Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Es el actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Es abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Gerencia, Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia en asociación con la Universidad de Columbia. Fue representante a la Cámara en el periodo 2006-2010 y senador de la República entre 2010 y 2018. Entre su experiencia profesional se cuentan cargos como secretario general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre 2004 y 2005; asesor de despacho del Ministerio de Comunicaciones, en 2003; consultor PNUD en el Ministerio del Interior y de Justicia, en 2003; y secretario de Tránsito de Manizales, en 2002; entre otros.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Tiene un doctorado en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha desempeñado como coordinadora académica del Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos del Afro-Latin American Research Institute de Harvard University. Es oriunda de Tumaco, Nariño, tiene amplia experiencia como investigadora en el campo de los estudios afrolatinoamericanos y de educación inclusiva, entre otros. Actual viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento de Minciencias.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Es médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario con estudios profesionales en cirugía cardiovascular en The Swedish Boardo of Health and Wellfare (Suecia) y cirugía cardiopediátrica, en el Hospital Universitario de Uppsala (Suecia). Fue secretario de Salud de la Alcaldía de Bogotá durante el periodo de Gustavo Petro. En esa misma administración fue secretario distrital entre 2013 y 2014. En su trayectoria política, Jaramillo fue representante a la Cámara (1982-1986), senador de la República (2001-2004 y 2009-2010) y fungió como gobernador del Tolima, nombrado por el presidente Virgilio Barco Vargas.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En Colombia, como ocurre en la inmensa mayoría de países del globo, prima la economía popular. Esta es una forma de organización económica del trabajo autónomo, caracterizada por la independencia laboral, en la que las personas deciden sobrevivir con su propio trabajo y producir para el autoconsumo, el intercambio o la venta de bienes y servicios. En nuestra realidad, este tipo de economía pulula por doquier. Son aquellos pequeños negocios manejados, generalmente, por una persona o dos de un mismo grupo familiar o comunitarios. Son pequeños emprendimientos dedicadas a asuntos mercantiles —como producción, distribución y comercialización de bienes y servicios— y no mercantiles —actividades domésticas o comunitarias—. Como ejemplo de esto tenemos en las grandes ciudades las personas que se dedican a manejar un taxi o un Uber, a recorrer las calles como vendedores ambulantes o por catálogo, a elaborar productos de panadería o confeccionar ropa. También los hay por millones en el campo: dedicados a cultivar mandarinas, a criar gallinas, a levantar ganado o a producir café. En total, según la última Encuesta de Micronegocios (EMICRON) del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) —donde se registra la información sobre emprendimiento e informalidad— al nivel nacional se tenían, para el cuarto trimestre del año pasado, 5,3 millones de micronegocios —que ocupan entre una y nueve personas—. Un rasgo importante de los micronegocios es que el propietario del negocio también trabaja en él con el fin de sostener el proyecto productivo y darle a su núcleo familiar, comunitario o asociativo, una vida digna. Lo que significa que estos trabajares(as) independientes son propietarios(as) y controlan las actividades para las que trabajan. Otros rasgos importantes de la economía popular es que se distancian de la gran empresa, en la medida en que no basan la producción en la explotación laboral, no buscan la producción en masa —pues no tienen capacidad para ello— y no es posible la acumulación de capital, pues los ingresos que recibe el negocio generalmente solo da para la sobrevivencia de las personas que están vinculadas a la unidad económica. Este es el mundo real y concreto en el que viven la mayoría de colombianos y colombianas. Una economía popular que sirve para mantener y sostener alrededor del 80% de las familias en Colombia, que ocupa a más de 21 millones de personas —de los 24.9 millones que están económicamente activos en el país— y genera alrededor de 55 billones de pesos en la producción nacional —según datos para 2021—. Estas cifras y otras han sido las que motivaron al gobierno para que, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, incorpora en el artículo 58 el apoyo a la economía popular. La idea presentada allí es ofrecer a los pequeños emprendimientos, en especial los del campo, créditos que les permita salir de una necesidad financiera —como ajustar los recursos para comprar insumos o tener algo para comer mientras pueden vender sus productos—. Es un fondo de financiamiento de 6 billones de pesos para la economía popular que se llamará Open Finance. Recursos que se destinarán inicialmente a los pequeños agricultores o campesinos, pero que buscarán extenderse. La idea es proponer un modelo financiero para que puedan acudir a él los 21 millones de micronegocios que hay en el país. Esta es una idea que ha sido probada hace ya varias décadas en otras regiones del mundo. Fue popularizada y defendida con éxito por Muhammad Yunus, el fundador del Grameen Bank o Banco de los Pobres, quien difundió un modelo de microcréditos a los pequeños emprendedores con la finalidad de luchar contra la pobreza. Este es un modelo que resultó tremendamente eficiente, debido a que las personas que se endeudan demostraron ser muy buenos pagadores. Para ellos los microcréditos que les ofrecería el gobierno o las organizaciones que los apoyan son una muy buena opción, si lo comparan con los paga diarios que les exigían el sector informal e ilegal. La idea en el Plan Nacional de Desarrollo es generar una política pública de alto impacto económico y social. Una que sea capaz, por un lado, de apoyar el empleo y el desarrollo de la economía, pues recordemos que los micronegocios emplean en Colombia más del 80% de la fuerza laboral, tanto formal como informal. Y, por el otro, reducir la pobreza. En el país la población que trabaja por cuenta propia, los independientes y los autoempleados son los que más problemas tienen para conseguir todo aquello necesario para la vida. Lo que busca el programa de préstamos es apoyar la capacidad de estos emprendimientos para generar ingresos y sobrevivir. También es una idea que pretende ofrecer opciones de ingreso al sistema financiero para quien no las tiene. En nuestra economía buena parte de los micronegocios tienen cerrada las puertas en el sistema financiero; solo el 30% de los 5,3 millones de microempresarios accedieron a la financiación formal luego de solicitar crédito. Finalmente, es una estrategia del Estado para luchar contra las organizaciones criminales. Una parte de las rentas ilícitas en el país procede de los cobros de interés que se le hace a los pequeños comerciantes por los préstamos 'gota gota'. La idea es que los necesitados ciudadanos acudan al apoyo institucional para prestar los 200 o 300 mil pesos y no a las mafias que cobran excesivos intereses. En conclusión, el Gobierno, mediante el apoyo financiero a la economía popular, le está enviando señales a la población —aquella que se le consultó y se involucró en los espacios consultivos— de que sus voces y propuestas fueron escuchadas y tenidas en cuenta en la elaboración de este plan de desarrollo. Que el Gobierno tiene entre sus prioridades crear un sistema de acceso a crédito para los excluidos. A trabajar en cambiar el sistema financiero actual para que incluya a aquella población no bancarizada. Una población olvidada, marginada y muy necesitada que requiere que se cumpla la palabra de democratizar el sistema económico para asegurar la sostenibilidad económica, alimentaria y ciudadana. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo Recorrer las regiones de nuestro departamento es la clave para identificar las necesidades, conocerlas, hablarlas con las comunidades y pensarse con ellas las alternativas. Pero no me refiero solo a las necesidades básicas insatisfechas que alimentan el cuerpo; otras, a veces más importantes, son las del alma. Y es por ahí que quiero iniciar, expresando que el aspecto que se debe recuperar es la confianza. Pasamos del valor de la palabra a enriquecer a los notarios, y aún así mucha gente trampea. Se han firmado acuerdos entre la institucionalidad y las comunidades, pero al irse el funcionario pareciera que se llevara el compromiso, algo así como que lo consensuado no fuera responsabilidad del Estado a través de su gobierno. Es necesario recuperar la vocación de servicio, entenderse el funcionario público, empleado o cualquiera otra categoría en la que se encuentre, como servidor, acompañante, puente entre la necesidad y la solución. Se precisa apostar a que lo esencial de la sociedad sea administrado por lo público, entre ellos los servicios básicos para la vida humana, mínimo vital para los sectores marginales de la comunidad que debe ser asegurado por el Estadp. Ello sin desconocer que estamos en un estado social de derecho que debe garantizar la existencia de la propiedad privada, la competitividad de quienes, con todo derecho, buscan la plusvalía como finalidad. En ese contexto, compete a la institucionalidad, con una concepción humanista, propender por la redistribución de la ganancia y su reinversión social en la prestación de los servicios públicos. Hay que pasar del discurso sobre la corrupción a enfrentarla, y todos sabemos que este cáncer no está en la etapa de la ejecución, se incuba en la elaboración de pre y pliegos de condiciones. Algunos asuntos urgentes en el Cauca: la vía al mar; la carretera Santa Rosa - Descanse - San Juan de Villalobos; el mantenimiento de toda la malla carreteable del departamento; el saneamiento básico en nuestro Pacífico Medio; el cuidado de nuestro Macizo; el turismo en nuestro Oriente; los acuerdos interétnicos e interculturales; los pactos sobre el uso y tenencia de tierras en el norte; y alternativas de sistemas productivos; en fin, todo esto es lo que entendemos en el Cauca como la Paz Total. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista El 24 de abril se llevó a cabo la instalación oficial del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) temporal del cese el fuego entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC (EMC-FARC). El mecanismo se estableció con el fin de garantizar la implementación y el cumplimiento de las medidas acordadas en el proceso de paz, en aras de una transición pacífica y efectiva hacia una Colombia más justa y segura para todos. El MVMV está integrado por delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), del Ministerio de Defensa, de la Fuerza Pública y del EMC-FARC. Además, contó con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) y, en calidad de observadores, la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia Católica, como representante de la sociedad civil. Foto tomada por la Oficina del Alto Comisionado de Paz durante reunión a puerta cerrada El Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) tendrá la responsabilidad de vigilar y monitorear el cese al fuego acordado entre el Gobierno Nacional y el EMC-FARC, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las medidas de no violencia y de protección a la población civil. Además, el mecanismo será el encargado de llevar a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer cualquier violación a los acuerdos de paz y tomar medidas para prevenirlas. Es importante destacar que el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación comenzó a operar ayer en Colombia después de la firma de un acuerdo para su creación el 08 de febrero pasado, tal como lo informó el medio de comunicación El Espectador. Dicho acuerdo establece la presencia de equipos locales en varias regiones del país y una instancia nacional que sesione en Bogotá. Además, este documento firmado establece las reglas para la suspensión de acciones ofensivas que rigen desde el primero de enero hasta el 30 de junio de este año. A pesar de la creación de este mecanismo, la Fuerza Pública seguirá teniendo plenas facultades para realizar operaciones ofensivas frente a aquellos grupos armados que no tengan pactado un cese al fuego. La instancia nacional del MVMV asegura que este mecanismo busca garantizar la seguridad de las comunidades y evitar que se presenten nuevos hechos de violencia en el territorio colombiano. El Gobierno Nacional y la comunidad internacional expresaron su apoyo a la creación del MVMV como un paso importante para el avance del proceso de paz en Colombia. Con la implementación de este mecanismo, se espera que se fortalezca la confianza entre las partes y se siga avanzando hacia la construcción de una paz duradera en el país. Francisco Daza, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), considera que el MVMV puede ser beneficioso para hacer que los acercamientos entre el Gobierno y el Estado Mayor Central sean más tangibles. Daza destacó que la funcionalidad de este mecanismo dependerá del juicioso monitoreo que realicen los actores involucrados, incluyendo la participación del Comité de Verificación del Estado Mayor Central. Tras la instalación oficial del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV), la Oficina del Alto Comisionado de Paz sacó un comunicado en el que anunció el inicio de una segunda fase en el proceso de acercamiento entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC (EMC-FARC). Esta fase ha sido definida como dialógica y se llevará a cabo bajo los preceptos de la política de Paz Total (Ver: Gobierno y Estado Mayor Central de las FARC iniciarán negociaciones de paz). El Gobierno Nacional recibió oficialmente los nombres de cinco delegados de las EMC-FARC que harán parte de la Mesa de Conversaciones de Paz. En ese sentido, se solicitó a la Fiscalía General de la Nación la extensión de la suspensión de las órdenes de captura vigentes en contra de esas personas, con el objetivo de que puedan cumplir con las responsabilidades del proceso. Además, en el comunicado se asegura que luego de haber finalizado la reunión de mandos del EMC-FARC, la semana pasada, se concluyó con éxito la operación de retorno de los miembros de esa organización a sus respectivos lugares de origen. Aquellos a quienes se les permitió salir temporalmente de centros carcelarios volvieron a sus sitios de reclusión. Las operaciones fueron acompañadas por delegados de entidades multilaterales, de la iglesia y del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, de acuerdo con el protocolo establecido. El levantamiento temporal de las órdenes de captura que pesan en contra de estas personas expiró luego de cumplirse el tiempo acordado para la mencionada reunión de mandos. Los protocolos acordados para posibilitar la reunión de mandos en un área de 42 kilómetros cuadrados del departamento del Caquetá se cumplieron a cabalidad con el concurso del CCOET y la UNIPEP, dos entidades dispuestas especialmente por el Ministerio de Defensa para estos asuntos. En la zona, según el comunicado, hubo presencia regular de las instituciones del Estado durante el periodo que abarcó la mencionada reunión. El Gobierno expresó su compromiso con la construcción de una paz duradera y sostenible en Colombia, y continúa trabajando para lograr avances significativos en el proceso de paz con el EMC-FARC. Además, por medio del comunicado agradeció el “apoyo incondicional de las misiones diplomáticas de Noruega, Unión Europea, Irlanda y Suiza, así como la labor desempeñada por la Defensoría del Pueblo durante la presente etapa del proceso”. La Mesa de Conversaciones de Paz entre el Gobierno y el EMC-FARC se instalará formalmente el próximo mes de mayo, por ahora no se sabe cómo será su metodología ni los nombres de los delegados del Gobierno. Sin embargo, según en el comunicado, se sabrán los detalles de acto de instalación oportunamente. Cabe recordar que estos acercamientos con el EMC se dieron tras el anuncio de este grupo guerrillero, el pasado 16 de abril, sobre su intención de comenzar un diálogo de paz con el Gobierno. La mesa de diálogo con este grupo armado, posiblemente, se basará en algunos puntos del Acuerdo de 2016. El EMC podría tomar algunas partes del Acuerdo con las que no estaban completamente de acuerdo y, a partir de ahí, se establecerían algunos puntos de discusión. Además, es probable que se expongan las razones por las que no estuvieron de acuerdo con ciertos temas del acuerdo de ese entonces (Ver: EMC de las FARC a un paso más cerca de unirse a la Paz Total). En cuanto a la segunda fase del proceso, Francisco Daza comentó que se espera que el Estado Mayor Central cumpla con el cese al fuego, al igual que la fuerza pública. A través del mecanismo se verificará el cumplimiento de este compromiso, y la idea es que en la mesa de diálogo que se instalará en mayo, el EMC plantee su hoja de ruta de lo que desea negociar con el Gobierno. Por su parte, el Gobierno también expondrá sus puntos de vista y se buscarán convergencias entre ambas partes. Estas negociaciones dependerán en gran medida de la voluntad que tenga el EMC para vincularse a la Paz Total.

De: Juan Alejandro Pérez, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad Desde el inicio de esta primera legislatura del denominado “Congreso del Cambio” se ha mostrado que la cantidad de trabajo que tiene este no es despreciable, en parte por un gobierno que pone agenda todos los días y que desde que entró el pasado 07 de agosto de 2022 ha venido radicando y apoyando iniciativas en el legislativo. En la primera parte de esta legislatura vimos un Congreso que aprobó la Reforma Tributaria, el Acuerdo de Escazú, el Prepuesto General de la Nación, la prórroga de la ley 418 o ley de Paz Total, la creación del Ministerio de la Igualdad, al igual que primeras vueltas de proyectos de acto legislativo como la reforma política o la creación de la jurisdicción agraria. Además de una moción de censura en Senado contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, la cual fue negada. Esta segunda parte de la legislatura tuvo un inicio adelantado, pues el gobierno citó en febrero a sesiones extraordinarias para empezar el debate de la reforma a la salud, algo que no tuvo efecto en la aceleración del trámite de dicha reforma, pues dos meses después la ponencia radicada por el gobierno no ha sido debatida aún en primer debate en la Comisión Séptima de Cámara. Esta semana 12 sesiones de la agenda del gobierno sigue su curso en el legislativo, al igual que ejercicios de pesos y contrapesos respecto a la tarea de funcionarios del gobierno, como lo son los ministros. Mociones de censura La agenda del lunes 24 de febrero de 2023 estuvo marcada por la votación en plenaria de la Cámara de Representantes de la moción de censura contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva. En el debate de moción de censura, que se realizó el pasado 12 de abril, Leyva fue cuestionado por los nombramientos de varios embajadores porque, según los citantes, no tendrían experiencia en la carrera diplomática. El lunes 24 se realizó la votación, la cual quedó: 13 aprobando la salida del ministro y 108 negándola. Leyva se une a Irene Vélez como los dos ministros que han sorteado una moción de censura. Por el momento es el tercer debate de moción de censura en lo que va corrido del gobierno Petro, el segundo que se realiza este año, al igual que el segundo que se realiza en la Cámara de Representantes. Para este miércoles 26 de abril el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue citado en la Cámara de Representantes a rendir cuentas sobre su labor respecto a la situación de seguridad. Velásquez se une a Leyva y a Vélez como los ministros que habrán enfrentado un debate de moción de censura en casi nueve meses de gobierno. Reforma a la salud La reforma a la salud lleva dos meses en el Congreso de la República y aún no ha superado el primer debate. Para las dos de la tarde de este 25 de abril está citada la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en el orden del día aparecen ocho proyectos de ley para discutir y el primero es el que modifica el sistema de salud, es decir, el proyecto de reforma a la salud radicado por el gobierno. Después de mucho tiempo se espera que haya una mayor certeza acerca del futuro de esta reforma, pues en las últimas semanas se ha visto que partidos de la coalición de gobierno como La U, el Liberal y el Conservador, se han mostrado reacios a apoyar la ponencia de gobierno, al punto que en momentos han dicho que se bajan del apoyo a dicha reforma porque el gobierno no acoge las modificaciones que ellos proponen, inclusive el partido liberal presentó una ponencia alternativa al proyecto. Lo que sí queda claro acerca de esta reforma es que los partidos ya mencionados quieren negociar su apoyo, pues tuvieron la oportunidad de hundir el proyecto en la votación de la ponencia negativa presentada por Cambio Radical y el Centro Democrático y votaron negativo a esta ponencia. Veremos si el gobierno ya cuenta con los 12 votos necesarios para pasar a segundo debate, en la plenaria de Cámara de Representantes, la reforma a la salud o deberá continuar aplazando el debate de hora tras hora y semana tras semana, como lo ha venido haciendo, para continuar en su búsqueda de votos. En su defecto otra posibilidad que se abre en el camino es el inmovilismo, donde ninguna parte sede, ni gobierno ni partidos, lo que puede llevar a que el gobierno retire la reforma, como lo ha dicho en reiteras ocasiones la ministra de Salud, Carolina Corcho. Plan Nacional De Desarrollo La base de la transformación territorial que propone el gobierno de Gustavo Petro se encuentra en el actual Plan Nacional de Desarrollo (PND) que en esta semana inicia debate en plenarias de Cámara y Senado, luego de pasar y ser aprobado en las comisiones económicas de ambas cámaras. La discusión del PND ha tenido una gran deliberación al interior del Congreso, se han presentado más de 4500 proposiciones, según le dijo al diario El Espectador la representante a la Cámara por Bogotá del partido Alianza Verde, Katherine Miranda. Pese a que el PND se ha construido bajo una agenda de consensos y como una herramienta que busca responder a la necesidad de tener una hoja de ruta de transformación territorial como país, partes de la opinión pública se han centrado en las facultades extraordinarias y transitorias que se le daría a Gustavo Petro. El debate debe ir más allá y debe centrase en plantear lineamiento​s de políticas públicas para temas como la educación o la transición energética, aspectos que respondan a la modernización del país. El 07 de mayo es la fecha que el gobierno tiene presupuestada para que el PND ya tenga la firma presidencial, por ello se hace necesario la aprobación en plenarias del proyecto esta semana y su conciliación la próxima semana. Jurisdicción Agraria En el Congreso esta semana se dará el quinto debate dentro de la Comisión Primera de Senado del proyecto de acto legislativo que busca la creación de una jurisdicción agraria, como se planteó en el Acuerdo de Paz firmado en el 2016 con la guerrilla de las extintas FARC. Juristas como Rodrigo Uprimny sostienen que este proyecto, sumado al que reconoce al campesinado como sujeto de derecho, es una gran oportunidad para el fortalecimiento de la democracia. La creación de una jurisdicción agraria, según Uprimny, permitirá que se resuelvan los conflictos rurales en su integralidad y se desarrolle jurisprudencia agraria en Colombia, algo que es requerido. Pese a ello, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y las altas Cortes se han opuesto a la creación, la primera ve innecesario la creación de la jurisdicción, pues argumenta que los derechos campesinos ya están garantizados y las segundas que esta creación es costosa e innecesario porque consideran que ya hay órganos supremos frente a lo agrario, como el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Al parecer el proyecto tendría cambios después de la reunión de ponentes del proyecto y magistrados de las Cortes. Ya no se crearía la jurisdicción agraria aparte, sino que solo se crearía una sala mixta civil agraria. Ya veremos cómo se presentará y votará en la Comisión Primera de Cámara, recordemos que, al ser un acto legislativo en su segunda vuelta de debates requiere votación calificada, es decir, la mitad más uno de la votación total para que pase a sexto debate dentro de la plenaria de Cámara de Representantes. Regularización del uso adulto del cannabis Se espera que este 25 de abril se dé el sexto debate en plenaria de la Cámara de Representantes al proyecto de acto legislativo sobre la regularización del uso adulto del cannabis, el cual es liderado por el representante liberal Juan Carlos Losada. Este proyecto plantea un nuevo enfoque de consumo desde la salud pública y no de criminalización. Según expertos, como María Alejandra Vélez, investigadora y profesora de la Universidad de los Andes, este proyecto además de reducir los daños que son asociados al consumo, también es una estrategia que sirve para para prevenir el consumo adolescente. A la par permite el control por parte del Estado del mercado, al igual que hacerle seguimiento a la calidad de las sustancias que sean consumidas. Este proyecto va en concordancia a lo propuesto por el gobierno acerca de que la guerra contra las drogas ha fracasado y que hay que entender que el enfoque que ahora debe darse desde la salud pública. Al igual que como con el proyecto de jurisdicción agraria, que requiere votación calificada, pasa con este proyecto para pasar a séptimo debate dentro de la Comisión Primera de Senado. Si observamos, esta semana está bastante movida, al igual que las semanas que vendrán con la discusión del resto del paquete de reformas sociales, como las reformas laboral y pensional. También sobre el debate de ley penitenciaria y la ley de sujeción de grupos criminales. El común denominador de la agenda legislativa es que el gobierno pone la agenda y el legislativo responde. Básicamente en estos nueve meses el gobierno hizo trabajar a los congresistas y sus reformas han hecho que dentro de los partidos se den discusiones ideológicas, algo que no pasaba hace mucho tiempo.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 17 al 23 de abril El tema más importante a resaltar de la semana que pasó fueron las declaraciones dadas por el presidente Gustavo Petro, desde Washington, al ser preguntado por la continuidad del conflicto con el ELN. Estas fueron sus declaraciones a un reportero de la Revista Semana: "El ELN no aceptó el cese al fuego que se planteó en diciembre, en esa medida lo que hay es una confrontación militar, que tiene ahora un nuevo ingrediente: las fuerzas militares venezolanas están actuando ahora aliadas con el Gobierno Colombiano, con su ejército, quitando un espacio que antes tenía muy libre el ELN, eso pienso puede ayudarnos a que el ELN acepte un proceso progresivo de desmantelamiento de la violencia en Colombia”. Aquí se pueden escuchar las declaraciones del presidente Gustavo Petro: Igualmente durante la visita del presidente Gustavo Petro al presidente Joe Biden se habló del proceso de paz en curso con el ELN y todo indica que la administración Biden, que sigue de cerca este proceso, considera que aún no es el momento de un involucramiento directo del Gobierno de los Estados Unidos. Hay que seguir trabajando para que esa presencia se dé. La segunda Marquetalia anunció su presencia en el Sumapaz. Autoridades gubernamentales y analistas dicen que esta acción está en coordinación con el ELN. Aquí un reporte de Caracol TV al respecto: Aquí una entrevista al gobernador del Meta sobre la presencia del ELN en el sur de este departamento. Este es un tema a analizar: https://www.bluradio.com/nacion/alianza-entre-la-segunda-marquetalia-y-el-eln-gobernador-del-meta-preocupado-por-guerrillas-rs15 El expresidente César Gaviria en entrevista con Vicky Dávila se pronunció sobre la Paz Total y sobre las negociaciones con el ELN. Dijo: "los elenos no van a hacer la paz con Petro, cuando las FARC se desmovilizaron, en el gobierno de Santos, se desmovilizaron doce mil de las FARC y los elenos eran dos mil, ahora son cinco mil, ellos quieren es poder, construir un país como ellos quieren y con ideas que son bien difíciles de tramitar". Aquí pueden escuchar las declaraciones del expresidente César Gaviria: Han continuado las situaciones humanitarias en varias regiones del país, esto hace urgente que en el tercer ciclo se logre concretar el cese bilateral de fuego y hostilidades, y las acciones humanitarias. Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista Cientos de comerciantes de la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, están siendo víctimas de extorsión, según la Cámara de Comercio local. La entidad entregó cifras alarmantes a las autoridades, indicando que hay un número superior a las 300 denuncias relacionadas con este delito, aunque se cree que hay muchas más que no se han reportado por temor. Los delincuentes estarían consultando los registros mercantiles desde diferentes ciudades para obtener información de las empresas y elegir a sus víctimas. La Cámara de Comercio destacó que desde un mismo equipo, con una misma dirección IP y por parte de una misma persona, se han hecho más de 85 consultas a través del sistema habilitado. Las organizaciones delictivas utilizan esta información pública para comunicarse con los empresarios y llevar a cabo el fenómeno extorsivo. El presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Sergio Castillo, le explicó a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que estos hechos llegaron a ellos principalmente por el mismo aviso de algunos empresarios. Castillo mencionó que al poner sobre la mesa la información ante las autoridades, fueron saliendo a la luz más casos que operaban bajo la misma. Ante esta situación, el presidente de la Cámara de Comercia de Cúcuta mencionó que implementaron la realización de capacitaciones en colaboración con el Gaula y la Policía Nacional, en la que exponen las formas en que estos crímenes se realizan y la manera en que pueden hacerle frente. También dispusieron un canal de denuncia directo en la página web para que el empresario que se vea sumergido en estos hechos pueda exponerlo ante el ente de seguridad correspondiente. Sergio Castillo afirmó que están esperando los resultados de las investigaciones de las autoridades pertinentes para determinar si los grupos armados están detrás de las extorsiones. No obstante, subrayó que, según las declaraciones de los empresarios afectados, parece que los extorsionadores se hacen pasar por grupos armados. En relación al delito de extorsión que están enfrentando los comerciantes de Cúcuta, es importante mencionar que además de esta problemática, los habitantes de la ciudad han sido afectados por un conflicto interno, como es el caso del atentado ocurrido en el Parque Mercedes Abrego el pasado lunes 17 de abril, en el que lamentablemente una mujer perdió la vida y cuatro personas resultaron heridas. Los testigos en la zona afirmaron que la explosión fue causada por una granada de fragmentación que fue dejada en una caneca del parque. Inmediatamente, las ambulancias y los equipos de emergencia llegaron al lugar para atender a los heridos y hacer el levantamiento de la víctima mortal. Este incidente se suma a otros actos violentos que ocurrieron en la ciudad en los últimos meses, incluyendo un atentado con una granada el pasado 23 de febrero que dejó seis personas heridas en el barrio El Callejón. Aunque se desconoce quiénes son los responsables, el coronel Carlos Andrés García Suárez, comandante encargado de la Policía Metropolitana, sugirió que podrían estar relacionados con cobros extorsivos a establecimientos comerciales. Jhon Eddison Ortega Jácome, diputado del departamento de Norte de Santander y miembro del comité directivo del Consejo de Paz del departamento, le indicó a Pares que la situación de seguridad en Cúcuta ha sido sumamente compleja en los últimos años debido a la presencia de grupos armados ilegales y la delincuencia común. Según Daniel Parra de la Línea migración, región y frontera y de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), a diferencia de años previos, en los que se creía que el conflicto armado solo afectaba la zona rural del municipio, en la actualidad la ciudad de Cúcuta comenzó a sentir los estragos de la guerra. Parra hizo énfasis en recordar otros acontecimientos que ocurrieron recientemente, como el atentado contra la Brigada 30 del Ejército Nacional de Colombia y contra el helicóptero presidencial en junio de 2021, las explosiones provocadas por el paro armado del ELN en febrero de 2022 y las dos detonaciones ocurridas este año, mencionadas anteriormente. “Este cambio en la percepción de la ciudadanía refleja un aumento en la intensidad de los enfrentamientos armados en la región”, según Daniel Parra. Jhon Eddison Ortega Jácome resaltó que los ciudadanos y los sectores productivos son los más afectados por la situación de inseguridad en Norte de Santander. La falta de garantías de seguridad para la población hace que los ciudadanos se sientan vulnerables, y no solo las empresas, sino también los pequeños comercios se ven asediados por la violencia y la extorsión diaria o semanal. Además, Ortega mencionó que los líderes comunitarios de los barrios y veredas están gravemente amenazados, lo que agrava aún más la situación. La presencia de múltiples grupos armados ilegales en la ciudad de Cúcuta ha creado una situación preocupante para los habitantes de la región. El Clan del Golfo, por ejemplo, cuenta con campamentos en zonas rurales. Además, la presencia del Tren de Aragua ha sido descrita como un “imperio del terror”, ya que cobra “vacunas” a comerciantes. También, según fuentes consultadas por Pares, destaca “que existe una tercerización criminal, pues organizaciones mexicanas como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación contratan al Tren de Aragua y estos, a su vez, subcontratan para la realización de las actividades ilícitas”. Ver: (El Tren de Aragua: un imperio del terror en Norte de Santander) El diputado del departamento de Norte de Santander y miembro del comité directivo del Consejo de Paz del departamento, Jhon Ortega, destacó que la región atraviesa actualmente una situación preocupante, con la proliferación de los grupos violentos a una escala mucho mayor. Según Ortega, la ubicación geoestratégica de la región y la abundancia de recursos naturales la han convertido en un objetivo prioritario para grupos armados, independientemente de su ideología. En este contexto, la violencia criminal ha empezado a afectar más gravemente a las poblaciones urbanas, que sufren amenazas tanto de grupos armados en las zonas rurales como de grupos criminales que se dedican a actividades ilegales como el microtráfico y la extorsión. Estas economías ilegales se han expandido sin control en la región, afectando la calidad de vida de los habitantes. Jhon Eddison Ortega resaltó que a pesar de los discursos repetitivos de las autoridades que hablan de fortalecer las estrategias de seguridad y trabajar en coordinación para enfrentar los desafíos de la región, aún no se han visto resultados tangibles y funcionales ni en Cúcuta ni en el área metropolitana, lo que genera frustración en la población nortesantandereana. Daniel Parra de la Línea migración, región y frontera de Pares mencionó que la ciudad de Cúcuta está sumida en la zozobra, y sus ciudadanos se encuentran en una encrucijada entre la “esperanza por la paz y la desesperación causada por los efectos de la guerra”. Parra aseguró que los líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz, organizaciones sociales y la comunidad en general, coinciden en sus llamados al Gobierno Nacional por garantías en cuanto a los derechos humanos, y el cumplimiento del Acuerdo de Paz y el cese al fuego y hostilidades, ya que “todos desean sentir los avances hacia la tan anhelada Paz Total”.

Por: Luis Eduardo Celis El presidente Gustavo Petro ha convocado una Conferencia Internacional sobre la crisis política venezolana, se desarrollará en Bogotá la última semana de abril y hay expectativa por lo que allí pueda transcurrir y el derrotero que se marque. La novedad de esta conferencia es que participará la administración del presidente Joe Biden, al más alto nivel, lo cual sin duda es una gran noticia porque los Estados Unidos está ampliamente involucrado en el devenir de la situación política de Venezuela y es un gran jugador en la construcción de alternativas para que el país vecino logre un camino de entendimiento y superación de las enormes dificultades que ha traído la complicada política de bloquear importantes activos del estado venezolano, los cuales pueden estar sobre cuarenta mil millones de dólares, hoy en Bancos de los Estados Unidos y de otros países Europeos, dinero se requiere para urgentes necesidades sociales en Venezuela. La crisis política venezolana se puede resumir en que sectores de la oposición al gobierno consideran que no hay garantías para la competencia política y el chavismo considera que hay sectores de la oposición que juegan a la ilegalidad y la violencia, que quieren sacar a las malas al presidente Nicolas Maduro. La política del país tiene sus complejidades: deterioro de las reglas de competencia, falta de credibilidad en las instituciones electorales, acciones violentas e ilegales de sectores opositores, líderes políticos presos o suspendidos en sus derechos políticos, una crispación que por momentos se ha vuelto violencia, amenazas de invasión promovidas desde la administración Trump —con aliados en Colombia que han ido a aventuras conspirativas y acciones de hecho—, todas estas acciones controladas por el gobierno venezolano, y la tensión de un gobierno de mentiras como el que se inventó Juan Guaidó. En fin, la lista es larga y dolorosa. La Conferencia de Bogotá será una muy buena oportunidad para avanzar en entendimiento y en procesos que ayuden a la sociedad venezolana: hay que salir del bloqueo y avanzar en acuerdos para que la competencia política sea con garantías y creíble, en un sistema electoral que tiene muchas más fortalezas que el colombiano, por eso es que desde este lado hay que andar con mucho cuidado al opinar sobre la situación de Venezuela y en lo posible no pontificar sobre nada, que Venezuela, su sociedad y su sistema político resuelvan sus temas sin presiones ni violencia. En la reunión de esta semana entre el presidente Petro y el presidente Biden se habló de Venezuela y el presidente Petro fue claro y directo: hay que salir del bloqueo a los activos venezolanos y a su economía, y debe haber acuerdo entre oposiciones y gobierno para adelantar unas elecciones presidenciales plenamente democráticas y creíbles para todo el país. El presidente Petro está liderando una agenda de paz no solo para Colombia, igualmente sabemos que una paz política en Venezuela es buena no solo para Venezuela, igualmente lo es para Colombia y para toda la región, y lo que nos conviene es una Venezuela con estabilidad para los importantes temas binacionales en los que trabajamos de manera coordinada: migración, economía, protección ambiental, transición energética, construcción de paz. La Conferencia de Bogotá es una muy buena noticia y seguro saldrán caminos de entendimiento. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Igor Parma, Internacionalista “Dejamos claro que los Estados Unidos tiene un compromiso resuelto con nuestra asociación con Colombia”, fueron las palabras del secretario de Estado estadounidense Antony J. Blinken, en la conferencia de prensa después de encuentro con el presidente Gustavo Petro en la casa Nariño el 03 de octubre del año pasado. En esa ocasión, una delegación de Estados Unidos, encabezada por Blinken, se reunió con Petro y algunos ministros de Colombia. En sus discursos a la prensa, los dos presidentes repasaron la agenda de ese día. Petro empezó señalando el tema que es, quizás, el más frecuente históricamente en la Agenda Colombia-EEUU: el narcotráfico. Sin embargo, su discurso resaltó también un cambio significativo, pues lo discutieron “esta vez, desde otra óptica. Una óptica que yo llamaría más flexible, que tiene que ver con una visión más integral del problema del consumo y la producción de drogas en este continente y articulado a un esfuerzo ahora que tuvo su colaboración también con el gobierno de los Estados Unidos en la época de Obama, que es el proceso de paz”. Este nuevo enfoque a un problema antiguo no es algo muy sorprendente en la óptica de Petro, que es un defensor de una perspectiva sobre un nuevo enfoque al problema del narcotráfico y a las políticas antidrogas. Un mes después del encuentro con Blinken, por ejemplo, el presidente de Colombia mencionó este problema otra vez en el Foro de París sobre la Paz. Petro en esa ocasión dijo: “cambien la política antidrogas y asuman, con valentía, la conducción de la sociedad hacia la economía descarbonizada, cambiando el poder; si no lo hacemos nosotros, lo hará la humanidad sin nosotros”. Ahora Petro encuentra en Biden un aliado a este nuevo enfoque al problema del narcotráfico. El 21 de Abril de 2022, el presidente estadounidense envió al congreso su Estrategia Nacional de Control de Drogas. Según su nota de prensa, la estrategia tiene dos ejes principales “la adicción no tratada y el tráfico de drogas”. Sin embargo, mirando el documento oficial, su estrategia se centró en siete prioridades. De esas, seis tienen que ver con tratamiento de la adicción y solo una con “reducir la oferta de substancias ilícitas” —que ocupa el quinto lugar en la lista de siete prioridades—. La estrategia declara que “salvar vidas es nuestra estrella del norte”. No solo en la cuestión del narcotráfico convergen las administraciones Biden y Petro. El cambio climático también es una preocupación de ambos gobiernos. La presidencia de los EE.UU., el 27 de Enero de 2021, publicó su “Orden Ejecutiva para Hacer Frente a la Crisis Climática Dentro y Fuera de Nuestras Fronteras”. En esta orden, Biden declara que la crisis climática debe estar al frente de la política externa y seguridad nacional de los Estados Unidos. Según el presidente estadounidense “los Estados Unidos trabajarán con otros países y pares, tanto bilateral como multilateralmente, para poner el mundo en un camino climático sostenible.” Además de los temas de narcotráfico y cambio climático, el tópico de la Paz Total también genera expectativas en este encuentro entre los dos líderes. Quizás la apuesta más audaz del gobierno Petro, la Paz total busca una solución definitiva del conflicto armado en Colombia. Por más que establezca mesas de negociación con varios grupos armados y su implementación haya mejorado tasas de seguridad en varios departamentos y ciudades, la formulación e implementación de acuerdos será algo complejo y costoso. Después de frustraciones en su propuesta de reforma política y un acalorado debate sobre la reforma de la salud, la Paz total se establece como el buque insignia del gobierno Petro. Frecuentemente comparado con el Acuerdo de Habana, el proyecto de la Paz total busca evitar los errores cometidos en el acuerdo con las FARC, como por ejemplo la imposibilidad de financiar la reparación a las víctimas, anunciada por Petro el 11 de abril de este año. En efecto, los tópicos que se discutieron durante la visita de Petro a los EE.UU. fueron anunciados por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, como “cooperaciones económicas y de seguridad, esfuerzos para combatir el cambio climático, el narcotráfico, abordar el reto regional de migración y promover valores democráticos y derechos humanos y laborales en la región y el mundo.” Con eso se entiende que uno de los temas también abordados en los encuentros entre los dos presidentes fueron la situación venezolana, sea con respecto a la situación entre el gobierno y oposición, o sobre la crisis de migración regional. Un liderazgo regional en el diálogo sobre Venezuela es algo que Petro ya había señalado y en lo que fue aprobando políticas que hollaron este camino como cuando estableció a Venezuela como país garante de las negociaciones con ELN, cuando abrió la frontera con Venezuela tras un cierre de siete años o cuando pidió a los países de la comunidad andina reintegrar a Venezuela en el bloque. Resolver la situación venezolana en su reintegración a la sociedad internacional —la cual sufrió duros golpes en los últimos seis años desde los esfuerzos contrarios ilustrados por la creación del grupo de Lima— sería una victoria geopolítica para Petro, proyectando a Colombia como potencia regional y potencialmente aliviaría la crisis humanitaria de los refugiados venezolanos. Además, sería una victoria también para Biden, que sufre grandes críticas en su política externa desde el desastre de la evacuación de Afganistán, en un mundo en donde la influencia china y rusa crecen, y la estadounidense, disminuye. La coyuntura parece favorecer una nueva configuración de una antigua alianza entre Colombia y Estados Unidos. Aliados no tan probables en la gestión Petro —por sus discursos y por hacer parte de la llamada izquierda moderna—, sin embargo el presidente colombiano sigue intentando equilibrar su discurso con las oportunidades que un acercamiento a los EE.UU. de la gestión Biden puede traer a su propio gobierno. Esa nueva antigua alianza se dejará sentir en esos días de la visita oficial de Petro a los Estados Unidos.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado 17 de abril, el presidente Gustavo Petro participó en el Foro Permanente para las cuestiones Indígenas que se llevó a cabo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, como parte de su visita inicial a Estados Unidos. Durante su intervención, el primer mandatario presentó los planes de su gobierno para combatir el cambio climático y proteger la selva amazónica. El presidente Petro inició hablando acerca de la extracción de petróleo, recordando las palabras del dirigente indígena colombiano del pueblo u'wa, Roberto Cobaría, quien hace varias décadas afirmó que extraer petróleo de la tierra era equivalente a “extraerle la sangre a la Madre Tierra y que esto solo tendría como consecuencia la muerte y la extinción de la vida en el planeta”. En un contexto mundial de emergencia climática, las palabras del presidente Petro se interpretaron como una llamada de atención hacia la transición hacia una economía sostenible y la necesidad de reducir la dependencia del petróleo. Según el presidente, la única solución a la crisis climática sería detener la extracción de petróleo, carbón y gas. Durante este Foro, el presidente Petro también destacó la importancia de proteger la selva amazónica y avanzar hacia la descarbonización de la economía. En su discurso, el mandatario anunció que Colombia pondrá más de 150 millones de dólares para construir un "patrimonio común" que permita revitalizar la selva amazónica en su frontera natural y contribuya al equilibrio del clima mundial. Ver: (Del carbón al carbono neutral) Además, el jefe de Estado confirmó que se convocó una “cumbre de países que tienen responsabilidad territorial sobre la selva amazónica” con el fin de que se reúnan para que puedan construir un programa común que se pueda dialogar con el resto de la sociedad. La cumbre de la Amazonía se realizará en agosto en Belém, Brasil. “Queremos que los pueblos indígenas que habitan esas selvas, las de la Amazonía y las otras circundantes, nos permitan su apoyo para que esta cumbre pueda ser una fusión entre el deseo indígena del equilibrio vital y la realidad política, que se plasma a partir de la administración, las propuestas y la agenda de los gobiernos que tenemos soberanía sobre ese territorio”, destacó el primer mandatario. Cabe añadir que la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha realizado importantes esfuerzos en relación con la Amazonía, centrándose en la deforestación y la minería. Según Catalina Lema, asistente de investigación de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, la Amazonía continental perdió alrededor de casi 2 millones de hectáreas en 2021, y desde entonces hasta 2023 se han intensificado los puntos de mayor pérdida de la cobertura de los bosques en la alta Amazonía colombiana y en la Amazonía peruana. En cuanto a la minería, aunque la mayor cantidad de concesiones se encuentran en la Amazonía brasileña, las comunidades indígenas de los pueblos Ñengatú y Uwittojja, entre otros, han reportado altas afectaciones a los derechos humanos y ambientales debido a la minería ilegal que se realiza en el estado de Amazonas, en Venezuela, vinculada a la minería promovida por el gobierno en el arco minero del Orinoco. Esto demuestra que la Amazonía está conectada con los ciclos ecosistémicos de otras regiones como la Orinoquía y el piedemonte andino. Por lo tanto, las estrategias de conservación, como la ejecución de bonos de carbono, son insuficientes, ya que los riesgos que enfrenta la Amazonía hoy en día tienen que ver con estas actividades extractivas y la deforestación para megaproyectos, lo que es muy diferente de la pérdida de área de bosque como si fuera un hecho aislado. De acuerdo con la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, la Amazonía colombiana perdió 113.572 hectáreas de bosque entre abril de 2021 y marzo de 2022. Además, el Observatorio para la defensa de la vida (ODEVIDA) de Pares ha trabajado principalmente con organizaciones indígenas, quienes han expresado su preocupación por estas actividades extractivas en sus territorios. Ver: (Informe - Amazonía venezolana: una historia de muchos Haximú) Es importante destacar que muchas medidas que benefician al norte global, como los bonos de carbono implementados en la Amazonía, han afectado negativamente el tejido social de las comunidades indígenas. En este sentido, Pares apoya la gobernanza de los pueblos amazónicos sobre sus territorios. También, durante el discurso que realizó el presidente Petro en el Foro, mencionó que la crisis climática es una de las mayores crisis integrales que enfrenta la humanidad en la actualidad. En este sentido, afirmó que la guerra no es una opción para escapar de las soluciones necesarias para abordar esta problemática, y destacó la importancia de presionar por la paz mundial. De acuerdo con Petro, la guerra solo conlleva “muerte” y no ofrece una solución duradera a la crisis climática, lo cual hace que sea fundamental actuar con celeridad para evitar consecuencias aún más graves en el futuro. El primer mandatario subrayó que “si la selva amazónica desaparece, no solo desaparece el agua de Colombia, que beben más de 50 millones de habitantes, sino que desaparece buena parte de la existencia humana. El equilibrio climático se rompe, por tanto, recuperar, revitalizar la selva amazónica se vuelve un imperativo mundial”. Además, mencionó que la guerra solo está ocultando la incapacidad del poder mundial para resolver la crisis climática, la cual requiere que se deje de consumir petróleo, carbón y gas. Para Petro, este cambio supone desafiar la base misma de la acumulación de ganancias en el mundo, que se ha sustentado en estos recursos durante más de un siglo y medio. Por tanto, es necesario adoptar medidas concretas y urgentes para proteger el planeta y asegurar un futuro sostenible para la humanidad.