Por: Redacción Pares
La Procuraduría General de la Nación en los dos meses de emergencia sanitaria por el covid-19 ha priorizado 2.562 actuaciones, de las cuales 1.563 corresponden a acciones preventivas dirigidas a evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos, hechos de corrupción o mal uso de los recursos públicos, en especial los destinados para ayudas humanitarias.
El órgano de control tramita 999 procesos disciplinarios, de los cuales en 512 se ha tomado una decisión procesal y en otros 487 se avanza en el estudio preliminar de los hechos. Para el pasado 24 de abril, la Procuraduría, como parte del programa ´Transparencia para la emergencia, había iniciado 123 expedientes disciplinarios.
De los 512 procesos disciplinarios, 68 tienen relación con 26 gobernaciones. 53 están en indagación, 12 en investigación y 3 en juicio disciplinario.
Chocó es el departamento con más investigaciones, 3 en total. Vaupés con 7 y Magdalena y Nariño, cada uno con 5, son las administraciones departamentales con más indagaciones.
El 70% de estos procesos disciplinarios, 364 en total, corresponden a casos en 272 alcaldías del país. De estos 336 se encuentran en indagación preliminar, 20 en investigación y en 8 hay citación a juicio disciplinario o ya comenzó la audiencia de juzgamiento disciplinario, como ocurre con los alcaldes de Armenia, Quindío; Guaduas, Cundinamarca, y El Socorro, Santander.
Por regiones, en la Caribe se adelantan 106 procesos en 81 municipios, en la Pacífico 48 en 34 municipios, en la Andina 188 en 139 municipios, en la Orinoquía 17 procesos en 13 municipios, y en la Amazonía 5 procesos en 5 municipios.
Asimismo, se tramitan 80 procesos disciplinarios en 61 entidades, de los cuales 71 están en indagación, 8 en investigación y se formuló pliego de cargos contra el gerente del Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, José Agustín Ramírez Montoya.
De estos procesos, 29 corresponden a hospitales, 17 a entidades del orden nacional, 16 del orden territorial, 8 a concejos municipales, 6 a establecimientos penitenciarios y carcelarios, 3 a personerías y una comisaría.
La investigación de Pares
La Fundación Paz y Reconciliación –Pares realizó una investigación en torno al manejo de los recursos públicos de los entes territoriales para la atención de la pandemia. En total, la investigación encontró 313 contratos por cientos de miles de millones de pesos de 118 entes territoriales en 29 de los 32 departamentos de Colombia y su Distrito Capital, en los cuales habría presuntas irregularidades.
Informe de Pares: EL CUESTIONADO MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS EN LA PANDEMIA
Para la investigación, Pares priorizó 48 entes territoriales además de indagar por las denuncias que la ciudadanía allegó a nuestro buzón. Por cada ente y denuncia se consultó la contratación publicada en las páginas de Colombia Compra Eficiente, se indagó por los contratistas en el RUES y en el SIGEP y se contrastó con el aplicativo Cuentas Claras para determinar si habían sido o no donantes de campaña.
Adicionalmente se indagó por posibles relaciones políticas entre los contratistas y los funcionarios que los seleccionaron y contrataron en nuestro sistema de información –SIPARES y en medios de comunicación.
Algunos ejemplos de la investigación de la Procuraduría
SINCELEJO
La Procuraduría citó a juicio disciplinario al alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez; a la Jefe la Oficina Asesora Jurídica, Katiusca Margarita Fernández Castillo; a la directora Técnica de Gestión Contractual de la alcaldía, Andrea Tulia Gutiérrez Ahumada, y al secretario de Desarrollo Económico, Leonardo Beltrán Pinto, por presuntas irregularidades alrededor de los contratos N° 003 y 004 de 2020, cada uno por $1.999´950.000, cuyo objeto fue suministro de kits alimentarios para la población vulnerable del municipio de Sincelejo, afectada por la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.
El alcalde y los tres funcionarios deberán responder en audiencia de juzgamiento disciplinario por la participación relevante, que tuvieron en el trámite precontractual y contractual de los contratos suscritos con las sociedades Abastos y Fruver El Paraíso S.A.S., y Surtivíveres Comercializadora y Distribuidora S.A.S., a las que tres días después de la firma del contrato se les aprobó la entrega de un anticipo del 50% ($999.975.000), que debía ser destinado en su totalidad para la compra de los productos.
Se les cuestiona que con la firma de los dos contratos se habría podido incurrir en detrimento del patrimonio público, que superaría los $900 millones, y un posible desconocimiento de los principios de planeación, eficiencia, responsabilidad, economía y moralidad que rigen la contratación estatal y la función administrativa.
ARMENIA
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al alcalde de Armenia, José Manual Ríos Morales, y cuatro funcionarios por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de cuatro contratos de suministros por más de $1.590 millones de pesos.
Se trata de la Directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, Gabriela Valencias Vásquez (para la época de los hechos), y el subdirector, José Javier Acero Osorio; del secretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Patiño Sambrano, y del asesor del despacho del alcalde, Jorge Luis Barrera Chiquita (para la época de los hechos).
El órgano de control investiga supuestos sobrecostos y eventuales irregularidades en los estudios de mercados de los contratos 01, por $500 millones de pesos; 02, por $350 millones de pesos; 03, por $300 millones de pesos, y 04, por $442.340.500. Así mismo, una supuesta falta de capacidad jurídica y experiencia para la ejecución de los contratos.
NGRD
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al director general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González Ángulo, y a los subdirectores General, Gerardo Jaramillo Montenegro, y para el Manejo de Desastres, Guillermo Escobar Castro, por presuntas irregularidades en el proceso de estructuración, planeación y definición de los criterios técnicos para la adquisición y entrega de kits alimentarios en todas las regiones del país, para los programas de apoyo social que lidera el Gobierno Nacional con ocasión de la emergencia sanitaria derivada del covid-19.
Se buscan establecer los criterios que fueron tenidos en cuenta por la entidad para la selección de los contratistas, su capacidad técnica, financiera y los factores de validación y aprobación de los estudios de mercado que se tuvieron en cuenta en este proceso.