Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad
La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) por años, ha desempeñado un papel fundamental en el análisis y seguimiento de la violencia política y electoral en Colombia.
La violencia político-electoral es una subcategoría de la violencia política que puede ser definida como aquella que se ejerce contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral. En Colombia, la violencia electoral está atada no solo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las redes políticas clientelares y corruptas. Tradicionalmente, la violencia ha sido y es un mecanismo más de competencia electoral en el país.
Desde las elecciones territoriales en 2019, previamente a que se llevaran a cabo las elecciones para escoger alcaldes, concejales, diputados, gobernadores y ediles, Pares realizó cuatro informes de violencia electoral en los que dio cuenta de cómo, durante aquel calendario electoral, algunos de los aspirantes a los distintos cargos (funcionarios públicos, miembros de partidos políticos, autoridades indígenas, periodistas y denunciantes de corrupción electoral), en la mayor parte del territorio nacional, fueron víctimas de diferentes hechos de violencia. De acuerdo con los resultados que arrojaron en 2019 las investigaciones de Pares, la violencia electoral dejó durante el año electoral un total de 230 víctimas en 177 hechos ocurridos en 136 municipios de 28 departamentos del país. Dos (2) víctimas de violencia política cada tres (3) días.
En 2022, durante el calendario electoral de las elecciones nacionales para Presidencia y Congreso, Pares realizó seis (6) informes de violencia político-electoral, que arrojaron 222 víctimas en 179 hechos asociados, siete (7) víctimas menos que en las elecciones de 2019; pero, dos (2) hechos más.
Para las elecciones territoriales, en 2023 Pares realizó cinco (5) informes de violencia política – electoral, que registraron, 262 hechos violentos que dejaron un saldo de 325 víctimas únicas.
En comparación al informe final realizado para las elecciones del 2019 en Colombia, aumentaron en noventa y cinco (95) las víctimas únicas y en ochenta y cinco (85) los hechos registrados. Respecto al último informe realizado para las elecciones del 2022, Colombia aumentó en ciento tres (103) las víctimas únicas y en ochenta y tres (83) los hechos registrados.
Un inicio de 2025 violento para Colombia
El 2025, como año preelectoral, ha estado marcado desde sus inicios por una preocupante oleada de violencia. A pocos días de que se oficialice el inicio del calendario electoral, Pares ha identificado la necesidad e importancia de registrar y analizar los hechos de violencia política ocurridos desde finales de diciembre de 2024, cuando se reportó el secuestro de Antonio José Marín, exalcalde del municipio de San Cayetano, Norte de Santander, hasta finales de febrero de 2025.
Si bien estos hechos no se categorizan como violencia política-electoral, ya que tuvieron lugar antes del inicio del periodo oficial electoral, sí podrían representar un antecedente clave en el desarrollo de los comicios.
Hechos de violencia política
Desde el 28 de diciembre de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025, Pares registró 24 hechos de violencia política, que dejaron un saldo de 23 víctimas únicas. El mes con más hechos (15) y víctimas (14) registrados fue febrero de 2025.
Frente a la tipificación de los sucesos, se identificaron, cinco (5) homicidios, doce (12) amenazas; seis atentados (6) atentados y un (1) secuestro.
Es importante precisar que en febrero 2025 se registró un (1) hecho sin víctimas, tras presentarse un atentado al frente de las instalaciones de la Gobernación y la Asamblea del departamento de Huila.
Distribución territorial
Los hechos victimizantes se registran en 12 (38 %) de los 32 departamentos de Colombia, más la capital colombiana, Bogotá. Se concentran en Norte de Santander (4) Antioquia (3), Cauca (2), Chocó (2), Putumayo (2), Quindío (2), Magdalena (2), Atlántico (1), Caquetá (1), Cesar (1), Huila (1), Nariño (1). Adicionalmente se registraron dos (2) hechos cuya injerencia fue de carácter nacional, por lo que no fueron atribuidos a ningún departamento en específico.
Asimismo, es importante mencionar que el 29% (7) del total de las víctimas (23) se concentran en: Norte de Santander (4) y Antioquia (3).
En menor proporción, los siguientes departamentos registraron víctimas de hechos violentos: Cauca (2), Chocó (2), Putumayo (2), Quindío (2), Magdalena (2), Atlántico (1), Caquetá (1), Cesar (1), Nariño (1). A esto se le suma las dos (2) víctimas de carácter nacional, correspondientes a la amenaza en contra de la precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila, más reconocida como “Vicky Dávila” el 29 de enero de 2025 y la amenaza en contra de la vicepresidenta Francia Márquez el 27 de febrero de 2025.
Las víctimas
Cabe resaltar que, del total de víctimas (23), cinco (5) han sido asesinadas, cinco (5) sufrieron atentados, doce (12) han sido amenazadas y una (1) ha sido víctima de secuestro.
Si bien, se presentaron 6 atentados uno de ellos no dejó víctimas, por lo cual se registran 5 víctimas asociadas a este hecho victimizante.
Sobre esto, el perfil más victimizado durante estos meses con mayor número de víctimas son los concejales con 6 personas (23%) y los exmiembros de cargos de elección popular con 6 víctimas (23%), le siguen los alcaldes con 3 víctimas (9%), 2 gobernadores, 2 miembros de partidos políticos, 1 periodista, 1 precandidata, 1 gobernador indígena y la vicepresidenta Francia Márquez.
Los hechos más graves contados en el año electoral son los 5 homicidios. Los perfiles de estas víctimas son:
1. José Diaz Castillo, miembro del partido político, Comunes en Santa Marta, Magdalena.
2. Carlos Mario López, miembro del Partido Conservador en Cajibio, Cauca.
3. Leonairo Samir Montero Paz, gobernador indígena de la comunidad Kwe’sx Tata
Wala, en Puerto Asis, Putumayo.
4. Oscar Gómez Agudelo, exmiembro de cargo de elección popular en Armenia, Quindío.
5. Elver Porfidio Cerón Chincunque, exmiembro de cargo de elección popular en Mocoa, Putumayo.
Ahora bien, es importante resaltar que, aunque el calendario electoral inicia oficialmente el 8 de marzo de 2025 con el proceso de inscripción de cédulas para votar por cambio de residencia y el periodo de registro de Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC) У promotores del voto en blanco, así como para la recolección de firmas, lo que se puede advertir es que se evidencia un panorama bastante complejo en materia de seguridad y salvaguarda de la democracia, con el registro de los anteriores hechos mencionados se nota una antesala violenta para los comicios nacionales del 2026, una situación agudizada por la dificultad de identificar y reconocer los agentes perpetradores en la mayoría de los casos de violencia política y electoral, unido al hecho del actual escenario de confrontaciones violentas entre diversas organizaciones armadas y grupos delincuenciales en diversos puntos del país.
Ante este panorama y tras la oficialización del calendario electoral, Pares, seguirá monitoreando y analizando estos hechos de violencia periódicamente, con el objetivo de continuar alertando sobre la confluencia de prácticas lesivas para la democracia que se enquistan en el sistema político.
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