Con la maratónica lectura del fallo que hizo la juez Sandra Liliana Heredia quedaron varios interrogantes. Uno de ellos es la creación del Bloque Metro de las AUC. Si Juan Guillermo Monsalve es un testigo creíble, ¿Por qué no se le investiga por paramilitarismo? La respuesta es simple, el crimen prescribió. Pero hay tres hechos de violencia que ocurrieron durante su gobernación de Antioquia: el asesinato de Jesús María Valle, y las masacres de La Granja y el Aro. Acá les contaremos la verdad sobre estos hechos y por qué, al ser declarados crímenes de lesa humanidad, no prescribirán.
En 1997 no había un gobernador más carismático y querido que Álvaro Uribe. En ese momento tenía 46 años y se forjaba como un futuro presidenciable. Los ganaderos en Antioquia lo querían. Sus políticas, según ellos, habían ayudado a repeler el influjo de las guerrillas en sus departamentos gracias a la implementación de las cooperativas de seguridad llamadas CONVIVIR. Eso sí, los defensores de derechos humanos veían a leguas los problemas que esto traería.
Uno de ellos era Jesús María Valle, un abogado aguerrido que le recalcó a Uribe el peligro que traía sobre la población de dos municipios, El Aro y la Granja, el auge de las CONVIVIR y de las Autodefensas Unidas de Colombia. Uribe desestimó la advertencia de Jesús María Valle quien, tiempo después, sería asesinado en su oficina. Desde entonces, el expresidente ha cargado el pesado morral de no haber podido hacer algo más contundente para frenar estas dos masacres.
Las masacres de El Aro y La Granja ocurrieron mientras él era gobernador. Incluso se habló de la utilización, durante estos hechos, de un helicóptero de la gobernación. Hay un testimonio de 2009, dado por el exparamilitar Francisco Villalba Hernández, publicado por El Nuevo Herald y, después, por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, a la Fiscalía General de la Nación en el que afirma “que el presidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago participaron en la planeación de una masacre en el norte del departamento de Antioquia”. Villalba declaró ante la CIDH y ante ese tribunal, no nombró a los Uribe Vélez. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó en una sentencia que “Ante esta situación, como dos meses antes de la toma, la Junta de Acción Comunal de El Aro pidió protección a la gobernación [de Antioquia], la cual no fue otorgada’’.
En un nuevo capítulo que se abre en este escabroso hecho, la sala de reconocimiento de la JEP acaba de citar a nueve exparamilitares del Bloque Mineros de las AUC para que den sus testimonios. Según el diario El Tiempo, las personas citadas son: Luis Guillermo Ángel, conocido como Guillo Ángel; Rigoberto Belalcázar, alias Negro Pepe; Eucario Macías Mazo, conocido como NN; Roberto Porras Pérez, alias la Zorra; Luis Alfonso Díaz Pinto, alias Yoli; José Higinio Arroyo, a quien llamaban Caballo o Julián; Orlando de Jesús Mazo, alias Junior; Gilberto Antonio Tamayo, conocido como el Gato; y Rolando de Jesús Lopera.
Estos testimonios son adicionales a los que dará el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia Salvatore Mancuso. Otra de las masacres que podría ayudar a aclarar este testimonio, sobre la participación de civiles y oficiales del ejército es la de las Juntas, ocurrida en 1996.
Estas dos masacres fueron episodios de violencia salvaje. Del 22 al 31 de octubre de 1997, bajo el mando de Isaías Montes, 150 hombres del Bloque Mineros empezaron una serie de asesinatos y torturas desde los corregimientos de Puerto Valdivia hasta El Aro en Ituango, Antioquia. Fueron 12 las víctimas, pero el terror contribuyó a que 1472 personas fueran desplazadas. Los paras quemaron, también, 60 casas.
Además del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, una mujer, José Milagros López, advirtió, semanas antes, sobre lo que vendría a la Gobernación de Antioquia y también a la IV Brigada del Ejército. Pero, como documenta el portal Rutas del Conflicto, no se tomaron las debidas medidas. Esto comprobaba “la alianza que hubo entre paramilitares, militares y autoridades civiles es una cuestión que está fuera de toda duda, eso fue un acto coordinado con Estado y ejecutado en asociación con autoridades civiles, fuerza pública y paramilitares”.
El testimonio de los nueve exparas será fundamental para esclarecer esta vinculación entre la sociedad, la fuerza pública y los paramilitares. Más de un exdirigente debe estar temblando.
