La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que investigue la desaparición forzada y el asesinato de bebés recién nacidos por parte de antiguos miembros de las FARC. Según los testimonios recopilados, esta práctica no fue aislada ni limitada a un solo grupo o frente, sino que ocurrió en todo el territorio nacional y en diferentes bloques de las FARC. Se han escuchado 27 testimonios de mujeres que fueron reclutadas por la guerrilla cuando eran menores de edad y afirman haber sido sometidas a abortos forzados, incluso en etapas avanzadas del embarazo. Algunos de los bebés nacieron vivos pero luego fueron asesinados y sus cuerpos desaparecieron.

La Procuraduría destaca la necesidad de ampliar los criterios de investigación del caso, considerando cada bloque de las FARC por separado, para indagar sobre el aborto forzado en etapas avanzadas del embarazo, el asesinato de neonatos, las lesiones dolosas al feto y la desaparición forzada de recién nacidos. Los testimonios también revelan la existencia de un médico dedicado exclusivamente a realizar abortos tanto en mujeres de las FARC como en otros grupos ilegales. Se menciona un caso en el que el bebé de una excombatiente fue arrojado vivo al río Guayabero, así como la implicación de “Mono Jojoy” en la orden de realizar abortos con pastillas a diferentes mujeres.

Una de las mujeres que formó parte del frente 40 relató el grave castigo al que se enfrentaban cuando ocultaban los embarazos. Describió cómo le administraron drogas para realizar el aborto y cómo tuvo al bebé en sus manos durante un tiempo antes de que muriera. Estos testimonios han llevado a la Procuraduría a solicitar una investigación exhaustiva y especializada sobre estos crímenes cometidos por miembros de las FARC, con el fin de esclarecer los hechos y garantizar la justicia para las víctimas.