La reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha comenzado a abrirse paso en el Congreso, con la aprobación en el Senado de artículos clave que apuntan a fortalecer las garantías de las y los trabajadores en Colombia. Entre los avances ya aprobados se destacan el pago de recargos nocturnos desde las 7:00 p. m., la remuneración del 100 % por laborar domingos y festivos —frente al 75 % actual— y la adopción del contrato laboral como regla general en las relaciones de trabajo.
La tensión política: inclusión o retroceso
Como era de esperarse, el debate no fue sencillo. Bancadas como el Partido Conservador, el Centro Democrático y Cambio Radical defendieron la figura tradicional del contrato de aprendizaje, alertando que convertirlo en vínculo laboral podría reducir las oportunidades para los jóvenes. “El contrato de aprendizaje no es laboral, es una obligación del Estado. Si lo vuelven contrato laboral, muchas empresas van a monetizar y miles de jóvenes perderán su oportunidad de aprender y trabajar”, sostuvo la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.
📢 El contrato de aprendizaje no es laboral, es una obligación del Estado. Si lo vuelven contrato laboral, muchas empresas van a monetizar y miles de jóvenes perderán su oportunidad de aprender y trabajar. pic.twitter.com/a7M1T4OaKE
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) June 17, 2025
Pese a estas objeciones, el Senado negó la proposición que buscaba eliminar el parágrafo tercero del artículo 23, con una votación de 47 votos en contra. En su lugar, fue aprobada la proposición aditiva del senador Ariel Ávila (Alianza Verde), quien defendió el reconocimiento del contrato como un vínculo laboral especial. Su argumento fue claro: dignificar a quienes apenas ingresan al mundo laboral no puede seguir siendo postergado.
El SENA en el centro de la reforma
Para el SENA, esta reforma no solo cambia su marco legal: transforma su papel en la articulación entre la formación técnica y el empleo formal. Durante años, la institución ha sido el puente entre el aula y la empresa, pero ese puente ha estado lleno de vacíos. Los jóvenes cruzaban, sí, pero sin las mínimas garantías laborales.
Con la reforma, ese panorama empieza a cambiar. El Estado empieza a asumir su responsabilidad: garantizar que el aprendizaje sea también un escenario de derechos, y no solo un mecanismo de deberes.
¿Qué sigue?
Aunque el Senado ha dado luz verde a estos cambios, el proceso aún no está cerrado. La reforma deberá pasar por la conciliación legislativa, cuya fecha límite es el 20 de junio de 2025. Será allí donde se definan los textos finales y se ajusten las diferencias con lo ya aprobado en la Cámara de Representantes.
El reto, sin embargo, va más allá del trámite normativo. Lo urgente será la implementación y la vigilancia. Garantizar que las empresas no evadan sus obligaciones a través de la monetización. Asegurar que los aprendizajes no se conviertan en una carga para los empleadores, sino en una inversión compartida entre el Estado y el sector productivo. Y consolidar un sistema donde el SENA no solo capacite, sino que también habilite puertas reales para la inclusión laboral con dignidad.
