La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió el primer Auto de Determinación de Hechos y Conductas relacionado con el Caso02, centrado en la situación territorial de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas en Nariño entre 1990 y 2016. En este auto, se atribuye responsabilidad por crímenes de guerra y lesa humanidad a 15 exintegrantes de las FARC-EP, por actos cometidos contra Pueblos, Comunidades, Poblaciones y Territorios de Nariño. Los delitos incluyen violencia sexual, masacres, desapariciones forzadas, reclutamiento y utilización de menores, entre otros.

La magistrada Belkis Izquierdo, relatora de este caso, señaló que se identificó a los máximos responsables de estas acciones, quienes eran miembros de las columnas móviles Daniel Aldana, Mariscal Sucre y del Frente 29 de las FARC. Además, se determinó que en la implementación de la política de control social y territorial se llevaron a cabo seis patrones criminales que causaron graves daños a los habitantes y al territorio de los municipios prioritarios.

Los afectados por estas conductas fueron principalmente los Pueblos Indígenas, la comunidad Afrocolombiana, las comunidades campesinas, las poblaciones urbanas y rurales, las mujeres y las niñas, las personas con diferentes orientaciones sexuales e identidades de género, así como la naturaleza y los territorios ancestrales y colectivos. Entre los comparecientes mencionados se encuentran Pablo Catatumbo y Édgar López Gómez, comandantes de las unidades investigadas por la JEP.

Cabe destacar que en los municipios prioritarios, el 90% de la población se identifica como parte de algún pueblo étnico y el 78.6% del territorio es ancestral y colectivo, caracterizándose por su diversidad cultural, étnica, lingüística, de género y socioecológica. A pesar de los ataques sufridos por los actores armados, las poblaciones urbanas y rurales han logrado mantener y fortalecer sus procesos organizativos y comunitarios para resistir y enfrentar las dinámicas de la guerra. En el desarrollo de la política de control territorial y social, se cometieron numerosos crímenes no amnistiables contra la población civil, y la Sala de Reconocimiento de la JEP ha identificado la existencia de seis patrones macrocriminales.