente vulnerables, sino que también mayormente invisibles ante el Estado debido a que se les impide su identificación y acceso a la justicia. Según las cifras del Departamento de Policía de Norte de Santander, de las 4.408 víctimas del 2022, 307 tienen nacionalidad venezolana, 4.031 colombiana y dos otras nacionalidades. Por su parte, el IDS registró 3.832 casos de VBG, de los cuales 327 corresponden a personas nacidas en Venezuela y 3.505 a nacidas en Colombia. Gráfico No. 6. Nacionalidad de las víctimas de VBG según el Departamento de Policía de Norte de Santander Fuente: Departamento de Policía de Norte de Santander Gráfico No. 7. Nacionalidad de las víctimas de VBG según el Instituto Departamental de Salud Fuente: Instituto Departamental de Salud En ese sentido, y como señaló el OAG-NDS, son precisas las articulaciones entre el sistema de salud y el sistema judicial para garantizar el acceso a la justicia. Asimismo, es necesaria la cooperación entre las instituciones nacionales e internacionales para la protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por último, es relevante que el Ministerio de Relaciones Exteriores construya una política migratoria con enfoque de género.

Por: Katerin Erazo Mientras el Gobierno se prepara para reanudar las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en México, la industria petrolera en Arauca se ha visto afectada por las amenazas de este grupo guerrillero. El 26 de enero, por medio de un panfleto, este grupo amenazó a los trabajadores de la empresa multinacional SierraCol Energy, determinando que no podían continuar con sus operaciones en el departamento de Arauca. “A partir del 30 de enero del presente año, toda actividad de suministro, transporte y demás negocios con esta empresa SierraCol quedará suspendida hasta nueva orden”, señala parte del escrito. Situación similar vivió la multinacional Parex, que también se vio obligada a suspender sus proyectos en los municipios de Tame y Saravena debido a que el pasado 16 de enero sus directivos y contratistas fueron extorsionados y amenazados por el ELN. Por esta razón, la empresa activó sus protocolos de seguridad y se encuentra trabajando con las autoridades para abordar activamente la situación por medio de los procesos de participación establecidos. A pesar de que en los años 80, cuando arrancó la explotación de petróleo en el departamento de Arauca, este departamento ostentaba el primer puesto en extracción de crudo en el país, actualmente Arauca representa apenas el 12% de la producción petrolera a nivel nacional. Sin embargo, según Luis Fernando Celis, coordinador de la Línea Región, Migración y Frontera de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el petróleo ha sido desde los 80 y hasta el día de hoy un factor importante del conflicto armado que se vive en la región. La relación entre las guerrillas y las multinacionales petroleras siempre ha sido conflictiva, los grupos guerrilleros han saboteado durante décadas a la industria del petróleo, ya sea atacando su infraestructura o directamente extorsionando y amenazando. Un par de casos demuestran esta relación, la construcción del oleoducto Caño Limón – Coveñas, construido por la empresa Mannesman entre 1983 y 1984, y el oleoducto Bicentenario, construido en 2019; en ambos casos se pudo demostrar judicialmente que las empresas pagaron a los grupos armados por las extorsiones recibidas. Por esta razón, la gran incógnita que deja las amenazas contra las empresas SierraCol y Parex es si este grupo guerrillero espera recibir algún tipo de pago por parte de ellas. Luis Fernando Celis señaló que la guerrilla siempre ha tenido acceso a los recursos de la renta petrolera y destacó que el ELN sí podría tener intereses de negociar unas nuevas dinámicas alrededor del petróleo en el departamento. Hasta el momento por parte del Gobierno no se ha escuchado algún pronunciamiento frente a esta situación, ni tampoco por parte de los integrantes del ELN que hacen parte de la mesa de diálogo. Para el coordinador de la Línea Región, Migración y Frontera de Pares, esta situación que amenaza al sector petrolero será un tema en el segundo ciclo de negociación que se llevará a cabo este mes. Celis indica que Arauca es central en estas negociaciones, pues uno de los objetivos del proceso de paz es lograr que los territorios puedan tener sus dinámicas económicas libres de violencia, algo que no sucede en Arauca desde hace muchos años.

Por: Redacción Pares ‘No’, fue la respuesta que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dio al Gobierno Nacional la semana pasada frente a la petición de suspender las órdenes de captura contra los cabecillas y voceros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o Clan del Golfo, y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, entre ellos alias ‘Chiquito Malo’, ‘Gonzalito’ y ‘Bayron’. Hay que recordar que la ley 2272 de 2022, conocida como la ley de la Paz Total, habilita al Gobierno no solamente a realizar negociaciones con grupos armados al margen de la ley “con los que se adelanten diálogos de carácter político, en los que se pacten acuerdos de paz”; sino también tener “acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento”. Esto quiere decir que la ley contempla acercamientos con grupos políticos guerrilleros, como lo son el ELN y las disidencias de las FARC, para una salida pacífica del conflicto, pero también negociaciones para el sometimiento a la justicia de Grupos Armados Organizados (GAO) que se dediquen a actividades delictivas y a las economías ilegales, como el Clan del Golfo. Para ello, la ley contempla diferentes mecanismos, como la suspensión de órdenes de captura. El parágrafo 2 del artículo 8 de la ley 2272, especifica que: “Igualmente, se suspenderán las órdenes de captura que se dicten en contra de los voceros de los grupos armados organizados al margen de la ley, con posterioridad al inicio de los diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos, por el término que duren estos. Este mismo procedimiento podrá seguirse con relación a los voceros de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”. Y a pesar de la petición del Gobierno de suspender no solo los operativos en contra de los voceros del Clan del Golfo y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, que ya están suspendidos, sino también las órdenes de captura de sus voceros y cabecillas, con el fin de poder tener diálogos para el sometimiento de estas estructuras criminales, todo enmarcado en la ley 2272, Barbosa cerró la semana pasada diciendo, en entrevista para Blu Radio, que: “el jefe de la policía judicial de Colombia es el fiscal general de la Nación. La suspensión de operativos judiciales no significa la suspensión de operativos de captura contra esas personas a las cuales yo no les suspendí las órdenes de captura con fines de extradición”. Según León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), este pulso que propone Barbosa amenaza la política de paz del Gobierno y tiene un matiz de carácter político más que judicial: Y empieza Barbosa esta semana subiendo el volumen, diciendo en entrevista para María Isabel Rueda en El Tiempo que “el presidente tendrá que recomponer” su política de paz y amenazando al director general de la Policía Nacional, General Henry Sanabria, afirmando que “el decreto no suspendió las actividades de policía judicial en el país. Punto. Si el general (Henry) Sanabria lo hace de otra manera, tendrá que ir a la Fiscalía a responder por omisión”. Para León Valencia, las declaraciones del fiscal extralimitan sus funciones y marcan, más bien, un revanchismo con el gobierno Petro: Por causa de este desencuentro, el Gobierno y la Fiscalía General de la Nación mantendrán una reunión el próximo 30 de enero, con el fin de discutir este y otros temas. Esta semana, Francisco Barbosa viajará a Washington para reunirse con su contraparte del Departamento de Justicia, el fiscal Merrick Garland, para hablar, justamente, sobre la Paz Total y el tratamiento de los miembros de los grupos criminales en el país en medio de estos procesos de negociación. El país estará expectante ante las declaraciones de Barbosa en Washington, y las organizaciones de la sociedad civil y periodistas, atentos para el contraste de la información.

Por: Juan Manuel Velandia, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad En 2020 el actual registrador, Alexander Vega, junto al gobierno de Iván Duque, presentó ante el Congreso Nacional una nueva reforma al Código Electoral con mensaje de urgencia, el cual fue declarado como inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-133/22. Sin embargo, el registrador hizo caso omiso a la decisión de la Corte, y en agosto del 2022 volvió a presentar, con el apoyo del gobierno de Gustavo Petro, el mismo Código Electoral con algunos cambios mínimos. Esta fue la primera reforma clave que radicó el gobierno Petro, la cual ha estado inmersa en diversas controversias. Por un lado, la reforma llegó con mensaje de urgencia debido a que el proyecto se tenía que expedir antes de las elecciones de 2023, sin embargo, el gobierno tuvo que retractarse, ya que una de las razones por las cuales la Corte Constitucional tumbó la pasada reforma fue porque ese mensaje incurría a una ausencia de un debate amplio, trascendente y participativo. Por otro lado, la iniciativa presentaba varias inconsistencias e irregularidades dentro del Código, lo que hizo que algunos congresistas estuvieran de acuerdo con la Corte Constitucional afirmando que este proyecto se debe discutir sin afanes, por tal motivo su discusión tuvo que reanudarse hasta este año. Ahora bien, es importante recordar que la actual reforma al Código Electoral debe de haber cumplido los cuatro debates para convertirse en Ley antes del 20 de junio de 2023, que termina la legislatura, puesto que al ser una Ley estatutaria no puede discutirse en sesiones extras. Siguiendo esto, después de ocho meses de su presentación, la iniciativa, que busca la regulación del derecho a las atribuciones de la organización electoral y la transparencia en procesos de elecciones, entró nuevamente a la discusión hasta el pasado mes de abril, luego de que la Comisión Primera del Senado aprobara la reforma en su primer debate. Cabe resaltar que la discusión presentó grandes trabas, pues senadores como Ariel Ávila (Alianza Verde), Humberto de la Calle (Centro Esperanza), Paloma Valencia, María Fernanda Cabal (Centro Democrático), David Luna (Cambio Radical), Alejandro Chacón (Partido Liberal) y María José Pizarro (Pacto Histórico), no estuvieron de acuerdo con algunos puntos clave de la reforma e hicieron la radicación de proposiciones modificatorias y de archivo para artículos específicos, en total fueron aprobados 271 artículos de los 277 que tenía el proyecto. Luego de que la reforma pasara su primer debate en la Comisión Primera del Senado en abril, la discusión continuó este martes 16 de mayo en la plenaria del Senado para su segundo debate, el cual logró sortear con 55 votos a favor y 2 en contra. La iniciativa tuvo como ponentes centrales a los senadores Germán Blanco, del Partido Conservador, y Alejandro Vega, del Partido Liberal. Los puntos clave que se aprobaron en la plenaria, fueron: Voto electrónico mixto (Aprobado): se trata del artículo 242 que instauraría medios tecnológicos en todas las etapas del proceso electoral para las votaciones de Autoridades, Corporaciones Públicas y Mecanismos de Participación Ciudadana (Plebiscito, Referendo, Cabildo Abierto). El día de ayer se aprobó y empezaría a regir a partir del año 2029. Este no sería obligatorio, sino que se haría de forma progresiva. Este punto es uno de los más polémicos, ya que desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), hemos señalado los diversos problemas que presentan el funcionamiento del Software Electoral y sus auditorías en cada elección, pues no existen ciertas garantías que deriven en el correcto funcionamiento de esta votación. Jornada de votación extendida (Aprobada): se trata del artículo 61, el cual indica la extensión de la jornada de votación hasta las 5:00 p.m. Este artículo no tuvo mayor problema en la votación. La autenticación de identidad (Aprobada): el artículo 134 establece que la Registraduría sería la encargada para determinar las condiciones y características de la seguridad de la cédula. La recategorización del cargo de registrador municipal (Aprobada): indica que el registrador municipal pasaría del nivel técnico al nivel profesional. Sin embargo, hubo puntos polémicos que no fueron aprobados, como el empadronamiento, según el cual ciudadanos serían multados con medio salario mínimo si no le informaban a la Registraduría su cambio de domicilio. La senadora Paloma Valencia en su cuenta de personal de Twitter publicó que fue una de las que votó a favor del hundimiento de este punto polémico, el senador Ariel Avila, también en su cuenta de Twitter, afirmó “que este punto era un riesgo de seguridad para las personas debido a que se les obligaba a exponer su información personal”. La reforma al Código Electoral tiene el tiempo justo, pues aún le faltan los últimos dos debates en la Comisión Primera de la Cámara y en la Plenaria de la Cámara, estos dos últimos debates deben de llevarse a cabo antes del 20 de junio. Aunque la reforma va superando los debates, queda claro que esta ha sido altamente cuestionada, empezando por su máximo ponente, Alexander Vega, quien no cuenta con una buena imagen. Vega inició su carrera como magistrado del Consejo Nacional Electoral de la mano del ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile, investigados por sus relaciones con Odebrecht. También se le cuestiona presuntamente por estar implicado en el caso de Odebrecht en Colombia, según la Fundación Paz & Reconciliación. Esto ha influido a que la Registraduría haya perdido gran parte de su confiabilidad, junto a los hechos históricos que Pares ha señalado a lo largo de los periodos electorales. Para concluir, desde la Fundación Paz & Reconciliación se sigue haciendo el llamado a la necesidad de una reforma institucional antes de una reforma al Código Electoral, que también es necesario. Sin embargo, es pertinente realizar primero una reforma al órgano electoral de Colombia con el mismo objetivo del proyecto que fue hundido en esta legislatura que buscaba la despolitización del Consejo Nacional Electoral. Este era un proyecto clave, ya que también buscaba desconcentrar el poder de la Registraduría Nacional, por tal motivo la Fundación sigue mantenido su postura e invitación a no seguir votando y apoyando la misma reforma al Código Electoral que ya fue hundida por la Corte Constitucional.