Por: Línea de investigación de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos
En Colombia es histórica la asociación entre Estructuras Armadas Ilegales (EAI) y narcotráfico, siendo catalogada esta relación por algunos sectores políticos, económicos y sociales, como la génesis de un problema que no permite el progreso del país. Si bien, se ha logrado demostrar la relación directa de las organizaciones paramilitares con el narcotráfico, para el caso de las guerrillas del ELN y las antiguas FARC-EP, es diferente, debido a que su incidencia se especifica en la cadena de producción, más no en la exportación y tráfico de drogas. Por lo cual, al circunscribir a dichos grupos como “narco-guerrillas” o “narco-insurgencia”, se habría buscado arrebatar el carácter político de un conflicto que data de mediados del siglo pasado.
Durante el periodo en el que se llevaron a cabo los diálogos entre las FARC-EP y el Estado colombiano surgió la pregunta “¿qué tan fácil o difícil es sustituir a este grupo dentro de la cadena del narcotráfico?” (Garzón, 2013). Muchos colombianos contemplaban la posibilidad de que, tras la salida de las FARC-EP de los territorios y su paso a la vida civil, se daría por terminado este fenómeno. Sin embargo, en la actualidad, viejas y nuevas EAI se acentúan sobre las zonas donde existen economías ilícitas, las cuales generan grandes dividendos a quienes logran incidir en algún eslabón de la cadena.
Ese es el caso del norte del Cauca, lugar en el cual los cultivos de coca y marihuana han persistido a pesar de la firma del Acuerdo de Paz, posicionándose incluso como economías que inciden en la vida social, económica, política y cultural. Frente a esto último, cabe destacar que las organizaciones étnico territoriales que habitan en la subregión, como es el caso de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), han tenido que enfrentar este fenómeno que ha desarmonizado sus territorios y desencadenado una oleada de afectaciones a los derechos humanos, entre los cuales se resaltan las amenazas, desplazamientos y asesinatos selectivos.
Panorama actual de los cultivos ilícitos en el norte del Cauca y la vinculación de las Estructuras Armadas Ilegales a estas economías.
Los cultivos para usos ilícitos en el norte del Cauca han existido desde 1980 con la inserción del cultivo de hoja de coca para su transformación en pasta base. Si bien, estos cultivos no han sido extensos en comparación a otras regiones del departamento, han representado una alternativa para muchas familias nortecaucanas que se vieron afectadas por la caída del precio del café y el fracaso del modelo agrícola del Estado colombiano.
En aquella década, los colombianos fueron testigos del crecimiento de la guerrilla de las FARC-EP y su expansión a varias zonas del país. El norte del departamento del Cauca representaba una zona geográfica importante para la presencia y control territorial por parte de grupos armados. Hasta la firma del Acuerdo de Paz, la guerrilla de las FARC-EP llegó a ser el actor armado con mayor peso en la subregión, a través de los frentes 6, 30 y las compañías móviles Jacobo Arenas, Gabriel Galvis y Miller Perdomo. Durante más de 30 años, este grupo guerrillero logró incidir en la vida social, política y económica de las comunidades. Una de las formas a través de las cuales ejerció poder fue a través del control de los cultivos de uso ilícito. Los cuales, para la época, consistían en la siembra de hoja de coca[1].
En la actualidad, el Comando Coordinador de Occidente (CCO), confederación de varios Grupos Armados Post-FARC (GAPF), es el actor armado con mayor presencia; de hecho, se localiza en los 13 municipios que conforman la subregión, a través de la columna móvil Jaime Martínez, ubicada sobre la cordillera occidental, en los municipios de Suárez y Buenos Aires. Y la columna móvil Dagoberto Ramos, la cual se ubica hacia la cordillera central, en los municipios de Miranda, Corinto, Caloto, Toribio, Jambaló y Caldono. Además de los municipios de Guachene, Padilla, Puerto Tejada y Villa Rica, los cuales conectan con el departamento del Valle del Cauca. Cabe resaltar que se tiene registro de la presencia de ambas columnas en el municipio de Santander de Quilichao, al ser el epicentro de la conexión entre ambas cordilleras y el puente entre el norte y sur del país.
Existen diferentes factores que inciden en la distribución espacial por parte de los dos GAPF sobre la geografía de la subregión, siendo las relaciones preexistentes, el arraigo o afinidad a un lugar o población uno de los factores más importantes para la presencia de determinado actor armado. Esto es clave en la medida en que ambos GAPF se han logrado expandir sobre toda la subregión, gracias al crecimiento en sus filas.
Lo que está más grave en ese sector [norte del Cauca] es el reclutamiento, no solo de menores, de mucha gente. Pero no un reclutamiento forzado, es decir, como una especie de conciencia, concientización que le hacen a la gente (…) lo que nos cuenta gente del sector es que están ejerciendo el reclutamiento de mucha gente, de la misma comunidad (Funcionario público, entrevista personal, mayo de 2022).
Al mismo tiempo, las economías ilícitas se configuran como un factor incuestionable para la presencia de estos GAPF. Tras la salida de las antiguas FARC-EP de los territorios, las columnas móviles Jaime Martínez y Dagoberto Ramos han logrado hacerse de las rentas, principalmente, de la coca y la marihuana. Esta situación genera la pregunta de si los Grupos Armados Post-FARC cumplen el mismo papel de las antiguas FARC-EP, y si inciden en la misma etapa de la cadena del narcotráfico.
Según los testimonios de un funcionario público del departamento “ellos no son los que la hacen, sino los que la cuidan y la patrocinan” (Funcionario público, entrevista personal, mayo de 2022). Por lo anterior se podría deducir que estos grupos brindan seguridad[2] y enlazan con posibles compradores (narcotraficantes) que se encargan de su exportación y comercialización. Hasta ese punto sería una continuación de la política de las antiguas FARC-EP. Sin embargo, Insight Crime (2019) señala en su informe que la columna móvil Dagoberto Ramos tiene funciones más directas en el tráfico de marihuana, “gran parte de esa marihuana se envía a Brasil en colaboración con la pandilla brasileña Familia del Norte (Familia do Norte)”. Esto indicaría un papel activo en la exportación del producto final. Por ende, su relación con el narcotráfico es mucho más estrecha que su predecesor.
Frente a esto último, es importante mencionar que el CCO estableció una alianza formal con la disidencia del Frente 1, encabezada por alias ‘Gentil Duarte’, sobre la cual, recaen denuncias sobre su vinculación directa con el proceso de exportación de droga. Este dato es importante en la medida en que se puede correlacionar esta alianza con la aceptación de ciertas prácticas económicas que financien sus estructuras y accionar.
En relación a lo anterior, es importante mencionar que posterior a la firma del Acuerdo de Paz, los cultivos de coca y marihuana no han parado de crecer en el norte del Cauca. El panorama actual indica que el cultivo de marihuana se ubica sobre la cordillera central, principalmente sobre los municipios de Toribío, Caloto, Corinto y Miranda, se conoce también su expansión hacia el municipio de Jambaló. Según cifras de Gonzales Posso (2019), los 4 municipios albergan alrededor de 744 hectáreas sembradas. Cifra que la Corporación Ensayos (2020) ratifica en su informe de investigación. Por otro lado, los cultivos de hoja de coca se expanden sobre la cordillera occidental principalmente sobre los municipios de Buenos Aires y Suárez, pero también se sabe de su expansión hacia los municipios de Morales, Cajibío, el Tambo y Argelia.
Gráfico No. 1
Presencia de Estructuras Armadas Ilegales y cultivos de coca en el norte del Cauca. Imagen de: Fundación Paz & Reconciliación.
Cabe destacar que desde 2018 se reconoce la reaparición del cultivo de coca en los municipios de Toribío, Santander de Quilichao, Miranda, Jámbalo, Corinto y Caloto. Este fenómeno requiere ser analizado a partir de la variación de los precios de ambos cultivos, el fracaso del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la presencia de EAI, el camino que está transitando la legalización de la marihuana con fines medicinales y recreativos, entre otros factores que podrían estar incidiendo. Así pues, para el año 2020 se tiene registrado un total de 1.274,47 hectáreas en el norte del Cauca.
De esta manera, la reconfiguración de los actores armados y la consolidación y expansión de los cultivos de uso ilícito, han generado que en el norte del Cauca se perciba un incremento en las afectaciones a los derechos humanos. Entre los hechos más recurrentes se encuentran las amenazas a líderes y lideresas sociales, masacres y desplazamientos. De hecho, según datos de Medicina Legal, para 2021 se registraron 370 homicidios en el norte del Cauca, el segundo más alto en los últimos cinco años.
Gráfico No. 2
Tasa de homicidios en municipios del norte del Cauca (2018-2021). Imagen de: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal, 2022.
Los municipios de Suárez, Buenos Aires y Corinto son los que presentan un mayor incremento en la tasa de homicidios. Por otro lado, Puerto Tejada y Santander de Quilichao representan zonas de tránsito para el narcotráfico y, por ende, puntos importantes de las economías legales e ilegales.
Gráfico No. 3
Presencia de cultivos de hoja de coca en el norte del Cauca (2016-2020). Imagen de: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia, 2022.
En suma a todo esto, la vinculación de menores de edad a Estructuras Armadas Ilegales ha sido una problemática que ha ido en aumento.
Hay mucho dinero, da para muchas cosas, un celular, una moto, plata en efectivo estas cosas sirven mucho para llamar la atención de los niños, la falta de oportunidades de trabajo, la descomposición social que se vive en estos sectores confluye para eso (Funcionario público, entrevista personal, mayo de 2022).
Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, durante el 2021 se registraron 272 casos de reclutamiento de menores en el norte del Cauca, de los cuales, el 87% fueron víctimas mujeres “(…) últimamente, se ha visto muy inmiscuido el sector indígena a pesar de que la gente no denuncia, hay un subregistro tremendo de eso, por miedo a las represalias, con la esperanza de que los niños vuelvan, pero, la gente no denuncia” (Funcionario público, entrevista personal, mayo de 2022).
Recientemente, organizaciones sociales han denunciado la presencia del GAPF Segunda Marquetalia Comisión Sexta, el cual se encuentra en un proceso de crecimiento desde el año 2020 en los municipios de Buenos Aires, Suárez, Caldono y Santander de Quilichao, por lo que se cree que iniciará una confrontación entre estos dos grupos. Además, se ha conocido a través de panfletos y comunicados la presencia del Clan del Golfo y las Águilas Negras Bloque Suroccidente, los cuales amenazan y asesinan a líderes y lideresas sociales de la subregión.
Consideraciones preliminares.
Indagar sobre las relaciones que se tejen entre las actuales EAI y las economías ilícitas en una subregión con altos índices de conflictividad como lo es el norte del Cauca, requiere tener en cuenta múltiples aspectos que permiten detallar a mayor profundidad las causas, motivaciones y consecuencias de este fenómeno. Si bien, la fórmula Actores armados + Economías ilícitas = Aumento en las cifras de violencia ha funcionado bien para explicar el impacto que afecta a las comunidades, se suelen dejar de lado aspectos históricos, geográficos y el papel del Estado en un país en el que las economías ilícitas representan algo más que una economía criminal.
Es por esto que se vuelve necesario explorar sobre el comportamiento de las EAI que ejercieron control territorial en la zona para ser analizadas bajo el contexto actual. Como se mencionó anteriormente, las FARC-EP fueron el actor armado con mayor presencia e incidencia en el norte del Cauca. Durante ese periodo realizaron el cobro de impuestos a los cultivos de coca, amapola y marihuana, así como también las rutas utilizadas para el tráfico de drogas. Sin embargo, su participación no se concentró en la exportación de drogas ilícitas. En otras palabras, no eran los dueños del producto final, por lo que es cuestionable afirmar que fueron una ‘narcoguerrilla’ (Benjumea & Sarmiento, 2022). Por otro lado, no podemos definir de manera clara la participación en la cadena del narcotráfico de los actuales GAPF, ni tampoco sus aspiraciones políticas y principios organizativos.
Adicionalmente, la presencia histórica de los cultivos de coca y marihuana en el norte del Cauca ha demostrado que no es correcto pensar estos cultivos de manera diferenciada. Si bien el PNIS se planteó como una solución para la sustitución de los cultivos de hoja de coca, no contempla los cultivos de marihuana. Existen muchas explicaciones para el fracaso de este programa, sin embargo, es necesario observar la problemática de los cultivos para uso ilícito a nivel multiescalar, ya que las particularidades de las subregiones han demostrado ser diferentes.
Finalmente, debemos resaltar el papel de organizaciones como la ACIN, la cual ha enfrentado esta problemática a partir de diferentes mecanismos de defensa del territorio. Esta organización plantea que la solución no se simplifica en la sustitución de un cultivo por otro, se requiere resolver el problema de la tierra y de la producción agrícola de manera integral para instalar capacidades productivas (Cooporación Ensayos, 2020). Definitivamente es necesario prestar atención a las propuestas elaboradas por las comunidades para enfrentar este fenómeno.
[1] Durante la década del 90, la amapola se posicionó como el cultivo ilícito prominente en la subregión, sin embargo, tras la caída del precio, los cultivadores retomaron el cultivo de coca. Por otro lado, la marihuana para fines recreativos apareció en 2010 en los municipios de Corinto, Caloto y Toribío. Hoy en día se han posicionado como una economía regional (Cooperación Ensayos, 2020).
[2] Según el informe de investigación de la Corporación Ensayos (2022) estos grupos también son los encargados de establecer los precios. Sus indagaciones demuestran que la columna móvil Dagoberto Ramos es la encargada de establecer los precios de la hoja de marihuana, además de instaurar normas y reglas para su cultivo.
Referencias bibliográficas
Anónimo. (09 de mayo de 2022). Funcionario público del departamento del Cauca. Fundación Paz y Reconciliación.
Benjumea, P., & Sarmiento, J. (2022). Federico Gutiérrez acusa a las FARC de incumplimiento con tres datos falsos y uno cuestionable. Colombiacheck.
https://colombiacheck.com/chequeos/federico-gutierrez-acusa-las-farc-de-incumplimiento-con-tres-datos-falsos-y-uno
Cooporación Ensayos. (Noviembre de 2020). ¿Es posible superar las economías ilegales? Aproximación a las variables económicas e institucionales del cannabis en Toribío, Cauca. Patacrítica(4), 65-146.
Garzón, J. C. (13 de Diciembre de 2013). Las FARC y el narcotráfico: el motivo y el pretexto. Razon Publica.
González Posso, C. (2019). La sustitución de economías ilegales y la regulación de la marihuana.
http://www.indepaz.org.co/destrabarlaguerralasustituciondeeconomiasilegalesylaregulaciondelamarihuana/. Consultado 29 de abril de 2022.
Insight Crime. 2019. Crónica de una amenaza anunciada: las ex - FARC mafia.
Opmerkingen