Por: Migración, Región y Frontera
En el marco de la Semana Pares 2023, desde la Línea Migración, Frontera y Conflicto, ofrecemos las siguientes 10 recomendaciones para que la Paz Total sea una realidad en la frontera colombo-venezolana en Norte de Santander:
1. Fortalecer los puestos de control migratorio (PCM) que estén fuera del área metropolitana de Cúcuta.
Municipios fronterizos como Tibú, a pesar de tener un PCM desde inicios de este año, sigue estando en manos de estructuras armadas ilegales que cobran rentas por el paso peatonal, vehicular o comercial, y, además, se aprovechan de la vulnerabilidad en la que llegan algunos ciudadanos refugiados, retornados o migrantes, para vincularlos a sus estructuras delictivas.
2. Fortalecer el proceso de regularización migratoria de población venezolana.
Así como información respecto a ello, en función de garantizar el acceso a derechos básicos como la salud, la educación y el empleo. De acuerdo con la organización no gubernamental CARE, grupos de personas llamadas “Los Buhoneros” difunden información falsa sobre el ingreso a Colombia, con la intención de beneficiarse a través de la explotación sexual, la trata de personas y el cobro de traslados.
3.Crear Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia (CMPRC) en territorios fronterizos.
En territorios como Cúcuta, Villa del Rosario, Herrán, Ragonvalia, Toledo y Puerto Santander. Asimismo, fortalecer el apoyo gubernamental a los 12 CMPRC existentes y promover su articulación con el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia y la Consejería para la Paz y la Reconciliación de Norte de Santander. En un departamento fronterizo como Norte de Santander, caracterizado por la presencia de estructuras armadas ilegales, las economías ilícitas, los pasos irregulares y la falta de oportunidades, los CMPRC se convierten en una herramienta esencial, toda vez que estos pueden fomentar la colaboración entre distintos actores para prevenir la violencia.
4. Incentivar diálogos entre el sector privado, la institucionalidad y la sociedad civil, en compañía de la comunidad internacional, para prevenir violaciones a derechos humanos en contra de líderes y defensores.
Durante lo corrido del 2023 han sido asesinados 5 líderes sociales y 1 firmante de paz en el departamento. Además, la Federación de Comunales de Norte de Santander denunció que 42 líderes comunales recibieron amenazas por parte de estructuras armadas ilegales. De acuerdo con líderes consultados por Pares, las medidas son insuficientes y es necesario garantizar respuestas oportunas, eficaces e idóneas para la protección.
5. Fortalecer la eficacia de las acciones institucionales identificadas en las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y del Comité Intersectorial para la Respuesta Rápida de las Alertas Tempranas (CIPRAT).
Centrándose en la consecución de resultados tangibles y cuantificables para hacerle seguimiento al impacto y la efectividad de las intervenciones, así como a las entidades responsables de garantizar la protección y defensa.
6. Atender la violencia con enfoque diferencial y de género.
En el departamento, la reconfiguración del conflicto armado ha tenido un impacto significativo en mujeres, migrantes y personas LGTBIQ. De acuerdo con el Observatorio de Asuntos de Género, la población en mención se encuentra en alto riesgo de ejercer sexo por supervivencia, de ser víctimas de explotación sexual, de trata de personas y de ser captadas para participar en economías ilegales.
7. Conformar y mantener Equipos de Acción Inmediata, articulando y potenciando entornos protectores, como el escolar, el familiar y el comunitario, para mitigar el riesgo de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales y para el restablecimiento de derechos de quienes fueron objeto de esta violencia.
En mayo de 2023, la Defensoría del Pueblo expresó preocupación por la circulación de videos en instituciones educativas del departamento donde las disidencias invitan a los menores a pertenecer al grupo. Además, en abril se conoció una foto en la que el ELN estaba con niños y niñas en el corregimiento de Versalles, Tibú.
8. Garantizar la pervivencia de los grupos étnicos, como lo consagra el artículo 7 de la Constitución Política de Colombia.
Mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas, con un enfoque diferencial étnico, que respete sus derechos individuales y colectivos; y reconocer el derecho al territorio ancestral, a partir del cumplimiento de la sentencia T-052 de 2017, correspondiente a la ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra.
9. Asegurar la plena participación de mujeres y personas LGBTIQ en todos los niveles de toma de decisiones relacionadas con los escenarios derivados de los acuerdos de paz.
Esto implica proporcionar las herramientas necesarias para que puedan ejercer control y supervisión, así como integrar de manera efectiva a mujeres y personas LGBTIQ en el diseño e implementación de programas y políticas de paz.
10. Garantizar la seguridad de las mujeres en los acuerdos de paz.
La prevención de la violencia en el ejercicio de la participación social y política, especialmente para las mujeres, implica avanzar en el Plan de Resolución 1325 del 2000 y asegurar su implementación prioritaria. Esto es esencial debido a los riesgos que enfrentan actualmente las mujeres defensoras de derechos humanos y firmantes de acuerdos de paz, pues entre abril y agosto de 2023, el 60% de los homicidios contra líderes en Norte de Santander correspondieron a mujeres.
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