Por: Juan Manuel Velandia, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad En 2020 el actual registrador, Alexander Vega, junto al gobierno de Iván Duque, presentó ante el Congreso Nacional una nueva reforma al Código Electoral con mensaje de urgencia, el cual fue declarado como inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-133/22. Sin embargo, el registrador hizo caso omiso a la decisión de la Corte, y en agosto del 2022 volvió a presentar, con el apoyo del gobierno de Gustavo Petro, el mismo Código Electoral con algunos cambios mínimos. Esta fue la primera reforma clave que radicó el gobierno Petro, la cual ha estado inmersa en diversas controversias. Por un lado, la reforma llegó con mensaje de urgencia debido a que el proyecto se tenía que expedir antes de las elecciones de 2023, sin embargo, el gobierno tuvo que retractarse, ya que una de las razones por las cuales la Corte Constitucional tumbó la pasada reforma fue porque ese mensaje incurría a una ausencia de un debate amplio, trascendente y participativo. Por otro lado, la iniciativa presentaba varias inconsistencias e irregularidades dentro del Código, lo que hizo que algunos congresistas estuvieran de acuerdo con la Corte Constitucional afirmando que este proyecto se debe discutir sin afanes, por tal motivo su discusión tuvo que reanudarse hasta este año. Ahora bien, es importante recordar que la actual reforma al Código Electoral debe de haber cumplido los cuatro debates para convertirse en Ley antes del 20 de junio de 2023, que termina la legislatura, puesto que al ser una Ley estatutaria no puede discutirse en sesiones extras. Siguiendo esto, después de ocho meses de su presentación, la iniciativa, que busca la regulación del derecho a las atribuciones de la organización electoral y la transparencia en procesos de elecciones, entró nuevamente a la discusión hasta el pasado mes de abril, luego de que la Comisión Primera del Senado aprobara la reforma en su primer debate. Cabe resaltar que la discusión presentó grandes trabas, pues senadores como Ariel Ávila (Alianza Verde), Humberto de la Calle (Centro Esperanza), Paloma Valencia, María Fernanda Cabal (Centro Democrático), David Luna (Cambio Radical), Alejandro Chacón (Partido Liberal) y María José Pizarro (Pacto Histórico), no estuvieron de acuerdo con algunos puntos clave de la reforma e hicieron la radicación de proposiciones modificatorias y de archivo para artículos específicos, en total fueron aprobados 271 artículos de los 277 que tenía el proyecto. Luego de que la reforma pasara su primer debate en la Comisión Primera del Senado en abril, la discusión continuó este martes 16 de mayo en la plenaria del Senado para su segundo debate, el cual logró sortear con 55 votos a favor y 2 en contra. La iniciativa tuvo como ponentes centrales a los senadores Germán Blanco, del Partido Conservador, y Alejandro Vega, del Partido Liberal. Los puntos clave que se aprobaron en la plenaria, fueron: Voto electrónico mixto (Aprobado): se trata del artículo 242 que instauraría medios tecnológicos en todas las etapas del proceso electoral para las votaciones de Autoridades, Corporaciones Públicas y Mecanismos de Participación Ciudadana (Plebiscito, Referendo, Cabildo Abierto). El día de ayer se aprobó y empezaría a regir a partir del año 2029. Este no sería obligatorio, sino que se haría de forma progresiva. Este punto es uno de los más polémicos, ya que desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), hemos señalado los diversos problemas que presentan el funcionamiento del Software Electoral y sus auditorías en cada elección, pues no existen ciertas garantías que deriven en el correcto funcionamiento de esta votación. Jornada de votación extendida (Aprobada): se trata del artículo 61, el cual indica la extensión de la jornada de votación hasta las 5:00 p.m. Este artículo no tuvo mayor problema en la votación. La autenticación de identidad (Aprobada): el artículo 134 establece que la Registraduría sería la encargada para determinar las condiciones y características de la seguridad de la cédula. La recategorización del cargo de registrador municipal (Aprobada): indica que el registrador municipal pasaría del nivel técnico al nivel profesional. Sin embargo, hubo puntos polémicos que no fueron aprobados, como el empadronamiento, según el cual ciudadanos serían multados con medio salario mínimo si no le informaban a la Registraduría su cambio de domicilio. La senadora Paloma Valencia en su cuenta de personal de Twitter publicó que fue una de las que votó a favor del hundimiento de este punto polémico, el senador Ariel Avila, también en su cuenta de Twitter, afirmó “que este punto era un riesgo de seguridad para las personas debido a que se les obligaba a exponer su información personal”. La reforma al Código Electoral tiene el tiempo justo, pues aún le faltan los últimos dos debates en la Comisión Primera de la Cámara y en la Plenaria de la Cámara, estos dos últimos debates deben de llevarse a cabo antes del 20 de junio. Aunque la reforma va superando los debates, queda claro que esta ha sido altamente cuestionada, empezando por su máximo ponente, Alexander Vega, quien no cuenta con una buena imagen. Vega inició su carrera como magistrado del Consejo Nacional Electoral de la mano del ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile, investigados por sus relaciones con Odebrecht. También se le cuestiona presuntamente por estar implicado en el caso de Odebrecht en Colombia, según la Fundación Paz & Reconciliación. Esto ha influido a que la Registraduría haya perdido gran parte de su confiabilidad, junto a los hechos históricos que Pares ha señalado a lo largo de los periodos electorales. Para concluir, desde la Fundación Paz & Reconciliación se sigue haciendo el llamado a la necesidad de una reforma institucional antes de una reforma al Código Electoral, que también es necesario. Sin embargo, es pertinente realizar primero una reforma al órgano electoral de Colombia con el mismo objetivo del proyecto que fue hundido en esta legislatura que buscaba la despolitización del Consejo Nacional Electoral. Este era un proyecto clave, ya que también buscaba desconcentrar el poder de la Registraduría Nacional, por tal motivo la Fundación sigue mantenido su postura e invitación a no seguir votando y apoyando la misma reforma al Código Electoral que ya fue hundida por la Corte Constitucional.

Por: Katerin Erazo, Periodista En un movimiento político sin precedentes, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado la denominada "muerte cruzada", disolviendo la Asamblea Nacional y convocando a elecciones generales anticipadas. Este anuncio llega en medio del juicio político en su contra y marca un cambio significativo en el panorama político ecuatoriano. En su mensaje a la nación, Lasso justificó esta medida como una respuesta a la "grave conmoción interna y política" que enfrenta el país. Después de presentar su defensa ante la Asamblea Nacional por las acusaciones de peculado formuladas por la oposición, el mandatario decidió recurrir a esta opción constitucional antes de que el juicio político avanzara hacia la moción de censura. Esteban Ron, decano de ciencias jurídicas en la UISEK de Ecuador, afirmó a Pares que la disolución del legislativo a través de dictamen ejecutivo es uno de los mecanismos de compensación de poder más complicados y complejos dentro del contexto constitucional latinoamericano. Esteban explicó que el presidente Lasso ha empleado la figura de la disolución absoluta de la Asamblea Nacional, que involucra a todo el cuerpo legislativo, basándose en una grave crisis política y un estado de conmoción interna. Según Esteban, esto se justifica debido a dos razones principales: la obstaculización de la gobernanza por parte de la Asamblea Nacional en contra del presidente y la falta de mecanismos efectivos para la implementación de políticas públicas. Esteban Ron enfatizó que la figura utilizada por el presidente es plenamente constitucional y se ha utilizado tres causales, siendo la causal número dos la grave crisis política y conmoción interna, respaldada por un dictamen unilateral del presidente. El presidente ecuatoriano expresó también la necesidad de un nuevo pacto político y social que permita a Ecuador superar la profunda crisis política en la que se encuentra sumergido. Argumentó que la confrontación irracional e inútil en la Asamblea Nacional ha obstaculizado los esfuerzos para enfrentar los desafíos de la inseguridad y el terrorismo que amenazan al país. Según el presidente, un sector de la política nacional ha intentado derrocar a su gobierno democráticamente elegido durante los últimos dos años. Guillermo Lasso denunció que el proyecto desestabilizador se intensificó con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo y con la promoción de un juicio político infundado en su contra. Lasso afirmó que este proceso carece de pruebas y contradicciones, calificándolo como confuso, ilegal e ilegítimo. Afirmó que sus acusadores han sido impulsados por un sobrehumano rencor y han sido incapaces de encontrar cualquier evidencia en su contra. El gobernante ecuatoriano señaló que ha intentado promover el diálogo político como una herramienta para garantizar la gobernabilidad, pero la obstrucción constante por parte de la oposición ha generado una grave crisis política y una conmoción interna, erosionando la confianza de la sociedad ecuatoriana en la Asamblea Nacional. Lasso destacó que la oposición ha activado numerosos juicios políticos contra ministros con el objetivo de generar inestabilidad en el gabinete y obstaculizar el trabajo del Gobierno. Según Esteban Ron, se ha iniciado un juicio político al presidente de la República de Ecuador basado en la acusación de infracción de peculado, es decir, la disposición arbitraria de fondos públicos en beneficio personal o de terceros, los cuales incluso han sido calificados por la Corte Constitucional. Esteban señaló que el juicio político se encuentra en la etapa del juicio propiamente dicho, es decir, en la fase de interpelación del presidente Lasso. Además, explicó que se ha completado la primera parte del proceso, que implica la presentación de cargos, las respuestas correspondientes y sus respectivas réplicas, y que actualmente están en la fase de intervención de los asambleístas. Según Esteban Ron, hoy debían intervenir 31 asambleístas, después de lo cual se cerraría el debate y se procedería a la votación sobre la destitución en el juicio político. Sin embargo, debido a la falta de una Asamblea, dicho juicio político pierde todo efecto jurídico. Esteban mencionó que no existe ninguna delegación a otro órgano estatal para continuar con el proceso. Además, Esteban Ron explicó que existe una crisis política que no es reciente, sino que se arrastra desde hace más de un año, a partir del paro indígena. Esta crisis se fundamenta en tres premisas: en primer lugar, la falta de atención por parte del gobierno a los compromisos derivados del paro; en segundo lugar, el incumplimiento de compromisos políticos por parte del ejecutivo en relación con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, dado que la Asamblea no ha aprobado ninguna de las leyes propuestas por el presidente de Ecuador; y en tercer lugar, una falta de gobernanza específica por parte del presidente. Frente al anuncio de Guillermo Lasso, el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) en Guayas, Hilario Beltrán, convocó a una movilización pacífica en el parque Centenario este miércoles 17 de mayo en rechazo a la “muerte cruzada” anunciada por el presidente Lasso. Beltrán informó que a las 4:00 P.M. se concentrarán junto con otras organizaciones como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Frente Popular. En Quito, estas mismas agrupaciones ya están organizadas para llevar a cabo una movilización. Según el dirigente sindical, estas acciones representan el inicio de una serie de medidas y advirtió que si los sectores educativos y de salud se ven afectados, continuarán protestando en las calles. Una de las preocupaciones expresadas por Beltrán es que, al no contar con una legislatura, no existirá una fiscalización de las decisiones gubernamentales, ya que se tomarán mediante decretos. Según Esteban Ron, las protestas se dividen en dos tendencias. La primera se centra en el decreto ejecutivo de "muerte cruzada", que exige la renuncia del presidente Lasso, argumentando que ya no es capaz de gobernar. La segunda tendencia, proveniente del sector indígena ecuatoriano, también se opone a la "muerte cruzada". Sin embargo, según Ron, esta postura está motivada principalmente por intereses políticos, debido a la representación significativa que los indígenas tienen en la Asamblea, una representación que difícilmente se repetiría en las próximas elecciones. Ron señala que estas protestas pueden considerarse una crítica al mecanismo que podría generar posibles arbitrariedades cuando el presidente está gobernando solo. Es importante destacar que las fuerzas de seguridad deben respetar estas protestas, las cuales seguramente se llevarán a cabo de manera pacífica por parte de la ciudadanía y las organizaciones sociales. Además, es fundamental que se proteja la integridad de los manifestantes y se respete su derecho a protestar. Según Esteban Ron, en el momento actual y mientras el decreto ejecutivo de “muerte cruzada” esté plenamente vigente, el Consejo Nacional Electoral, que es el organismo responsable de las elecciones en Ecuador, tiene la obligación de convocar a elecciones en un plazo máximo de siete días y llevar a cabo las mismas en un plazo de 90 días. Esteban mencionó que durante estas elecciones se elegirá un binomio presidencial y 137 asambleístas, tanto a nivel nacional como provincial, que serán elegidos para terminar el periodo presidencial, es decir, hasta 2025. El proceso electoral en sí puede durar entre cinco y seis meses, siempre y cuando el decreto ejecutivo esté en vigor y no se presente ninguna demanda de inconstitucionalidad.

Por: Redacción Pares. «Para nosotros es muy importante apoyar la reincorporación de los exguerrilleros porque nos parece clave para el futuro del país, pero también para la estabilidad y la seguridad nacional. Hemos visto que, a pesar de la situación que tuvimos con la salida del proceso de algunos de los excomandantes, es importante ver que hay muchos proyectos productivos en marcha, ya implementados, y veo que la implementación va a un buen ritmo.» Al mismo tiempo creo que la comunidad internacional, como el gobierno mismo, hemos sido muy claros en que aquí estamos apoyando absolutamente a quienes están dentro del proceso y quieren seguir adelante, el mensaje ha sido ese desde todos los rincones, y ese es un mensaje que tenemos que repetir y mostrar que somos fieles y estamos firmes con la reincorporación.» (Declaraciones de John Petter Opdahl, embajador de Noruega en Colombia, en entrevista con Pares.) A continuación, encontrará en los siguientes enlaces el convenio que la Fundación Paz y Reconciliación -Pares estableció con Noruega: Parte 1 (Enlace uno) Parte 2 (Enlace 2) Parte 3 (Enlace 3)

Por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana En abril el presidente Gustavo Petro anunció la salida del General Henry Sanabria del cargo de director general de la Policía Nacional y nombró como su reemplazo al Mayor General retirado William René Salamanca, quien tomó posesión del cargo oficialmente el pasado 09 de mayo. Alrededor de este nombramiento han surgido interrogantes como cuál será el rumbo que tomará la Policía y cómo afrontará los retos que tiene en el actual contexto nacional. William René Salamanca tiene más de 30 años de experiencia en la Policía Nacional y cuenta con una amplia hoja de vida. Es profesional en administración de empresas y administración policial, especialista en Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado y la Universidad de Columbia en Nueva York, y magíster en Seguridad Pública. Adelantó el Curso Integral de Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra de Colombia, y es estudiante del Centro Hemisférico de Defensa en Washington D.C., específicamente en estudios sobre lucha contra el terrorismo, manejo de crisis y liderazgo. Entró en la Policía Nacional en 1985 y durante su carrera desempeñó los cargos de director de Tránsito y Transporte, director de Protección y Servicios Especiales, comandante de la Región de Policía No. 4, agregado policial en los Estados Unidos, oficial de enlace en el Congreso de la República, comandante de Distrito en Santander y Edecan Presidencial. En cuanto a sus cargos importantes dentro de la institución se resaltan el de director de Seguridad Ciudadana, que ejerció entre 2018 y 2019, y el de director de la Inspección General, entre 2019 y 2020. En este último cargo lideró una investigación sobre una posible falsificación por parte de algunos oficiales de la Policía para acreditar horas de vuelo. Además, se ha evidenciado que, en este último cargo, el número de expedientes que llegaron a la Fiscalía sobre policías con posibles nexos con el narcotráfico tuvo un incremento considerable, resaltándose el hecho de que este tipo de casos normalmente se tomaban como situaciones de negligencia y no como delitos (El Espectador, junio de 2022), por lo que allí el oficial comenzó a mostrar sus posiciones frente a la corrupción interna en la Policía. Fue en este contexto en el que su nombre empezó a posicionarse en la opinión pública, especialmente cuando en una de sus investigaciones se vio involucrado el nombre del entonces director general de la Policía, Óscar Atehortúa. La investigación en su contra tenía que ver con una extralimitación en sus funciones y una presunta participación en tráfico de influencias mientras dirigía el Fondo Rotatorio de la Policía, entre 2014 y 2015, específicamente por irregularidades en la construcción de las viviendas fiscales para policías ‘CENOP’. Esta investigación y el consecuente choque que generó entre Atehortúa y Salamanca, sería la razón por la cuál este último habría sido retirado del cargo de Inspector General por órdenes del primero, (Infobae, noviembre de 2020) y no se descarta que, posteriormente, esto haya influido en su retiro de la institución. Su relación con el presidente Petro En entrevista con la periodista Vicky Dávila para la Revista Semana, el 13 de mayo, Salamanca comentó que conoció a Gustavo Petro en su etapa como representante a la cámara, cuando era teniente coronel y oficial de enlace en el Congreso, y que más adelante establecieron interlocución y algunas articulaciones en temas de infancia y adolescencia cuando Petro era alcalde de Bogotá. En esta misma entrevista confesó haber votado por el actual presidente debido a que consideró que el país necesitaba un cambio político y que encontró en Gustavo Petro una posibilidad para esta necesidad. Los acercamientos entre ambos se hicieron explícitos cuando, en 2022, Salamanca lideró el equipo de empalme para el sector defensa del recién elegido presidente Petro, empezando a evidenciar además una relación de confianza que sería muy importante para las aspiraciones del entrante gobierno, pensando también en una posible renovación de las cúpulas policiales y militares. Lo anterior fue ratificado el pasado 12 de abril, cuando el presidente Petro comunicó la salida de Henry Sanabria como director general, quien habría estado envuelto en duras polémicas debido a sus marcadas posturas católicas dentro de la Policía, llegando a ser señalado por algunos sectores políticos y de la opinión pública como homófobo, machista y ultrarreligioso (El País, abril de 2023). Salamanca, por lo tanto, recibiría nuevamente la confianza de Petro, esta vez para retornar a la Policía y asumir su dirección general, con todos los retos que ello implica, principalmente en cuanto a la recuperación de la confianza en la institución por parte de la sociedad civil, y a afrontar las problemáticas de seguridad por las que atraviesa el país. Los lineamientos para su dirección Salamanca, en su discurso de posesión, mostró la concordancia de sus posturas con el enfoque de seguridad humana que ha adoptado el actual gobierno, y enfatizó en su compromiso por llevar a cabo los objetivos de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana presentada recientemente por el Ministerio de Defensa. Mencionó que su trabajo se fundamentará en los principios de humanismo, profesionalismo, honestidad e innovación, siendo el primero de estos el que más resalta. En este mismo discurso habló de la reingeniería de la que serán objeto los CAI para articularlos más con las comunidades, de la lucha contra la extorsión, y del fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Rural. También habló del fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico y los ciberdelitos, el papel de la cooperación internacional para lograr estos objetivos y las mejoras en el bienestar y las condiciones de vida de las personas integrantes de la institución. Por otro lado, y volviendo a la entrevista que dio a Semana, habló sobre la posible salida de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, para lo cual mencionó que incentivará la participación de la academia, las reservas y la sociedad civil para analizar el momento oportuno en el que se podría dar esta salida a otro ministerio, poniendo como principio el cuidado de la institución. También mencionó que el ESMAD, ahora llamado UNDMO (Unidad de diálogo y mantenimiento del orden), se mantendrá y será objeto de una transformación y un reentrenamiento permanente. Además, a propósito de las polémicas protagonizadas por el anterior director de la Policía, mencionó que es católico, pero que va a defender la libertad de culto y de expresión en la Policía, y que respetará los temas privados de las personas miembros de la institución, aunque no dejará de promover la unidad de la familia como núcleo fundamental de la sociedad colombiana. Una postura conciliadora En la entrevista antes mencionada, mostró una posición cauta y prudente frente a determinadas preguntas que le realizaba la periodista Vicky Dávila, como en el tema de la legalización de las drogas, la retención de agentes del ESMAD por parte de comunidades campesinas en San Vicente del Caguán, el tema de la primera línea o el supuesto complot que se generó internamente para su salida de la institución. Ante este tipo de temas mostró una posición precavida y conciliadora, reafirmando sus posturas, pero manteniéndose en la línea del actual gobierno, sin intención de realizar afirmaciones comprometedoras o polémicas, Lo anterior sería coherente con el contexto en el que asume el cargo de director general, debido a la compleja situación de seguridad en la que se encuentra el país, en la que el presidente Petro está apostando por la implementación de la política de Paz Total, sumado a la situación institucional de la Policía, tanto externamente frente a la falta de confianza que existe por parte de algunos sectores de la sociedad civil, como internamente en cuanto a los temas de corrupción y las disputas políticas que se dan en la institución. Salamanca parece no querer dar pasos en falso y tomar las riendas de la Policía Nacional de manera responsable y en concordancia con las directrices del gobierno. Se podría considerar que su nombramiento implica un cambio en las dinámicas de la Policía, en primer lugar porque retorna a la institución por petición del presidente, lo cual dejaría entrever una confianza mayor a la que podría haber con los oficiales que actualmente se encuentran en carrera, y además se posiciona como un referente debido a su experiencia y su hoja de vida; y por otro lado, porque sus posturas, con un carácter más conciliador y, como él mismo lo llama, humanista, parecen permitir un rango distinto y más amplio de maniobra para la Policía y, asimismo, la posibilidad de materializar con mayor eficacia los objetivos del Gobierno Nacional en cuanto a temas de seguridad y defensa, específicamente en lo que respecta al proyecto de Paz Total.

Por: Mónica Castillo Díaz, Asistente de investigación Línea Democracia y Gobernabilidad Después de la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela, realizada el pasado mes de abril, poco se ha movido el diálogo entre la oposición y el oficialismo frente a lo que serán las elecciones presidenciales previstas para 2024. No obstante, la Comisión Nacional de Primarias no se detiene frente al desafío de construir un proceso electoral que concluya el 22 de octubre del presente año en la salida masiva de las y los venezolanos –dentro y fuera del país– para votar y elegir al representante de la oposición que disputará con Nicolas Maduro la presidencia del vecino país. Así, el lunes 08 de mayo, la Comisión Nacional de Primarias anunció el reglamento que regirá la contienda, el cual, entre otras cosas, anunció el inicio del registro de candidatos y candidatas de la oposición venezolana, que irá del 24 de mayo al 23 de junio de 2023 y que serán oficializados hasta el 10 de julio, y la estrategia para movilizar la votación en el exterior. Desconfianza y zozobra sobre la participación del CNE en las primarias La asistencia técnica del CNE en las primarias ha sido uno de los temas más discutidos desde todos los bandos y sigue sin haber respuestas concretas sobre esta intervención, dejando a la deriva la participación de la institución dentro de la planeación de las elecciones a cinco meses de la fecha establecida. Es importante partir de que la desconfianza en el sistema de votación del CNE no viene del funcionamiento propio de las máquinas, sino del manejo que esta institución ha hecho del sistema electoral con posible connivencia del oficialismo, que, apoyado en otras estrategias, ha logrado cooptar el sistema en función de los intereses de la facción de Nicolás Maduro. Por ello, el escepticismo alrededor de la asistencia del CNE en las elecciones opositoras de Venezuela sigue dando razones para consolidar esta creencia, así lo ponen en evidencia las múltiples denuncias que se han hecho sobre la actualización del Registro Electoral. El 11 de mayo de 2023, la ONG Súmate denunció que desde hace más de 8 meses, el CNE no actualiza el registro de votantes, por lo que los votantes no han podido tener información sobre el estado de su trámite de inscripción, no saben si tienen correcciones o sugerencias frente a la presentación de su documento para las elecciones próximas. A esto se le suma la preocupación por la falta de respuesta frente a las solicitudes que ha realizado la Comisión de Primarias, sobre todo, ante la situación de los más de siete millones de electores que se encuentran fuera del país. Ahora bien, una de las respuestas que sí recibió la Comisión y que ha puesto en tensión el proceso, fue sobre la protección de la identidad de los votantes y el retiro de las máquinas “captahuellas”. Desde inicios del 2002 el gobierno venezolano insertó en el CNE una modalidad que permite identificar a quiénes acceden al voto mediante su huella digital, no obstante, fuentes de prensa afirman que este sistema solo ha sido usado por la CIA y el FBI para identificar criminales y terroristas, y goza de entera confianza (en el reconocimiento de personas). A ciencia cierta, estas máquinas fueron una jugada casi que maestra del CNE para beneficio del gobierno. Sin embargo, y como ignora parte de la oposición, en su momento contó con su aprobación –aunque bajo persuasión–. Esto se supo luego de que el diario La Nación revelara que el exrector del CNE, Jorge Rodríguez, en 2004, negoció este instrumento para implementarlo en el referendo revocatorio presidencial que se realizaría en Venezuela en agosto de ese mismo año. Según da cuenta el informe de prensa, Rodríguez le hizo creer a la oposición que con el control de estas máquinas podrían garantizar la victoria en las urnas porque podrían evitar los problemas en los conteos manuales, aunque este omitió mencionar que este sistema no había sido usado antes en procesos electorales. Así, aunque la instalación de las máquinas haya pasado bajo aprobación de la oposición, esto fue un tiro al pie que seguramente no vieron venir a pesar de las múltiples estrategias que ha implementado el oficialismo para mantenerse invicto ante las elecciones, y usando todo lo que tienen a su alcance, pues también se supo que quien financió la compra de estas máquinas fue PDVSA, el gobierno no contaba con la solvencia para cubrir dicha compra. No obstante, hay que recalcar que la intención real detrás de la ambiciosa apuesta del CNE fue captar las huellas de los opositores y atemorizarlos para que se abstuvieran de votar y así evitar represalias. Así, esta cooptación por parte del gobierno hacia las instituciones democráticas le ha permitido acumular el poder, disfrazarlo de democracia representativa y consolidar su control sobre todo el sistema político. Aunque lo anterior ya se lee como una desventaja abismal para la oposición, puede que todavía no lo sea un escenario que pueda replicarse en las elecciones primarias, puesto que el gobierno no hace parte de la competencia. A esa ausencia es a la que se debe poner una atención significativa, comparar y evaluar el funcionamiento y la organización tanto del CNE con los resultados de la jornada respecto a unos comicios presidenciales podría dar luces de cómo la oposición puede enfrentarse a un sistema manipulado. Opiniones dividas por la intervención del CNE Con lo anterior, resulta más que obvia la desconfianza y el recelo de la oposición venezolana ante la participación de un CNE politizado, sin embargo, afirman que con su apoyo logístico o sin él, las elecciones primarias se harán. Al respecto han sido muchas las reacciones y, de hecho, un punto más en la lista de desencuentros entre en las facciones del bando opositor. Muchos reconocen que el problema no es el uso de las máquinas, porque al final nunca se han comprobado inconsistencias en su sistema. El problema real es, como ya se dijo, la forma en la que el CNE se ha visto envuelto en escenarios de beneficio para el oficialismo, por lo que el presidente de la Comisión ha mencionado la necesidad de hacer uso de los puestos de votación, ya que la misma población ha asegurado que siente que son lugares seguros para votar. Además, es una estructura ya usada, la creación de un nuevo sistema les podría tomar un tiempo considerable y retrasar o entorpecer la contienda. Ahora bien, aunque la mayoría de los organismos políticos que integran la Comisión Asesora Técnico-Electoral, al menos 9 de 16, están de acuerdo con la asistencia técnica del CNE; sectores como el G3 (Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo), aunque no están confiados por completo, han mencionado que es una herramienta que facilitaría el proceso, sin desconocer que sienten temor, así mismo lo expresaron Henrique Capriles y Benjamín Rausseo. La fracción de la oposición que se niega rotundamente a tal intervención es la de los líderes de Vente Venezuela, María Corina Machado, y Leopoldo López, de Voluntad Popular, quienes argumentan posturas opuestas y exigen que las elecciones sean completamente independientes a las instituciones del Estado, por lo que incluso proponen un procedimiento manual. El gobierno venezolano también se ha pronunciado al respecto, el vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello afirmó que la oposición sabe que el sistema electoral es seguro y que sin este no existe la posibilidad de que se realicen las primarias en el país. Afirmaciones estratégicas que han legitimado la desconfianza en el electorado, puesto que pueden reforzar la premisa de la intervención del gobierno sobre el funcionamiento del proceso que los ha mantenido por décadas en el poder. Soluciones –ambiciosas– a los votos de la diáspora El pasado 08 de mayo se publicaron dos reglamentos, uno para establecer los criterios de participación de candidatos y candidatas, y otro, bastante ambicioso, sobre el funcionamiento del proceso electoral en el exterior. En este punto, la Comisión de Primarias tiene una propuesta amplia y participativa que de realizarse podría garantizar un ejercicio del voto casi que histórico en el mundo, aunque son grandes y múltiples los retos para que no quede en el papel. En resumidas cuentas, el reglamento establece que podrán votar en el exterior y en las localidades que disponga la Comisión los ciudadanos venezolanos inscritos en el Registro Electoral; los que no se encuentren en el registro o tengan sus datos desactualizados podrán actualizarlos a partir de la creación de una App que contará con todos los mecanismos de seguridad informática y de verificación de identidad. Frente a los sitios de votación, la Comisión no propone el uso de los consulados, sino locales o establecimientos gestionados –al parecer– por los mismos ciudadanos, los cuales estarán ubicados en las zonas que concentren el mayor número de personas, probablemente las zonas fronterizas y ciudades capitales. Esta es una iniciativa con mucha independencia y que de llevarse a cabo mostraría que se pueden crear alternativas a las limitaciones que tenía la oposición, pues ante la ausencia de los consulados y la falta de gestión del gobierno por reactivarlos, realizar un proceso electoral autónomo les daría una herramienta fundamental para garantizar no solo los votos en las primarias, sino también en las presidenciales, que aunque con la población del exterior el oficialismo puede que no tenga muchos incentivos para intervenir en el voto, el reto es el reconocimiento de este. Conclusiones Es clave resaltar que la preocupación de la oposición no debería concentrarse en la intervención o no del CNE en unas elecciones que van a estar bajo su control y en las que no va a haber ningún favorecimiento. La atención debe concentrarse en aunar fuerzas y consolidar un bloque que logre hacer contrapeso al poder que ostenta el oficialismo hoy día y que se reflejará en las elecciones de 2024; en las elecciones primarias, la oposición, la Plataforma Unitaria y la Comisión de Primarias son al final un solo frente. Ahora bien, es claro y la historia política del país ha dado cuenta de que el ventajismo político y electoral característico en los comicios de Venezuela son un fenómeno que ha debilitado el proceso democrático al punto de crear una desafección política entre el electorado, nutrida de los también cuestionados escándalos de la oposición y su lucha por protagonismos. Sin embargo, romper con ese espiral es el verdadero reto para alcanzar un ejercicio democrático incluyente y participativo. Sin duda son muchos temores alrededor de las elecciones primarias, sin embargo el verdadero temor debe situarse en la concentración de la fuerza electoral que logre hacer frente al sin número de prácticas y estrategias que ha usado el oficialismo para obtener ventajas sobre las voluntades políticas del pueblo, en crear en las primarias un modelo de control electoral que puedan replicar en las elecciones de 2024 que contribuya a la transparencia y la participación.

Por: María Juliana Jiménez, Investigadora Nacional Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana Actualmente la mitigación de los feminicidios y otras violencias basadas en género (VBG) hacen parte de la agenda política nacional, en tanto que diversos actores –especialmente mujeres– se han esforzado por el reconocimiento de una emergencia de VBG: no puede ser más claro que nos queremos vivas, libres y sin miedo. Gracias a la persistencia de este llamado, el Plan Nacional de Desarrollo del presente gobierno plantea –además del reconocimiento de la emergencia– compromisos concretos que pueden orientar la mejora de la seguridad para las mujeres. Mucho antes de poder aterrizar estos planteamientos, los feminicidios volvieron a inundar los medios de comunicación en el Día de la Madre con casos en Bogotá, Santa Marta y Cómbita. Fueron diversos los titulares y enfoques: que los “protocolos de protección” de los gobiernos locales en Soacha y Bogotá fueron inútiles para proteger Érika Aponte, que la vigilancia del INPEC en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita fue absolutamente ineficiente en garantizar seguridad a Merly Andrea Rengifo, y que el escalamiento de una discusión en el barrio La Paz en Santa Marta terminó con el asesinato de Gloria del Carmen Rodríguez por parte de su esposo (un “líder comunitario” de la ciudad). Es inaceptable que casos como los presentados sean los detonantes de declaraciones a favor de las agendas feministas, el cuidado de las mujeres y protocolos institucionales que siguen siendo insuficientes. En su lugar, es necesario que la emergencia de VBG se entiendan como un asunto prioritario que amenaza contra la integridad y libertad de las mujeres todos los días. Atendiendo a esta necesidad, y reiterando el estado de emergencia, a continuación se indaga acerca de uno de los aspectos más problemáticos a la hora de abordar las VBG: el registro objetivo de los casos para poder orientar decisiones de política pública. ¿Por qué es importante centralizar los registros? Sobre los feminicidios en Colombia hay algunas claridades: 1) desde 2015 es un delito tipificado que implica condenas de hasta 65 años sin posibilidad de rebaja (Ley 1761 de 2015 Rosa Elvira Cely). 2) Los movimientos feministas se han encargado de visibilizar la gravedad de las diversas violencias basadas en género (VBG) que pueden alertar sobre posibles feminicidios, e igualmente reclamar justicia por todas las mujeres que ya no están con nosotras. 3) Si bien ha habido avances importantes en materia de respuesta gubernamental, la mitigación de los feminicidios es una meta aún muy lejana. Ahora bien, para el debido abordaje de este delito –y de las VBG asociadas al mismo– lo esencial es poder caracterizar adecuadamente los casos, es decir, saber cuántos son, dónde suceden, cuándo suceden y quiénes son los victimarios. Lograr esclarecer esa información orientaría contundentemente sobre la dimensión de la problemática y sería ideal para la formulación de políticas públicas eficientes en la mitigación de los casos. No obstante, las cifras de feminicidios en Colombia se caracterizan por ser muy poco claras: hay múltiples registros –tanto oficiales como provenientes de organizaciones de la sociedad civil– que utilizan criterios diferenciados para identificar un feminicidio, y, por tanto, los conteos son desproporcionales entre sí. Por ejemplo, mientras que el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación (SPOA) presenta 167 feminicidios en 2022, la Procuraduría General de la Naciónse refiere a 614 casos, el Observatorio Colombiano de Feminicidios de la Red Feminista Antimilitarista presenta 619 y, finalmente, la Fundación Feminicidios Colombia acumulaba 210 casos para noviembre del mismo año. Sobre esta dificultad, Manifiesta hace un pertinente análisis comparativo entre las diversas formas de registro: destacando que mientras algunos basan su conteo exclusivamente en los criterios de la Ley Rosa Elvira Cely, otras organizaciones se basan en conceptos más subjetivos como el de de “Violencia Neoliberal Feminicida”, que abarca aspectos estructurales de la sociedad patriarcal y las relaciones de poder que se derivan de la misma. Igualmente, destaca organizaciones que diferencian los “feminicidios políticos” que tienen relación con los casos de lideresas sociales asesinadas, o aquellos asesinatos de mujeres que suceden en contextos de violencia sicarial. De este modo, es claro que el entendimiento del fenómeno dependerá de los criterios considerados. El subregistro es un segundo elemento para tener en cuenta. Como se menciona en el Informe Vivir sin Miedo 2023, publicado el pasado 08 de marzo por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), hay factores contextuales que mitigan las denuncias de los feminicidios y las VBG. En primer lugar, el hecho que muchas víctimas vivan con sus victimarios dificulta a las mujeres el acceso a mecanismos de justicia y redes de apoyo: se mitigan las denuncias de VBG que pueden tener lugar de forma previa al feminicidio, o inclusive la denuncia por parte de los familiares de la víctima cuando ya ha ocurrido el feminicidio. Igualmente, lograr un registro pertinente de los casos implica un alto grado de gobernanza por parte del Estado, que lo dote de competencia para atender los casos y capacidad para lograr presencia institucional en todo el territorio: un ideal muy alejado de la realidad colombiana en la que funcionarios públicos pueden no atender adecuadamente las denuncias, revictimizan a las mujeres y no ofrecen garantías suficientes de protección. En todo caso, se atienda a uno u otro registro, hay una certeza clara que sigue justificando el movimiento feminista: a las mujeres en Colombia nos siguen matando y la respuesta estatal sigue siendo insuficiente. De hecho, las cifras presentadas por el SPOA ponen en evidencia el alto nivel de impunidad de los feminicidios: en 2022, únicamente el 49,3% de las denuncias derivaron en capturas y el 18,2% en condenas. Adicionalmente, el 49% de los casos se encuentran en proceso de investigación o indagación, mientras que solo el 15% corresponden a ejecución de penas. Ante este escenario tan desalentador, es esencial entender el estado de emergencia no como una situación de crisis sin retorno, sino como un punto de partida para movilizar acciones: el desface de las cifras puede dar cuenta de todos los factores asociados a los feminicidios y las VBG que se encuentran pendientes de abordar desde la esfera Estatal y que pueden moldear la agenda de las organizaciones y grupos que buscan incidir en la misma. Control político a los tomadores de decisión En el complejo contexto que rodea las VBG es clave mantener un fuerte control político a los gobiernos de turno; teniendo en cuenta que los asuntos de género pueden ser una excelente bandera de campaña sin que ocupen una verdadera prioridad a la hora de gobernar. Bajo esta lógica, el gobierno de Gustavo Petro ha sido especialmente polémico y las feministas no han dado espera demandando que se materialicen acciones concretas. Al respecto, Paula Valencia (profesora de VBG de la Universidad Javeriana) enumera las seis grandes propuestas de Petro en materia de género: paridad en el gobierno, acceso prioritario a la educación y a la tierra para las mujeres, la creación de un sistema nacional de cuidado, el reconocimiento de las labores de cuidado, la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y un plan de acción integral contra el feminicidio. Según Valencia, todo está pendiente de esta lista y uno de los retos principales será la asignación de recursos y lograr que el Estado mejore su presencia en las zonas más alejadas donde persisten los conflictos asociados a la tenencia de la tierra. Por su parte, Valentina Encizo (coordinadora de Acción política de Artemisas) analiza que, en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo (PND), las propuestas asociadas al género fueron incluidas porque organizaciones feministas tocaron la puerta del gobierno y recibieron especial acogida de la vicepresidencia. Aunque se destaca que varias de sus propuestas –con relación a participación política y enfoque de género– hoy no hacen parte del PND, se mantiene una propuesta clave para incidir directamente en un mejor conteo de los feminicidios: la creación de un Sistema Nacional de Monitoreo de las VBG. Este sistema, si bien aspira a la unificación de los conteos, no indica un camino para unificar también los criterios bajo los cuales se caracterizan las VBG. Finalmente, Juliana Hernández (directora de la Fundación Artemisas), opina que el gobierno debe dejar de pronunciarse con tuits o fotos, y en su lugar establecer políticas públicas y sistemas de alerta eficientes, si bien destaca el potencial de algunas de las propuestas de campaña cuyo desarrollo puede no ser evidente aún. Estas lecturas, dan cuenta de la dimensión estructural de los asuntos de género, pues el abordaje de los feminicidios no depende únicamente de un conteo regulado, sino de un conjunto de factores sociales, económicos y políticos que rodean aquellos escenarios de violencia y que dependen de un gobierno eficiente: ¿cómo podrían mitigarse los feminicidios en las zonas rurales si el Estado no gobierna eficientemente en todo el territorio?, ¿cómo se puede priorizar el abordaje de las VBG sin la participación de las mujeres en el diseño de las políticas de gobierno? Que no se agote el feminismo Considerando lo expuesto, se reitera, por un lado, lo valiosos que son los avances logrados en cuanto a la visibilización de las VBG: es claro que la consciencia sobre estas violencias, y especialmente sobre los feminicidios, proyecta por sí sola una mirada más consciente y objetiva de las problemáticas que permean a la sociedad colombiana. Sin embargo, es claro que los retos que enfrenta el Estado en cuanto al abordaje de los feminicidios abarcan no solamente los retos técnicos en cuanto a la caracterización de los casos y la debida lectura del fenómeno, sino también importantes retos políticos para trascender los discursos y concretar transformaciones reales que le permitan a las mujeres colombianas pensar en un futuro en el que sea posible vivir sin miedo. Por otro lado, en tanto que la deconstrucción de la sociedad patriarcal abarca aspectos estructurales, el feminismo debe estar presto a entender que los cambios de comportamiento tomarán tiempo e igualmente la adaptación del Estado a una sociedad verdaderamente igualitaria. Lo anterior será especialmente retador en países como Colombia, donde prima la corrupción, la violencia, la debilidad institucional y, consecuentemente, la impunidad. No obstante, el feminismo avanza porque –ante este entorno– las mujeres nos organizamos, exigimos y nos movilizamos para incidir en la construcción de una sociedad más justa. Por tanto, ser conscientes de estas condiciones estructurales no implica que el feminismo deba consentir la ineficacia Estatal ni el silenciamiento de los feminicidios bajo discursos de “crímenes pasionales” o “tragedias amorosas”. De hecho, gracias a la constancia del feminismo, hoy la priorización de las VBG hace parte del PND, orientando una voluntad política clara que puede movilizar diversas agendas hacía la introducción transversal de enfoques de género pertinentes y objetivos; materializando acciones que apunten a transformaciones de fondo Adicionalmente, teniendo en cuenta los diversos temas que copan las agendas políticas del gobierno, es claro que las organizaciones feministas serán –una vez más– las encargadas de exigir y garantizar que el reconocimiento de la emergencia de VBG no quede en un asunto discursivo, sino que se traduzca en acciones contundentes que den inicio al largo proceso de transformación de los comportamientos misóginos y violentos que permean nuestra sociedad.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado 25 de abril se llevó a cabo en el Palacio de San Carlos, ubicado en Bogotá, la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela, convocada por el presidente Gustavo Petro. La reunión contó con la participación de 20 países invitados, entre ellos México, Canadá, Alemania, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y España (Ver: En Bogotá se celebrará conferencia internacional para tratar situación política en Venezuela). Esta cumbre concluyó con una declaración final que busca impulsar la realización de elecciones libres y transparentes en el país vecino. El Canciller Álvaro Leyva presentó los puntos comunes acordados durante el encuentro. En primer lugar, se destacó la necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. En este sentido, se hizo hincapié en la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021. Además, se acordó que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones que pesan sobre el país. En este punto, se espera que la eliminación de las sanciones pueda contribuir a generar un clima de confianza propicio para la realización de elecciones libres y justas en Venezuela. Otro punto importante es la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega, que ha tenido lugar en México. En este sentido, se espera que la implementación del fondo fiduciario único para inversión social en Venezuela se acelere para facilitar el proceso de diálogo entre las partes involucradas. Cabe señalar que entre las conclusiones que mencionó el canciller está que “representantes de un grupo de países que hicieron parte de la Conferencia Internacional informarán a Nicolás Maduro, a partidos y sectores de oposición y de la sociedad civil, los resultados de la misma para su evaluación y comentarios”. Es importante destacar que se busca la participación de todos los actores políticos y sociales involucrados en el proceso. El analista político y profesor de la Universidad Santo Tomás, Carlos Chaves, explicó a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que la conferencia convocada por el presidente Petro responde a la necesidad de articular nuevas estrategias de mediación en la crisis entre la oposición venezolana y el Gobierno de Maduro. Según el analista, las tres conclusiones del canciller abordan temas sensibles para ambas partes, como las elecciones libres y transparentes, que son una demanda fundamental de la oposición venezolana; y la demanda incesante al régimen de Maduro para que se levanten las sanciones internacionales, especialmente las impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, que superan las 900. Por otro lado, Indira Urabaneja, analista Político y CEO de la ONG Reunificados de Venezuela, le dijo a Pares que tras la Conferencia Internacional, “Colombia encendió una luz en el túnel para la solución de la crisis venezolana”. Ya que desde noviembre del 2022 las negociaciones entre el Gobierno y la oposición se cancelaron y el mecanismo de México está en peligro de desaparecer. Por esta razón, Urabaneja mencionó que el papel relevante que el presidente Petro ha estado desempeñando en el tema de Venezuela se vuelve de gran importancia. La analista expresó su felicidad con esta cumbre y mencionó que como venezolana celebra esta conferencia como un primer paso para alinear las voces de la comunidad internacional hacia una solución pacífica a la crisis de Venezuela, además destacó que este encuentro ha dejado aspectos claves y muy positivos, debido a que los tres puntos de las conclusiones de esta cumbre son vitales para avanzar y alcanzar una solución a la crisis venezolana. Desde su punto de vista, dijo que lo más estratégico de esta conferencia es que revive y reposiciona el tema de Venezuela ante la comunidad internacional. Tras las conclusiones hechas por el canciller Álvaro Leyva, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sacó un comunicado en el que reitera su exigencia para que sean levantadas todas las medidas coercitivas unilaterales que constituyen una agresión a toda la población venezolana y que obstaculizan el desarrollo del país. En este sentido, el Gobierno Venezolano reclama la devolución de los activos pertenecientes al Estado que han sido ilegalmente retenidos por países e instituciones financieras extranjeras. Además, Venezuela reitera que el camino para avanzar en el diálogo político pasa por el cumplimiento a cabalidad del compromiso alcanzado en la Mesa de Negociación en México, que contempla la creación de un Fondo Social para la inversión en servicios públicos, salud, educación y mitigación de riesgos. El Gobierno de Venezuela también exige la liberación del diplomático venezolano Alex Saab, quien, según el comunicado, fue injustamente detenido en los Estados Unidos de América. En el comunicado menciona que Venezuela cree en la diplomacia de paz y en la construcción de relaciones constructivas basadas en el respeto y en condiciones de igualdad, para edificar relaciones de cooperación y beneficio mutuo entre todos los pueblos del mundo. Es importante destacar que Venezuela se encuentra actualmente en una situación política y económica compleja, en la que se han impuesto sanciones y medidas coercitivas que han afectado gravemente la calidad de vida de la población. En este contexto, la exigencia del Gobierno Venezolano para el levantamiento de estas medidas se convierte en una prioridad para el desarrollo del país y el bienestar del país vecino. Ante este escenario, Indira Urabaneja mencionó que surge la interrogante de si el presidente Petro, en representación de Colombia, tendrá la capacidad de influir en el Gobierno de Venezuela para reducir o reconsiderar su lista de exigencias. Urabaneja destacó que se sabe que aunque es común que ambas partes eleven sus demandas en las negociaciones, es poco probable que estas sean inamovibles. “Como ciudadana, no puedo dejar de cuestionar la rigidez de estas solicitudes”, señaló la analista política. Carlos Chaves explicó que el presidente Petro convocó esta conferencia por dos razones. En primer lugar para desmarcarse completamente de la política exterior hacia Venezuela del Gobierno anterior. En segundo lugar, Petro busca demostrar la capacidad de Colombia como líder regional en América Latina y como actor mediador en conflictos, especialmente en Venezuela, una promesa de campaña que ahora se ha convertido en una política activa dentro de la estrategia de la política exterior del gobierno actual. Esto podría explicar el papel de Colombia en la convocatoria de esta conferencia. Se espera que en una segunda oportunidad se convoque a las mismas delegaciones que atendieron la invitación del presidente Gustavo Petro para hacer seguimiento a los desarrollos de lo alcanzado en el día 25 de abril. Esto demuestra el compromiso de los países presentes con el proceso político de Venezuela y su voluntad de continuar trabajando para lograr soluciones pacíficas y sostenibles (Ver: La Conferencia Internacional sobre la crisis política en Venezuela). El Canciller Álvaro Leyva finalizó sus conclusiones destacando la intervención del presidente Gustavo Petro en horas de la mañana como el punto de referencia para tener en cuenta en la ejecución de lo acordado. En este sentido, se espera que se continúe avanzando en la dirección trazada en la Conferencia Internacional. Según el analista Carlos Chaves, ahora habrá que esperar a que se siga la hoja de ruta establecida en la conferencia y se logren avances más concretos en la próxima reunión, como el establecimiento de un cronograma efectivo para elecciones libres y transparentes, acompañado del levantamiento progresivo de sanciones. Chaves señaló que estas sanciones se irán levantando a medida que se cumpla el cronograma de elecciones libres, y que se tenga en cuenta la propuesta de Colombia de que Venezuela vuelva a ingresar al sistema interamericano de derechos humanos. Finalmente, Indira Urabaneja, Analista Político y CEO de la ONG Reunificados, compartió con Pares el panorama de los y las venezolanas frente a esta cumbre, Urabaneja nos comentó que la mayoría de las y los venezolanos se muestran con escepticismo, ya que han pasado cinco años desde el último diálogo iniciado y han tenido alrededor de quince procesos, aún así las personas sienten que nada ha cambiado. Las y los venezolanos creen que estas iniciativas sobre Venezuela son más para el reacomodo político de las élites que para abordar sus problemas más urgentes, como el salario, la seguridad y los servicios públicos, entre otros. “A pesar de esto, existe un poco más de esperanza debido a la cercanía que tenemos con Colombia y al compromiso que ha demostrado el presidente Petro. Sabemos que si Venezuela está bien, Colombia también lo estará y viceversa. De ahí que se abra una pequeña esperanza. Colombia es una especie de doliente directo de nuestra crisis y, por ello, quiere contribuir a una solución definitiva. Hay que recordar que más de 2,4 millones de venezolanos han sido acogidos por nuestro hermano país”, puntualizó la analista venezolana.

Por: Katerin Erazo, Periodista En un comunicado publicado en la mañana de este 15 de mayo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) expresó su preocupación por el hecho de que su organización como entidad político-militar insurgente es mal comprendida. El grupo armado afirmó que las declaraciones públicas del presidente del pasado 12 de mayo desestiman su carácter de organización política, obviando las consideraciones de la delegación del Gobierno, los países garantes, los acompañantes permanentes y los países acompañantes; así como los señalan de estar envueltos en conomías ilícitas cuando la organización “ha manifestado y practicado el deslinde categórico con todos los eslabones de la cadena del narcotráfico”. Lo que, según el ELN, puede influir en los diálogos de paz. Este comunicado se publica dos días después de la reunión del presidente Gustavo Petro con la cúpula militar del país para abordar temas de seguridad. Durante dicha reunión, Petro expresó la necesidad de buscar una solución política al conflicto armado y manifestó su apoyo a la posible negociación con este grupo insurgente. Sin embargo, durante su intervención ante la cúpula militar, el presidente puso en duda la capacidad del ELN para tener una representación legítima en la mesa de diálogos de paz e insinuó que las estructuras de la guerrilla podrían estar infiltradas por negocios ilegales, lo que socavaría su legitimidad como interlocutor válido. Petro enfatizó que la mesa de diálogos no puede estar sujeta a las fluctuaciones de las declaraciones públicas y que se debe garantizar un ambiente propicio para la construcción de la paz. En respuesta a las declaraciones el ELN ha afirmado que la mesa de diálogos ha entrado en “crisis” y que se necesita claridad por parte del Gobierno para despejar el camino hacia la paz y hablar con un lenguaje coherente que se entienda tanto dentro del país como en el resto del mundo. Según la investigadora nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), Camila Fernández, el comunicado del ELN sugiere que se desconoce su carácter político y esto podría poner en riesgo la línea de negociación actual. Sin embargo, Fernández argumenta que es necesario analizar el grado de crisis en la mesa de negociación y la relevancia de una declaración del presidente Petro que desconozca estos puntos. En respuesta al comunicado, la investigadora aclara que no se estaría negando el carácter político del ELN, ya que este fue reconocido en los primeros pasos hacia la Paz Total. Mientras que otros grupos, como el Estado Mayor Central, tienen que demostrar su carácter político, en cambio, el ELN lo tiene por “sentado”. Camila Fernández destacó que las declaraciones del primer mandatario son necesarias en el marco de un proceso de justicia transicional que busca lograr verdad, justicia, reparación y no repetición. En este sentido, mencionó que es necesario abordar temas delicados durante las negociaciones, como la relación de ciertos grupos armados con economías ilícitas como la minería, la trata de personas y el narcotráfico. Fernández subrayó que es fundamental aclarar la verdad sobre estos temas para avanzar en el proceso de justicia, ya que existen evidencias de incautaciones de toneladas de cocaína que, según las autoridades, pertenecen al ELN, especialmente en el Catatumbo. Por esta razón, tanto Petro como distintos sectores de la sociedad civil tienen la validez de traer estos temas para poder avanzar en justicia, puesto que “si no se esclarece la verdad no se puede avanzar en justicia”. Además, la investigadora nacional destacó que las declaraciones de Petro son válidas porque existen pruebas de que el ELN tiene disputas con otros grupos armados por el control de ciertas economías de frontera, como la coca y la minería (Ver: Paz Total: primera etapa de reanudación de las negociaciones entre el Gobierno y el ELN). También resaltó la importancia de no poner en duda el proceso de negociación debido a las declaraciones o acciones del presidente, ya que esto podría obstaculizar el proceso mismo. En su opinión, es crucial aceptar que se está en un marco de proceso de esclarecimiento de verdad y justicia, en el que se busca incluir a las víctimas y a los sectores que también están exigiendo verdad. Fernández subrayó que es necesario alcanzar la verdad para lograr lo que ambas partes desean, que es un proceso de paz. Por lo tanto, destacó la importancia de mantener el enfoque en el proceso de negociación y trabajar juntos hacia los objetivos compartidos. El Gobierno Nacional hizo hoy 15 de mayo un anuncio sobre las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en una declaración hecha pública a través de su portavoz oficial. La resolución No. 036, emitida el 06 de marzo del presente año, reconoce la existencia de negociaciones y diálogos de carácter político con esta guerrilla. En el comunicado emitido dice que el proceso de negociación ha sido considerado como serio y coherente con la demanda constante de las comunidades de poner fin a la violencia en los territorios. De acuerdo con la declaración, las últimas declaraciones por parte de ambas partes son un llamado a la responsabilidad, para que se tomen en cuenta las dinámicas del conflicto armado y su impacto en la vida cotidiana de los territorios. El Gobierno Nacional reafirmó su compromiso con la paz y reconoció la legitimidad de la delegación del ELN, su agenda y el apoyo de los países garantes y observadores en este proceso de diálogo. Además, menciona la importancia de establecer un cese de hostilidades entre todas las partes del conflicto, medidas de protección a la población y la participación de la sociedad civil como ejes centrales para lograr una solución duradera al conflicto armado. “Nuestro compromiso con la paz es inaplazable y cada acción que encamine a la misma será una prioridad para nosotros como Gobierno Nacional”, afirma el comunicado. La negociación de un conflicto armado es un proceso múltiple con numerosas dificultades, según Luis Eduardo Celis, Coordinador de la Línea Región, Migración y Frontera de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Celis destaca que para lograr salir de este conflicto, la mesa de diálogo debe operar bajo los parámetros de bilateralidad, consiguiendo un cese bilateral y un ambiente de tranquilidad para las comunidades, además de un cumplimiento a corto, mediano y largo plazo de lo acordado en la mesa de México. Para Celis, cualquier consideración que tenga el Gobierno sobre el ELN o viceversa, forma parte del debate político (Ver: Los diez logros más importantes del ciclo de México entre el Gobierno Colombiano y el ELN). Luis Eduardo Celis opina que el Gobierno ha sido explícito en reconocer el carácter político del ELN mediante una resolución y un proceso en curso. Para Celis, este intercambio de valoraciones es importante. Sin embargo, para él, esto no constituye una “crisis”, pero habría que esperar cómo evoluciona la situación en los próximos días. Se espera que ambas partes sigan trabajando juntas y logren acuerdos en los tres puntos que están en el centro del debate: la participación de la sociedad civil, el cese bilateral del fuego y las dinámicas humanitarias (Ver: Inicia tercer ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN en La Habana).

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En materia de política económica la labor de los tomadores de decisiones es bastante compleja. Las decisiones que toman inciden de manera muy diversa en los agentes económicos y, en muchos casos, los efectos son contradictorios, incluso, para la misma agencia gubernamental. Esta dinámica hace que veamos a los funcionarios estatales como actores en continuas disputas, incluso, como si trabajaran en bandos contrarios. Un ejemplo claro de este tipo de situación ocurre hoy en terreno de la fijación del precio de la gasolina. En este tema se observa enfrentamientos continuos entre la cartera de Minas y la de Hacienda: vemos a una ministra que aboga por un incremento bajo y regulado del precio del combustible; y un ministro que defiende, por el contrario, un aumento sostenido y cercano al del mercado. Lo que da la impresión, ante la opinión pública, de que estamos en una arena política atiborrada de peleas al interior del Gobierno. Como saben, desde agosto de 2022 el gobierno Petro tomó la decisión de reducir el subsidio a la gasolina corriente, generando un aumento del precio del galón mes a mes en $600 pesos. Lo que ha permitido pasar de un precio inicial de $9.200, en agosto del año anterior, a $11.767 a principios de mayo de 2023; con la intención de llegar en diciembre a los $16 mil. La razón de este incremento está en el deseo del Gobierno de reducir el creciente déficit fiscal que está dejando el subsidio a la gasolina: el precio interno está muy por debajo del externo, y el Estado debe asumir el diferencial mediante el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Este subsidio ha producido un hueco fiscal que en agosto de 2022, al final del gobierno de Iván Duque, estaba en $37 billones de pesos —unos 7.100 millones de dólares—. Lo que hizo el presidente Petro al llegar fue poner al frente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que se comprometiera con la reducción del déficit: primero con José Antonio Ocampo, y luego con Ricardo Bonilla. El objetivo —según la autorización de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg)— es en año y medio aumentar el precio de la gasolina corriente en 67,5%. Y, hasta la fecha, lo viene cumpliendo: ha reducido el déficit en 5 billones —situándolo en $32 billones— y para finales de diciembre de 2023 estará en 22 billones. Este compromiso gubernamental ha sido muy bien valorado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), además de los organismos internacionales y las agencias de riesgo, como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero también ha causado un efecto crítico entre la ciudadanía y diversos sectores económicos y una respectiva caída en la imagen del gobierno: los cerca de 17 millones de usuarios que tienen vehículos y 11,3 millones que utilizan motocicletas consideran esta decisión es impopular y que atenta contra el bienestar al aumentar el costo de vida. Por esta razón la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, salió recientemente a sugerir la necesidad de revisar la fórmula tarifaria de la gasolina corriente. Su propuesta es la de cambiar la metodología para el establecimiento del precio del combustible: una que tenga en cuenta el menor precio de la producción de gasolina interna. Según la ministra, al país le cuesta menos producir gasolina y, por tanto, este 50% de la gasolina que producimos debería tener un precio menor a la gasolina importada. Esta propuesta de inmediato causó un choque con el Ministerio de Hacienda, dado que su labor es tener saneadas las finanzas públicas, sabe que un incremento por debajo de lo planeado hará que el déficit fiscal continúe creciendo, lo cual haría que se desconociera la recomendación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Además, la baja en el precio interno la tendría que asumir directamente Ecopetrol: la empresa estatal que representa para el Ministerio una de las mayores fuentes de recursos —en 2022 generó unos ingresos de $37,7 billones, debido al aumento del precio—. Adicionalmente, el recién posesionado ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, nos recuerda lo regresivo que resulta para la sociedad el mantenimiento de este subsidio. Según las cifras que maneja, el 70% de los consumidores de gasolina son de los estratos socioeconómicos más altos. Y además insiste en que este Gobierno tiene como premisa atacar la desigualdad, la regresividad y atender la población más pobre y peor situada, haciendo falta los recursos que se destinan al FEPC; incluso propone revisar para mediados del año el precio del combustible ACPM que hasta el momento se ha tocado poco. En síntesis, el caso de la variación en el precio de la gasolina evidencia lo común que es en el país las peleas entre ministerios y agencias estatales; sus objetivos son distintos, incluso contrarios. Lo que vemos diariamente son funcionarios públicos que defienden intereses sectoriales e intentan hacer su papel lo mejor posible, para que su gestión sea buena. En este caso, una ministra de Minas que quiere defender el bienestar de los usuarios del servicio del combustible; y un ministro de Hacienda que desea proteger la estabilidad financiera del Estado y las utilidades de la empresa que tiene a cargo. Incluso, como dije al inicio, pueden existir contradicciones al interior de cada ministerio. Por ejemplo, la ministra de Minas es consciente de que el incremento real en el precio de la gasolina estimula el consumo eficiente y reduce el consumo del carburante; contribuyendo a la reducción de las emisiones de gases contaminantes del medio ambiente e incentivando la transición energética al impulsar la electrificación vehicular. A pesar de ello, propone una reducción en precios que genera un consumo irracional excesivo, un precio bajo que hace que la gente malgaste el combustible y aumenta la acción contaminante. Lo mismo pasa con el ministerio de Hacienda. Entre sus responsabilidades, como miembro del Banco de la República, está el control de la inflación. Él sabe que el incremento en el precio del combustible genera un efecto cascada en los costos de producción, aumentando los precios en muchos bienes y servicios —especialmente en los alimentos—, por tanto se esperaría que apoyara la reducción del precio del carburante; sin embargo, su objetivo de sanear las finanzas está por encima de este otro. En conclusión, debemos estar habituados a las discrepancias ministeriales y agencias del Estado. Es necesario comprender que todas ellas tienen objetivos diversos y que es imposible encontrar una única postura de parte del Estado. En materia de toma de decisiones siempre habrá contradicciones, no estamos ante un organismo estatal monolítico. Hay que dejar que los funcionarios defiendan intereses y encontrar puntos medios en los que las pérdidas de bienestar no las asuman los más débiles. De allí que debemos esperar que en los próximos meses los espacios de diálogo ministerial se amplíen y busquen establecer formas de hacer que las decisiones sean más coherentes ante la opinión pública. En materia de precio de combustibles es conveniente que se sienten los ministerios en mesas técnicas para que revisen variables y propongan medidas de cálculo de los precios de la gasolina que afecten lo menos posible al país, este debe ser su objetivo mayor. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Ghina Castrillón Torres, Investigadora Territorial Oficina Pares Pacífico El pasado 07 de marzo 2023, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Oficina Pacífico publicó el Boletín 2: Violencias Basadas en Género y Desplazamiento en Buenaventura en el que, con el apoyo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), se logró hacer una investigación con el objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en Buenaventura, resaltando las afectaciones y violencias basadas en género contra las mujeres durante el período 2017 a 2022. Dicho informe fue presentado en la Mesa Intersectorial Contra las Violencias de Género en Buenaventura el pasado 09 de mayo con el fin de aportar elementos de contexto y análisis para lograr comprender la particularidad de la existencia de las violencias basadas en género en un territorio en el que confluyen grupos armados que se disputan el territorio urbano y rural. La Mesa Intersectorial Contra las Violencias de Género en Buenaventura es un espacio de gran importancia dado que es un mecanismo articulador que pretende promover las acciones efectivas contra dichas violencias, de ahí que confluyan representantes del Ministerio Público, la Fiscalía, la Secretaría de las Mujeres, Equidad de Género e Igualdad de Derechos, organizaciones de mujeres y de comunidad sexual y de género diversa, así como el sector salud y distintos liderazgos sociales. Violencias contra las mujeres en cifras: Buenaventura 2017 - 2023 Si bien el Boletín 2: Violencias Basadas en Género y Desplazamiento en Buenaventura contempla los años 2017-2022, para el desarrollo de la Mesa Intersectorial Contra las Violencias de Género desde la Oficina Pares Pacífico se añadieron las cifras de los primeros cuatro meses del año 2023 para lograr tener una lectura de la situación de forma actualizada. A partir de dicho ejercicio, a continuación de presentan las cifras de las violencias contra las mujeres que corresponden al primer cuatrimestre (enero-abril) de cada año, entre 2017-2023: Violencia Intrafamiliar: Según las estadísticas delictivas de la Policía Nacional, en el primer cuatrimestre de los años 2021 y 2022 se presentó una considerable reducción en el número de casos de violencia intrafamiliar, de los cuales las mujeres víctimas representan más del 80% de los casos, en los que, si bien se presenta una disminución en comparación al año 2020, es alarmante que el comportamiento para el año 2023 aumentó sustancialmente en comparación con el mismo periodo del año 2022, que entre los meses enero-abril del 2023 se registran 77 casos, de los cuales 67 corresponde a violencia contra las mujeres. Elaborado por: Oficina Pacífico. Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Fuente: https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva Delitos Sexuales: Lo mismo ocurre con el número de casos de delitos sexuales contra mujeres, que en los últimos años ha presentado un comportamiento relativamente similar, resaltando que 28 de las 35 víctimas que van registradas en el año 2023 fueron mujeres. Elaborado por: Oficina Pacífico. Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Fuente: https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva Desaparición forzada: Ya para los delitos como desapariciones forzadas, el comportamiento se invierte, presentando que la mayoría de las víctimas son hombres, lo que tiene correspondencia con los repertorios violentos propios del conflicto que se viven en Buenaventura y que en los últimos años tuvo un recrudecimiento, especialmente en el año 2021, que fue cuando inició la nueva ola de violencia. En los primeros cuatro meses del 2023 ya van registrados seis casos de los cuales cinco corresponde a hombres. Elaborado por: Oficina Pacífico. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa Homicidios: Así como con el número de desapariciones, para el caso de homicidios pasa igual, es decir, la mayoría de víctimas son hombres, que también tiene correspondencia con las dinámicas del conflicto entre grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio tanto urbano como rural y que para el año 2021 se refleja un significativo incremento en el número de homicidios. De los dos casos de homicidios contra mujeres, al menos uno corresponde con la caracterización de feminicidio, pero actualmente no aparece registrado así por la Policía Nacional, ni por el Instituto Nacional de Medicina Legal, en el que una mujer de 33 años fue hallada asesinada con signos de violencia y se investigaba si la muerte había sido a causa de asfixia mecánica, presuntamente en manos de su expareja sentimental quien fue capturado días después en el departamento de Nariño, según indican las autoridades, intentando huir hacia la frontera con Ecuador. Elaborado por: Oficina Pacífico. Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Fuente: https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva Recomendaciones para la prevención de riesgos y la protección Ante el panorama expuesto, es importante recordar las recomendaciones hechas en el Boletín 2: Violencias Basadas en Género y Desplazamiento en Buenaventura mencionado anteriormente, y que han sido complementadas con los aportes logrados a partir de las discusiones desarrolladas en el marco de la Mesa Intersectorial Contra las Violencias de Género en Buenaventura: Fortalecer los ejercicios de formación en temas de género a funcionarios y funcionarias de las entidades que atienden a las víctimas tanto de Violencias Basadas en Género para evitar situaciones que revictimicen a las personas, especialmente a las mujeres y a la comunidad LGTBIQ+. Formación que debe ser continua, dado que se siguen presentando situaciones revictimizantes. Rediseñar los registros de víctimas de las violencias basadas en género para que permitan caracterizar a las mujeres y a las personas de la comunidad LGTBIQ+ para poder identificar de formas más detallada a las víctimas y así poder presentar respuestas acertadas. Consolidar canales de comunicación eficaces entre las entidades locales, regionales y nacionales que permitan avanzar en la caracterización de hechos victimizantes y el reconocimiento de criterios para que se eliminen las inconsistencias en la información publicada, lo cual afecta el poder conocer la realidad que viven las comunidades, lo que afecta a su vez la atención a las víctimas. Acompañar a las organizaciones de mujeres y liderazgos que atienden a las víctimas de violencias basadas en género, especialmente cuando sus victimarios son miembros de los grupos armados ilegales, dado que se agudiza el riesgo que viven las víctimas y las organizaciones que les brindan apoyo. Destacando que si bien es posible reconocer los avances que se han logrado para atender las violencias basadas en género, así como también se resalta la disposición de las entidades por implementar el enfoque de género en muchas de sus estrategias, es importante hacer un seguimiento constante al comportamiento de estos hechos victimizantes, dado que en el contexto de conflicto que vive Buenaventura, se hace mucho más complejo que las víctimas puedan acceder a las rutas de atención y prevención, lo que significa la existencia de un subregistro que pudiera dar evidencia de un número mucho mayor de dichas violencias. Finalmente, y de cara al año electoral, es crucial que se logre seguir posicionando en la agenda pública la importancia de la inclusión del enfoque de género desde una mirada interseccional en las propuestas y compromisos que asuman las candidaturas con la ciudadanía para lograr avances reales en la reducción de las violencias basadas en género.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 08 al 14 de mayo 2023 El presidente Gustavo Petro desarrolló el pasado viernes 12 de mayo una presentación de caracterización de los conflictos armados hoy ante el cuerpo de generales y almirantes. En esa presentación caracterizó el conflicto en tres momentos: un primer momento de choques violentos entre liberales y conservadores, que se cierra con el acuerdo del Frente Nacional; un segundo momento de la insurgencia armada y la lucha por el poder, que se cierra con el proceso Constituyente del 91 y la paz liderada por el M-19; y un tercer momento que el presidente Petro ubica desde el año 1993, en el que la violencia se ejerce para el control de economías ilegales. Estas fueron las expresiones del presidente Petro en relación con el ELN en las que se pregunta por la unidad de mando al interior del grupo y el peso de la economía ilegal en su configuración de actuación hoy: "Lo estamos viendo en la práctica con el ELN, que por su acercamiento permite ver su realidad, el ELN tiene unas personas de edad que vienen de atrás, de la segunda fase, metimos a Gabino ahora en Cuba, Gabino era niño, pero viene casi de la primera fase, campesino él, de Santander, recorre toda la segunda, se vuelve jefe, comandante del ELN, se enferma, y ahora lo metimos un tanto, ellos mismos quisieron, porque todavía es como recoger lo que queda de la segunda fase, que todos son viejos, cada persona es diferente y esos se sientan en la mesa y hablan, algunos de ustedes habrán visto eso, ¿pero mandan?, ahí cada uno de nosotros tiene muchos interrogantes, ¿realmente mandan?, o el ELN de hoy, Antonio García le llama “la nueva generación”, eso tiene otra lógica, que es la de ellos, ellos tratan de acomodarse, pero la otra lógica parece ser muy diferente, los frentes son autónomos, son federales, giran todos alrededor de la economía ilícita, poco tienen que ver con el padre Camilo Torres, eso es segunda fase, tienen la misma bandera, eso sí, pero su razón de ser es la economía ilícita, algunos de esos frentes, por su autonomía, se podrían acercar a nuestra posición, es decir: hablemos de paz, pero hay que resolver el tema de la economía ilícita, porque si no, ¿para qué?, si la economía ilícita da unas jerarquías de poder, da unas magnitudes militares y por tanto de control territorial y por tanto de poder, la economía ilícita da poder, pues entonces ¿para qué se negocia con nosotros?". Aquí se puede escuchar toda la presentación del presidente Gustavo Petro: La delegación de diálogos del ELN reaccionó a las palabras de Petro: El senador Iván Cepeda reaccionó a este intercambio de valoraciones sobre la naturaleza del ELN y reafirmó que hay una resolución que reconoce el carácter político del ELN. Aquí se puede leer la entrevista al respecto realizada por El Espectador este domingo 14 de mayo a Cepeda: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/dialogos-con-eln-senador-ivan-cepeda-habla-sobre-crisis-en-la-mesa-por-declaracion-de-petro/ El senador también dio una entrevista a W Radio en la que ratifica el carácter político del ELN: El Comando Central (Coce) del ELN sacó un pronunciamiento en relación con las palabras del presidente Gustavo Petro. En ese pronunciamiento dice: "la mesa de diálogos ha entrado en crisis y se requiere claridad por parte del gobierno para que el camino hacia la paz se despeje y le hablemos con un lenguaje coherente al país y al mundo". Aquí se puede leer el pronunciamiento del Coce del ELN: El presidente Petro le propuso al ELN que se podían acordar ceses bilaterales iniciando por un territorio, hay voces que consideran que se debe acordar un cese bilateral nacional, lo cual no excluye que se pueda ir implantando progresivamente según las circunstancias territoriales. La vicepresidenta Francia Márquez le pidió al Gobierno Sudafricano ser garante del proceso de paz con el ELN: Nicolás Rodríguez Bautista, fundador del ELN, se pronunció sobre una Colombia en paz: “la primera vez que yo pensé en la paz fue cuando me alcé en armas en el Ejército de Liberación Nacional”: Pablo Beltrán, integrante del Comando Central del ELN, habló sobre una Colombia en Paz: "la tarea de paz nos corresponde a todos, la agenda habla de que hay que construir una visión de paz y el ELN, pese a las dificultades que se presenten, no se va a levantar de la mesa": Aureliano Carbonell, de la delegación de diálogo del ELN, se pronunció sobre la paz: “le sigo apostando a la paz por que el pueblo, las mayorías en Colombia, la necesitan”: Consuelo Tapias, de la delegación del ELN, dijo: "la paz es posible si todas las colombianas y colombianos nos comprometemos en ese esfuerzo, que no solo es de la insurgencia o de la mesa": Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista A propósito de la audiencia única de verdad de Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) realizó una entrevista con Jahson Andrey Taborda Casas, abogado de la Fundación Forjando Futuros, que representante de víctimas, incluyendo algunas afectadas por la violencia perpetrada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Ustedes como representantes de las víctimas del conflicto y especialmente de víctimas de la AUC, ¿cómo ven el panorama de las declaraciones que ha hecho Salvatore Mancuso? El señor Salvatore Mancuso ha hecho dos declaraciones ante la JEP. En la primera habló principalmente sobre la creación de la Convivir de la AUC, mientras que en la segunda, abordó el relacionamiento de la organización con la fuerza pública. Consideramos que las declaraciones de Mancuso reafirman lo que las víctimas demandan del Estado: el reconocimiento de la verdad y la responsabilidad por los hechos que han sufrido durante el conflicto en Colombia. Esto implica entender que el Estado no es un tercero aislado del conflicto, sino uno de los desencadenantes de las violencias más fuertes e infames que han sufrido las víctimas. Las declaraciones de Mancuso confirman lo que ya ha sido exigido por otras organizaciones civiles de víctimas y que ha sido objeto de discusión en el marco de Justicia y Paz. Es importante destacar que el Estado no sería, como lo establece la ley 1448, en términos de indemnización, un responsable subsidiario en segundo plano, sino que es un responsable principal de estos hechos y de la degradación del conflicto. En general, creemos que estas declaraciones de Mancuso ofrecen un panorama claro sobre lo que las víctimas esperan del Estado en términos de justicia y reparación. ¿Cuál ha sido el papel de ustedes con las víctimas de la AUC? La delimitación de la línea que establece quiénes son las víctimas de las AUC resulta difícil, ya que según las declaraciones del señor Mancuso, no queda claro que dichas víctimas fueron determinadas por el Estado, el empresariado e incluso las mismas comunidades. Por esta razón, es importante mencionar que nuestro papel con las víctimas de las AUC siempre ha sido abordando nuestro rol en el despojo de tierras. De hecho, Mancuso también mencionó ayer que esto implicaba una triada entre empresarios, Estado y AUC, inicialmente con la excusa de hacerle frente a la avanzada subversiva y, posteriormente, con el control social y político de grandes zonas del país. Por lo tanto, el papel que siempre hemos desempeñado como representantes de las víctimas, en este caso de las AUC, ha sido en el tema del despojo masivo de tierras. También es importante decir que los grupos subversivos pueden haber participado en desplazamientos de comunidades, pero no tanto en el despojo de tierras, que es una figura distinta. Es fundamental que reconozcamos que hubo un entramado criminal para el apoderamiento masivo de tierras con fines de control social y para el desarrollo de grandes proyectos empresariales, incluyendo bananeros, agricultores, vías, puertos y aeropuertos, entre otros. Es decir, hay una gran cantidad de información que también reposa en la jurisdicción de Justicia y Paz. En resumen, el papel que nosotros siempre hemos desempeñado y seguimos desarrollando con las víctimas de las AUC es reclamar la verdad que tanto necesita el país en cuanto a reconocer este entramado criminal. ¿Cómo ha sido el acompañamiento y la atención psicosocial para las víctimas de las AUC? Nuestro acompañamiento se ha llevado a cabo en distintos procesos de la jurisdicción transicional, incluyendo Justicia y Paz en su momento, y ahora la jurisdicción de tierras o especialidad de tierras, ya que no es específicamente una jurisdicción. En la Justicia Especial para la Paz, nuestro papel más activo es un componente psicosocial muy fuerte, que ha sido acogido directamente para introducir los procesos judiciales, algo que se ha visto poco en la jurisdicción de tierras y Justicia y Paz. Nuestro papel ha sido principalmente la defensa de la tierra, y hemos trabajado en un proceso que se llama “Identificación de Daños y Conductas”, liderado por nuestro equipo psicosocial. Este proceso se realiza colectiva o individualmente, dependiendo de las necesidades, y se busca identificar el daño transversal de vida que deja el conflicto, en este caso, específicamente por las AUC. Como ya mencioné, nuestro papel ha sido la defensa de la tierra, y en este proceso nos enfocamos en cómo se desarraiga al campesino, cómo se desestructura su familia, y cómo sus hijos e hijas pierden la relación directa con el campo. Este es un daño transversal y generacional que no solo quita la tierra al campesino, sino que también le quita parte de su vida y relación directa con su pasado y su formación ancestral. Es importante destacar que aunque la Corte Constitucional no ha determinado al campesino como un sujeto étnico, el campesino tiene una relación muy fuerte con la tierra. Por eso, nuestro acompañamiento se enfoca en la reconstrucción de ese tejido y la recuperación de esa memoria de lo que es la tierra, cómo relacionarse con ella, y cómo sus hijos pueden volver a querer sembrar. La identificación de estos daños y conductas ha sido entregada a las magistradas y magistrados de Justicia y Paz y de la JEP, donde se reconoce que las víctimas no solo han sufrido daños físicos por la pérdida de algo de su cuerpo o un miembro de su familia, sino también todo este tema relacionado con la tierra y la relación hacia ella. ¿Cuáles son las principales demandas de las víctimas de la AUC en términos de reparación y justicia? Con las víctimas de la AUC debemos entender que una víctima tiene varios componentes. Al hablar de reparación, debemos considerar que su concepto es más amplio y se relaciona con la restauración en sí misma. Las principales demandas de las víctimas son la recuperación de su tierra en caso de haberla perdido. Es muy importante que los procesos de restitución de tierras avancen. Queda absolutamente claro que la injerencia del Estado en la victimización de los territorios en Colombia, en particular de los campesinos y campesinas, requiere una respuesta urgente en relación a los procesos de restitución de tierras. No es posible que en un plazo de 10 o 15 años, en los casos en que está claro que el Estado tuvo una participación directa, se siga esperando la devolución de las tierras. Esta es una de las principales demandas de las víctimas, junto con la entrega de indemnizaciones a través de la Unidad para las Víctimas. Tampoco es posible que hoy estemos hablando de personas que esperan una reparación administrativa durante más de 20 años, cuando está claro que fueron desplazadas y despojadas. En cuanto a la JEP, debo mencionar que la víctima es un concepto más holístico que requiere considerar tres especialidades distintas en cuanto a la justicia de reparación: Unidad para las Víctimas, Tierras y JEP. En el caso de JEP, estamos hablando de la verdad, la cual es un componente restaurador más que reparador. Lo restaurador hace referencia a la prevención de futuras violaciones y la no repetición del conflicto. En este sentido, la JEP enfrenta un gran reto tras las declaraciones de Salvatore Mancuso en cuanto a la verdad del actor estatal, incluyendo fuerzas armadas y fuerza pública en general. Salvatore ha señalado cómo la fuerza pública, de manera conspirada con el grupo criminal, ha causado un gran daño a las víctimas. En este sentido, reitero que el componente restaurador y el reto de la JEP en cuanto a la demanda de verdad es muy fuerte. Nunca debemos olvidar que las víctimas necesitan conocer la verdad. Es muy importante que se sepa por qué ocurrieron estos hechos, independientemente de si hay o no una revelación a través de organizaciones civiles o prensa alternativa. Lo importante es dejar constancia judicial de la responsabilidad del Estado en cuanto a la verdad. ¿Cómo ha sido el proceso de reparación para las víctimas de la AUC y qué desafíos han enfrentado? Ha sido un proceso muy duro y, de alguna manera, frustrante en ciertos aspectos. El proceso de reparación para las víctimas de las AUC comenzó con la Ley 975 del año 2005, conocida como Justicia y Paz. Ahí fue donde empezamos a hablar de la reparación de las víctimas de las AUC. Estos procesos de reparación en Justicia y Paz han enfrentado grandes desafíos. El Estado lideró inicialmente el objetivo de devolver las cosas a su estado original, basándose en el concepto de justicia ordinaria. Cuando una persona es víctima de un delito, lo inicial es que se le devuelva lo que le fue arrebatado. Por lo tanto, el proceso de reparación ha enfrentado un paradigma muy fuerte: cómo devolver a las víctimas su estado inicial. Esto se planteó dentro del marco de la Justicia y Paz, y comenzamos con el tema del desplazamiento y la entrega de indemnizaciones. Quiero aclarar que estoy hablando en términos conceptuales de Justicia y Paz. Este proceso ha sido un gran reto y desafío para las víctimas, ya que de alguna manera ha sido truncado. A las víctimas no se les ha reparado, no se les han devuelto sus territorios y no se les ha podido explicar por qué estos procesos de reparación no han cumplido con lo que exige la Ley 1448, que es resarcir el daño. En cambio, ha quedado un sabor amargo de que el proceso de Justicia y Paz ha servido más para justificar los hechos victimizantes. Si pudiéramos poner esto en una balanza, el proceso de reparación ha sido muy duro, con mucha frustración. Cuando llegamos ya a la JEP, que nació en 2018 con los Acuerdos de La Habana, nos enfrentamos al proceso de verdad y a algo que la JEP está construyendo actualmente: los trabajos de contenido, reparación y restauración. Existe un concepto llamado “TOAR” que recoge las frustraciones de la Jurisdicción de Justicia y Paz. Agradezco a la JEP por sus esfuerzos, a pesar de las dificultades, ya que la JEP puede construir sobre la base de la Justicia y Paz. Este proceso de reparación deja de verse únicamente desde una perspectiva económica y se abarca un espectro mucho más amplio. El desafío radica en cómo se logra la restauración, que va de la mano con la agencia victimizante. El proceso de reparación en Justicia y Paz ha tenido limitaciones significativas que no hemos logrado superar. Creemos que la Justicia Especial para la Paz es un enfoque más completo, aunque todavía no hemos abordado el desafío de la restitución de tierras, que es otro aspecto que las víctimas han enfrentado y que actualmente es complicado debido a las dificultades judiciales en términos de entrega. Es un desafío judicial. La JEP representa un componente más integral en este proceso. Pienso que aún quedan retos por enfrentar y hoy tenemos un poco más de esperanza con las palabras de Salvatore Mancuso. En particular, considero muy importante el caso 08, recientemente abierto en la JEP, donde podemos involucrar a muchos agentes del Estado, así como personas ajenas al Estado, para que podamos recuperar la memoria de la verdad y avanzar de manera definitiva en la restitución de tierras y en los pagos de indemnización. ¿Qué esperan las víctimas de la AUC de estas audiencias públicas en la que está testificando Salvatore Mancuso? La JEP está permitiendo que las víctimas participen, incluso de manera directa, en las audiencias no solo de reconocimiento y verdad, sino también en la construcción de aportes de verdad. Las víctimas lo que están esperando de todo el aparataje de justicia transicional, en clave a lo que está testificando el señor Salvatore Mancuso, es responsabilizar de manera individual a las personas que intervinieron de manera directa en el conflicto. Y no solo se refiere a los integrantes de la AUC, ni a los integrantes de las FARC, ni a los integrantes de la fuerza pública, porque la base del conflicto termina siendo la misma. Un campesino que tenía un fusil para ponerse un brazalete de FARC, de fuerza pública o de AUC, es lo mismo. Lo que las víctimas reclaman es la identificación de empresarios, empresarias, políticos y políticas que terminaron siendo claves determinantes en el conflicto. No solo se trata de la entrega, como lo decía Mancuso, de los famosos tres centavos por cada banano que se exportara. También se trata de personas que patrocinaron de manera directa, como se decía antes, por extorsión, pero después por convicción, a cualquier grupo armado. Aquí no tendríamos que hablar solamente de AUC, pero las víctimas sí reclaman que estas personas que hoy todavía están tras bambalinas, que han sido mencionadas en reiteradas ocasiones en la justicia ordinaria, en justicia de paz y en la JEP, y que el señor Mancuso dijo algunos nombres, como Francisco Santos y otros tantos, respondan al país. Simplemente, digan sí o no, y si no, por qué. Si es así, que acudan a los estados judiciales. Tienen todo el derecho de defensa, claro que sí, es un principio constitucional. Pero las víctimas sí reclaman, porque vivieron el conflicto, lo saben. Me voy a robar una frase de una víctima en un momento en que le estábamos haciendo algo que se llama traslado de jurisdicción especial para la paz. Me dijo: “a mí no me vengan a contar la verdad, porque yo la verdad ya la sé”, textual. Nunca se me va a olvidar, y es una alta sabiduría en lo que esperan de estos procesos. Las personas determinantes y no las determinadas, las que determinaron el conflicto y lo siguen determinando, deben responder al país y le responda a las víctimas.