Por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos
Fotos tomadas de: El Tiempo
Los recientes hechos de violencia armada registrados en Nariño plantean dos escenarios de la confrontación que es necesario diferenciar. Por un lado, las masacres, desplazamientos forzados, víctimas de Minas Antipersona (MAP), reclutamiento forzado de menores y asesinatos selectivos ocurridos en la costa pacífica Nariñense corresponden, fundamentalmente, a las variaciones espaciotemporales de la confrontación armada entre el Estado Mayor Central de las FARC (EMC) y la Segunda Marquetalia (SM), siendo esta la principal confrontación en el departamento al día de hoy.
Esta confrontación activa, relacionada con la pugna por el control de las rutas del narcotráfico hacia el Ecuador, las rentas ilícitas de toda la cadena del narcotráfico, la minería ilegal y la extracción ilícita de madera, entre otras, es la que ocasiona la continuidad y agravamiento de la emergencia humanitaria en el pacífico nariñense que viven, especialmente, comunidades negras y pueblos indígenas. Una emergencia humanitaria que se observa, de manera particular, en los 16.258 desplazados (registrados) que han tenido que dejar sus hogares en los primeros seis meses de este año en esta subregión. Esta cifra representa que más de la mitad de los desplazamientos forzados de todo el país ocurrieron en solamente ocho municipios del pacífico nariñense, según el último informe de situación humanitaria de la OCHA. Otro evento que permite evidenciar la alta afectación del Pacífico Nariñense por esta confrontación es el aumento de accidentes con Minas Antipersona o Munición Sin Explotar. El 47% de accidentes y víctimas del país entre marzo de 2022 y febrero de 2023 ocurrieron en esta sub región. Un dato que el Representante del Servicio de Acción Contra Minas de las Naciones Unidas en Colombia califica como “dato perturbador”:
Esta confrontación, que corresponde más a una permanencia que a una situación emergente, por ahora se expresa de manera directa en los municipios del Triángulo de Telembí y en la vía Tumaco -Pasto, incluido el municipio de Ricaurte. El EMC ha venido ganando territorio especialmente en los municipios del norte de la costa nariñense o subregión de Sanquianga, en donde ha estabilizado su dominio con estructuras provenientes de la costa Caucana, planteando el escenario de avance de sus estructuras por la costa hacia la ciudad de Tumaco y la frontera con Ecuador, y la activación de otros frentes de confrontación. Es importante tener presente la importancia de esta frontera, por donde transita el 30% de la droga colombiana hacia las rutas en Ecuador, así como la situación de violencia acrecentada que vive el país vecino, especialmente la Provincia de Esmeraldas, limítrofe con Tumaco.
El otro escenario de confrontación se caracteriza por los ataques armados a la fuerza pública, en su mayoría atribuidos directamente (o reconocidos) por estructuras del EMC. Estas acciones han tenido un incremento considerable desde mediados de agosto: el día 13 detonó un artefacto explosivo en horas de la tarde, aproximadamente en el km 94 de la vía Tumaco – Pasto, el cual dejó un militar herido y ocasionó el cierre temporal de la vía. La noche del 14 de agosto se presentaron diferentes hechos en municipios del norte, centro occidente y costa del departamento de Nariño: la explosión de una moto bomba en La Llanada, activada al paso de unidades de la Policía; el ataque con una granada a la subestación de Policía del corregimiento El Remolino del municipio de Taminango, que dejó heridos a dos policías y ocasionó un incendio en las instalaciones; el hostigamiento armado contra la fuerza pública en Leiva; el secuestro de dos Policías y el asesinato de uno de ellos en inmediaciones del km 97 de la vía Tumaco – Pasto cuando transitaban de civil en motocicletas. Posteriormente, la noche del 16 de agosto es incinerado un bus de servicio público de pasajeros en el km 92 en la vía Tumaco – Pasto; el 18 son secuestrados dos soldados en Cumbitara; y el 21, hacia las 5 de la tarde, se realiza un ataque con explosivos a una tanqueta del ejército en el km 95 de la vía Tumaco- Pasto.
Estas acciones armadas expresan unos mecanismos y objetivos diferentes al escenario de confrontación entre el EMC y la SM. En primer lugar, por el uso preferente de explosivos, en segundo por ser ejecutados directamente hacia la fuerza pública y finalmente por su activación coincidente temporalmente (14 de agosto) con las acciones armadas ocurridas en el departamento del Cauca.
Aunque algunos de estos ataques se han relacionado con retaliaciones de las estructuras ante incautaciones y capturas llevadas a cabo en esta región, la activación simultánea de dichas acciones armadas en dos departamentos limítrofes no puede leerse de forma aislada. Claramente corresponden a un propósito de manifestación de fuerza por parte del Estado Mayor Central, en el marco de la divulgación (el 12 de agosto) del acuerdo logrado entre los delegados del Gobierno y del EMC respecto a la instalación de la mesa de diálogos, el anuncio de inicio del cese al fuego bilateral, nacional y temporal para el 17 de septiembre, y un posible cese de operaciones ofensivas a partir del 17 de agosto.
Sin embargo, vale la pena revisar el comportamiento de las estructuras del EMC más allá de la coyuntura operacional de los últimos días. Según registros de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) de acciones armadas y seguimiento al cese al fuego con este grupo armado durante el primer semestre del año, el 49% de las acciones de incumplimiento al cese al fuego y de hostilidades ejercidas por el EMC fueron ejecutadas por el Bloque Occidental, que precisamente hace presencia en estos dos departamentos. Sumado a esto, este bloque emitió un comunicado amenazante contra Leonardo González, sobrino de Camilo González, el jefe negociador del Gobierno con el mismo EMC.
Las estructuras del EMC, especialmente en el suroccidente del país, han tenido un crecimiento considerable; sin embargo cabe preguntarse si es un crecimiento que responde al volumen de municipios en los que hacen presencia y personas en armas, y no a la cohesión que pueden llegar a tener las subestructuras frente a las decisiones de sus mandos en la mesa que se instalará a mediados de septiembre. Esto es importante leerlo también a la luz del origen e historia de conformación del mismo EMC como grupo disidente que no firmó el Acuerdo de Paz de 2016 y estableció estructuras que con el histórico Frente Primero se fueron expandiendo hasta consolidarse hoy en 166 municipios del país. El EMC es una organización que muy rápidamente ha pasado de ser una subestructura disidente de los acuerdos, a intentar un mando y estructura centralizada, colectiva y vertical, que intenta mostrarse cohesionada y con un carácter político frente a los escenarios de diálogo y la propuesta de Paz Total del Gobierno Nacional.
A dos semanas de la instalación de la mesa de diálogos con este grupo y un nuevo cese al fuego es preciso preguntarse si esta mesa representa a las diferentes subestructuras que tienen presencia territorial. El accionar del Bloque Occidental puede provenir de un acuerdo interno y general del EMC en función de la demostración de fuerza para el inicio de la mesa de diálogos, o puede por el contrario estar constituyendo una manifestación de fuerza interna, es decir, del Bloque frente al mismo Estado Mayor Central.
Lo cierto es que por ahora estos son cuestionamientos que a partir del 17 de septiembre con la instalación formal de la mesa y el inicio del cese al fuego con este grupo, momento en el que se verá qué tan cohesionado está el EMC y qué voluntad tienen estructuras como el Bloque Occidental de avanzar hacia un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional. Por ahora es vital establecer unos mínimos para la negociación, especialmente en términos del desescalamiento de las acciones armadas que afectan a la población civil y que en el último mes han incrementado considerablemente.