Por: Redacción Pares
El 26 de enero del 2020 un juez de garantías de Bogotá sentenció que el asesinato del ex combatiente Dimar Torres fue un crimen de estado. El horror ocurrió el 22 de abril del 2019, en la vereda Carrizal, en Convención, Norte de Santander. Torres, que vivía tranquilamente en una zona de reserva campesina, fue asesinado a la vera del camino por soldados a cargo del coronel Jorge Armando Pérez Amezquita, quien habría ordenado su asesinato por creer que Torres era explosivista del ELN. Los cuatro disparos de fusil con los que murió el firmante de paz se los propinó el cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo. Sus compañeros lo secundaron y escondieron el cuerpo de Torres a quien pretendían enterrar y desaparecer. La comunidad donde vivía se alertó de la situación y descúbrió el asesinato.
Este es sólo uno más de los 432 ex combatientes que han sido asesinados desde el 24 de noviembre del 2016 cuando, en un hecho histórico, para algunos impensado, Rodrigo Londoño, comandante de las FARC y Juan Manuel Santos firmaron en el Teatro Colón el acuerdo de paz con el que terminaban 60 años de conflicto. Sin embargo, el haber perdido el referendo con el uribismo, puro y duro, en octubre del 2016 y la victoria de Iván Duque en el 2018, han frenado uno de los aspectos -sino el que más- más importante de los acuerdos que es el de la implementación. La inversión ha sido de 88 billones de pesos pero el aumento de cultivos ilícitos, el poco interés que se ha tenido en una reforma agraria real y el copamiento de otros grupos armados en lugares que dejó las FARC, le han traído muchos problemas a los habitantes de las regiones colombianas.
En algunos sectores del país, como El Plateado por ejemplo, la falta de Estado se ha traducido en el regreso del dominio absoluto de disidencias FARC como sucede en el Plateado, Cauca. A finales de octubre el presidente pobló de soldados el Plateado recuperando esta zona, de suma importancia estratégica. Ha sido precisamente disidencias como la de Iván Mordisco uno de los causantes de estas muertes en las que la impunidad campea: sólo 11 de los autores de estos crímenes han sido condenados.
Estos 8 años de paz han sido, en muchos casos, un baño de agua fría en el lago de la desilución. A esta cifra de firmantes asesinados -aunque el peor año fue el 2019 cuando la cifra sobrepasó los 80- se suma los datos de reclutamiento de menores que ha aumentado desde el 2022 en un 552% según datos de la Defensoría del Pueblo.
Es claro que los cuatro años de gobierno Duque fue un retroceso en la implementación, hay que recordar que uno de sus lemas de campaña era “Ni risas, ni trizas” con el acuerdo. Pero a este gobierno le ha falta celeridad a la hora de ejecutar recursos. En los últimos meses Petro se ha puesto la camiseta intentando, por ejemplo, agilizar la entrega de tierras a ex combatientes, pero esto aún se mantiene en cifras muy bajas.
Lo más importante es garantizar la vida de los ex combatientes. Aún hay un dato esperanzador: a 8 años de la firma en el teatro Colón 12.105 ex guerrilleros, el 87% de los firmantes, aún cree en el acuerdo.
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