Familias de los 22 cadetes fallecidos en el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander en enero de 2019, se reunieron con la directora general de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, para exigir verdad y justicia.

En medio de la reunión, los familiares también solicitaron la inclusión de todos ellos en el Registro Único de Víctimas, acceso a sus derechos, atención psicosocial y acompañamiento jurídico. Además, reclaman el reconocimiento de las fallas en la seguridad de la Escuela de Cadetes y la responsabilidad de la justicia que dejó libres a cinco personas presuntamente implicadas.

Además, los familiares pidieron el esclarecimiento de los hechos, ya que consideran que sus hijos no hacían parte aún de la Fuerza Pública. Además, solicitaron un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se atribuyó el atentado, ahora que el gobierno de Gustavo Petro reanudó una mesa de diálogo con la guerrilla.

La directora de la Unidad para las Víctimas se comprometió a avanzar en el registro y caracterización de las familias faltantes, en coordinación con la Defensoría del Pueblo para asesoría legal y acceso a la justicia, en un acto de reconocimiento y en la inclusión de sus voces en los diálogos con el ELN.

En respuesta a las solicitudes de las familias, Tobón está organizando cinco encuentros macrorregionales y uno nacional, para que puedan relatar lo que han padecido como consecuencia del conflicto armado. La directora señaló que los procesos de paz requieren las voces de las víctimas y que no se pueden desconocer las voces de las víctimas que hacen parte de las Fuerzas Militares.