Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares.
Al norte del departamento de Antioquia, recostada sobre la Cordillera Occidental colombiana y bañada por el río Cauca, en lo alto de la región montañosa, se encontraba lo que en 2017 se conocía como la Zona Veredal Transitoria de Santa Lucía, en Ituango, que recibía a los exguerrilleros de las FARC-EP quienes esperaban hacer de ésta su espacio de paz.
Sin embargo, este 15 de julio de 2020, 82 hombres y mujeres firmantes del Acuerdo de Paz huyen del ETCR Román Ruíz de Santa Lucía, producto de la violencia. Su destino es Mutatá, 11 personas se suman desde Medellín rumbo a este municipio ubicado al sur de la subregión del Urabá antioqueño; que esperan sea su espacio de paz. Se quedaron 30 personas en Santa Lucía pese a sombra de la muerte, a quienes el Gobierno Nacional no debe abandonar.
Irregularidades y riesgo inminente
De acuerdo con la comunidad, esta jornada ha estado marcada por la nostalgia, pero también por la esperanza de que en Mutatá puedan seguir apostando por la paz. De por sí, son días de ansiedad y estrés por la logística que supone el trasladado de una población en un trayecto de 300 kilómetros que, entre otras cosas, fue amenazada colectivamente el 17 de mayo de este año por grupos armados ilegales en Ituango, quienes exigían su salida del ETCR Román Ruiz.
De acuerdo con la comunidad, esta jornada ha estado marcada por la nostalgia, pero también por la esperanza de que en Mutatá puedan seguir apostando por la paz. Foto: Cortesía.
Sumado a este panorama y como si fuera poco, el traslado de las personas del ETCR hacia Mutatá ha presentado irregularidades. Manuel González —quien hace parte de la dirección en Antioquia de FARC— señaló que “ha sido una ‘marcha forzada’ la de este 15 de julio, impuesta por el Gobierno. Nosotros pedimos descansar en la noche y continuar la marcha en la mañana”. Sin embargo, partieron de Ituango a Mutatá en la tarde de este miércoles 15.
Son días de ansiedad y estrés por la logística que supone el trasladado de una población en un trayecto de 300 kilómetros que, entre otras cosas, fue amenazada colectivamente el 17 de mayo de este año por grupos armados ilegales en Ituango, quienes exigían su salida del ETCR Román Ruiz. Foto: Cortesía.
Por otro lado, González resaltó otro hecho que muestra un cambio de agenda, debido a que la ruta había sido planificada por la Vía Nacional y pretenden hacerlos salir a San Cristóbal bajo el argumento de que es más cerca. “Para nosotros es más riesgoso, esa carretera es mucho más estrecha.” González, además, pidió acompañamiento de cómo se está desarrollando la jornada, “acá llevamos la semilla de la paz, de la vida y de la reconciliación”.
Estas dificultades ya habían sido advertidas por Marcos Urbano, responsable del traslado del personal del ETCR. Marcos se refirió a los hechos cuando la jornada del 14 de julio se frustró por incumplimiento de la logistica por parte del Gobierno.
“Ya se había acordado con ARN una agenda en los días previos, pero eso fue cambiado abruptamente por imposición de una ruta diseñada por el Ministerio de Defensa que no tuvo en cuenta a los líderes del ETCR. Además, los buses llegaron muy tarde el martes y desde el inicio hemos manifestado no hacer desplazamientos en horas de la noche, porque representan riesgos innecesarios”.
La seguridad no ha sido atendida por el Gobierno
En Ituango, según cifras de CNR FARC han sido asesinados 11 firmantes de paz. Sin embargo, las afectaciones también han sido en contra de sus familias, como lo fue el caso del asesinato de Camilo Sucerquia Durango, hijo de la firmante de paz Nifia Sucerquia. El asesinato del menor de 15 años fue perpetrado en cercanías al ETCR Santa Lucía.
De acuerdo con la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte y Bajo Cauca (REDOSC) , en el municipio de Ituango hacen presencia los Grupos Armados PostFarc (GAPF) del Frente 18 y 36 y, el Clan del Golfo. De hecho, según esta Red, el Clan del Golfo se ha venido expandiendo y bajo la denominada “Operación Mil” pretenderían hacerse al control total de Ituango.
Incluso, parece ser que desde mayo, del presente año, el Clan del Golfo habría trasladado tropas desde Chocó, Córdoba y Urabá por el corredor del Bajo Cauca —Nudo de Paramillo—; para dicho objetivo. Por otra parte, el GAPF Frente 36 se ha ubicado en la Cordillera Occidental que rodea a los cañones de Santa María y Río San Andrés para tratar de frenar la avanzada del Clan del Golfo.
Justamente, la REDOSC este 15 de Julio señaló, por medio de un comunicado público, que el Gobierno Nacional está poniendo en riesgo a la comunidad que está haciendo el traslado, pues está desconociendo las condiciones de seguridad que demanda transitar en horas de la noche y por vías intermunicipales. La Red insistió que el retraso del Gobierno en la logística no puede suponer una marcha forzada que los pone en riesgo inminente.
«Este desplazamiento muestra un Estado fallido«
Pares Habló con Omar Restrepo, representante a la Cámara por el partido FARC, quien indicó que este desplazamiento enmarca un “Estado fallido que por voluntad no ha podido garantizar las condiciones ni ha implementado el Acuerdo de Paz”. Restrepo resaltó, además, que tan solo en Antioquia han sido asesinados 27 firmantes de paz, de los cuales cerca de la mitad se han perpetrado en Ituango. Por ello se refirió especialmente a la población que decidió quedarse en Ituango, la cual debe ser rodeada para evitar su masacre.
Asimismo, Restrepo señala que éste es un desplazamiento de familias nuevas o reencontradas tras la firma; que se ven en la obligación de huir de la violencia. Caso especial de los niños y niñas del ETCR quienes estaban adelantando un proceso de crianza, un proceso de estudio, un proceso de arraigo; que conlleva a afectaciones particulares.
Pares: ¿Qué significa para el Proceso de Paz el desplazamiento forzado de los y las firmantes de paz de Ituango hacia Mutatá?
Omar Restrepo: Es un ejemplo de lo que no debería estar ocurriendo, en un país que logró a través de unos actores firmar un Acuerdo para cerrar un conflicto armado de más de 50 años. El cual tiene como propósito seguir avanzando para lograr incluso la paz completa, con los demás actores armados. El ELN, la desarticulación de las otras estructuras del paramilitarismo que siguen teniendo presencia y ejercen control en territorios.
El proceso de paz fue pensado, entre otras cosas, para garantizar la vida a los reincorporados, a las comunidades. Pensado para la vida, para la reconciliación, para el desarrollo social, para una paz con justicia social.
Pares: ¿Cuál es su mensaje hacia el Gobierno Nacional para que garantice las medidas de seguridad para el traslado de los y las firmantes de paz del ETCR Santa Lucía a Mutatá, jornada se hará entre este miércoles 15 de julio y se extenderá hasta el jueves 16?
O.R.: El gobierno tiene que garantizar la seguridad de quienes se deben desplazar por la fuerza, un hecho en contra de su voluntad. En los acuerdos está contemplada la reincorporación, no solo económica, política, social; sino también familiar y cultural.
Los compañeros y compañeras que han vivido en el ETCR de Santa Lucía Ituango, son en su mayoría oriundos de esta tierra. Tienen por tanto, su arraigo allí. Asimismo, el proceso de reencuentro de familias o los nacimientos de niños y niñas tras la firma daban cuenta de un proceso, que por este desplazamiento, se afectó.
El proceso de paz fue pensado, entre otras cosas, para garantizar la vida a los reincorporados, a las comunidades. Pensado para la vida, para la reconciliación, para el desarrollo social, para una paz con justicia social. Foto: Cortesía.
A raíz de condiciones de seguridad, se ven en la obligación del desarraigo, les toca abandonar sus recuerdos, dejar a sus familias, dejar su territorio. Se exige al Gobierno Nacional las condiciones para salvaguardar la vida durante su trayecto, pero también que garantice la integridad una vez estén en Mutatá.
Allá llevarán a cabo su proyectos productivos, estarán en un proceso de reconstruir sus sueños. Estas son personas que le están apostándo a la paz, que hiceron su dejación de armas. Necesitan posibilidades en medio de una Colombia agobiada por la guerra y los asesinatos.
Pares: ¿En qué condiciones quedarán las cerca de 30 personas que se mantendrán en Ituango?
O.R.: Las compañeras y compañeros que se decidieron mantenerse en Ituango, dentro de los cuales están sus familias, quedan aún más desprotegidos. ¿Qué garantizaba que no se hubiese cometido una masacre contra la comunidad del ETCR de Santa Lucía? Pues que estaba el ETCR como figura, eso tiene un peso no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional.
Pedimos que el Estado les garantice la vida, que la comunidad internacional continúe con los ojos puestos en Ituango. Esperamos que a través de las instituciones que le hacen seguimiento al proceso de reincorporación se vele por garantías para esta población que decidió quedarse.
Urge que el Gobierno emita acciones que les permita continuar con su apuesta de vida en Ituango. También, que las comunidades aledañas los rodeen, la sociedad en general, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
Además, hay que decir que detrás de los grupos armados que azotan a Ituango hay intereses de explotación de recursos naturales, concentración de tierra, también uno no puede negar hay intereses de megaproyectos hidroeléctricos que están en desarrollo en estos momentos, que aunque públicos hay intereses privados y particulares.
El papel de la sociedad y de sectores que apoyan el Acuerdo de Paz, más aún en el marco de esta crítica situación por cuenta de los asesinatos, resulta vital. Hoy por hoy, existe un rechazo generalizado por estos asesinatos. También se cuestiona la ineficacia por las garantías, eso se debe mantener.
A su vez, que estas acciones de apoyo se den con las inciativas productivas en las que se encuentran trabajando en Santa Lucía. Estos proyectos se han desarrollado durante estos tres años con dineros de Cooperación Internacional, también de ahorros de la renta básica. Proyectos de comunicaciones, cooperativas como la de Café Paramillo seguirán trabajando de la mano de las comunidades y se necesita acompañamiento de este proceso.
Pares ¿En qué condiciones de seguridad recibe Mutatá a la población desplazada?
O.R.: En Mutatá se ha ido hablando con las comunidades, se habló con la administración municipal, con las comunidades indígenas y existe una buena recepción frente a la llegada de la población reincorporada. Desde luego, es posible que exista quienes no estén de acuerdo porque quizá pueda convertir en otro foco de violencia o porque políticamente no les convenga, o por algún resentimiento, producto de alguna afectación hecha por las FARC-EP en su momento.
«Al Gobierno Nacional le cabe toda la responsabilidad del caso, porque los acuerdos de paz están estructurados para superar las causas que genera la violencia en Colombia. De esta forma, el derecho a la vida es una de las garantías que deberían existir. Pero no ha sido posible por la falta de voluntad política para implementar lo acordado.» Foto: Cortesía.
Sin embargo, con quienes se dialogó manifestaron buena disposición. Además, porque a través del proceso de reincorporación se pueda jalonar inversión, desarrollar proyectos productivos con las comunidades, hacer política pública. Eso está estipulado en los acuerdos y eso la gente le guarda esperanza. A uno se lo manifiestan en los territorios.
Pares: ¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno Nacional sobre el desplazamiento forzado de esta población en proceso de reincorporación?
O.R.: Al Gobierno Nacional le cabe toda la responsabilidad del caso, porque los acuerdos de paz están estructurados para superar las causas que genera la violencia en Colombia. De esta forma, el derecho a la vida es una de las garantías que deberían existir. Pero no ha sido posible por la falta de voluntad política para implementar lo acordado.
La no implementación, es muerte. La realidad en el campo es muy compleja, por ejemplo, con la implementación se camina a la superación de los problemas derivados de los cultivos de uso ilícito. Dicha superación generaría que los cultivos no sigan oxigenando a la violencia a través de recursos. Para que los campesinos puedan sembrar comida y no coca. Esto generaría condiciones de bienestar para el sector rural. Estas razones ubican al Gobierno como responsable por no querer implementar la paz.
«La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»