La Procuraduría General de la Nación solicitó a la JEP que determine que el Bloque Occidental de las FARC cometió secuestros con fines de explotación laboral, lo que constituye un patrón independiente de macrocriminalidad. La finalidad de estos secuestros era utilizar a las personas para trabajos forzados, como la apertura de caminos, el arreglo de vías, el transporte, la limpieza y la preparación de alimentos.

Entre los casos citados se encuentran seis hechos en los que las víctimas fueron campesinos, estudiantes y el conductor de una volqueta. Además, el Ministerio Público dio cuenta del secuestro de una mujer en Nariño, quien fue llevada a un campamento guerrillero para ser forzada a trabajar en labores de cocina, limpiar las botas de los guerrilleros y sostener relaciones sexuales con ellos.

La Procuraduría también pidió que se requiera a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas un reporte detallado sobre las víctimas de desaparición forzada que, a la fecha, se encuentran buscando. El Bloque Occidental de las FARC cometió la mayor cantidad de estos hechos entre 1999 y 2001, período en el cual se identificó una alta proporción de menores de edad como víctimas de secuestro. La Procuraduría destacó la necesidad de exaltar a las víctimas con enfoques diferenciales, como niños, personas de la tercera edad o en condición de vulnerabilidad. También pidió que se active la participación de la entidad en el desarrollo de las mesas de trabajo que se realicen entre la JEP y la Unidad para las Víctimas para armonizar la aproximación de las entidades involucradas y, en consecuencia, el acceso al sistema, así como las expectativas de las víctimas.