
¿Se ha preguntado por qué su factura de energía sigue subiendo, a pesar de que el Gobierno promete que bajará? En los últimos meses, el Ministerio de Minas y Energía y los gremios del sector eléctrico están enfrentados por una razón clave: cómo se deben definir las tarifas que pagamos los colombianos por la luz.
El Gobierno, liderado por el ministro Edwin Palma, ha dicho que quiere acabar con los “abusos” del sistema eléctrico y lograr que la energía sea un derecho, no un lujo. Para eso, propuso una nueva ley que cambiaría las reglas del juego: las empresas más grandes y los estratos altos asumirían parte de las deudas que hoy tienen los usuarios más pobres. Además, se quiere modificar la forma en que se otorgan subsidios y quién decide las tarifas.
A simple vista, parece justo. Pero los gremios energéticos —como ANDI, Asoenergía, Acolgen y otros— han levantado la mano con preocupación. Dicen que estas propuestas, aunque suenan bien, podrían traer más problemas que soluciones.
Por ejemplo, el Gobierno propone que los estratos 4, 5 y 6 paguen una deuda que quedó pendiente durante la pandemia, cuando se congelaron las tarifas para los hogares más vulnerables. El problema, según los gremios, es que muchos de esos usuarios ya pagaron su parte. Si les toca volver a pagar, se estaría creando una nueva injusticia.
Además, el proyecto quiere cambiar quién toma las decisiones técnicas sobre las tarifas (la CREG), incluyendo representantes de sindicatos y usuarios. La intención es buena —que todos participen—, pero los expertos advierten que eso puede volver las decisiones más políticas que técnicas, y poner en riesgo inversiones clave para que no falte la energía.
Y aunque el Gobierno asegura que con estas medidas bajarán las tarifas (de hecho, celebró una reducción reciente en la inflación energética), los gremios creen que intervenir el mercado sin un plan sólido puede hacer todo lo contrario: asustar a los inversionistas, frenar nuevos proyectos y, a la larga, hacer que la luz termine costando más.
¿Qué proponen entonces los gremios? Más inversiones en nuevas plantas, castigar el robo de energía, mejorar los subsidios con mejores datos y promover campañas para usar la energía de forma más eficiente. Es decir, arreglar el sistema sin romperlo.
Este debate es importante porque no se trata solo de tarifas. Se trata de cómo queremos que funcione el servicio eléctrico en Colombia: ¿con reglas claras y técnicas o con decisiones que cambian según el gobierno de turno? ¿Queremos pagar menos hoy, aunque eso pueda traer más problemas mañana?
Bajar el precio de la luz es un objetivo justo. Pero hacerlo bien requiere diálogo, datos y decisiones pensadas. Lo contrario puede terminar saliendo mucho más caro para todos.