Por: Fredy Chaverra. Colaborador Pares.
El pasado 26 de septiembre la plataforma ciudadana Defendamos la Paz promovió la organización de la primera conferencia internacional del Acuerdo de Paz, el evento contó con la participación de los principales protagonistas de los intensos años de negociaciones en La Habana, los voceros de las entidades de la justicia transicional, la comunidad internacional y representantes de organizaciones sociales.
¿Qué se conmemoró? Los cuatro años de la firma del fallido acuerdo de Cartagena, sí, así es, se celebró la firma del “primer acuerdo”, el que fue suscrito en un ostentoso evento la tarde del 26 de septiembre en Cartagena, a ocho días del plebiscito y como clara muestra de la autosuficiencia y confianza que revestía a Santos al estar seguro de que el si arrasaría el 3 de octubre. Poco le importó esperar los resultados del plebiscito que él mismo se había inventado. La verdad histórica es que el no ganó y ese añejo 26 de septiembre pasó a la historia como un día incómodo y algo vergonzoso, entonces: ¿Por qué conmemorarlo?
Tras la derrota en el plebiscito y la reactivación de los ciclos de negociación, la aplanadora santista en el Congreso refrendó con amplias mayorías el “segundo acuerdo”, el verdaderamente definitivo. El acuerdo que integró 56 de las 58 recomendaciones de los voceros del no; el que corrigió aspectos problemáticos como aquel de integrar lo acordado al bloque de constitucionalidad; el que explicó pedagógicamente que el enfoque de género no es una ideología degenerada o abortista; el acuerdo que levantó los golpeados ánimos del uribismo tras su agitada campaña de resistencia civil y pieza clave para afianzar la narrativa que los llevó al poder en 2018.
Un acuerdo menos pretencioso y se podría decir más humilde ya que escuchó a sectores que se habían sentido marginados en la negociación y se hicieron sentir con su voto. El definitivo acuerdo del Teatro Colón, suscrito en una gala más sobria y discreta el 24 de noviembre de 2016. Un día que sí hay que conmemorar.
Volviendo a la conferencia, un aspecto importante de su realización tiene que ver con los balances presentados en torno a la implementación de lo seis puntos que componen el acuerdo de paz. Desde el gobierno, los exnegociadores, la comunidad internacional, el partido Farc, las víctimas y los líderes sociales, se presentaron observaciones, recomendaciones y comentarios.
Algunos fueron bastante duros con la desidia de Duque para adelantar una política de paz que retome con mayor integralidad lo acordado; otros (como Santos) jugaron a la posición intermedia al destacar lo avanzado y recordar que la responsabilidad de cumplir a cabalidad con el acuerdo es de tres gobiernos (2018-2030) y tal vez el más solitario fue el consejero Emilio Archila, un funcionario con experiencia y principal artífice de la “paz con legalidad”, la estrategia de estabilización uribista que a su vez intenta posicionar una narrativa donde no existen palabras comunes en los años de santismo: paz o posconflicto.
El acuerdo que integró 56 de las 58 recomendaciones de los voceros del no; el que corrigió aspectos problemáticos como aquel de integrar lo acordado al bloque de constitucionalidad; el que explicó pedagógicamente que el enfoque de género no es una ideología degenerada o abortista; el acuerdo que levantó los golpeados ánimos del uribismo tras su agitada campaña de resistencia civil y pieza clave para afianzar la narrativa que los llevó al poder en 2018. Imagen: Pares.
Resulta importante precisar que la implementación es un fenómeno de encadenamiento progresivo en el cual confluyen múltiples variables, entre ellas, la visión política del gobierno de turno, el apoyo de la sociedad civil y la presión de la comunidad internacional.
No es gratuito que en el fast track se haya acordado una reforma constitucional que obliga a tres gobiernos consecutivos a cumplir de “buena fe”; que el Plan Marco de Implementación (instrumento de planeación diseñado con la Farc y elevado a documento Conpes) presente indicadores a 15 años o que el mismo acuerdo plantee rutas a 10 o 15 años; por ejemplo, en lo que tiene que ver con erradicación de la pobreza rural o la vigencia de la JEP.
Sin embargo, esto no es óbice para que un presidente se vaya por la salida fácil y utilice estrategias como la simulación, el cambio metodológico o el marchitamiento administrativo para cumplir a medias. Así es como lo ha venido haciendo el gobierno Duque.
¿En qué consisten estas estrategias?
Con simulación se hace referencia a las políticas misionales presentadas como indicadores efectivos de implementación pero que nada tienen que ver con el Plan Marco o el acuerdo de paz. Tal vez el mayor desarrollo y análisis de esa estrategia se encuentra en los Cuadernos de la Implementación elaborados por el Centro de Pensamiento del partido Farc.
El consejero Archila es experto en esta estrategia porque tiende a presentar los resultados de los ministerios de Agricultura, Educación, Interior y hasta el de Vivienda, como relacionados con la implementación, algo que genera una falsa sensación de cumplimento ante una abrumadora cascada de datos y “resultados”; no obstante, el consejero se dedica es a elaborar una rendición de cuentas donde hace creer que los programas de los ministerios y agencias del Estado se relacionan exclusivamente con la paz. Tan solo es cuestión de escuchar su intervención en la conferencia para notar su afán de mostrar resultados “prestados”.
A la desidia del gobierno Duque se suma el imparable genocidio de líderes sociales y exguerrilleros. Sin duda, las mayores dificultades por las que atraviesa el acuerdo de paz en sus primeros cuatro (4) años. Imagen: Pares.
El cambio metodológico se refiere a la reorientación de las estrategias y directrices concertadas en el acuerdo. Se puede asemejar a la anterior en el sentido de que se presume que se está cumpliendo, pero en contravía del espíritu del acuerdo; por ejemplo, en el desconocimiento del enfoque regional de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial al priorizar solo los pactos municipales o la exclusión de exguerrilleros en proceso de reincorporación del programa de sustitución de cultivos, son cambios que alteran la naturaleza y metodología de estos programas.
Sobre el marchitamiento administrativo, es tal vez la estrategia más empleada ya que consiste en no asignarle recursos o activar las instancias que fueron creadas para facilitar la implementación, solo voy a enunciar dos que han pasado inadvertidas para Duque en su política de paz con legalidad: la Comisión Nacional de Garantía de Seguridad y el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. Existen solo en el papel.
¿Y ahora qué sigue?
A la desidia del gobierno Duque se suma el imparable genocidio de líderes sociales y exguerrilleros. Sin duda, las mayores dificultades por las que atraviesa el acuerdo de paz en sus primeros cuatro (4) años.
Poco tiempo para tener una visión total de su implementación, pero suficiente para diagnosticar las dificultades que han impedido su aterrizaje en los territorios más golpeados por la guerra. Con el recrudecimiento del conflicto armado en las zonas donde el acuerdo representó una promesa de transformación, se agrega un factor estructural que continuará desestabilizando el sentido de su implementación en los próximos años.
No es un panorama alentador, aunque sí es una oportunidad para que la sociedad civil siga rodeando el proceso, apropiándose de un acuerdo diseñado para todos los colombianos y fomentando espacios de socialización, como el de la conferencia internacional que, a pesar de conmemorar un día poco memorable, representó una oportunidad de encuentro para seguir diciendo con más fuerza: El mundo exige paz.
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