El pasado 5 de junio fue publicada una carta firmada por 16 exjefes paramilitares, en donde expresaban la suspensión de sus roles como gestores de paz. El retiro, seria resultado de la inconformidad con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OCCP), a la cual acusan de haber incumplido los compromisos adquiridos tras su designación como gestores de paz. La designación de estos exjefes paramilitares, dentro de los cuales se encontraban personas como Salvatore Mancuso o Don Berna, ya había sido controversial en sí misma, pero ahora surgen más dudas sobre la importancia del cierre del proceso de Ralito y cómo se procederá ante la suspensión de estas gestorías.
Puntualmente, la carta señala que la OCCP convirtió su nombramiento en un acto simbólico, carente de voluntad política y sin mecanismos reales para implementar acciones sustantivas. En la carta exponen, como posterior a la designación de la resolución 453, en donde se les otorgaba el rol como gestores de paz; los gestores cumplieron con las instrucciones de la OCCP, respecto a información pertinente para la Unidad de Búsqueda a Personas dadas como desaparecidas, e información sobre bienes. Sin embargo, la OCCP no convoco a ninguna mesa técnica, ni les asigno presupuesto. Tan solo una semana antes de vencer la gestión, la OCCP presento “planes de trabajo” que, de acuerdo con la carta, eran incompatibles con los tiempos. De igual forma, denuncian además que, la OCCP, cambió unilateralmente los términos de la gestoría y canceló sin justificación una reunión plenaria previamente acordada, lo que consideran una forma de sabotaje institucional. Así, bajo este panorama, afirman que no existen condiciones para continuar con la gestoría, y solicitan al presidente una reunión directa para retomar el diálogo.
¿Por qué es importante el cierre del proceso de Santafé de Ralito?
En el año 2001, el Gobierno de Uribe conformo una comisión de exploración para consolidar el diálogo con las AUC. Resultado de este dialogo, en julio de 2003 se firmó el Acuerdo de Santafé Ralito, en Tierralta, Córdoba, en donde los jefes paramilitares se comprometían a un desarme por etapas que duraría hasta el año 2005. El acuerdo traía consigo el compromiso de dejar las armas, a cambio de legalizar parte de los recursos producto de las rentas ilegales del narcotráfico, brindar estatus político y no ser extraditados a los Estados Unidos.
Para el 7 de octubre de 2004, mediante la declaración llamada Acto de fe por la paz, los paramilitares iniciaron una serie de desmovilizaciones colectivas que durarían casi dos años. El último grupo se desmovilizaría en el departamento de Urabá, un mes antes de la reelección del presidente Uribe. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, al final se desmantelarían 36 estructuras armadas, incluyendo bloques y frentes, con un total de 30.944 hombres y mujeres en todo el país.
La desmovilización paramilitar significó una disminución en hechos victimizantes como desplazamiento y masacres, a pesar de que el reciclaje de la guerra y el rearme fue rápido. En algunos territorios los comandantes paramilitares dejaron grupos armados comandados por mandos medios, los cuales tendrían el objetivo de continuar con negocio del narcotráfico. Así lo documentaron instituciones como el CNMH en departamentos como el Guaviare y Antioquia.
El cierre del proceso de Ralito se considera como inconcluso, debido a que no fue posible esclarecer las alianzas entre sectores de la clase política y los ejércitos paramilitares que operaron en el país. Esta verdad inconclusa, expresada durante décadas en los pactos de silencio consolidado entre actores armados, empresarios, narcotraficantes y dirigentes políticos no solo facilitó el enriquecimiento ilícito, sino que permitió la perpetuación de estructuras criminales bajo el amparo del poder estatal. Diferentes confesiones de miembros del DAS, por ejemplo, evidenciaron cómo organismos del Estado colaboraron activamente con el paramilitarismo.
De igual forma, en el marco del derecho a la verdad, es importante resaltar que, aunque las víctimas han sido las principales impulsoras de que estos procesos no se archiven. Insisten constantemente que, bajo la Ley de Justicia Y Paz, no han podido ser reparadas de forma integral, a pesar de que, por ejemplo, bajo las versiones libres de los excombatientes, se visibilizo la atrocidad del conflicto armado, con relatos en los cuales se hablaba de incontables fosas comunes, hasta crímenes de violencia sexual, despojo, persecución y desplazamiento.
Finalmente, es importante reconocer que el proceso de Santafé de Ralito continúa siendo un capítulo inconcluso en la historia del conflicto armado. Las alianzas entre estructuras paramilitares y terceros, así como la limitada entrega de verdad y reparación efectiva a las víctimas, constituyen deudas históricas que son herida abierta para las víctimas.
