El viernes 28 de julio, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema llevará a cabo una diligencia para investigar si la senadora Piedad Córdoba ha tenido nexos ilegales con las extintas FARC. La Corte cuenta con pruebas, incluyendo testimonios, que sugieren que Córdoba usó la mediación y liberación de secuestrados, como el caso de Ingrid Betancourt en la Operación Jaque en 2008, con fines políticos.

Además, se busca determinar si recibió financiamiento de Venezuela en algún momento de su carrera para apoyar sus candidaturas políticas. Cabe mencionar que en mayo, la magistrada del caso, Cristina Lombana, fue recusada por la defensa de la senadora, argumentando falta de imparcialidad. Sin embargo, la Corte rechazó estos argumentos y confirmó que la magistrada tiene las facultades para continuar con las investigaciones. La diligencia es de gran importancia ya que busca esclarecer las posibles relaciones de la congresista con la guerrilla y su financiamiento político, lo que podría tener implicaciones legales significativas.