Según la Defensoría del Pueblo, diversas comunidades en el municipio de La Primavera, departamento del Vichada, se encuentran en riesgo debido a la presencia de grupos armados ilegales que compiten por el control de la frontera transnacional con Venezuela y las rutas de tránsito de economías ilegales. Esta situación afecta especialmente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en áreas rurales e inspecciones indígenas. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es uno de los grupos con mayor influencia en la zona, pero también están presentes las disidencias de las FARC y bandas delincuenciales subcontratadas por estos grupos.

Estos grupos armados están involucrados en actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal de oro y coltán en ambos lados de la frontera. Controlan las inspecciones Puerto Murillo, La Venturosa y Garcitas en Puerto Carreño, y se ha sabido de la existencia de pistas clandestinas en el lado venezolano. Para el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, la presencia de estos grupos armados pone en peligro la seguridad y la vida de las comunidades afectadas, y es necesaria una acción inmediata del Gobierno para garantizar la protección de sus derechos fundamentales.

Además, la Defensoría también ha reportado 15 casos de suicidio en las comunidades indígenas del departamento del Chocó en lo que va del año 2023, resultado de la presión generada por el conflicto armado interno y la presencia de grupos violentos como el ELN y las Clan del Golfo. El defensor del Pueblo ha llamado a las autoridades para que brinden apoyo a estas comunidades y proporcionen atención inmediata que esté en consonancia con las prácticas tradicionales de armonización que solicitan las comunidades afectadas.