La JEP determinó que los diez militares y un civil que fueron investigados por 120 casos de falsos positivos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, podrán acceder a una sanción propia que no incluya cárcel ni tampoco enfrentarán un juicio, esto debido a que cumplieron con los estándares de verdad y justicia.

En el mes de abril estas personas pidieron perdón a las víctimas en Ocaña y algunos de ellos fueron llamados posteriormente para que ampliaran el reconcomiendo, ya que las víctimas consideraron que no fue suficiente.

Ahora el Tribunal de Paz de la JEP deberá imponer las sanciones correspondientes que, aunque no incluyen cárcel, podrán contener restricciones de movilidad. Las sanciones que se les darán deberán cumplir un periodo de máximo de ocho años y la ONU será la encargada de monitorear que esto se esté cumpliendo.