Por: Luis Eduardo Celis Esta semana se dio un diálogo convocado por la Gobernación de Arauca, desde su Consejería de Paz, que se llamó Arauca le habla a Colombia. Fue un encuentro para escuchar una pluralidad de voces sobre cuatro temas centrales para este territorio: el desarrollo rural, el sufrimiento sufrido en el territorio, el medio ambiente y el petróleo; los cuatro temas en una perspectiva de propuestas para este esfuerzo de Paz Total que tiene en Arauca uno de los territorios clave. Fue un diálogo en el que concurrieron múltiples voces de una Arauca con un rico y diverso tejido comunitario e institucional. La convocatoria del diálogo decía: “Arauca anhela vivir en paz, salir de más de cuatro décadas de confrontaciones armadas, construir un orden de convivencia democrático, donde todas las vidas crezcan de manera libre y con el desarrollo de todas sus potencialidades. El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez han ofertado un gobierno de cambios y para la vida, eso queremos en Arauca: vida y cambios. Arauca tiene un rico tejido social, comunitario e institucional que estamos dispuestos a seguir trabajando para que su territorio sea potencia de vida, por eso les estamos invitando a este espacio de diálogo, presentación de temas sensibles y vitales para avanzar en una acción sostenida por la superación de los conflictos y las violencias que han permanecido en este bello territorio. El proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno Nacional y el ELN es muy importante para Arauca, al igual que el tratamiento que se le dé a las estructuras de las antiguas FARC, que han permanecido en su acción armada, ambos son procesos en los que podemos y debemos aportar. Arauca ha sido un territorio de frontera con lenta integración al resto de la nación y el estado colombiano; esta integración se ha dado en medio de conflictos y con debilidad de las instituciones oficiales. El hallazgo y explotación de petróleo ha sido el recurso básico sobre el que se ha dado esta integración; paradójicamente, esta característica, lejos de traer prosperidad a sus habitantes, se ha convertido en centro de tensiones, disputas y violencia. Hoy en día, los araucanos aspiramos a superar esta dolorosa historia con nuevas opciones de paz, a través otras formas de relacionarnos y de construir economías incluyentes”. Estuve presente en este diálogo y pude constatar la diversidad de propuestas e iniciativas en curso para avanzar en un territorio en paz, resalto dos caras de lo escuchado: un anhelo profundo por lograr superar la violencia persistente y cierta desesperanza a que sea posible un acuerdo de paz ante el enorme peso que tiene el ELN en la vida araucana. Entre ese anhelo esperanzado y ese escepticismo con fundamento hay que moverse en los próximos meses. Resalto la importante presencia del Movimiento Político de Masas del Centro Oriente Colombiano, una red de procesos sociales y comunitarios, que han expresado con claridad su compromiso con Arauca, con una vida digna, con la permanencia en el territorio y quienes se hicieron presentes en este encuentro y expresaron con claridad sus propuestas, gran oportunidad de escucha de un proceso organizativo con profundas raíces en el Sarare y en Arauca. El próximo martes 02 de mayo inicia el tercer ciclo de diálogos y negociaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN, será un ciclo decisivo en el cual hay que lograr una formidable y diversa propuesta de participación de la sociedad para la construcción de la paz y sentar unas bases sólidas para lograr el desarrollo de un cese bilateral de fuego y hostilidades que haga viable la participación de la sociedad, con garantías y en medio de un clima de distensión. Esperemos que las dos partes logren importantes acuerdos y que en el punto de participación de la sociedad tengan todas las coincidencias. Tanto Gobierno como ELN quieren la más amplia y diversa participación de la sociedad y que esa participación sea efectiva y lleve a necesarias transformaciones para los territorios y para temas de interés nacional. Arauca le habla a Colombia fue posible por el amplio apoyo que logró esta iniciativa. Con el liderazgo de la Gobernación de Arauca y Ficonpaz, se logró la concurrencia de La Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, la Redprodepaz, Redepaz, Planeta Paz, Fundación Paso Colombia, la Campaña Colombiana Contra Minas, Crudo Transparente, La Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares y la Unión Sindical Obrera, seccional Arauca. Hay que agradecer el apoyo del Instituto Catalán Internacional para la PAZ (ICIP) y al Instituto de Paz de los Estados Unidos (USIP), quienes apoyaron de manera decidida esta iniciativa. La paz con el ELN pasa por Arauca y de eso hay conciencia tanto en el Gobierno Nacional como en la diversidad de actores territoriales que están listos para la participación que se proponga desde el Gobierno y el ELN. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Nicolás León, Asistente de Investigación Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana El 28 de abril de 2021 marcó el inicio de una serie de manifestaciones masivas en protesta a las políticas económicas, sociales y de seguridad del gobierno del entonces presidente Iván Duque. Aunque las manifestaciones se dieron a partir de diversas expresiones como bloqueos de carretera, movilizaciones en las calles, conciertos, actividades artísticas, confrontación con la Fuerza Pública, entre otras; lo que caracterizó las jornadas de protesta fue la respuesta represiva, violenta y desproporcionada del Estado en contra de los manifestantes. El Paro Nacional fue el reflejo de las profundas divisiones políticas y sociales del país, así como de las desigualdades económicas y la violencia estructural que afecta a la población. Divisiones que se profundizaron por la incapacidad del Gobierno Nacional para dialogar de manera efectiva con sectores de la sociedad civil y responder a sus demandas, priorizando la fuerza del Estado como respuesta institucional y, consecuentemente, generando un escalamiento de la violencia entre manifestantes y cuerpos de seguridad. Según la Fiscalía General de la Nación, hubo 29 casos de homicidios, de los que el 58,62% han sido esclarecidos. Asimismo, se reportaron 264 casos de civiles lesionados y 791 casos de agentes de la Policía lesionados. Un caso de desaparición forzada relacionado con la protesta. 113 hechos de violencias basadas en género, de los cuales 112 casos fueron cometidos por funcionarios de la Policía y/o ESMAD contra los y las manifestantes. También se registró la apertura de 280 procesos penales en contra de miembros de la “Primera Línea” con imputaciones como terrorismo, secuestro y tentativa de homicidios; y 231 procesos disciplinarios por hechos ocurridos en el paro, de los cuales apenas 11 han tenido resultado y 120 han sido cerrados por falta de responsabilidad. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil como Temblores ONG, a través de la plataforma “GRITA”, registraron que “en el marco del Paro Nacional hubo 5.340 casos de violencia policial, 40 casos violencia homicida, 35 casos de violencia sexual, 103 casos de violencias oculares cometidos presuntamente por la Fuerza Pública y 0 fallos condenatorios al día de hoy”.  De los casos de homicidio, el 32,5% evidencian algún tipo de avance en el proceso judicial, mientras que del resto de los casos no se tiene información del proceso sancionatorio. Prevención, sanción y no repetición, ¿una deuda latente? A dos años del inicio del estallido social, las preguntas y disputas sin resolver continúan latentes. Por un lado, los mecanismos de rendición de cuentas no han sido efectivos para brindar respuestas concluyentes sobre los hechos que acontecieron en el estallido del 2019; por otro, el proceso de reparación integral a las víctimas de violaciones a DD.HH. (sobre todo víctimas de fuerzas de seguridad del Estado) no han mostrado avance. Así lo evidenció el Primer informe de seguimiento de recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado en enero de 2023. Como lo señalamos en previas publicaciones, las recomendaciones de la CIDH giraban alrededor de cuatro ejes fundamentales: i) el derecho a la protesta, ii) el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, iii) la adopción de protocolos de prevención de violencias basadas en género, iv) en torno a la figura del traslado de protección y desaparición de personas. A estas se le suman otras recomendaciones relacionadas con el uso de facultades disciplinarias, la asistencia militar y la aplicación de la jurisdicción penal militar, la afectación de derechos a terceros y bienes públicos, el corte de rutas y las misiones médicas.  Según la visita de la CIDH “de las 28 recomendaciones analizadas, 11 siguen pendientes de cumplimiento, 14 parcialmente cumplidas, y 3 han sido cumplidas de manera parcial sustantiva” (p. 25). Es prudente señalar que las recomendaciones de la CIDH se emiten en el marco de la reparación de las víctimas y la no repetición de los hechos acontecidos, es decir, proponen una serie de mecanismos de verdad y justicia que subsanen el tejido social y prevengan futuras violaciones a los DD.HH. El informe resalta la importancia de algunas medidas tomadas por fuerzas de seguridad del Estado en torno a la capacitación y profesionalización de sus agentes en temas como derechos humanos, enfoque étnico-racial y de género. En este sentido, el Plan Anual de Capacitación, así como otras actividades pedagógicas, han mostrado buenos resultados en pro de cumplir las recomendaciones de la CIDH (esta recomendación es una de las que muestra un avance “parcial sustantivo”). Del mismo modo, se reconoce la existencia de legislatura que protege el derecho a la protesta y limita el uso excesivo de la fuerza, sin embargo, no deja en claro si algunas de las acciones tomadas han sido empleadas como parte de las medidas de cumplimiento o son parte del funcionamiento habitual de la institución. Por esta razón, frente a las recomendaciones que tienen un avance “parcial”, se enfatiza que deben estar acompañadas de un conjunto de medidas adicionales que posibiliten su total implementación. Dentro de estas recomendaciones con avances “parciales” destacan: Ejecutar, en el marco de las protestas y manifestaciones los operativos de seguridad con estricto apego a los protocolos del uso legítimo de la fuerza y en cumplimiento a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad establecidos en los estándares internacionales. Acciones preventivas al acompañamiento o intervención policial en escenarios de protesta. Reforzamiento y reestructuración de proceso de formación, entrenamiento y capacitación de personas integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado. Rendición de cuentas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. El fortalecimiento institucional y adopción de medidas para atención a casos de violencias basadas en género. El cumplimiento del debido proceso a las personas que hayan sido detenidas en el marco de las protestas. Comisión especial para dar con el paradero de las personas que siguen reportadas como desaparecidas. Por su parte, las recomendaciones con avance “pendiente por cumplimiento” están compuestas por recomendaciones cuya respuesta del gobierno no está estrictamente relacionada con los propósitos estipulados o cuando el avance que se muestra es nulo. Las recomendaciones con este nivel de cumplimiento que se destacan son: Uso de medios no letales para control de orden público: protocolo estricto que prevenga y sancione su uso en grave afectación de la integridad y salud. Implementar, de manera inmediata, mecanismo para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas. Separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa, a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares. Sistematizar datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas, desaparecidas y víctimas de violencia de género como consecuencia de las protestas sociales de manera transparente, actualizada, clara, concisa y articulada con la información brindada por la sociedad civil. Reparación integral de víctimas, especialmente aquellos casos en la que agentes de seguridad del Estado incurrieron en actos de violencia sexual como mecanismo de tortura y provocaron traumas oculares con la finalidad de ejercer control sobre las personas manifestantes. Realizar una revisión legal independiente e individualizada de todas las imputaciones interpuestas a las personas arrestadas y detenidas durante las protestas. Liberar en forma inmediata a quienes hayan sido detenidos en forma arbitraria o injustificada y aún se encuentren privadas de la libertad. Bajo este panorama, si bien se reconocen algunos avances, la preocupación con respecto a las garantías del derecho a la protesta sigue estando presente. De esta manera, se evidencia que han continuado acciones que se inclinan hacia al desconocimiento de las recomendaciones: particularmente en lo relacionado con la ley 2197 de 2022 (fortalecimiento de la seguridad ciudadana) que, según la CIDH, podría ser aplicada para reprimir los actos de protesta y desincentivar la participación ciudadana (ver página 22). De esta forma, las acciones emprendidas no solo podrían ser calificadas de insuficientes, sino que también estarían generando escenarios de tensión que podrían profundizar en la ruptura de la relación entre una parte de la ciudadanía y las instituciones de orden público del Estado. Aun así, es necesario resaltar que el escenario planteado por la CIDH se da a partir de la visita hecha a Colombia en abril de 2022, es decir, en la parte final del gobierno de Duque. Por esta razón, aunque hay resultados preocupantes, no son del todo sorprendentes considerando que obedecen a las políticas de un gobierno que no se caracterizó por su voluntad de paz, estigmatizó la protesta social y se caracterizó por priorizar la salida coercitiva en escenarios de movilización social. Del mismo modo, no propició escenarios de diálogo que apaciguaran las tensiones entre grupos de la sociedad civil, y entre sociedad civil e instituciones de seguridad. Gobierno Petro, ¿la agenda de los jóvenes? La posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia despertó atisbos de esperanza en un grupo de sectores sociales históricamente excluidos. Desde la campaña presidencial, el ahora presidente lideró la agenda del cambio que hacía énfasis en la justicia social, la Paz Total, el mejoramiento de las condiciones económicas y la reforma a la Policía. Esta agenda social, aunque ambiciosa, estaba especialmente dirigida a ese sector de la sociedad más afectado por las violaciones a DD.HH. en el marco de las protestas (jóvenes entre 17 y 26 años, de barrios empobrecidos y periféricos, hijos de campesinos, indígenas y afrodescendientes. Ver página 8), en este sentido, recogía gran parte de las demandas de los manifestantes del Paro Nacional. El desafío del actual gobierno se ubica al mismo nivel de las expectativas que generó, es decir, en liderar y movilizar la agenda social y de cambio que posicionó. A grandes rasgos se traduce en materializar las exigencias y darle representación a esos jóvenes que impulsaron esa agenda. En lo inmediato, esto se traduciría en darle cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH que plantean acciones concretas que amplían las garantías de reparación y no repetición; estas acciones, además, abren la puerta para la promoción de políticas sociales, económicas y de seguridad que puedan representar las demandas y recomponer el quiebre del tejido social en el mediano y largo plazo. A casi nueve meses de posesionarse el Gobierno Nacional, no ha promovido la agenda de la forma en la que se podía esperar. Más grave aún, considerando que hay temas que por la gravedad y urgencia en la que acontecen no dan espera, como es el caso de la continuidad de hechos de violencia y brutalidad policial en contra de civiles y manifestantes y la situación de los capturados en razón del Paro Nacional. Con respecto a la primera, se ha evidenciado la necesidad de empezar un proceso de cambios profundos en instituciones como la Policía Nacional y el ESMAD. En ese sentido, el Gobierno ha tomado medidas como el cambio de toda la cúpula militar, priorizando funcionarios que no tuvieran investigaciones relacionadas con el uso excesivo de la fuerza. También se han propuesto cambios en el ESMAD que pasaría a llamarse Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública. Por su parte, desde el Congreso de la República se tiene para la agenda legislativa del segundo semestre del año la discusión sobre la ley estatutaria de movilización social (que obedece a una de las recomendaciones de la CIDH), como también sobre el proyecto de Reforma a la Policía. Así, aunque se evidencian atisbos de cambio, el ritmo ha sido lento y cortado. A algunos sectores les ha parecido un despropósito haber sacado a más de 30 generales de las FF.MM. sin tener en cuenta las lógicas de la línea de mando; adicionalmente la propuesta de transformación del ESMAD se ha constituido en aspectos sobre todo cosméticos o de forma, que estructurales o de fondo. Mientras tanto, los procesos sancionatorios en la Justicia Penal Militar parecen frenados y, aún peor, las víctimas de las violaciones a los derechos humanos “viven entre la impunidad, revictimización y ausencia de justicia”, como es el caso de los jóvenes de la comuna 20 de Cali en donde, según la CIDH, se han presentado casos de tortura, intimidación e intentos de desaparición forzada. Por parte de la situación de los capturados el panorama es todavía más preocupante. Se han denunciado diversas modalidades de presuntas violaciones al debido proceso, como capturas ilegales por personal civil de la policía o policías sin identificación, traslado a centros de detención no permitidos o sometidas a largos recorridos antes de llevarlas a centros de detención autorizados, impedimento de la comunicación con familiares, conocidos o abogados, entre otras. Además, según información recibida por la CIDH, se ha informado que muchas de las personas detenidas han debido firmar actas donde niegan irregularidades en su captura como condición para recuperar su libertad. En este sentido, la CIDH advierte sobre la posible existencia de montajes judiciales con el fin de mostrar responsables y avances en las investigaciones. Del mismo modo, la CIDH hace una advertencia sobre el manejo de datos por parte de la Fiscalía General de la Nación, declarando que la forma en la que se han sistematizado no permite hacerle un seguimiento a las investigaciones y procesos de manera individual, y tampoco es claro en cuanto a la forma en la que se clasifica la información. Según un reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Colombia, de las 228 judicializaciones en el marco de la protesta, 145 personas se encuentran con medida de aseguramiento privativa de la libertad: 113 de manera intramural y 32 en su lugar de residencia. Como respuesta a la problemática, el Decreto 2272 de 2022 creó la figura de “voceros de paz”, la cual, según el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, se utilizaría para que “personas privadas de la libertad tengan la posibilidad de salir de su reclusión porque tienen delitos menores, porque fueron capturados en medio de la protesta”. Propuesta que, además de despertar indignación y polémica, se ha caracterizado por su carácter ambiguo. Conclusiones. El gobierno Duque se caracterizó por un manejo represivo y violento de la protesta social. Esto limitó considerablemente las oportunidades de diálogo social y abrió la brecha entre diversos sectores de la sociedad, y entre la sociedad civil y las instituciones del Estado (especialmente las instituciones de seguridad). Bajo este panorama, el gobierno Duque no tuvo una voluntad de reparar el ya resquebrajado tejido social, sino que, hasta el final de su gobierno, optó por políticas que cohibían y limitaban las manifestaciones públicas. La poca voluntad de paz del gobierno no permitió que se dieran mayores avances en lo respectivo a la rendición de cuentas de los hechos ocurridos en el estallido social y la reparación a las víctimas de violaciones a los DD.HH., sobre todo las víctimas de los agentes de seguridad del Estado. Los resultados del informe de la CIDH son dicientes en la medida en que muestran el escaso cumplimiento de las recomendaciones. Más grave aún, en este escenario que coquetea con la impunidad, la falta de justicia y la revictimización, las intimidaciones, amenazas y presuntas violaciones a los DD.HH. no han dejado de acontecer. Prueba de ello son las denuncias de las organizaciones sociales de la Comuna 20 de Cali o la privación de la libertad de más de 130 manifestantes sin que se haya emitido una sola sentencia condenatoria. Mientras tanto, los oficiales y demás agentes de seguridad del Estado ejercen con tranquilidad, apenas y se preocupan por la apertura de una investigación disciplinaria caracterizada por su lentitud. Recomponer el tejido social y devolver la confianza a las instituciones de seguridad del Estado es el desafío del actual gobierno. Más aún, cuando fue elegido con una agenda del cambio que apuntaba precisamente a los sectores que más vulneraciones a los DD.HH. sufrieron en el marco del Estallido Social. Del mismo modo, el gobierno no solo se ha declarado defensor de la manifestación social, también ha sido uno de sus principales promotores desde que se posesionó, lo que debería verse reflejado en un mayor nivel de compromiso para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho. Un primer paso que demuestre voluntad de Cambio y recomponga el camino es cumplir a cabalidad las recomendaciones de la CIDH (la mayoría acciones concretas). Se requieren respuestas y acciones efectivas que no solo garanticen, sino que legitimen la protesta como parte fundamental de nuestra democracia y nos permita construir un país en el que protestar no nos cueste la vida, ni la libertad.

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Los colombianos y colombianas que hemos observado con atención, o desenfado, a los gobiernos de los últimos 40 años, sabemos que sus protagonistas representan y son responsables, mala o buenamente, de la convulsión que caracteriza a esas cuatro décadas de violencia guerrillera, violencia paramilitar y descomposición social. Cuatro décadas en las que las riendas del civismo las llevaron los jinetes de la cocaína, los capos de la marihuana, los traficantes de armas y los patrones del sicariato y, desde luego, las llevaron los políticos y los gobernantes corruptos. Una sarta de personajes que instauró una contagiosa moda de malos modales, carente de criterios éticos. De hecho, descontaron la ética de la justicia y con ella profesaron la vergonzante premisa, “el vivo vive del bobo”. Se posesionaron criterios de falacias morales bajo las cuales con una mano podían robar y asesinar, y con la otra persignarse, algo así como “mano fuerte –robar y asesinar– y corazón blando –persignarse después de hacerlo–”. Ni siquiera hay que hacer un inventario de las aberraciones de los gobernantes y de sus asesores en los años mentados, porque ahí están los informes de las organizaciones no gubernamentales (acusadas de estar politizadas), ahí están las investigaciones de los periodistas (censurados, perseguidos y hasta asesinados) y están, por supuesto, las miles de denuncias engavetadas o destruidas por las mismas instituciones de la justicia. Cuarenta años donde las cosas buenas, porque las hubo, fueron por cuenta de artistas, de deportistas y por cuenta de la gente trabajadora; los obreros y los campesinos. Colombia sería hoy una potencia cultural y económica de no ser por esa tradición de la autodenominada “gente de bien”, dada a desconocer los principios morales y dada a pasar por alto la legalidad en beneficio propio. Tal vez la mayor de las pruebas de lo aquí aseverado sea que antes del presidente Gustavo Petro, todos sus predecesores callaron acerca de cómo habían encontrado las cuentas del Estado. Ahora –bajo la administración de un gobierno de izquierda que asume lo dejado por una tira larga de presidentes de derecha– es muy fácil visualizar el trasfondo de dicha incultura política y de sus argucias delincuenciales. De ese trance histórico de personajes y hechos posesos da cuenta la entrevista Sin Rodeos: conversaciones con Fabio Echeverri Correa, realizada por la periodista Mariana Lloreda1 a quien fue uno de los protagonistas de primera mano durante ese lapso poseso; y lo fue, estrictamente, como líder del llamado “régimen” (ese círculo de poderosos que para asuntos de la política siempre tienen quien dé la cara por ellos). En efecto, Fabio Echeverri Correa no sólo participó en los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sino también lo hizo en anteriores gobiernos, de manera directa o indirecta, pero siempre, y paradójicamente, haciendo parte del llamado régimen que se mueve a puertas cerradas. No obstante, en calidad de líder empresario y político (Echeverri fue parlamentario), nunca ocultó sus intereses y a través de sus escritos periodísticos y de sus manifestaciones personales, hizo parte de la palestra pública. A Fabio Echeverri Correa se le recuerda menos por sus luchas gremiales bajo la dirección de la Andi y más por sus frases de cruda crítica, como haber dicho durante el gobierno de Santos “el país va mal, pero la economía va bien”. Sin embargo, quizás la gente y la historia lo recuerden con mayor resonancia, por su postura negativa en contra del proceso y los acuerdos de paz. Esta entrevista, de alta pericia en el manejo de su género periodístico, constituye un documento de imprescindible consulta a la hora de interpretar los hechos sociales y políticos de nuestra historia reciente; como también lo es para comprender –pues aún no se ha posicionado el cambio social puesto en marcha por el gobierno de Gustavo Petro– las dificultades de la política actual, caracterizada por la lucha entre ese pasado sombrío, que se resiste a desaparecer, y la esperanza de lo promisorio. Pese a que el protagonista de esta entrevista es el país político y sus urdimbres, su eficacia está fundada en la línea académica de la “entrevista de personalidad”. Las acotaciones puntuales sobre el eje temático pasan por el cernidor del talante humano del entrevistado. Con todo, aun cuando la entrevista esté provista de referencias a la vida personal y familiar de Fabio Echeverri Correa, no es su intención dar informaciones biográficas sobre él. De hecho, las preguntas que aluden a situaciones anecdóticas o relatos de experiencias personales parecieran estar fríamente calculadas para traslucir el carácter y talante de una sociedad inmersa en los sobresaltos propios del poder. La aguzada prudencia de la periodista Mariana Lloreda no alcanza para ocultar –lo cual es bueno– su interés en crear un diálogo de opiniones encontradas, bien por afinidad o bien por disimilitud. Guillermo Linero Montes Para Pares Bogotá, abril 27 de 2023

Por: Katerin Erazo, Periodista El comercio en Colombia se ha vuelto una actividad cada vez más riesgosa debido al aumento de la delincuencia. En este contexto, el respaldo de La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) Bogotá al gremio de comerciantes con salvoconducto ha generado polémica por su postura respecto al uso de armas de fuego. Según Fenalco en Bogotá, los comerciantes que cuentan con salvoconducto deberían tener el derecho de portar armas de fuego, como medida de defensa ante posibles robos o agresiones. Esta postura ha generado reacciones encontradas en la sociedad y ha avivado el debate sobre el uso de armas de fuego como medida de protección. Mientras algunos apoyan esta medida, otros la consideran peligrosa y creen que puede aumentar la violencia en las calles. Además, es importante tener en cuenta que el uso de armas de fuego por parte de civiles puede tener consecuencias graves e irreversibles, tanto para los propios comerciantes como para los posibles agresores. Ante la controversia generada, Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, aclaró a Pares que su entidad no está solicitando que se arme a los comerciantes, ya que, según él, esta noticia ha sido tergiversada en los titulares. En su lugar, Orrego explicó que realizaron una encuesta a los comerciantes para conocer su percepción sobre la seguridad, tanto en su lugar de trabajo como en su residencia, y les preguntaron si tenían alguna idea para mejorar la situación de seguridad en la ciudad. Según Orrego, recibieron diversas respuestas, entre las que destacan la militarización, un trabajo coordinado entre el ejército y la policía, la agilización del proceso de judicialización para evitar la liberación inmediata de los capturados, y levantar la restricción al porte de armas con salvoconducto. Orrego mencionó que muchos comerciantes han comprado legalmente un arma en Indumil, una empresa estatal encargada de la fabricación, importación y comercialización de armas, municiones y explosivos. Sin embargo, el director de Fenalco indicó que antes de considerar la medida de permitir el porte de armas a los comerciantes, se deben cumplir ciertas condiciones. Estas incluyen la realización de cursos de manejo de armas, así como exámenes psicofísicos para demostrar que son personas aptas, sin antecedentes y con una necesidad puntual de portar un arma. En una entrevista con el medio de comunicación RCN, el director de Fenalco explicó que de acuerdo con la encuesta, el 64% de los comerciantes no se siente seguro en su lugar de trabajo, mientras que el 30% ha sido víctima de robo en los últimos cuatro meses. Además, el 80% de los encuestados cree que la seguridad ha empeorado durante ese mismo período de tiempo. Según cifras de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), a nivel nacional se presentaron 17.815 hurtos a personas con arma de fuego (de 85.380) en lo corrido de 2023. Ver: (Balance anual de seguridad y convivencia ciudadana) Frente a la encuesta hecha por la entidad gremial, Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, considera que si el Gobierno ya ha realizado un estudio al respecto, debería permitir que los comerciantes porten armas legalmente. Según él, esto sería una incomodidad para los delincuentes, ya que actualmente trabajan con la certeza de que los comerciantes están desarmados. Orrego sugiere que, si una persona tiene un arma legal y cuenta con el permiso correspondiente, debería poder portarla en su establecimiento comercial. De esta manera, sería más difícil para los delincuentes entrar y cometer sus “fechorías”, lo que los haría pensar dos veces antes de hacerlo. Andrés Felipe Cardona Orozco, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales, mencionó a Pares que la responsabilidad de combatir estos fenómenos recae en la policía y en el correcto funcionamiento del sistema judicial. Aunque se ha trabajado en estas áreas, la respuesta parece insuficiente frente al creciente problema de seguridad, y la propuesta de Fenalco, según Cardona, demuestra la necesidad de considerar otras alternativas para mitigar o reducir el problema. Por tanto, Andrés Felipe Cardona resaltó que la propuesta no solo busca tranquilizar a los comerciantes, sino también al público en general. Sin embargo, él mencionó que el porte de armas debe estar sujeto a una vigilancia rigurosa en cuanto a sus condiciones de uso y la vigencia de los salvoconductos. Además, que es necesario establecer mejores canales de interacción entre los comerciantes y la policía para hacer frente al problema. Por su parte, Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares, considera que permitir el porte de armas legal para los comerciantes no sería una solución real al problema de la inseguridad en la ciudad. Morales afirma que esta propuesta es reactiva y no aborda las raíces del problema, y que recurrir a la lógica de “solucionarlo todo a punta de bala” no es una solución a largo plazo. En cambio, Morales cree que se deben explorar otros mecanismos para proteger las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana en la capital. Morales destacó que, en su opinión, la propuesta no tendría viabilidad, ya que sería inconstitucional. Según él, hay un principio constitucional que no permite que en Colombia los ciudadanos porten armas. Por lo tanto, según él, sería difícil plantear una iniciativa de este tipo y, en caso de que se presentara, se podría generar una situación problemática, porque la gente podría tomar la justicia por su cuenta, lo que podría llevar a más escenarios de violencia y pérdida de vidas. Andrés Felipe Cardona Orozco mencionó que, con relación al tema del porte y uso de armas en establecimientos comerciales, se puede observar el ejemplo más claro en Estados Unidos, donde, bajo la Segunda Enmienda, se permite el porte de armas para los ciudadanos. Sin embargo, para Cardona, el problema en Estados Unidos radica en que los requisitos para la adquisición de armas no parecen ser suficientes ni estar totalmente exigidos, sumado a la venta sin restricción de armamento de grado militar, como fusiles de asalto. Más allá de lo anterior, Cardona señaló que la posibilidad de portar un arma en Estados Unidos se ha visto como un elemento disuasorio frente al crimen. Finalmente, Isaac Morales planteó que ya existe diversas estrategias para abordar la problemática de la inseguridad. Entre ellas, destacó los frentes de seguridad en los barrios, el enfoque comunitario de la policía y el fortalecimiento de las instancias de los inspectores de policía en las zonas rurales. Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer la interlocución entre las redes de comerciantes y la policía, así como con las autoridades civiles, como la secretaría de seguridad, la secretaría de Gobierno y las alcaldías locales. En este sentido, Morales hizo énfasis en la necesidad de reforzar los mecanismos existentes para encontrar soluciones más puntuales y concretas al problema de la inseguridad.

Por: Igor Parma, Internacionalista “[Los latinoamericanos] hemos nacido con la idea común de construir democracias. Democracia, libertad, han sido hitos, conceptos comunes en todas las Américas: democracia, libertad y paz. Parte de nuestra historia tiene que ver con ese común destino, con esas raíces comunes”, esta fue una de las frases del presidente colombiano, Gustavo Petro, en su intervención en la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela. En la conferencia convocada por Petro participaron veinte países de tres continentes. Mientras Europa estuvo presente a través de sus grandes potencias regionales (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido), las potencias regionales americanas también participaron de la conferencia con delegaciones de Brasil, Chile, Estados Unidos y México, además de Colombia. A pesar de no contar con una delegación venezolana, se comunicarán “al presidente Nicolas Maduro, a partidos y sectores de oposición y de la sociedad civil, los resultados de la misma para su evaluación y comentarios”, según la declaración final oficial presentada por el canciller colombiano Álvaro Leyva. Esta Conferencia trajo una nueva perspectiva para la situación política venezolana. “Un primer acercamiento por parte de los países que tienen alguna intencionalidad de que se resuelvan estas situaciones planteadas por parte del canciller colombiano dentro de Venezuela: las sanciones y el proceso de democratización”, dijo Esteban Salazar, coordinador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) en entrevista a France 24. Las mismas delegaciones se reunirán en una segunda oportunidad para continuar las discusiones sobre la compleja situación que generó, en América Latina, el éxodo de cinco millones y medio de refugiados venezolanos, de un total de siete millones de migrantes a nivel mundial, según Salazar. Más allá de los efectos que esta Conferencia pueda presentar en Venezuela –que dependen de múltiples factores y cooperación internacional–, la asistencia de grandes potencias regionales reveló el reconocimiento del protagonismo regional colombiano. Es cierto decir que no sería un protagonismo desinteresado, ya que Colombia es el país que más recibió refugiados –alrededor de 1,8 millones– y que, el pasado viernes (21 de abril), el presidente Petro anunció una alianza militar con Venezuela para enfrentar al ELN. La existencia de esos intereses no es, sin embargo, un prejuicio con relación a su protagonismo regional, sino un anclaje de la representación regional colombiana. El reconocimiento de un protagonismo regional colombiano revela un complicado cálculo de las potencias internacionales en América Latina. En el contexto geopolítico mundial, las piezas latinoamericanas se mueven a gran velocidad, con posicionamientos dinámicos frente al ajedrez de las grandes potencias. El tópico de proyección geopolítica es la disputa entre EE. UU. y Europa en contra de China y Rusia. Este escenario actual es uno de los grandes “partidos” entre los estadounidenses y chinos. Las dos mayores potencias del Sistema Internacional siguen en disputa ya hace mucho por consolidar su influencia mundial. Entretanto, recientemente, el gobierno chino adoptó un cambio en su política externa. Tradicionalmente, la proyección geopolítica china se concentraba en una estrategia de proximidad, con su presencia sintiéndose más fuerte en sus vecindades, como en el Atlántico Sur. El cambio significativo fue que el gobierno de Xi-Jinping empezó a pulsar sus esfuerzos diplomáticos más allá de esas zonas tradicionalmente establecidas. El episodio más emblemático de este esfuerzo fue la reanudación de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita –tradicional, aunque polémico, aliado de los Estados Unidos en el Medio Oriente– e Irán –emblemático opositor a los EE.UU. en la misma región–. Esta reanudación de relaciones hecha entre dos de las principales potencias en la región fue un golpe a la fuerza estadunidense en el Medio Oriente, acompañado por la jugada china de negociar con Riad un acercamiento a Rusia y la disponibilidad de negociar en otras divisas que no sean dólares, debilitando el uso de la moneda estadunidense en el mercado internacional. Uno de los movimientos de Beijing más recientes fue fruto de una aspiración brasileña en la visita oficial del presidente Lula da Silva a China. El presidente brasilero ya había sido fuente de polémicas cuando emitió dos declaraciones sobre la guerra en Ucrania, lo que puso bajo sospecha la proyección brasileña internacional. El año pasado, Lula dijo que Wolodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, es “tan responsable cuanto Putin” y que “él [Zelensky] quiso la guerra. Si no lo fuera, tendría negociado un poco más”. Ya este año reafirmó su opinión, diciendo que “sigo creyendo que, cuando uno no quiere, dos no pelean” y luego que Zelensky es “tan culpable cuanto Putin”. Lula señala un movimiento geopolítico brasileño que busca un rol mediador en el conflicto de Rusia contra Ucrania al hacer un contrapeso al alineamiento del bloque occidental, encabezado por Estados Unidos y la Unión Europea. Todavía no es claro si el nuevo posicionamiento brasileño en oposición a este bloque sería en alianza a China –por sus inversiones en el mercado brasileño– o si Lula estaría aprovechándose de una tradición diplomática brasileña de posicionarse como mediadores de conflictos internacionales. Las declaraciones de Lula de hecho hacen referencia a esta segunda posibilidad, pues dijo en su viaje a Abu Dabi que “la construcción de la guerra fue más fácil de lo que será su salida, puesto que la decisión por la guerra se tomó por dos países. Ahora, lo que intentamos construir es un grupo de países que no se involucre con la guerra, que no la quiere, que desea construir la paz en el mundo, para que podamos hablar al tiempo con Rusia y Ucrania.”. La ausencia de claridad de si esta configuración de un nuevo grupo de mediadores contaría con China es una de las principales sospechas en contra este discurso de Lula. La segunda sospecha que vacía la proyección geopolítica brasileña está en la finalidad actual de una revitalización de los BRICS –grupo de potencias emergentes compuesto por Brasil, Rusia, India, China y África del Sur–.Inicialmente, el grupo era una denominación más [así como los Tigres Asiáticos] de las economías emergentes. En los años dos mil, el grupo se convirtió en una plataforma de cooperación intergubernamental con sus cumbres y, eventualmente, con la formulación e implementación de su propio banco, el banco de los BRICS, actualmente con presidencia brasileña. Hay un proyecto de revitalización y expansión de este bloque que, en la actual coyuntura, fortalecería, o a lo menos oficializaría, el apoyo a una Rusia en guerra y plena oposición al bloque europeo-occidental. Que Brasil apoye ahora este proyecto es un impulso más que arroja una sombra de incertidumbre sobre la imagen brasileña en las relaciones internacionales. En este enredo de Brasil y China se abre una ventana de oportunidad para Colombia, algo que solo se puede aprovechar con el uso hábil del tiempo y con un manejo propio y conciso de la política externa y posicionamiento colombiano. Gustavo Petro y el Canciller Leyva pueden aprovecharse de este vacío generado por un posicionamiento polémico brasileño que, aunque pueda ser una estrategia de negociación, generó en este primer momento un vacío geopolítico. Presentando a Colombia como una alternativa más segura de mediación y cooperación para el bloque occidental de EE.UU. y la Unión Europea, el gobierno Petro puede lograr una proyección de liderazgo internacional que pondría Colombia como una de las potencias regionales más fuertes de América Latina frente al occidente.

Por: Katerin Erazo, Periodista El presidente, Gustavo Petro hizo pública este miércoles una importante reestructuración de su equipo ministerial, en la que se verán afectados siete altos cargos, entre ellos los responsables de las carteras de Hacienda, Interior, Salud y Agricultura. Con esta medida, Petro busca impulsar un nuevo rumbo en la gestión gubernamental y enfrentar los retos que el país tiene por delante. El anuncio se dio luego de que al mediodía de este miércoles, 26 de abril, comenzara el consejo extraordinario de ministros tras la solicitud de renuncia del presidente Petro a todo su gabinete. Los ministros que dejarán sus cargos son: José Antonio Ocampo, quien lideraba el Ministerio de Hacienda; Cecilia López, quien estaba a cargo del Ministerio de Agricultura; Alfonso Prada, quien dirigía el Ministerio del Interior; Carolina Corcho, quien era la ministra de Salud; Arturo Luna, el ministro de Ciencia; Sandra Urrutia, quien estaba al frente del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y Guillermo Reyes, quien dirigía el Ministerio de Transporte. En un comunicado hecho por el primer mandatario, anunció la incorporación de siete nuevos ministros y el cambio de director para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El nuevo gabinete estará encabezado por Ricardo Bonilla como ministro de Hacienda, Jhenifer Mojica como ministra de Agricultura, Luis Fernando Velasco como ministro del Interior, Guillermo Alfonso Jaramillo como ministro de Salud, Yesenia Olaya como ministra de Ciencia, Mauricio Lizcano como ministro de TIC, William Camargo como ministro de Transporte y Carlos Ramón González como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Al finalizar este comunicado, Petro agradeció el compromiso y trabajo cumplido de los ministros y ministras salientes y destacó que su apuesta por el diálogo y el pacto ha sido rechazada por algunas dirigencias políticas tradicionales y del establecimiento, pero que seguirán adelante con su programa y su vocación de grandes acuerdos nacionales. Según Esteban Salazar, coordinador de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), “el presidente escogió el camino de sacar a los conservadores y los de la U del ejecutivo, mientras mantiene a los liberales, esperando seguramente a que haya una escisión de este partido”. El día de ayer, 25 de abril, el presidente había anunciado un “replanteamiento del Gobierno”. Asimismo, declaró que Colombia necesitaba con urgencia “un gobierno de emergencia” para afrontar la situación actual del país. En un evento público celebrado recientemente, Petro reiteró su postura y dio por terminada la coalición de Gobierno que incluía a los partidos tradicionales. La situación se pone tensa debido al tropiezo sufrido por la sesión del debate de la controvertida reforma de la salud en la Cámara de Representantes, donde no se alcanzó el quorum necesario. Aún quedan debates pendientes en la Cámara de Representantes para que esta reforma sea aprobada, pues falta el primer debate en Comisión Séptima. Cabe destacar que Petro tenía una coalición de gobierno en el Congreso que aprobó su reforma tributaria el año pasado. Sin embargo, se esperaba que la colación lo apoyara también en sus proyectos actuales, como la reforma de salud y las reformas laboral y pensional, pero los partidos Liberal, de La U y Conservador emitieron comunicados en Twitter en los que dejaron claro que no votarían por la reforma a la salud propuesta por el Gobierno. Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, señaló que la situación en torno a la reforma es incierta y habrá que esperar para conocer su desenlace. Según Pérez, los liberales sostendrán una reunión el próximo lunes para decidir si seguir adelante o no con esta iniciativa. Asimismo destacó que las reformas, especialmente la de salud, quedarán en una especie de limbo debido a los cambios en la cartera ministerial encargada del trámite y negociación, tras la salida de la ministra de salud y el ministro del interior. Finalmente, Daniela Garzón, investigadora nacional de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, interpretó el anuncio de Petro como una señal de autoridad, en la que él se proclama como el presidente y que no está dispuesto a negociar su agenda de cambio. Además, Garzón destacó que Petro busca formar un gabinete que esté más alineado con su visión y la realidad que él experimentó durante su mandato como alcalde de Bogotá. Según ella, Petro está buscando un equipo que no represente un obstáculo para llevar a cabo las ideas que tiene en su agenda. Además, con la reciente salida de algunos ministros y ministras del gabinete, Daniela Garzón expresó su sorpresa, ya que consideraba que algunos de ellos, como Ocampo o Cecilia López, habían realizado un buen trabajo y poseían una amplia experiencia que les permitía ser autoridad en el consejo de ministros. Garzón mencionó que todavía quedan dos funcionarios destacados en el gabinete, Jorge Iván González del DNP, quien está liderando la agenda para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, e Iván Velásquez, quien en “todo caso se ha pegado bien a la idea que tiene Petro de la seguridad humana”. Por otro lado, la investigadora nacional señaló que entran ministros de bajo perfil, que son un poco más “desconocidos” pero que están más cercanos a la agenda del Gobierno. Estos son los perfiles de los nuevos ministros del Gobierno de Petro Ricardo Bonilla: es el nuevo ministro de Hacienda y anteriormente se desempeñó como director de Findeter. Es economista y ha sido docente en varias universidades. Además, fue secretario de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá y ha asesorado al presidente en diferentes temas económicos. Luis Fernando Velasco: el nuevo ministro del Interior, actualmente es consejero Presidencial para las Regiones y director encargado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Es abogado y tiene una maestría en Gobierno y Administración Pública. Fue representante a la Cámara y senador, y ejerció como presidente de esta última corporación en la legislatura 2015-2016. Jhenifer Mojica Flórez: es la nueva ministra de Agricultura y anteriormente se desempeñó como directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras. Es abogada y ha especializado su trabajo en la protección de los derechos humanos. Fue subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas y ha hecho parte de diversos procesos relacionados con la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. William Camargo Triana: es el nuevo ministro de Transporte y actualmente es el director de la Agencia Nacional de Infraestructura. Es ingeniero y tiene una maestría en Planeación Urbana. Además, está cursando un doctorado en Dirección de Proyectos. Tiene experiencia en proyectos de movilidad sostenible, planificación de proyectos viales, rurales, urbanos y regionales, ordenamiento territorial, planeación urbana y regional, tránsito, transporte, movilidad y sistemas inteligentes de transporte. Mauricio Lizcano: es el nuevo ministro de las TIC y actualmente es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Es abogado y tiene una especialización en Gerencia, Gobierno y Asuntos Públicos. Fue representante a la Cámara y senador de la República. Además, ha ocupado varios cargos públicos, como el de secretario general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Guillermo Alfonso Jaramillo: es el nuevo ministro de Salud y anteriormente fue secretario de Salud de la Alcaldía de Bogotá. Es médico cirujano y tiene estudios en cirugía cardiovascular y cardio pediátrica. Además, ha sido representante a la Cámara, senador de la República y gobernador del Tolima. Yesenia Olaya Requene: es la nueva ministra de Ciencia, es oriunda de Tumaco, Nariño, y tiene un doctorado en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido coordinadora académica del Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos del Afro-Latin American Research Institute de Harvard University, y cuenta con amplia experiencia en investigación en los campos de estudios afrolatinoamericanos y educación inclusiva. Carlos Ramón González: nuevo director del Dapre, es abogado, politólogo y especialista en medioambiente. Ha tenido una destacada trayectoria política en diferentes cargos públicos, como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, representante a la Cámara, concejal de Bucaramanga y director de partidos políticos como Alianza Democrática M-19 y Partido Verde.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Nacido en Popayán (Cauca), Luis Fernando Velasco es el actual Consejero Presidencial para las Regiones y director encargado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Es abogado de la Universidad del Cauca y tiene una maestría en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Fue representante a la Cámara entre 1998 y 2006 y, luego, senador entre 2006 y 2022. Ejerció como presidente de esta corporación en la legislatura 2015-2016.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Jhenifer Mojica Flórez es la actual directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, acompañando la gestión de Giovani Yule Zape. Es abogada y ha especializado su trabajo en la protección de los derechos humanos. Fue subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y ha hecho parte, como abogada, de diversos procesos con la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Ricardo Bonilla es el actual director de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter). Es economista con estudios en la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con diploma de estudios avanzados de la Universidad de Rennes, en Francia. Ha sido docente de las universidades Javeriana y Nacional, y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (ACCE). Bonilla fue secretario de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá entre enero de 2002 y abril de 2015, y ha asesorado al presidente de la República, Gustavo Petro, en diferentes temas económicos, como las pensiones.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Carlos Ramón González es abogado, politólogo y especialista en medioambiente. Durante su trayectoria política ha hecho parte de diferentes procesos destacados de la vida nacional, como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991; representante a la Cámara entre 1991 y 1994; concejal de Bucaramanga, entre 1995 y 1998; director del partido Alianza Democrática M-19 entre 2002 y 2005; y director del Partido Verde, entre 2005 y 2009.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Camargo es el actual director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Es ingeniero de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especializado en transporte en la Universidad Nacional, y tiene una maestría en Planeación Urbana de la Universidad Javeriana. Actualmente cursa un doctorado en Dirección de Proyectos con la Universidad Benito Juárez. Camargo cuenta una amplia experiencia en proyectos de movilidad sostenible, en planificación de proyectos viales, rurales, urbanos y regionales; en formulación, diseño, seguimiento e implementación de proyectos relacionados con ordenamiento territorial, planeación urbana y regional, tránsito, transporte, movilidad y Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT).

Por: Mónica Castillo Díaz, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad Este contenido también fue publicado en Las 2 Orillas El domingo 23 de abril se llevaron a cabo las elecciones a nivel de nacional de los precandidatos de la Colombia Humana –partido que hace parte de la coalición del Pacto Histórico– a las gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, concejos y juntas administradoras locales. 26 mil militantes en 536 municipios participaron de la consulta interna que definió a los representantes de la Colombia Humana que harán parte de la consulta para elegir a los candidatos de la coalición del Pacto Histórico, prevista para el 04 de junio. En varias regiones del país se vieron resultados sorpresivos, como fue el caso del precandidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Rubén Fernando Morales Rey, reconocido, entre otras cosas, por haberse desempeñado como segundo juez laboral del circuito de Bucaramanga y quien falló el 09 de junio de 2022 en un proceso en contra de Rodolfo Hernández, quien cobró protagonismo en el panorama político nacional tras su candidatura a la presidencia en 2022, apoyado por varios sectores de la derecha. La demanda laboral, radicada en 2017 por un exempleado de su empresa familiar Hernández Gómez Constructora S.A. –HG Constructora S.A.–, fue un punto de quiebre en la carrera jurídica de Morales, quien presentó su renuncia como juez del Palacio de Justicia de Bucaramanga en octubre de 2022, luego de denunciar persecución judicial y política en medio de la campaña presidencial de Hernández, antes de proferir el fallo. El ahora precandidato Morales denunció al abogado Eduardo Pilonieta –defensor de Hernández– de ofrecerle presuntamente un soborno por mil millones de pesos, según varios medios, solicitándole aplazar la audiencia que se llevaría en contra del excandidato presidencial y que lo obligaría a pagar una multa por 170 millones de pesos. Días antes de conseguir su pensión, y tras negarse a recibir dicha suma de dinero, Morales manifestó en varios medios que estaba recibiendo amenazas de muerte y persecución, por lo que asegura que le abrieron 14 procesos disciplinarios y recibió diversas amenazas anónimas de muerte. Así las cosas, en medio de una protesta inusual, el abogado renunció a su cargo disfrazado de cardenal de la inquisición, con una campana y haciendo un exorcismo a la rama judicial. ¿Quién es Rubén Morales? El abogado santandereano se desempeñó como juez del Palacio de Justicia de Bucaramanga durante más de 30 años. Actualmente ejerce como docente universitario en la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Cooperativa y como decano de la Facultad de Derecho de la Uniciencia de Bucaramanga. Frente a su labor como juez laboral poco se sabe; sin embargo, en las múltiples entrevistas que dio en medio del escándalo por el soborno, se asume como un hombre entregado a la justicia, en varias ocasiones manifestó que “su vida se acabó por ese proceso” y que es “un perseguido político por obrar correctamente”. Su renuncia no surgió únicamente por las presiones de las amenazas, sino que, según él, para poder denunciar libremente casos de corrupción por parte de funcionarios. El exjuez candidato Hasta el pasado 23 de abril no se sabía de sus aspiraciones a la Alcaldía de Bucaramanga ni de su militancia en la Colombia Humana, posterior a su renuncia como juez. Como se conocía desde las investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación, el único candidato fuerte para participar en la competencia por la Alcaldía de Bucaramanga era Carlos Sotomonte, con el apoyo de la alcaldía de Juan Carlos Cárdenas. De los resultados oficiales de la consulta interna de la Colombia Humana, Morales consiguió poco menos de la mitad de los votos, de los 272 totales obtuvo 124, enfrentándose a Andrés Álvarez Suarez (70), Elmer Rojas Sánchez (20), Nelson Fonseca Patarroyo (11), Álvaro Román Álvarez Claros (5) y Jaime De Jesús Barreto Barrios (5). Lo anterior supone que Morales ha conseguido diferencias de voto significativas con relación a los demás aspirantes, a pesar de que no se trata de un número de votos significativo. No obstante, habrá que ver cuál será su apuesta en su primer ejercicio político, que según su cuenta de Twitter gira alrededor de su trayectoria jurídica: “Llegó el juez”. Esto podría ser un punto a favor en la medida del aumento de las quejas de la población en general frente a la efectividad del sistema judicial, aunque su fuerza política no se muestre hasta ahora determinante. ¿Cuáles son sus probabilidades? Ahora bien, la elección de Morales como representante de la Colombia Humana, en un contexto conservador como el santandereano envía un mensaje sobre lo que sería la posible alianza entre el partido y Rodolfo Hernández. Esto resulta clave en la medida en que, pese a que la militancia de la Colombia Humana en Santander es baja –la cantidad de votos da cuenta de esto–, fueron ellos quienes realizaron fuerte oposición a la candidatura de Hernández a la Presidencia, a pesar de que el departamento sea su bastión político, pues solo en las elecciones presidenciales de primera vuelta Hernández recibió allí 784.054 de los 1’176.605 votos del departamento; mientras que para Petro fueron apenas 244.837. ¿Y la alianza Rodolfo y Pacto Histórico? Durante las elecciones presidenciales de 2022 Gustavo Petro y Rodolfo Hernández fueron férreos opositores, situación que se intensificó cuando Hernández logró entrar a disputar la presidencia en la segunda vuelta. No obstante, en la medida tomada por Petro de establecer vínculos estratégicos con los políticos más influyentes del país, realizó acercamientos con Hernández, que llevaron a suponer una posible alianza, neurálgica en el departamento, dada la popularidad del santandereano, no solo entre la derecha del país, sino con diversos sectores, teniendo en cuenta que Hernández alcanzó incluso mayor votación que la que llevó a Iván Duque a la Presidencia de la República. Lo anterior ha generado varias incógnitas alrededor de la posible alianza entre algunos integrantes del Pacto Histórico, incluyendo los acercamientos del presidente Gustavo Petro, y Rodolfo Hernández, teniendo en cuenta que, según comentarios del mismo excandidato presidencial en conversaciones con otros lideres políticos de la región, él sería el candidato que apoyaría la Presidencia a la Gobernación de Santander. Esto supone varios puntos importantes como, por ejemplo, la afirmación de que el presidente apoyaría esta candidatura, que pareciera ser una mera estrategia discursiva, dadas las limitaciones del presidente Petro y la imposibilidad de generar apoyos en campañas políticas. Ahora viene la cuestión de si los avales de la Colombia Humana se orientarán hacia intereses propios del partido y no a propósito de los compromisos estratégicos que tienen previamente establecidos. En ese caso, si la elección de Morales trasciende en la consulta del Pacto Histórico, esto dejaría dos escenarios posibles: uno en el que, de ser sólida la alianza entre esta coalición y Rodolfo Hernández, este último se vea en la obligación de apoyar a quien lo denunció en plena campaña; u otro en el que simplemente el Pacto y la Liga Gobernantes Anticorrupción tomen caminos opuestos. De suceder esto último muy seguramente va a dar paso a efectos contraproducentes en la misión del Pacto Histórico de establecer su representatividad a nivel regional y local en las elecciones de este año, teniendo en cuenta el favoritismo en este departamento hacia Rodolfo Hernández y la escaza consolidación del Pacto Histórico en la región.