Por: Katerin Erazo, periodista
Foto tomada de: Semana
Este lunes, 16 de octubre, se abrió un nuevo capítulo en la búsqueda de la paz en Colombia. En el Club Barquito de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, se dio inicio la instalación de la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), liderada por Iván Mordisco.
El presidente, Gustavo Petro, expresó su compromiso con este proceso de paz a través de las redes sociales, destacando la importancia de la responsabilidad que recae en todas las partes involucradas en este proceso histórico. Después de aproximadamente 13 meses de acercamientos y negociaciones discretas, se está abriendo una ventana de oportunidad para la reconciliación y la cesación de la violencia en Colombia. Durante la ceremonia de instalación de la mesa de negociación, miembros tanto del Gobierno Nacional como del Estado Mayor Central (EMC) hicieron declaraciones que subrayaron la importancia de este logro en la búsqueda de la paz. Andrey Avendaño, el jefe negociador del grupo armado, expresó su esperanza de que este proceso de paz traiga tranquilidad a los ciudadanos colombianos.
El cese al fuego bilateral es un hito crucial en el proceso de paz, pero es necesario comprender que va más allá de un simple alto al fuego. En el acuerdo, se estableció el compromiso de respetar la vida en todas sus formas, los derechos y las libertades de la población civil, el territorio y el ambiente. También se promueve la pedagogía y la participación de la población, sus comunidades y las organizaciones, y se crean las condiciones para el cumplimiento de los acuerdos territoriales, nacionales y de aplicación inmediata.
Además de estos compromisos generales, se detallaron 11 protocolos que cubren aspectos como el mecanismo de verificación, las áreas de presencia del EMC para transformaciones territoriales, la seguridad, los traslados, la participación de la población, las comunicaciones, la evaluación del cese y la pedagogía del acuerdo. Estos protocolos son esenciales para garantizar que ambas partes cumplan con los compromisos acordados y para prevenir incidentes que puedan poner en peligro el proceso de paz.
Este cese al fuego tiene una duración inicial de tres meses y se basa en el respeto a la población civil y tiene como objetivos facilitar el funcionamiento de la mesa de diálogo, el respeto a la vida de grupos de especial protección, incluyendo los firmantes del Acuerdo Final, permitir el desarrollo de las elecciones regionales del 29 de octubre y permitir el cumplimiento de acuerdos territoriales.
El decreto establece que el cese al fuego se guiará por un protocolo que “determine las áreas en las que hace presencia el Estado Mayor Central de las FARC-EP, las cuales serán objeto de validación del Gobierno Nacional. En todo caso, estas no podrán incluir zonas pobladas o que y áreas que comprometan la seguridad nacional”. Este protocolo es esencial para garantizar la efectividad del cese al fuego y evitar incidentes.
El decreto también prevé la creación del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, que estará integrado por delegados de las partes, del Ministerio de Defensa, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Fuerzas Militares, Policía Nacional, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la MAPP OEA. Este mecanismo técnico tendrá tres instancias: nacional, regional y local para verificar el cumplimiento del cese al fuego, informar y prevenir incidentes y emitir conceptos sobre la información recogida.
La seguridad de los integrantes de este mecanismo será prestada por la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, UNIPEP. El decreto también establece un capítulo sobre el impacto territorial, que incluye acciones orientadas a la transformación territorial hacia la paz con justicia social y ambiental. Estas acciones se materializarán a través de acuerdos parciales cuya ejecución se iniciará en la cuenca del Río Micay y posteriormente en otras regiones donde se llevarán a cabo las conversaciones de paz.
En el capítulo uno, artículo 6 sobre el impacto territorial en el decreto dice: “se entenderá como la realización de acciones orientadas a la transformación territorial hacia la paz con justicia social y ambiental. En atención a lo previsto en el parágrafo 7 del artículo 5 de la ley 2272 de 2022, estas acciones se materializarán a través de acuerdos parciales, cuya ejecución se comenzará en la cuenca del Río Micay y posteriormente en otras regiones en donde sesionará la Mesa de Diálogo de Paz”.
El cañón de Micay ha sido un punto crítico de conflicto en la región. Esta zona geográficamente compleja se ha convertido en un foco de atención debido a la presencia de cultivos de coca y la actividad relacionada con el narcotráfico. Este Cañón es estratégico no solo por su importancia en la producción de coca, ya que alberga el 75% de las 25,000 hectáreas de coca sembradas en el Cauca, sino también por las actividades ilegales que se derivan de esta situación. Grupos como el frente Carlos Patiño obtienen ingresos significativos de extorsiones y la minería ilegal, que se ha expandido en la región en los últimos años. El Cañón del Micay es una región geográficamente compleja, situada en el occidente del departamento del Cauca, en la cuenca del río San Juan de Micay, entre los municipios de El Tambo, López de Micay y Argelia. Su complejidad geográfica y su ubicación estratégica lo convierten en un punto crítico en el conflicto.
Esta región del Cañón se ha convertido en una de las áreas más complejas, lo que se refleja en el índice de violencia territorial elaborado por el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas. El informe ubica a Argelia como el segundo municipio más complejo del país, después de Tumaco, en términos de violencia política, ataques contra líderes sociales y excombatientes, y otras formas de conflicto.
La operación “Trueno”, lanzada por el Gobierno, busca acabar con la presencia ilegal en esta región y mejorar la seguridad. Desde el 7 de febrero, con el inicio de esta operación, las fuerzas militares se han ido acercando al corregimiento de El Plateado, que ha sido objeto de disputa entre el EMC y otras organizaciones. La lucha por el control de esta zona ha resultado en desplazamientos forzados, amenazas, ataques a la infraestructura y minas antipersonales.
La ofensiva militar también ha tenido un impacto significativo en la región, como se evidencia en los ataques a una subestación eléctrica en Argelia, que ha dejado sin servicio de energía a más de 10,000 personas en la costa Pacífica caucana y nariñense. Este incidente resalta la complejidad de la situación y la necesidad de abordar la crisis humanitaria en esta región.
Además del narcotráfico, el frente Carlos Patiño y otras organizaciones ilegales obtienen ingresos significativos de extorsiones y la minería ilegal. En los últimos años, la minería ilegal se ha expandido en la región, lo que ha aumentado las tensiones y la violencia. Desde 2020, cuando ese frente consolidó su poder en la zona, se han registrado 348 hechos de conflicto, incluyendo enfrentamientos armados, en los tres municipios del cañón, de acuerdo con el Mecanismo de Monitoreo del Sistema Integral de Paz.
Es importante destacar que la población civil en la región ha estado sujeta a un control estricto por parte de los grupos armados, lo que ha afectado su vida cotidiana y su seguridad. La población civil ha sido víctima de desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas y ataques, lo que subraya la urgencia de abordar la situación en el Cañón del Micay en el marco de las negociaciones de paz.
Según Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la mesa de diálogo será itinerante y abarcará varias regiones. El lanzamiento de la política de droga tuvo lugar en Huesitó, en el Cañón del Micay, que se menciona en el decreto como una cuenca principal que se origina en el municipio de Argelia. Esta cuenca atraviesa todo el municipio de Argelia de sur a norte, pasa por las comunidades afrodescendientes del municipio de El Tambo y llega hasta la parte alta del municipio de López de Micay. Además, cuenta con otro “brazo” que incluye Huesitó, Playa Rica, la playa y otros afluentes que ya están accesibles por carretera.
La mesa itinerante se plantea como un reto para que en algún momento se realicen sesiones en el corregimiento del Plateado, que funge como la capital del Cañón del Micay, o en Huesitó, o incluso en San Juan del Mechengue. Esta mesa. Según Torres, tiene como objetivo establecer acuerdos parciales, lo cual es un elemento de gran importancia en las nuevas mesas de negociación implementadas por el gobierno. A diferencia de la época de Santos, donde nada se consideraba acordado, ahora se busca que cada acuerdo parcial se implemente y cumpla. Esta disposición se encuentra en el parágrafo 7 del artículo 5 de la ley 1272, que modificó la antigua ley de orden público.
Por lo tanto, la región del Cañón del Micay ha sido seleccionada como el punto de partida para la implementación del plan de desarrollo, así como para llevar a cabo planes parciales relacionados con la sustitución gradual de cultivos, el fortalecimiento de la presencia del Estado y la inversión social con justicia social y ambiental. Desde esta región, se planea extender estos enfoques a otras zonas. Por esta razón, es de vital importancia que se le haya dado prioridad y atención en el radar de acción.
El coordinador de la Oficina Pacífico también enfatizó la importancia de realizar una exhaustiva búsqueda y exhumación de fosas comunes en la zona, ya que esta es una de las áreas con mayor historial de combates, fatalidades y fosas comunes. Además, es crucial llevar a cabo la liberación de menores reclutados.
Por otro lado, con relación al corregimiento del Plateado, Juan Manuel Torres mencionó que se plantea la pregunta sobre si tiene sentido mantener un control riguroso por parte de la fuerza pública en la región. Desde una perspectiva social, tanto el corregimiento del Plateado requiere urgentemente la construcción de un hospital, la mejora de sus infraestructuras viales, la implementación de sistemas de saneamiento básico y otras medidas que el gobierno debe tomar en consideración para el desarrollo integral de esta zona.
La perspectiva de Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, en relación a esta mesa de diálogo, se enfoca en varios aspectos clave. En primer lugar, considera que este proceso representa un gran avance en la política de Paz Total.
El hecho de que finalmente se haya logrado sentar a este actor armado en la mesa de negociación es un motivo de celebración en términos de progreso en las conversaciones de paz.
En segundo lugar, Marín destaca que, a lo largo del proceso de preparación, se han presentado numerosas tensiones y dificultades en las negociaciones con el Estado Mayor Central, marcadas por las afectaciones sufridas por la población civil como resultado de las acciones llevadas a cabo en el conflicto. En este contexto, considera de vital importancia aplicar el énfasis que se da en el decreto al derecho internacional humanitario, particularmente a los convenios de Ginebra, que resaltan la importancia de proteger a sujetos especiales.
Marín enfatizó que este enfoque tiene un impacto significativo en la defensa de los derechos de las personas en las zonas afectadas, así como en la protección de los campesinos y los niños, especialmente en el contexto de estas negociaciones. Además, destaca que otro aspecto sumamente relevante de estas conversaciones es el enfoque territorial, que se alinea con experiencias anteriores en negociaciones
con grupos como el ELN. La capacidad de abordar temas a nivel nacional y, al mismo tiempo, aplicar medidas específicas a nivel territorial, especialmente en lo que respecta a las economías ilícitas, es esencial para el desarrollo de este proceso de paz.
Finalmente, la investigadora Paola Marín enfatizó que con esta mesa de diálogo se espera, en primer lugar, que haya una sólida voluntad y un compromiso firme en la aplicación del derecho internacional humanitario. Asimismo, es esencial que durante el cese al fuego no se produzcan afectaciones a la sociedad civil, como desplazamientos forzados, confinamientos y reclutamientos, problemáticas que lamentablemente han afectado a las comunidades en estas áreas.
Además, se destaca la importancia de reconocer el papel crucial que ha desempeñado la movilización social. Por tanto, se espera que la sociedad civil y las organizaciones que han sido activas en el proceso continúen desempeñando un papel destacado en las negociaciones.
Marín mencionó que se espera también que esta mesa abra la posibilidad de sentar a negociar con otras delegaciones, como la del ELN, y se aspira a que se pueda llegar a una tregua entre las diferentes organizaciones. Se es consciente de que esto representa un desafío considerable debido a las disputas territoriales, no solo entre el Ejército y el Estado Mayor Central, sino también entre otros actores y grupos en conflicto. Por lo tanto, se considera fundamental que, en algún momento, esta mesa permita la negociación con otros actores armados y contribuya a la instauración de una paz duradera en estas zonas, no solo en relación a esta negociación, sino también en el contexto de otras conversaciones similares.