Las comisiones encargadas de los protocolos del Gobierno y el ELN están trabajando en la definición de las prohibiciones que regirán durante el cese al fuego bilateral, basadas en los principios del Derecho Internacional Humanitario. Una de las decisiones acordadas es que el secuestro podrá ser denunciado como un incidente de incumplimiento del cese al fuego durante los primeros seis meses, que comenzarán el 3 de agosto. Horacio Guerrero, de la delegación del Gobierno Nacional, explica que el cese al fuego estará bajo el amparo del Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe agresiones contra la población civil, así como acciones como el secuestro, la ocupación de bienes públicos y las restricciones a la movilidad.

Las comisiones están trabajando en todas las prohibiciones que regirán durante el cese al fuego, el cual será verificado por la ONU y la iglesia católica. Sin embargo, esta verificación dependerá de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emita la resolución oficial con el mandato correspondiente. Se estima que este aval estará listo en un plazo de 30 a 45 días, a partir del cual se iniciará la operación de vigilancia del cese al fuego.

Estos esfuerzos buscan garantizar la efectividad del cese al fuego bilateral acordado en el tercer ciclo de conversaciones en La Habana, Cuba, que concluyó el 9 de junio. El objetivo es evitar la intervención de otros actores armados que puedan afectar el cese al fuego, inicialmente acordado por seis meses, aunque las evaluaciones de las delegaciones podrán permitir su prolongación mientras el ELN y el gobierno avanzan en otros temas clave del proceso de paz.