Por: Luis Eduardo Celis La Comisión de la Verdad adelantó un importante trabajo de valoración de nuestra violencia de más de seis décadas. Es una comprensión de un proceso social e histórico que la sociedad colombiana está por apropiarse y desde ahí enriquecer la acción por un orden de democracia de mayor calidad, que supere las exclusiones y las barbaries que siguen presentes hasta el día de hoy. La sociedad colombiana se mueve entre permanecer en las viejas violencias que se reciclan y mantienen las viejas raíces que las soportan o superarlas. Exclusiones a los derechos, acumulación de poder vía desplazar y atemorizar, uso de la fuerza para controlar territorios y poblaciones, ausencia de estado social y de derecho en muchos territorios y comunidades, esas son las tareas que siguen pendientes. La Comisión de la Verdad presentó un relato de lo vivido, unas explicaciones de estos procesos y unas propuestas para salir de estos órdenes autoritarios y criminales. Son enormes desafíos que deben ser liderados por este gobierno en su mandato de tres años y tres meses que le quedan y que debemos trabajar para que tenga continuidad en el próximo gobierno que igualmente debe ser de compromiso con una Colombia en paz. En estas últimas semanas se ha vuelto a conversar sobre el informe de la Comisión de la Verdad y sus recomendaciones. El Gobierno propuso un artículo para implementar las recomendaciones y desafortunadamente no fue aprobado, lo cual muestra que estamos ante un tema sensible y que, por decirlo suavemente, tiene valoraciones múltiples desde las fuerzas de paz y de cambio, y abiertos contradictores de las fuerzas sociales y políticas que se sienten cómodas y han acumulado enorme poder en estas largas violencias por superar. Colombia, desde la fuerza de cambio, y en su importante diversidad ahora cuenta con el informe de la Comisión de la Verdad, un referente cultural, de acción social y política. Y así no hayan quedado sus recomendaciones en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado, debemos seguir persistiendo en que el relato, las valoraciones y las recomendaciones sean referente de acción. Ahora que se habla de "defenestrar" al gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, sólo hay que ir al informe de la Comisión de la Verdad para ver cómo en esta Colombia sigue viva la doctrina de la seguridad nacional y su criatura del enemigo interno, una de las tantas tareas para superar en este excluyente régimen político que asesina, persigue y en donde hay fuerzas políticas que se creen con el derecho de actuar por fuera de la Constitución Nacional de manera impune. Esperemos que la Fiscalía General de la Nación haga su tarea con quienes de manera alevosa actúan por fuera de la ley y nuestro ordenamiento constitucional. Tenemos un informe de la Comisión de la Verdad el cual debe ser apropiado en las escuelas y universidades colombianas, debe entrar a la televisión, debe ser referente en diversidad de espacios. Ese fue el compromiso del presidente Gustavo Petro cuando lo recibió como presidente electo en junio pasado y a fe que lo va a cumplir. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Salvatore Mancuso, uno de los exlíderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el fin de rendir versión sobre cuatro prácticas criminales en las que participó durante el conflicto armado en Colombia. Mancuso estará en una audiencia pública ante la JEP durante cuatro días (10, 11, 15 y 16 de mayo), en lo que representa su último intento de entrar a la Jurisdicción. La comparecencia de Mancuso ante la JEP se enmarca en el proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición establecida en el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC. La JEP es el órgano encargado de juzgar y sancionar a los excombatientes que hayan cometido delitos durante el conflicto armado. “Esta audiencia es el escenario para que Mancuso demuestre de manera contundente que se incorporó funcional y materialmente a la Fuerza Pública entre 1989 y 2004. Es decir, debe probar que ejerció un rol de bisagra o punto de conexión entre la Fuerza Pública y los paramilitares en los patrones de macrocriminalidad”, indicó la JEP sobre el proceso. El patrón criminal por el que Salvatore Mancuso rinde versión está relacionado con el apoyo a la conformación y expansión de grupos paramilitares en Colombia. Este patrón está conformado por cuatro prácticas criminales, las cuales permitieron la configuración de un aparato organizado de poder que facilitó la expansión y consolidación del control territorial de los paramilitares. La primera de estas prácticas fue el uso de las Convivir como fachada del accionar paramilitar. Estas asociaciones se presentaron con el objetivo de brindar seguridad y prevenir y contrarrestar a los grupos criminales y guerrillas, estableciendo vínculos estrechos con miembros de la fuerza pública, incluyendo altos mandos militares de la Brigada 11. La segunda fue la realización de operaciones conjuntas entre paramilitares y fuerza pública, lo que generó zozobra en las comunidades y sembró desconfianza en los miembros del Ejército y la Policía. Estas operaciones fueron el combustible de la violencia y una máquina de violaciones de los derechos humanos, cuya principal víctima fue la población civil. La tercera práctica tuvo que ver con que Mancuso lideraba una estrategia de consolidación política y social en Córdoba, la cual se tradujo en nexos con funcionarios públicos y civiles que poseían un capital político en la región. Esta estrategia buscaba insertar paramilitares entre la población civil, adquirir reconocimiento de estatus político y reclutar nuevos integrantes en las filas paramilitares. Finalmente, la cuarta práctica fue la filtración de información del DAS con fines contrainsurgentes. La cooptación y el control de entidades públicas les permitía a los paramilitares acceder a información privilegiada y perseguir a quienes consideraban un obstáculo en sus objetivos militares, sociales, económicos y políticos. Mauricio Romero, experto en análisis del conflicto armado y construcción de paz, le dijo a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que la JEP va a contrastar la declaración de Mancuso con la amplia información disponible y recolectada por las organizaciones de derechos humanos, procesos judiciales, la Comisión de la Verdad e investigaciones académicas sobre las masacres, asesinatos selectivos, despojos, desplazamientos y desapariciones forzadas llevadas a cabo por las antiguas AUC. Por otro lado, Cristina Nicholls, abogada experta en derechos humanos (DDHH) y en derecho internacional humanitario (DIH), afirmó a Pares que las audiencias de la JEP representan un nuevo escenario para que el país confronte una verdad “eclipsada” por otros momentos políticos históricos. Aunque algunas declaraciones de Mancuso hayan sido repetidas, según algunas voces, Nicholls sostiene que el foco de atención de estos espacios es crucial para que las comunidades y las víctimas escuchen la voz de uno de los victimarios de las autodefensas. Además, para Nicholls, estas audiencias llegan en un momento político histórico y traen nuevos elementos novedosos, sobre todo para la discusión que se adelantan en este momento sobre el tema de la Paz Total y la implementación del acuerdo firmado con las FARC. Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en 2008, donde cumple condena por delitos relacionados con el narcotráfico. Cristina Nicholls señaló la conveniencia para un exparamilitar de acogerse a la jurisdicción de paz debido a los beneficios judiciales que ofrece la justicia transicional. Esta herramienta, que busca la transición de un estado de conflicto a un estado de paz, brinda beneficios a aquellos que reconocen la verdad y están dispuestos a reparar a las víctimas. Según Nicholls, Mancuso es consciente de esto, ya que actualmente se encuentra preso en una cárcel de Estados Unidos y posiblemente ve su repatriación y el aterrizaje en la jurisdicción como una oportunidad para recibir todos los beneficios de la justicia transicional. Aunque reconoce la conveniencia de Mancuso, Nicholls destaca que estas declaraciones no dejan de ser importantes ni objeto de análisis para la sociedad, especialmente para las víctimas de los sucesos. Este miércoles 10 de mayo inició la audiencia pública en donde el exlíder paramilitar Salvatore Mancuso ofreció un testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia. Mancuso reveló información impactante sobre su participación en el conflicto armado y mencionó a varias personalidades que presuntamente colaboraron con él y su grupo paramilitar durante años. Entre las personalidades mencionadas por Mancuso se encuentran políticos, empresarios y miembros de las fuerzas armadas. Según su testimonio, estas personas brindaron apoyo logístico, financiero y de inteligencia a los grupos paramilitares durante el conflicto armado. Durante su época como comandante paramilitar, las fuerzas militares, según él, les entregaban listados con nombres de presuntos guerrilleros para que sus hombres los persiguieran y ejecutaran. Según el testimonio de Mancuso, las listas eran proporcionadas por miembros de las fuerzas armadas, quienes les brindaban información sobre la ubicación de las personas señaladas como enemigos del Estado. Los paramilitares, a su vez, procedían a golpear las casas y asesinar a cualquier persona que estuviera señalada en la lista. Este tipo de acciones fueron responsables de innumerables masacres y asesinatos selectivos en todo el país durante el conflicto armado que azotó a Colombia por décadas. La colaboración entre miembros de las fuerzas armadas y grupos paramilitares ha sido objeto de varias investigaciones y ha generado un fuerte rechazo por parte de la sociedad. Además, Mancuso mencionó su implicación en la conformación de grupos paramilitares en Venezuela y su relación con algunos políticos del país vecino y habló sobre el financiamiento de su grupo armado y la corrupción en la administración de justicia en Colombia. Afirmó que recibió asesoramiento por parte de Pedro Juan Moreno, quien en ese momento se desempeñaba como secretario de Gobierno en Antioquia, en relación a las denominadas “Convivir”. Según Mancuso, Moreno le brindó información y consejos sobre la creación de estas organizaciones, las cuales fueron conformadas por grupos de civiles armados para “proteger” a las comunidades de los grupos guerrilleros en diferentes regiones del país. También hizo una revelación explosiva en relación a la solicitud de Francisco Santos de crear un “bloque de la verdad”. Según Mancuso, Santos había solicitado previamente la creación del “bloque capital” de las autodefensas en el año 2002, cuando se desempeñaba como vicepresidente de Colombia. Esta organización, según Mancuso, estaría conformada por los grupos paramilitares más poderosos del país. Asimismo, señaló que Jorge Visbal Martelo le habría pedido explícitamente que estableciera bloques de Autodefensas en diversas áreas de Bolívar, Cesar, Magdalena, entre otras regiones. Hoy, 11 de mayo, se llevó a cabo el segundo día de declaración de Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Durante su intervención, habló sobre el papel de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la conformación de grupos paramilitares en la Costa Caribe y la financiación de campañas políticas con dineros provenientes del narcotráfico. Además, habló sobre la participación de su grupo en masacres de comunidades indígenas y la entrega de información a organismos de inteligencia de Estados Unidos. También reveló más detalles sobre las acciones coordinadas entre algunos militares y grupos paramilitares en la región de Catatumbo, Norte de Santander y señaló que la entrada a esta zona fue coordinada con el Ejército Nacional y planificada con el general Mario Fernando Roa, y que esta estrategia nacional se utilizaba en todas las áreas donde operaban. Además, reveló detalles sobre el uso de hornos destinados para fundir ladrillos que fueron usados por parte de los paramilitares para incinerar cuerpos de víctimas. Sin embargo, el testimonio más impactante de Mancuso, en este segundo día fue sobre el traslado de cuerpos de cerca de 200 personas que fueron enterradas en Venezuela después de que los paramilitares tuvieron que destruir uno de esos hornos y las autoridades estaban cerca de ubicar las fosas en Colombia. Mancuso pidió respetuosamente a la JEP que le permita ir personalmente con ellos para identificar los lugares donde las Autodefensas Unidas de Colombia enterraron a más de 200 personas que fueron asesinadas y desaparecidas en la frontera con Venezuela. La audiencia continúa con los magistrados desde el Centro de Convenciones de Montería, Córdoba, y Salvatore Mancuso conectado virtualmente desde el Centro de Detención de Migrantes en el Estado de Georgia, Estados Unidos. Se espera que sigan saliendo a la luz más detalles sobre las operaciones conjuntas entre paramilitares y Fuerza Pública en Colombia. Cristina Nicholls, abogada experta en derechos humanos (DDHH) y en derecho internacional humanitario (DIH), afirmó que el panorama actual no está claro y que las declaraciones reiterativas de Mancuso sobre la relación del Estado, las fuerzas militares, la policía y el empresariado con las autodefensas deben ser evaluadas histórica y políticamente para alcanzar la paz y satisfacer los derechos de las víctimas. Nicholls reconoció que estas declaraciones pueden ser dolorosas para las víctimas, pero deben ser usadas como nuevos elementos para su satisfacción. También señaló que la jurisdicción de paz deberá analizar los elementos de juicio para determinar si Mancuso es elegible para los beneficios que ofrece. Según Mauricio Romero, experto en análisis del conflicto armado y construcción de paz, en caso de que Mancuso sea aceptado en la JEP, este tendrá como beneficio la libertad condicional en Colombia, una vez regrese al país, después de ser liberado por el sistema judicial norteamericano. Esta es una decisión controvertida que con seguridad, según Romero, generará rechazo entre las víctimas de las AUC. “En términos más generales, las declaraciones de Mancuso llaman a una reflexión sobre la doctrina militar basada en la teoría del ‘enemigo interno’, y que ha sido central en el pensamiento militar colombiano de las últimas cinco décadas. Hoy, cuando el gobierno Petro habla de seguridad humana, sería bueno que las fuerzas de seguridad colombianas hicieran una autocrítica”, mencionó Romero.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presenta su segundo informe de violencia político-electoral del actual calendario electoral. Este informe comprende el análisis de datos recogidos desde el 29 de octubre de 2022, fecha de inicio del calendario electoral, al 30 de abril de 2023. La violencia político-electoral es una subcategoría de la violencia política que se define como aquella ejercida contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral. En Colombia, ésta se ata no sólo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas. Durante el periodo de tiempo analizado, se registraron 99 víctimas de violencia electoral en 67 hechos asociados. Del total de víctimas (99), dieciocho (18) fueron asesinadas, trece (13) sufrieron un atentado y 68 fueron amenazadas. En relación con el informe inmediatamente anterior (Ver: Primer informe de violencia político-electoral [29 octubre 2022 – 28 febrero 2023]), correspondiente a los primeros cuatro meses del calendario electoral (del 29 de octubre de 2022 al 28 de febrero de 2023), se dio un incremento del 63% en el número de hechos registrados, y del 54% en el número de víctimas contabilizadas. Este segundo informe de violencia político-electoral causa gran preocupación, pues se sigue registrando una víctima de violencia político electoral día de por medio en Colombia; y la tendencia ha mostrado que, al acercarse el momento de la inscripción de candidatos y los comicios, se aumentan notoriamente el número de hechos contabilizados y, por supuesto, sus víctimas. Le invitamos a leer el informe completo con toda la información, la concentración geográfica de los hechos, el perfil de las víctimas, la filiación política de estas y los presuntos perpetradores aquí:

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda A propósito del enfrentamiento entre el fiscal Barbosa y el presidente Petro, por causa de que este último dijo ser el jefe del primero, salieron a relucir las nociones acerca de la estructura del Estado. En efecto, siendo estos dos funcionarios representantes de dos de las tres ramas del poder, los críticos del gobierno –no todos opositores suyos– se han manifestado con el argumento de que el presidente, o mejor, la rama ejecutiva, no está por encima de ninguna de las otras dos ramas, ni de la legislativa ni de la judicial. Eso podría considerarse una reflexión lúcida, si consideramos que el Estado de Derecho, para su funcionamiento eficaz y eficiente, ha de tener garantizada la autonomía de esos tres poderes; pues sólo así es posible el equilibrio entre ellos. Sin embargo, y de esto a menudo discuten los profesionales del derecho, los regímenes presidencialistas como el nuestro se caracterizan porque, diga lo que digan las constituciones, siempre hay espacio, por causa de efectos políticos –“actos políticos” les llamaba Locke– para que el jefe de la rama ejecutiva sea quien finalmente lleve las riendas del Estado. Una anomalía ceñida al rótulo “jefe” con el cual se distingue al representante jerárquico de la rama ejecutiva, en calidad de suprema autoridad, pues la frase “jefe del Estado” –como nuestra constitución califica al presidente del Gobierno– desde la interpretación jurídica gramatical significa, explícita e implícitamente, que alguien dirige y manda sobre todos aquellos que participan de ese Estado. De hecho, la palabra “jefe”, según la Rae, significa en su primera acepción “persona que manda sobre otras”. Y no hay otra acepción contradictoria de ello. Además de esa claridad gramatical –que implica la condición de subordinado que tendría el fiscal ante el jefe del Estado–, vale dar claridad sobre los hechos en cuestión y hacerlo a partir del concepto de la división de poderes. Al respecto, lo primero que un entendido descartaría de esa división de poderes, es que los tres representantes jerárquicos de sus ramas de poder, puedan ser al tiempo “jefes” con igual condición de tales. Se trataría entonces de una figura –la de los tres jefes– semejante a otra que nada tiene que ver con la división de poderes, tal y como hoy la entendemos; es decir, discriminada en tres áreas administrativas bien determinadas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Me refiero a la figura denominada Triunvirato, que los romanos, en los tiempos de su república (siglo I A.C.), crearon para resolver problemas de disputas políticas entre sectores que se sentían con derecho a imponer sus gobernantes. Así, por medio de alianzas, se puso en práctica una suerte de “pacto histórico”, para controlar el escenario político y hacerlo con supremo poder. Otra cosa muy distinta es la división de ese poder absoluto, no para distribuírselo, sino para repartirse las tareas que permitirían el funcionamiento del Estado, en términos de garantizar la prosperidad de su población. En concordancia con este entendimiento, la división de poderes fue esbozada inicialmente por Thomás Hobbes en el año 1651. En su obra más conocida, Leviatán, Hobbes propone el desmonte del llamado “derecho natural a mandar” – exclusivo de las familias reales– y propone instaurar el derecho (entiéndase parejo a carta constitucional) como un contrato social. Lo que Rousseau redondearía años más tarde (en 1762), precisamente en su obra El Contrato Social. Esto nos indica que, pese a esa primera división del poder público en dos ramas (división que buscaba la implementación de un modelo de gobierno democrático, para que el poder dejara de estar concentrado en el rey) y pese a los aportes de John Locke (en el siglo XVII), dicho poder, si bien dejó de entenderse como concentrado en una monarquía absoluta, pasó a ser un poder centrado en una monarquía moderada. Más tarde, gracias a los estudios de Montesquieu, la división de las tareas en la administración del Estado se especificó, al determinarse los tres campos de acción necesarios para la estructuración de un Estado lejano del modelo monárquico, pero muy cercano al modelo advertido por Locke, denominado “monarquía constitucional”. De ahí que, por el peso de la tradición monárquica tan milenaria, aún en nuestros días, la carga de solemnidad y de liderazgo sigue centrada en el representante de la rama ejecutiva, en nuestro caso en el presidente elegido por el pueblo. ¿Y quién discute acaso que los presidentes, en el modelo político latinoamericano, no han tenido siempre primacía sobre las otras dos ramas, e incluso facultades de reyezuelos, o mejor, típicas de las monarquías constitucionales? Los constitucionalistas de nuestro país, y también los abogados estudiosos, saben las críticas que los especialistas han expuesto acerca de los ilimitados poderes del presidente. Basta recordar, en el caso de nuestro campus académico, el ensayo del profesor Carlos Restrepo Piedrahita, escrito en 1983, que titulado Imagen del presidencialismo latinoamericano: el héroe del barroco, da cuenta de las casi ilimitadas facultades de los presidentes. Una herencia proveniente todavía de las ideas de Locke, para quien el rey debería tener un conjunto de facultades discrecionales en virtud de su prerrogativa, que el pensador inglés definió como la potestad del rey “para actuar discrecionalmente en aras del bien común, sin ceñirse a los dispuesto por el derecho e incluso en contra de él"[1]. Desde tal perspectiva, en la estructura de nuestro Estado, pese a la división de los poderes, quien manda con supremacía es única y estrictamente el presidente de la República. Que eso sea así es una anomalía de la democracia y que sea distinto es una mera utopía de los modelos democráticos. En la Constitución Política de Colombia, por ejemplo, en su artículo 115, se precisa que “el presidente de la República es jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa”. Lo cual quiere decir, si atendemos el método jurídico de la interpretación gramatical, ya expuesto aquí, que el presidente Gustavo Petro, querámoslo o no, es la autoridad superior en nuestro país; y como jefe de estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, es quien gerencia las actividades, todas, del Estado. Mandato que no le impide ser respetuoso de la autonomía de las otras dos ramas y de los órganos de control; pero sí le corresponde, como suprema autoridad de esas ramas, vigilar porque sus tareas sean cumplidas. Por ejemplo, siendo el presidente el responsable de la paz, de la sana convivencia y de la vida de cada uno de los colombianos y colombianas, puede y debe hacerlo, porque así se lo autoriza la constitución, pedirle al fiscal, por ejemplo, que le rinda cuentas sobre hechos que, a su juicio, y siempre fundados en investigaciones probas, estén atentando contra el orden público, contra la sana convivencia y contra la vida de los colombianos y las colombianas. En el presente de las ideas políticas, los historiadores e investigadores sociales saben muy bien que el poder en los tiempos monárquicos garantizó que el Estado no fuera un botín de rapiña, disputado siempre caóticamente. La democracia, que en términos de su definición primaria, es el poder en manos de muchas personas, no ha podido llevarse a cabo desde los tiempos de Solón (a quien se le ocurrió como modelo de gobierno hacia el siglo VI a.C.), sino a través de la figura de la representación. De tal manera, el pueblo no tendría que reunirse cada vez que hiciera falta una decisión administrativa, sino una sola vez, en la cual se escogería un ciudadano –por sus virtudes personales y concordancia ideológica con los deseos de su pueblo– para que decidiera en adelante, y por un tiempo determinado, en representación de todos. De tal suerte, pensar que la suprema autoridad de un Estado está en manos de tres cabezas es desconocer el desarrollo y vigencia de la democracia participativa que le otorga –dentro del modelo de los regímenes presidencialistas–, el poder a una sola persona y no a tres, como en los tiempos del triunvirato de CneoPompeyo Magno, Cayo Julio César y Marco Licinio Craso, que duró desde el 60. a.c. hasta el 53 antes de Cristo. [1] Joaquín Varela Suanzes-Carpegna. División de poderes y sistema de gobierno en la Gran Bretaña del siglo XVIII. En: file:///C:/Users/ACER/Downloads/division-de-poderes-y-sistema-de-gobierno-en-la-gran-bretana-del-siglo-xviii.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado 27 de abril las estructuras armadas ilegales de Medellín y El Valle de Aburrá emitieron un comunicado público en el que reiteran su apoyo al propósito del Gobierno Nacional de construir la Paz Total en Colombia, un anhelo que, según ellos, requiere del concurso de todos los ciudadanos, sin distinción alguna. En el comunicado, los voceros de estas estructuras armadas, que se encuentran en reclusión en la Cárcel-La Paz de Itagüí, declaran la suspensión de todo tipo de hostilidades, confrontación o disputas, un gesto que esperan sea evidente y verificable por la ciudadanía y las autoridades. La suspensión de hostilidades es un aporte significativo a la humanización del conflicto armado urbano que, según ellos, tendrá un impacto en la reducción de algunos indicadores significativos de la inseguridad en el territorio, como los homicidios y el desplazamiento forzado intraurbano. Asimismo, estas estructuras armadas manifestaron su disposición para coadyuvar en la lucha contra amenazas a la sociedad, como la producción, comercialización y consumo de drogas químicas como el Fentanilo y la Heroína, y hacen un llamado a las autoridades y a la institucionalidad en general para prevenir el involucramiento de menores, niños, niñas y adolescentes de Medellín y el Valle de Aburrá en estructuras ilegales y actividades delincuenciales. Isaac Morales, coordinador de la Línea Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), destacó que existen diferencias en el lenguaje utilizado por las bandas y el Gobierno en lo referente a las negociaciones o sometimiento. Morales señaló que mientras algunas bandas hablan de negociación, el Gobierno se refiere a sometimiento, lo que podría generar incertidumbre en torno a las condiciones y términos de estos procesos. Asimismo, agregó que aunque la ley establece el sometimiento, aún existen muchos interrogantes al respecto. En el comunicado realizado por algunas estructuras ilegales, también hicieron un llamado al Estado, la Iglesia y los entes internacionales para trabajar juntos en el empeño de lograr la Paz Urbana, y reiteraron su compromiso con la misma. Un día después, el pasado 28 de abril, el Gobierno Nacional oficializó el inicio de los diálogos con las bandas armadas de Medellín, el cual se llevará a cabo en el marco del programa “Paz Urbana”, que busca la participación activa de las comunidades en la construcción de la paz en sus territorios. En una rueda de prensa a las afueras de la cárcel de Itagüí, en Antioquia, en donde estaba el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, junto a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, y el gestor de paz y analista del conflicto urbano, Fernando Quijano, el alto funcionario declaró que el objetivo de los diálogos es la desmovilización de más de 12.000 personas bajo el marco de la Paz Total. Desde septiembre, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz está haciendo acercamientos con al menos 12 grupos armados urbanos de esta ciudad y del área metropolitana, tras una fase de acercamiento, se inició una fase dialógica con grupos criminales que buscan llevar paz a las comunas de la ciudad y al Área Metropolitana. Ver: (Medellín: ciudad piloto de la paz urbana) En caso de que se logren concretar los diálogos con los 350 grupos criminales que buscan la paz en las comunas de Medellín y el Área Metropolitana, se estima que podrían ser entre 12.000 y 14.000 personas desmovilizadas, aunque aún no se ha determinado una cifra exacta. Estas comunidades incluyen municipios como La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí y Bello, entre otros. Rueda destacó la disposición de estas estructuras armadas de dar pasos concretos en la dirección de la Paz Total, lo que ha sido corroborado por una reducción en la violencia en la ciudad. El proceso ha sido trabajado durante ocho meses, y se espera la desmovilización de grupos ilegales como “La Oficina”, que surgió en los años 80 como parte del cartel de Medellín, “Los Pachelly”, que operan en el municipio de Bello y en el noroccidente de la capital antioqueña, y “Los Triana”, una banda que también tiene presencia en Bello y otros barrios del nororiente de Medellín. A pesar de esto, los nombres específicos de los grupos involucrados en este proceso aún no han sido revelados públicamente. “Se puede corroborar en las cifras oficiales una reducción en hechos que atentan contra la vida de ciudadanos de Medellín y el área metropolitana. Es insuficiente, aparentemente, pero es una muestra de voluntad. El inicio de una fase de acercamientos nos permitirá abordar otros temas que aquejan a los ciudadanos en sus derechos fundamentales y por eso hoy queremos compartir el compromiso público que han asumido estas estructuras armadas de dar pasos ciertos en la dirección de la Paz Total”, dijo Rueda al inicio de la conferencia. Pares conversó con la Policía Metropolitana de Valle de Aburrá para abordar el tema, pero mencionaron que no podían pronunciarse al respecto debido a una política del Gobierno Nacional. El informe más reciente de la Línea de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Pares presenta las cifras de los delitos de alto impacto en la región del Valle de Aburrá durante el año 2022. En dicho periodo, se registraron 560 casos de homicidio, 856 de extorsión, 450 de amenazas, 28,414 de hurto a personas y 6,055 de lesiones personales. Ver: (Balance anual de seguridad y convivencia ciudadana) La mesa de diálogo se centrará en tres puntos principales: la suspensión definitiva de las hostilidades, la dejación de armas y la reincorporación a la sociedad de los miembros de las bandas que decidan sumarse al proceso. Además, se espera que el Gobierno Nacional establezca medidas concretas para garantizar la seguridad y la protección de los líderes y miembros de estas estructuras armadas ilegales que decidan dejar las armas. La Línea Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha planteado que aún no está claro cómo se va a implementar la idea de Paz Urbana dentro del marco de Paz Total. En algunos casos, se entiende que Paz Urbana implica el sometimiento de organizaciones delictivas en áreas urbanas. Sin embargo, es posible que algunas de estas organizaciones no se sometan sin obtener algo a cambio. Los detalles técnicos se definirán con la aprobación de la ley de sometimiento de justicia, que comenzará a tramitarse en el Congreso de la República. Por lo tanto, esta situación plantea más incertidumbres que certezas. Por esa razón, la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana ha estado recopilando información sobre la Paz Urbana en diferentes regiones del país, centrándose principalmente en Buenaventura, Medellín y en cierta medida, Barranquilla. En las próximas semanas, espere un documento más detallado sobre este tema. El coordinador de la Línea, Isaac Morales, destacó que estos diálogos seguramente comenzarán a generar cambios, pero es importante tener en cuenta que estos cambios no serán inmediatos. Requerirán un tiempo determinado para implementarse, lo cual implica el compromiso de coordinación entre diversas instituciones en general.

Por: Natalia Reina, Pasante Línea Democracia y Gobernabilidad Los problemas que se viven hoy en la Gobernación del Chocó comenzaron en junio de 2020 cuando el gobernador electo, Ariel Palacios, fue vinculado a investigaciones por presuntas irregularidades de contratación ante la emergencia causada por el Covid-19. Específicamente, por la suscripción de un contrato por más de 2.000 millones con la Fundación Chocó Saludable, el cual no tendría relación alguna con la atención de la pandemia. Posteriormente, en marzo de 2022, fue separado del cargo y se le impuso medida de aseguramiento. En enero de 2023, desde Presidencia se designó a Farlin Perea Rentería como gobernadora encargada; quien previamente había trabajado en la Oficina de Asuntos Étnicos en la actual Alcaldía de Medellín y se retiró momentáneamente para hacerle campaña a Petro. Perea se mantuvo en el cargo sin mayores problemas hasta que en febrero de este año se ordenó la libertad de Palacios por vencimiento de términos. Tras ser puesto en libertad, no tardó en intentar recuperar su cargo. El 27 de abril acudió a una notaría en compañía de dos testigos —uno de ellos registró un número de identificación que según la Registraduría fue retirado por fallecimiento en 2018— para dejar consignado en un acta la toma de posesión nuevamente, bajo el argumento de haber sido elegido popularmente en 2019. Asimismo, envió un comunicado a la gobernadora encargada notificándola del suceso, con la propuesta de una reunión para la entrega de las secretarías y el empalme de la gestión, en aras de una “transición armónica”. Por su parte, Perea manifestó que Palacios se habría “tomado la administración por vías de hecho” y que no se separaría de sus labores hasta no tener un pronunciamiento de las autoridades judiciales o del Gobierno Nacional. Aunque Palacios ha pretendido demostrar interés en un relevo tranquilo y diplomático, en realidad algunas fuentes sostienen que el gobernador electo se ha tomado las instalaciones de la gobernación y que incluso Perea ha recibido amenazas de ser sacada a la fuerza en caso de volver a su despacho. Cabe destacar que esta semana Palacios reconoció en una entrevista, al medio Citará News, la ausencia de una resolución del Ministerio del Interior; en su lugar, existe una respuesta a un derecho de petición interpuesto por él ante el Ministerio en el que se afirma que Palacios estaría facultado para retomar sus funciones. Por ende, su reclamo sobre asumir el cargo se sustenta en un documento dirigido a él como persona natural y no a la Gobernación como institución. El 08 de mayo el juez de control de garantías que lleva el caso del gobernador electo mencionó que el procesado estaría buscando un pronunciamiento de la Judicatura, para así acceder nuevamente a su cargo; sin embargo, dicha instancia judicial no tiene tal fin y en consecuencia su situación jurídica no habría cambiado y no hay orden judicial que dé cuenta de ello. Hasta la fecha no existe un documento oficial por parte de las autoridades competentes que otorgue claridad con respecto a la titularidad de quien debe ostentar el título de gobernador o gobernadora. No obstante, en las redes sociales de la Gobernación se han observado publicaciones refiriéndose a Ariel Palacios como el titular. De hecho, este ya ha liderado Consejos de Gobierno, en los cuales ha dicho que los esfuerzos en este último año se orientarán a la crisis de salud y la terminación de obras de infraestructura. Llama la atención que en una publicación del 03 de mayo se alude a “nuevos” nombramientos de secretarios de Planeación (Harlin Córdoba Cuesta), Cultura (Hedriz Gutiérrez Ibargüen), Interior (José Guido Mena, quien inicialmente era asesor del despacho) y Desarrollo Económico (Lorenzo Pacheco Mena); sin embargo, las personas designadas son los mismos nombres que ya encabezaban anteriormente dichas carteras según la información dispuesta en medios de comunicación de la Gobernación, por lo que no es claro si en el encargo de Perea se realizaron movimientos en el gabinete departamental. Ahora bien, dentro de la Gobernación los funcionarios han expresado preocupación frente a la incertidumbre de a cuál de las dos administraciones rendir cuentas y la posibilidad de poner en riesgo sus condiciones laborales por el incumplimiento de las directrices de Palacios o Perea. Es el caso de Winner Mosquera que, mediante decreto firmado por Palacios el 02 de mayo de 2023, fue declarado como insubsistente en el rol de secretario General, para nombrar en su lugar a otra persona. A su vez, Mosquera envió una solicitud de permiso para ausentarse a la gobernadora encargada, desconociendo así a Palacios. En síntesis, aunque la Gobernación de Chocó está en la disputa entre dos “gobernadores” lo que en realidad ha vivido el departamento es un desgobierno desde la captura de Palacios. El Gobierno Nacional se demoró nueve meses en aceptar la terna y nombrar a una gobernadora encargada, y ahora es incierto si Palacios puede o no volver a funciones. Las múltiples crisis que vive un departamento que tiene uno de los peores índices de desempleo, pobreza y atención en salud del país se agravan mientras en la Gobernación no hay quien responda. Eso sin contar lo que se vive por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. Una historia que se repite una y otra vez: el Chocó olvidado.

Por: Redacción Pares Desde la Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), hemos estado siempre prestos como tribuna de expresión periodística libre a reconocer las voces y las expresiones diversas de la sociedad colombiana. Esta vez hemos cedido el espacio para publicar una carta al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, escrita por Yolanda Henao, madre de Héctor Fabio Morales, joven asesinado el 07 de mayo de 2021 en las inmediaciones del Museo de Arte de Pereira, en el marco del Estallido Social, crimen hasta ahora impune y con el cual la entidad a cargo ha mostrado incompetencia y desinterés en esclarecer. Esta carta fue leída por Yolanda Henao en acto público el pasado 06 de mayo en la plazoleta de la Gobernación de Risaralda. Pereira, 26 de abril de 2023 Señor: FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO Fiscal General de la Nación de la República de Colombia E. S. D. Respetado Doctor Barbosa, Como víctima y madre me dirijo a usted para pedirle justicia y verdad en el caso de mi hijo Héctor Fabio Morales Henao. Junto con mi Abogado, el doctor Diego Alejandro Martínez, quien me ha acompañado como representante de víctimas, hemos insistido, por medio de múltiples recursos jurídicos, en que la Fiscalía garantice mis derechos esclareciendo los hechos y circunstancias en que fue asesinado mi hijo permitiéndome el acceso a la verdad y que lleve a cabo la imputación contra los responsables de la muerte de mi hijo. Sin embargo, han transcurrido 2 años desde la fecha de este lamentable crimen y continúo a la espera de respuestas por parte de las autoridades estatales, especialmente la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía no ha presentado resultados de ningún tipo. Es una situación lamentable. Mi hijo fue asesinado el 7 de mayo de 2021 frente al Museo de Arte de la ciudad de Pereira, en el marco de las manifestaciones sociales por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Los perpetradores del crimen continúan impunes y la actuación lenta y negligente de la Fiscalía prolonga el profundo dolor que representa la pérdida de un hijo. Es triste y desconsolador que, en un Estado Social de Derecho, como víctima, tenga que reclamar justicia al Fiscal General de la Nación porque su entidad no ha resuelto el caso de mi hijo. El Estado Colombiano se ufana de proteger la vida y la integridad, sin embargo, continúa invisibilizando a las personas a quienes se nos han arrebatado estos derechos. Mantengo la fe y la esperanza de que algún día podré tener justicia y verdad; pero algunas veces me invade la incertidumbre, pues a pesar de contar con elementos materiales probatorios suficientes, incluyendo grabaciones de video del día de los hechos, no se ha avanzado en la investigación de una manera satisfactoria y los criminales que le quitaron la vida a mi hijo siguen en las calles sin ser capturados. Dentro del proceso de investigación se me han vulnerado los derechos al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la verdad, como se evidencia con el relato de los siguientes hechos: Han sido modificados los fiscales encargados del caso en múltiples ocasiones, lo cual ha obstaculizado la investigación. Además, dicha multiplicidad de autoridades no ha garantizado avances representativos de la fase investigativa, ni el inicio de la etapa de imputación; Solicité copia de los vídeos del asesinato de mi hijo y la Fiscalía me entrego un CD vacío; Mi representante ha solicitado en varias ocasiones la reasignación del caso a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía por la demora en la investigación y falta de claridad dentro del proceso. La primera solicitud fue resuelta por un funcionario que no tenía competencia para resolver dicha petición y la respuesta de la Fiscalía ha sido negativa. De acuerdo con lo anterior, no he contado con garantías para el esclarecimiento del asesinato de mi hijo y he sido revictimizada. Por eso le solicito su intervención, señor Fiscal, con el clamor de una madre que sólo desea justicia y verdad, para que existan verdaderos avances en el caso y se pueda esclarecer lo sucedido, que no haya impunidad y que las disposiciones constitucionales sobre los derechos a la vida y la integridad no resulten solo palabras idealistas, sino que ustedes, como órgano investigativo e independiente, como funcionarios del Estado colombiano, realmente garanticen los principios fundantes que el constituyente planteó y que la sociedad colombiana implora y necesita. Tal como lo expuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de la visita que realizó a Colombia en el año 2021, el Estado colombiano debe garantizar la protección de la libertad de expresión, la democracia, la vida y el Estado de Derecho. La Comisión reconoció los bajos niveles de confianza de las víctimas y la ciudadanía en las instituciones estatales, debido, entre otros factores, a la grave impunidad que hoy continuamos viviendo. Soy víctima de la violencia perpetrada contra los manifestantes en el paro nacional del 2021, de la estigmatización y de la intolerancia, soy víctima de las represalias que los delincuentes asumieron en contra de mi hijo por ejercer su derecho a expresarse libremente, soy víctima de la represión y el autoritarismo que ha permanecido en el tiempo en un Estado que durante años ha permitido la violencia y ha sido partícipe y cómplice. Y como yo, hay muchas madres que continúan exigiendo visibilización y reparación por parte del Estado, y que han resistido durante años, trabajando incansablemente para que las autoridades investiguen de manera contundente y comprometida los crímenes gravísimos que sucedieron en el paro nacional y que el Estado enfoque sus esfuerzos de manera imparcial, reconociendo la pérdida de tantas vidas. Confío en que su despacho tome cartas en el asunto, como si fuera usted o un familiar el que estuviera en esta misma situación. Atentamente, RUTH YOLANDA HENAO VELEZ

Por: Juan Alejandro Pérez Montañez, Asistente de Investigación; Valentina Polo, Practicante Línea Democracia y Gobernabilidad El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el proyecto de ley que cada gobierno pasa antes del año dentro del ejecutivo, este proyecto contempla las prioridades de política pública. Para el caso del gobierno del presidente Gustavo Petro, este PND, “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, hace énfasis en las transformaciones sociales dentro de los diferentes territorios. De ahí que para su elaboración se haya recurrido a un intenso diálogo nacional en el marco de los “Diálogos Regionales Vinculantes” en los distintos territorios con las comunidades y sectores que comprenden a Colombia. El pasado viernes 05 de mayo, en la madrugada, el Gobierno Nacional logró la aprobación del PND. Ambas cámaras del Congreso de la República le dieron el sí a la que será la hoja de ruta que regirá al ejecutivo en los siguientes cuatro años. Con 62 votos positivos y 21 negativos en Senado, y 129 votos positivos y 24 negativos en Cámara, el informe de conciliación fue aprobado. La discusión empezó en las comisiones económicas (terceras y cuartas) del Congreso de la República y de allí el proyecto de ley pasó hacia las plenarias de cada cámara. En el marco de su aprobación pasaron cuatro ministros, pues el debate fue iniciado por los ministros de Interior y Hacienda, Alfonso Prada y José Antonio Ocampo, y en el proceso de discusión y aprobación en plenarias de Cámara y Senado estos fueron reemplazados por Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, respectivamente. En todo el proceso, desde su formulación, debates técnicos en el Congreso y aprobación, estuvo el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González. El PND liderado por Jorge Iván González, y al final por Velasco y Bonilla, acompañados del presidente del Congreso, Roy Barreras, contempla inversiones de 1.154 billones de pesos y está compuesto por 372 artículos que modifican normas en todos los sectores de la sociedad. Para que sea ley de la República solo le falta la sanción presidencial. Puntos clave del texto aprobado Los artículos que lograron aprobarse en conciliación fueron el 100, 101 y el 102, que contemplan la estructura normativa para las Asociaciones Público Populares, una figura con la que el Estado podrá realizar convenios de forma directa con organismos de acción comunal, social o comunitaria, y grupos étnicos y culturales en contratos de hasta 6.000 salarios mínimos. Estos artículos aprobados han sido polémicos debido a que, según varios congresistas, se estaría abriendo la posibilidad a que se presenten casos de corrupción en la medida en que habrá menos garantías en los procesos de contratación y una reducción en las exigencias que hoy existen, como lo es el Registro Único de Proponentes (RUP), un requisito que se le exige a cada empresa y persona natural que quiera contratar con el Estado. Otro artículo que logró salvarse fue el 351, piedra angular de la reforma de salud. Este estipula que será la Administración de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) la que destinará de manera directa los recursos a las IPS, sin tener que pasar por las EPS. Una de las polémicas que generó este artículo fue justamente que para varios congresistas se trató de una “reforma de salud camuflada”. No obstante logró aprobarse el artículo, pero matizado bajo parágrafos que indicaban que las EPS que cumplieran un desempeño financiero adecuado no estarían sujetas a cumplir el artículo. En otras palabras, esas EPS continuarán con la intermediación financiera. Uno de los artículos aprobados pensado en Bogotá es el artículo 326, el cual le permite al presidente tener facultades extraordinarias para mejorar la infraestructura y establecer el funcionamiento del hospital San Juan de Dios, uno de los proyectos que Petro tenía en mente desde que fue alcalde de Bogotá. Así mismo, otro aspecto del PND que toca directamente a la capital es el artículo que le permite al gobierno financiar proyectos férreos aportando más del 70% con recursos de la nación. Otro de los artículos que logra sobrevivir es el 61, que permite facilitar y agilizar la compra de tierras por oferta voluntaria. Frente a este artículo, varios opositores al gobierno como la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, aseguran que esta propuesta podría llevar a la expropiación debido a que una disposición del artículo indica que “cuando un propietario de un predio no quiera vender su tierra y el Estado se la quiere comprar, se entrará a evaluar si el propietario la tiene bien explotada para asegurarse de que la pueda conservar”. Finalmente, uno de los artículos que más controversia generó es el 43, el cual permite subir los avalúos catastrales para igualarlos con los comerciales, esto, con el fin de corregir inequidades en la carga tributaria y mejorar la planificación del territorio. No obstante, según expertos en el tema, uno de los riesgos de esta propuesta es que los prediales de todos los ciudadanos van a incrementar y, por lo tanto, colombianos que antes no declaraban renta, con esta nueva normatividad ahora tendrán que hacerlo. Artículos que se hundieron Uno de los artículos que se hundieron en conciliación fue el 8, que establecía que se debían acoger las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad. Una de las sugerencias más polémicas que ofrecía la Comisión era cambiar la elección del Fiscal y limitar la extradición para frenar la impunidad. Con votos del Centro Democrático, Cambio Radical, La U y el partido Conservador se aprobó la eliminación del artículo. El artículo 218, que planteaba que “las empresas que ejerzan actividades del servicio público de energía eléctrica podrán desarrollar, de manera integrada, las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como las nuevas actividades que la Comisión de Regulación de Energía y Gas creen o asimilen”, fue debatido ampliamente, pero hundido en el Senado. Con este artículo se pretendía que Ecopetrol tuviera la capacidad de entregar energía, dado que por el momento está impedido para hacerlo, ya que es dueño de la mayoría de acciones de ISA, que es trasmisor. Además, esto le permitiría a la empresa manejar buena parte de la cadena del mercado. En Cámara se aprobó una proposición para eliminar el artículo 329 que buscaba darle facultades extraordinarias a Petro para dar desarrollo al Servicio Nacional Forestal y crear una entidad u organismo que ejerciera funciones de administración y control de los mercados de carbono. Por último, con 95 votos en contra se hundió en Cámara de Representantes el artículo 353 que pretendía crear la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales. La razón por la que se cayó este artículo es que para varios congresistas se trataba de una especie de “DAS 2.0” que podría servir para espiar o “chuzar” a la población. Sobre su trámite en el Congreso solo queda por decir que esta fue la última gran victoria de Roy Barreras como aliado del gobierno a la cabeza del legislativo. En una maratón que duró hasta la madrugada del pasado viernes, Barreras, siendo consciente del poco tiempo que quedaba para que pudiera ser aprobado, a la par que salía en medios nacionales la pérdida de sus curul por un fallo del Consejo de Estado, ni corto ni perezoso, mantuvo el Congreso funcionando hasta que el proyecto y su conciliación fueran aprobados. Barreras en un trabajo con el entrante ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, lograron la aprobación del PND con mayorías, incluyendo los votos positivos de los Conservadores para buena parte del articulado presentado, pese a que esta colectividad ya no hace parte de la coalición de gobierno. ¿Ahora qué queda? El proyecto para que se pueda empezar a implementar necesita de la firma del presidente Petro. Después de su firma queda de tarea por parte del gobierno actual, como ha pasado con los anteriores, que el PND se pueda implementar de la mejor manera y materializar sus promesas de trasformación social en el territorio. El gran reto es ese, tener capacidad de implementar la mayor cantidad de cosas posibles, ampliar la capacidad instalada del Estado y en todos los territorios generar los cambios que se prometieron en campaña. Para que este proceso se dé, se necesita generar una articulación armoniosa entre el gobierno, el DNP y su cabeza, uno de los grandes artífices del PND, Jorge Iván González.

Por: León Valencia Escenario numero 1 El presidente Petro ha visto que no es posible una concertación con las viejas élites políticas y empresariales para sacar adelante el paquete de reformas profundas que prometió en la campaña electoral y se apega a la reforma tributaria que consiguió y al plan nacional de desarrollo aprobado y se dedica a gobernar con estos dos instrumentos. Apela a las facultades presidenciales y a las posibilidades que le da la constitución del 91, sin recurrir o depender del Congreso, para adelantar cambios sociales y políticos que le den respaldo popular. En todo caso algunas reformas de menor calado pueden pasar, la de educación superior, el sometimiento a la justicia… Impulsa una nueva coalición y un gobierno de izquierdas con el Pacto Histórico, parte o la mayoría del Partido Verde y parte o la mayoría del Partido Liberal. Las movidas ministeriales que hizo apuntan a empoderar a líderes verdes y liberales que eventualmente le permitan controlar a esos partidos. Con estas alianzas trata de obtener algunos resultados en las elecciones locales para ampliar su base de apoyo en las regiones. El crecimiento económico es discreto, pero no desastroso y los cambios sociales limitados mantienen en todo caso la esperanza de grandes reformas. La movilización social no tendrá como objetivo principal a apoyar sus reformas y a mover el congreso en esa dirección, sino denunciar a las élites, mantener el ambiente de polarización, es decir, a descargar la responsabilidad de las frustraciones reformistas en los jefes de los partidos: Dilian Francisca Toro, Vargas Lleras, Cesar Gaviria, Fincho Cepeda y María Fernanda Cabal. Con base en la movilización social y en una crítica a las élites buscaría atraer al ELN a un acuerdo de paz en un tiempo razonable con el argumento de fortalecer la lucha por los cambios y golpear a las viejas élites políticas, insistiría también en un acuerdo con las disidencias de las Farc e iría desechando poco a poco la búsqueda de un acuerdo con el Clan del Golfo y las organizaciones mafiosas radicalizando su discurso y sus acciones contra esas fuerzas, sometiendo a la justicia a algunos jefes y estructuras menores. Estas estrategias implicarán también mantener unas fluidas relaciones con Estados Unidos cosa que ha venido haciendo con éxito y que tenderá a profundizarse en la medida que intensifique su lucha contra los narcotraficantes y obtenga resultados ciertos en la transición política de Venezuela. Implican también hacerle concesiones diversas a las Fuerzas Armadas, mantener unas relaciones respetuosas y cordiales con la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, buscando romper la solidaridad de las cortes con el fiscal Barbosa por el tiempo que resta del mandato de este fiscal. Un indicativo de esta línea de esta conducta es el comunicado aceptando la recriminación de la Corte Suprema de Justicia por sus declaraciones sobre el fiscal En este escenario Petro se cuidará de hablar de una Constituyente o cosa parecida, manteniéndose en los límites del andamiaje constitucional del 91. En ese camino -si logra un acuerdo de paz con el ELN y amparado en ese pacto- puede tener un segundo momento para intentar sus reformas en el Congreso o simplemente apuntala la elección de un candidato de izquierdas en el 2026 que continue con la obra reformista. Escenario número 2 Petro utiliza el cambio de gabinete, el discurso del primero de mayo y los apoyos internacionales que ha obtenido como una forma de presión sobre las elites políticas y empresariales con el fin de que cedan un poco en la reformas, mantiene abiertas las puertas de la concertación y así -mediante la negociación con los líderes de los partidos, o recurriendo a la transacción uno a uno con los parlamentarios- logra sus reformas de la salud, laboral, pensional, agraria, modificadas en puntos esenciales. Esto quiere decir que mantiene el espíritu de un Acuerdo Nacional con todas las fuerzas políticas y eventualmente recompone más adelante su gabinete para dar cabida a quienes han dado su mano para este pacto. Los medios de comunicación amainan las críticas y tienen una posición más comprensiva de las dificultades económicas y sociales propiciadas en parte por la coyuntura internacional. En ese escenario las negociaciones de paz se hacen más lentas porque las fuerzas ilegales aumentan sus demandas y condiciones para firmar acuerdos parciales o definitivos. El país entrará en un transición lenta y tranquila, en una especie de frente nacional. En este escenario las posibilidades del triunfo de un candidato de centro en las próximas elecciones aumentarán. Escenario numero 3 El desarrollo del primer escenario -de un gobierno caracterizado de izquierdas, de polarización y protagonismo del presidente Gustavo Petro- hace crecer la oposición de derechas y la confrontación política. Al tiempo, el gobierno deja ver limitaciones para ejecutar lo definido en el plan de desarrollo y no logra victorias tempranas en favor de la equidad social y la paz. En este escenario crece el fantasma de un gobierno caótico e ineficiente que es el augurio más difundido por las derechas y los medios de comunicación en la actualidad. En el Congreso de la República las bancadas de gobierno y oposición se neutralizan y el Congreso se convierte en espectador de la crisis. Por otro lado, las corrientes más radicales de la izquierda empiezan a agitar la idea de una asamblea nacional constituyente o consulta popular para relegitimar el mandato y el presidente Petro empieza a ceder a esta tentación. La movilización y la agitación social crecen y las derechas recurren también a la calle para a validar sus demandas. El apoyo internacional al gobierno empieza a declinar por los bajos resultados en materia de paz y por los aires de ruptura del hilo constitucional que se respiran. Las relaciones con las Cortes y con las Fuerzas Armadas entran en graves tensiones y los esfuerzos de reconciliación se aplazan. La derecha más radical dispara sus posibilidades de volver a la presidencia encarnada en una personalidad populista más allá de Uribe. Conclusión En todo caso el ambiente prevalente es la incertidumbre. No es posible darle una probabilidad definitiva a uno de los tres escenarios. La correlación de fuerzas no es clara. Quizás la certidumbre mayor es que la gente está por el cambio, pero no se sabe aún en que dirección. En las presidenciales los electores le votaron a dos opciones de cambio, porque Rodolfo Hernández simbolizaba también un viraje político. Petro y la izquierda ganaron legítimamente la contienda, pero el resultado fue estrecho. En este momento las encuestas no favorecen a Petro, pero en el lado de la oposición nadie descuella. Las elecciones locales serán un medidor importante del ambiente. En este momento le daría un 40% de posibilidades al escenario número 1, un 30% al 2 y otro 30% el escenario numero 3. Pero es posible, incluso, que con la marcha de los días los escenarios se vayan mezclando o surja un escenario inesperado. Cada quién tendrá su visión de este enredado, pero fascinante país.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En las últimas tres décadas Medellín se ha convertido en el laboratorio de paz urbana en Colombia. Inició su experiencia en 1994, cuando vivió la desmovilización de tres estructuras armadas, agrupadas en las Milicias Populares de Medellín (MPM). Continuó en 2003, cuando sirvió de escenario para la desmovilización, primero, del Bloque Cacique Nutibara, y luego, en 2006, del Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Y hoy, de nuevo, se propone a la capital antioqueña como el lugar para realizar una prueba piloto para la construcción de la paz urbana durante el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026). Iniciativa que comenzó a cuajar desde noviembre de 2022, cuando se aprobó la Ley 2272 o Ley de Paz Total, la cual tiene, entre sus pilares, el sometimiento a la justicia de las estructuras criminales de alto impacto en el país. Entre las razones para su elección están que en su territorialidad se concentra aproximadamente el 45% de las estructuras armadas de crimen organizado del país —allí tienen sede organizaciones ilegales tan importantes como La Oficina, Los Pachelly, Los Pesebreros, Los Mesa, La Terraza, Los Triana y Doce de Octubre—. Estructuras criminales que debido a su permanencia en el tiempo, el tamaño de sus rentas ilegales y la experiencia acumulada en negocios ilícitos tiene gran impacto en este y otros territorios, incluso, por fuera del país. Precisamente, debido a estas características —que les permite tener una visión panorámica y de largo plazo sobre el conflicto y las dañinas consecuencias en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá— es que la mayoría de los cabecillas de estas organizaciones —que están recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí, como alias Tom, Carlos Pesebre y Duglas— decidieron nombrar a unos representantes —abogados que actúan como facilitadores— y manifestarle al Gobierno Nacional, en un comunicado suscrito por las “Estructuras Armadas Ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá”, su intención de quererse acercar a la propuesta y buscar el diálogo para el sometimiento. Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, dirigida por Danilo Rueda, hasta la primera semana de mayo las manifestaciones de interés que se tienen son de 16 empresarios criminales, equivalen al 90% de todas las estructuras de la ciudad. Siendo el grupo delincuencial La Agonía —con presencia en la Comuna 13, sector San Javier— una de las últimas organizaciones criminales que se ha unido a estos acercamientos. Justo en el momento en el que se habla de estar conformándose, por parte del Gobierno, una mesa de diálogo con estas organizaciones en el Valle de Aburrá. De tener éxito estos acercamientos, en las próximas semanas se pasará a un segundo momento del diálogo, en el que representantes del Gobierno y los implicados en el sometimiento estarían reunidos en una mesa para discutir los asuntos socio-jurídicos que permitirían un acuerdo de paz. Con esta noticia se estaría ad portas de concretar un diálogo de paz urbano histórico, de grande envergadura para la ciudad, pues serían más de 12 mil las personas —agrupados en 350 bandas y 17 grandes estructuras criminales— que podrían integrarse a las economías legales y con ello reducir la violencia criminal de forma significativa. A pesar de la buena noticia, en torno a este proceso existen muchas dudas y retos. El primero se relaciona con la inseguridad jurídica que enfrenta el proceso. A la fecha se viene trabajando en la negociación con una propuesta de Ley de Sometimiento que está en debate en el Congreso de la República y que busca “la sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición, y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”. Propuesta que de no aprobarse, o cambiarse mucho, dejaría en el limbo jurídico a estos acercamientos y motivaría la desbandada o el retiro de sus cabecillas. El segundo problema se halla en el sistema de incentivos que ofrece la propuesta de ley. Esta indica un sometimiento a la justicia en la que las penas o castigos son, en buena parte, de privación de la libertad —no se les brinda ni beneficios como excarcelaciones o la eliminación de extradiciones—. El único incentivo visible es que los líderes, si cumplen con las exigencias de la Ley, pueden tener una vejez más tranquila, al lado de sus familias y disfrutando de un pequeño porcentaje de sus riquezas legalizadas. Y aquí surge la pregunta por si esta “tranquilidad” sería suficiente para quitarle al mundo delincuencial estos grandes empresarios del crimen. Tercero, es el diálogo jurídico-social que se les propone. En ellos se buscará discutir asuntos sobre incorporación de una población que hoy está en la ilegalidad. Son jóvenes, en su mayoría, que no tienen oportunidades de realizar estudios superiores o de emplearse formalmente en el mundo laboral y que encuentran en estas actividades ilegales opciones de conseguir trabajo con buenos ingresos y sin muchas exigencias técnicas. Ahora los miembros de los mandos medios y la base —que se calculan son 7 mil en armas y otros 7 mil en redes de apoyo— tendrían que entrar a competir en el mercado laboral para el que no están debidamente preparados. Finalmente, el mayor reto está para el Gobierno Nacional y el local. Si algo ha tenido la ciudad de Medellín es una disposición a pactar paces con grupos armados e iniciar programas de acompañamiento a los desarmados y firmantes de la paz. Pero estas experiencias han tenido muchos problemas, en especial, han sufrido del mal acompañamiento del Gobierno central. Tanto en el posconflicto con las milicias en los noventa como en la desmovilización paramilitar, se le ha dejado a la ciudad la mayoría de la responsabilidad. Y aunque las administraciones han intentado hacer lo mejor, el resultado ha sido ineficaz, hoy se tiene una dinámica criminal cada vez más grande. Ante esta realidad, de posibilidad de diálogo regional, hay que decir sí. La ciudad requiere iniciativas y esfuerzos que ayuden a reducir la violencia, las tasas de homicidio, las extorsiones y el desplazamiento forzado intraurbano. Hay que trabajar en arrebatarle al mundo criminal a la mayor cantidad de personas. Pero esta meta exige programas que vayan mucho más allá de la simple dejación de un arma o la firma de un acuerdo. Se requiere un consenso entre las élites económicas y la dirigencia política para incluir a una población —muchos de ellos procedentes de familias desplazadas por el conflicto armado— que no tiene oportunidades y que ven en el crimen una opción de vida. Es necesario trabajar en grandes acuerdos territoriales entre los que tiene los negocios ilícitos con el Estado —gobiernos nacional, departamental y municipal, además de la Defensoría, Personería, Fiscalía y Policía— para ofrecer programas de seguridad, educación y acompañamientos sociales y comunitarios. Pero también poner al sector privado y los dueños del capital en las ciudades para explorar opciones de incorporación de las economías ilegales a la cadena de producción y comercialización de bienes y servicios en estos espacios. Hay que elaborar un gran programa de incorporación de toda la población para que participe de las dinámicas del desarrollo económico, para que se aproveche el potencial que tiene la ciudad de Medellín, al ser la nueva capital turística del país o el nuevo Distrito de Ciencia y Tecnología. Hay que poner al servicio del territorio la imaginación y creatividad de las personas que están en ilícito desarrollando negocios como prostitución o estafas para que se trasladen al mundo lícito y —en lugar de violencia— generen valor y bienestar colectivo. Convirtiendo a esta ciudad piloto de metamorfosis de criminalidad en legalidad y que sirva a otras ciudades —como Bogotá, Cali o Barranquilla— como ejemplo para enfrentar la criminalidad organizada que también es uno de sus mayores problemas. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 01 al 07 de mayo de 2023 El martes 02 de mayo se instaló en La Habana el tercer ciclo de diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN. En este tercer ciclo las dos partes tienen en la agenda: participación de la sociedad civil en la construcción de paz, cese bilateral de fuego y hostilidades, y dinámicas humanitarias. La instalación de este tercer ciclo tuvo la presencia de la comunidad internacional que acompaña el proceso. 1. Se contó con la presencia de Bruno Rodríguez Padilla, Canciller de la República de Cuba, quien reafirmó el compromiso de la isla con la paz de Colombia y el alto precio que han pagado por ser partícipes de estos procesos en los cuales siempre han atendido las solicitudes de los gobiernos de Colombia y de las organizaciones guerrilleras, en el pasado las FARC y en el presente el ELN. Aquí se puede escuchar la intervención del Canciller de Cuba Bruno Rodríguez Padilla: 2. En la instalación del tercer ciclo, Pablo Beltrán hizo énfasis en cambios, transformaciones y justicia socioambiental. Resaltó que están plenamente comprometidos en pactar sobre el cese bilateral y la participación de la sociedad. Dijo que hay enemigos de la paz, resaltando que es necesario estar a la altura de los desafíos y no permitir que los enemigos de la paz y del cambio logren que Colombia se mantenga en "la guerra perpetua". La participación de la sociedad debe ser vinculante y las comunidades deben ser protagonistas de la construcción de un acuerdo nacional, como lo ha propuesto el ELN desde que formuló la propuesta de una Convención Nacional, escenario que el ELN no había vuelto a mencionar. 3. Por parte de la delegación del Gobierno Colombiano las palabras fueron presentadas por la senadora María José Pizarro, quien resaltó que Cuba siempre ha sido solidaria con la paz de Colombia, generosa en su compromiso con la paz. Aquí se pueden escuchar las intervenciones de Pablo Beltrán y la senadora María José Pizarro: 4. Pablo Beltrán habla sobre el cese al fuego: "nos interesa que funcione al 100%". También habla sobre la particularidad de que ahora negocian con un gobierno de izquierda: 5. El presidente Petro habló en España de un cese bilateral progresivo con el ELN: https://www.elespectador.com/politica/cese-al-fuego-territorial-y-progresivo-la-propuesta-de-petro-para-la-paz-total/ 6. Un conjunto de organizaciones sociales y del movimiento de paz enviaron una carta abierta al Gobierno Colombiano, al ELN y a otras organizaciones en el sentido de un: "cese al fuego y de hostilidades y respeto a la población civil, es el llamado de las plataformas de paz": 7. La Fundación Ideas para la Paz realizó un reporte sobre el reto de lograr un cese bilateral entre Gobierno Colombiano y el ELN, en el marco del tercer ciclo en curso en La Habana: https://multimedia.ideaspaz.org/infografias/cese-fuego-eln.html 8. En un reporte del CERAC se afirma que abril, ha sido el mes de mayor actividad militar del ELN este año: https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/abril-mes-con-mayor-numero-de-acciones-ofensivas-del-eln-en-lo-que-va-de-2023-cerac/ 9. El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, denunció la muerte de un comunero en medio de combates entre el ELN y las disidencias de las FARC. La organización llamó al respeto de la vida y de sus territorios y comunidades: 10. El ELN dejó en libertad al ciudadano sueco que estaba en su poder desde el mes de marzo. Esta gestión humanitaria fue acompañada por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica Colombiana. 11. Reflexiones de Tatiana Prada, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, sobre el tercer ciclo de conversaciones: https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/eln-participacion-mediada-por-armas/ Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista La juventud emprendedora de Florencia, Caquetá, está en plena actividad en la Feria de Emprendimientos Juveniles “Juventud Gestora de Cambio”, que comenzó ayer 04 de mayo y continua hasta hoy 05 de mayo en el Centro Comercial Gran Plaza de la ciudad. Durante esta actividad se encuentran emprendimientos de los municipios de La Montañita, El Paujil, Belén de los Andaquíes, El Doncello, Puerto Rico y San José del Fragua. El evento es organizado por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) a través de la estrategia “Juventud Gestora de Cambio” de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, los visitantes han podido disfrutar de un espacio lleno de energía y talento juvenil. Además, tienen la oportunidad de conversar con los jóvenes emprendedores de la región y conocer más sobre sus iniciativas sociales y productivas. Durante la feria se pueden encontrar una gran variedad de productos, desde chocolates de cacao hasta artesanías y accesorios innovadores, todos ellos creados por jóvenes emprendedores de la región. El propósito principal de esta iniciativa es dar a conocer los emprendimientos y posicionar algunas marcas creadas por jóvenes emprendedores. Fotos tomadas por Pares Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de Pares, explicó que esta iniciativa surgió a raíz de la falta de recursos de empleabilidad para los jóvenes de la región. Cuando se presentó la propuesta Juventud AGTIVA, que busca fomentar la gestión, transformación, incidencia y veeduría activa de los jóvenes en la región, se consideró que era necesario incluir una feria de emprendimiento juvenil, de emprendimientos sociales y de emprendimientos productivos en esta fase del proyecto. De esta manera, se busca brindar un espacio donde los jóvenes emprendedores puedan dar a conocer sus iniciativas y establecer contactos con la comunidad, el sector empresarial y los medios de comunicación. Torres también mencionó que este evento es el cierre de un proceso, ya que muchos de los jóvenes que han pasado por esta fase del proyecto también son emprendedores. Además, explicó que tienen una iniciativa llamada “la comunidad en práctica”, enfocada principalmente en los consejos municipales de juventud y en los consejeros y consejeras que fueron elegidos hace año y medio para conformar dichos consejos. También mencionó las plataformas municipales de juventud que representan a “parches” juveniles, iniciativas, clubes deportivos y otros líderes juveniles. Por lo tanto, el proyecto de educación política con los consejeros de juventud se centra en fortalecer el Sistema Nacional de Juventud (SNJ), a través de la asistencia técnica a los Consejos Municipales de Juventud (CMJ), las plataformas y una instancia llamada la Comisión de Concertación y Decisión (CCD), donde están presentes las administraciones municipales y las oficinas de los enlaces de juventud. El coordinador de Pacífico de Pares explicó que, a través de la asistencia técnica en ejercicios de fortalecimiento y capacidades, así como en estrategias de comunicación y espacios de concertación con otros actores, han logrado movilizar la agenda de juventud en seis municipios del Caquetá. Este proyecto integral está estrechamente relacionado con la feria en cuestión y su objetivo de educación política. Además, Torres destacó que Pares cuenta con una línea de trabajo enfocada en la juventud en su Oficina regional Pacífico y que han llevado a cabo varias escuelas de liderazgo juvenil, por lo que los jóvenes la han valorado positivamente su trabajo, ya que les ha beneficiado personalmente (Ver: Juventud Gestora del Cambio: entrevista a Esteban Salazar). Sebastián Bartolo, miembro de la feria de emprendimiento y del programa Danubio 2.0 de una reserva de la sociedad civil, destacó que su proyecto apuesta por el turismo sostenible en la Amazonía a través de una reserva natural ambiental y procesos sostenibles. Su proyecto busca resignificar el territorio y promover un cambio ambiental liderado por la juventud en la región. Bartolo compartió su experiencia en la feria y agradeció a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) y a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Bartolo explicó que como jóvenes, acceder a espacios publicitarios como este puede ser complicado debido a las barreras económicas y de información que enfrentan en algunos casos. Sin embargo, destacó el importante papel que Pares ha estado desempeñando al estar muy dispuesto a servir y colaborar con los jóvenes, incentivándolos a participar, capacitándolos y brindándoles herramientas para avanzar en sus actividades. Además, este joven emprendedor señaló que su fundación, la “Fundación para el Desarrollo y la Diversidad Territorial”, cuenta con un representante en el Consejo de Juventudes de Florencia. Él ha estado presente en las asambleas y en los espacios de formación realizados en Belén y otros lugares. Finalmente, Bartolo mencionó que la experiencia en el proyecto de educación política con los consejeros ha sido enriquecedora, ya que han aprendido sobre la participación juvenil, las leyes y todo lo que les rige como jóvenes en este proceso, lo que les permitirá exigir sus derechos con mayor claridad. La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha tenido como objetivo fortalecer políticamente a los jóvenes y contribuir a su construcción. Además, cabe recordar que este año, la Línea Juventud en Riesgo y Participación Juvenil de Pares ha realizado un importante ejercicio al posicionar a los jóvenes en la primera línea de discusión y en la agenda nacional. Se espera que estos proyectos permitan una mirada política, social, cultural y económica más prevalente sobre los jóvenes del país, lo que a su vez contribuirá a mejorar su posición y permitirá una renovación de los liderazgos políticos y sociales. Este propósito es clave para Pares y los frutos obtenidos hasta ahora son evidencia del compromiso de la Fundación en este sentido (Ver: Pares apunta al fortalecimiento político de los jóvenes en 2023).