9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, ¡necesitamos acordar un Basta Ya!

Por: Max Yuri Gil Ramírez, Director de Instituto de Estudios Políticos

Universidad de Antioquia

Según el informe final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, en Colombia el número de víctimas del conflicto armado se acerca a los diez millones de personas, esto es, el 20% de la población. Ocho millones, el 80%, eran civiles mayoritariamente población campesina, a quienes los grupos armados, legales e ilegales, les irrespetaron su condición de civiles y, en muchas de las modalidades de violencia, se convirtieron en el objetivo militar primordial en la confrontación. En este sentido, el informe de la CEV identifica cinco modalidades de victimización y establece que, en términos de personas afectadas por las acciones de los grupos armados, se tienen números cercanos a los 8.000.000 millones de víctimas de desplazamiento forzado, 450.000 víctimas de homicidio, 121.000 desapariciones forzadas, 50.000 secuestros, 17.000 víctimas de reclutamiento forzado y, al menos, 33.000 víctimas de violencias sexuales. Estas cifras poseen un alto subregistro y, además, se deben actualizar pues el informe de la Comisión fue presentado ya hace tres años. Esto configura una de las peores tragedias humanitarias del planeta.

Las víctimas de Colombia, de todos los grupos armados y de todas las formas de victimización, requieren una reparación integral que permita que, como sociedad, remediemos el enorme daño infligido a millones de personas, y esta es una responsabilidad que compete de manera directa y principal al Estado colombiano, en sus diferentes componentes y en sus diversas expresiones territoriales, reconociendo que puede apelar a otros sectores de la sociedad para que coadyuven es esa labor. Por eso, hoy se debe reiterar que el Estado debe asumir sin dilaciones la responsabilidad de liderar esta labor, y que esto también debe ser competencia de las administraciones departamentales y municipales, quienes tienen de la misma manera el deber de desarrollar políticas territoriales de reparación integral, propiciando mecanismos de consulta y participación efectiva, asumiendo de manera complementaria acciones para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, y erradicando cualquier acción institucional de revisionismo o negacionismo de la memoria histórica.

La sociedad colombiana como un todo también debe asumir su responsabilidad y contribuir a la reparación integral a las víctimas. Esto implica luchar contra las narrativas y acciones revictimizantes sobre determinados tipos de víctimas, la justificación y legitimación de ciertos grupos de responsables de las violencias, la negación de los hechos, el desprecio y la falta de solidaridad. Violencias crónicas, masivas y sistemáticas como las que ha vivido y sigue viviendo la sociedad colombiana son posibles no solo por la acción de los grupos armados de todo tipo, sino también por el apoyo, la complicidad y la indiferencia de sectores importantes de la población. Por eso, para cerrar definitivamente este doloroso periodo de violencia en el país, se requiere que la sociedad colombiana asuma una ruptura ética con la legitimación y/o aceptación de la violencia como algo normal, e incluso en muchas ocasiones, como algo banal o justificado.

Lamentablemente, ha quedado claro que el conflicto armado interno que ha vivido Colombia desde mediados de la década de los sesenta del siglo pasado no terminó con el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc en 2016. Este conflicto ha cambiado, se ha reconfigurado, hay permanencias y transformaciones, pero no terminó, y por eso hoy en día hay 12 territorios del país donde, según la Defensoría del Pueblo, hay emergencias humanitarias por enfrentamientos armados. Aunque parezca idealista, se debe exigir a los actores armados el respeto absoluto por la población civil y el acatamiento pleno a la normatividad humanitaria.

Hoy 9 de abril, la sociedad colombiana tiene la oportunidad de asumir que la mejor manera de conmemorar y honrar a las víctimas es persistir en la vía negociada para poner fin a las violencias, parar las dinámicas de victimización y centrar los esfuerzos en la atención y reparación integral a las víctimas. Perseverar en la construcción de escenarios de paz, diversos, territoriales, poblacionales, permitirá la reconstrucción de la sociedad colombiana tan afectada por la violencia. Además, lanzar un rotundo ¡Basta Ya!, para contrarrestar los cantos de sirena que nuevamente se agitan en el país invitando a la fiesta sangrienta de la guerra, que como se ve, solo ha dejado millones de víctimas y desolación.