A dos años de la Ley de Paz Total

Por: Germán Valencia

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia

Este 4 de noviembre de 2024 se cumplieron los primeros dos años de la Ley 2272 o Ley de Paz Total. Con ella, el gobierno de Gustavo Petro ha buscado involucrar a todos los actores armados del país, sin importar la naturaleza política o criminal del grupo, en la construcción de paz. Solo exige, para el inicio de procesos de negociación, que tengan mando responsable, control territorial y capacidad para ejercer operaciones militares sostenidas y concertadas.

Está apertura le ha permitido al Gobierno iniciar nueve procesos de paz: cuatro con carácter político, donde se involucran grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML). Y cinco más, con actores de naturaleza criminal, donde tiene conversaciones socio-jurídicas con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI) con las que busca el sometimiento a la justicia.

En el primer grupo están el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente Comuneros del Sur —que es una disidencia del ELN—, las disidencias de las FARC —llamado Estado Mayor Central (EMC)— y la Segunda Marquetalia (SM). Y en el segundo grupo, la llamada Paz Urbana, donde están las estructuras criminales del Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura; y las grandes estructuras criminales del Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)— y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Con todos estos grupos armados organizados, durante estos dos años, el Gobierno ha logrado iniciar variados procesos de paz. Con unos, desde el primer día de mandato, lo que le ha permitido dialogar mucho y llegar a acuerdos parciales e implementarlos. Como pasa con el Estado Mayor Central (EMC), con quien se ha reunido en cinco ocasiones, lo que le ha posibilitado construir conjuntamente una agenda de negociación y llegar a acuerdos parciales como la implementación de un cese al fuego y la no retención de personas con fines económicos.

También, como ha sucedido con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con quien ha tenido seis ciclos de diálogos y logrado firmar 28 acuerdos parciales —entre ellos, dos ceses al fuego que suman 360 días y la participación de más de 8500 personas de la sociedad civil en el proceso de paz—. Avanzando, como nunca antes, en una negociación con esta agrupación.

Pero se tiene el contraste con otros procesos de paz, donde solo se ha comenzado a dialogar al final de estos dos años de implementación de la política pública. Como sucede con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), donde tan solo hace un par de meses, en agosto de 2024, se instaló la mesa. Haciendo que los resultados de negociación con este grupo armado criminal —el más grande del país— sean limitados y aún no se vean importantes logros a presentar.

De esta manera, la Ley de Paz Total se ha convertido en la apuesta más ambiciosa del Estado colombiano para construir la paz, en las últimas décadas. Política pública que, a dos años de haber comenzado su implementación, ya tiene buenos resultados, como la apertura, hasta el momento, de nueve procesos de paz, la vinculación de más de 27 grupos armados organizados (GAO) y la firma de múltiples acuerdos parciales, con los que se ha logrado salvar muchas vidas y mejorar las condiciones de seguridad y no violencia de las comunidades.

Paradójicamente, también se tiene un país con un ambiente de mucha incertidumbre y donde la población nota un aumento de la violencia y la inseguridad. Y a pesar de que el Gobierno tiene clara la tarea de construir la paz, no ha logrado diseñar y construir una hoja de ruta que le permita a la Paz Total tener un horizonte claro, ni contar con un marco legal completo. Además está en medio de una dinámica de violencia en crecimiento, con un deterioro notable del orden público y con presencia cada vez mayor de grupos armados en los territorios.

En este sentido, el balance que se puede hacer a dos años de la promulgación de la Ley de Paz Total es que deja agridulces: Dulces, si se consideran los avances parciales logrados hasta el momento con los grupos armados. Como el caso de Medellín y el Área Metropolitana que ha logrado reducir la violencia, bajar las tasas de homicidio y apaciguar las acciones criminales contra la población.

Amargos, si utiliza los indicadores tradicionales de efectividad en negociación y desmovilización de actores armados. Como en el caso del ELN, que ha pasado por varias crisis y hoy tiene un proceso congelado y unas delegaciones, sentadas en Caracas, discutiendo cómo continuar con los diálogos. O con el componente de Paz Urbana, cuyo accionar es lento, no se cuenta con  agendas consolidadas y publicadas —solo se tiene una hoja de ruta de la sociedad civil en Medellín—, sin capacidad de avanzar por la falta de apoyo estatal y sin recursos humanos para dialogar, acordar e implementar.

En conclusión, a dos años de la política de Paz Total el gobierno Petro ha logrado conjurar un momento sin igual en la historia del país. Se tiene sentado y hablando de paz a, por lo menos, la mitad de los grupos armados organizados del país, todos ellos con ideologías y pretensiones muy dispares. Además, ha logrado comprometerlos con la reducción de la violencia y la búsqueda de transformaciones políticas y sociales, algunas de carácter nacional y otras territoriales.

Pero también una política de paz que deja sinsabores y muchos retos. En especial aquel de cumplir la promesa que realizó Gustavo Petro, en el discurso de posesión como presidente de la República el 7 de agosto de 2022, de “terminar, de una vez y para siempre, con seis décadas de violencia y conflicto armado”. Lo que lo obliga a avanzar con más celeridad y claridad en los nueve procesos de paz que hoy tiene y en los otros que pueden venir.

Nota: para la ampliación de algunas de estas ideas se puede consultar el artículo de Valencia Agudelo, Germán Darío y Cuartas Celis, Deiman. (2024). La Paz Total en sus primeros dos años. Estudios Políticos, (Universidad de Antioquia), 71. https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/358480/20815088

* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.