Por: Alejandro Restrepo (Coordinador línea de Conflicto, Paz y Postconflicto) y Juan Sebastián Peña (editor) – Pares
El día de ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre una situación que los hechos de la realidad confirman casi a diario: Colombia reporta el mayor número de personas víctimas de desplazamiento forzado interno en el mundo. De acuerdo al Informe sobre Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), cerca de 8,3 millones de personas en el país se encuentran afectadas por este tipo de violencia.
Además, la CIDH manifestó su preocupación por el drástico incremento de hechos de desplazamiento interno forzado en los primeros 8 meses de este año. Haciendo alusión a las cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el organismo internacional señaló que entre enero y agosto del 2021 más de 57.100 personas habrían sido desplazadas forzadamente. Esto significa que, en promedio, durante estos meses, cada día 235 personas habrían sido víctimas de desplazamiento en Colombia. Respecto al mismo periodo del 2020, estas cifras representan un incremento de este tipo de violencia de casi el 135%.
De acuerdo al reporte de la OCHA, la mayoría de estas situaciones de desplazamiento se presentaron de forma reiterada en municipios como Roberto Payán y Magüí (Nariño), Argelia (Cauca), Cáceres e Ituango (Antioquia), Buenaventura (Valle del Cauca), entre otros municipios de los departamentos ubicados en la costa pacífica y en la zona noroccidental del país (Te podría interesar: Municipio de Argelia: uno de los escenarios más críticos del posconflicto).
Respecto a las causas de esta problemática, la CIDH señaló que diversas organizaciones sociales señalan razones estructurales como la expansión de grupos armados ilegales, la reducción del presupuesto para atender contingencias, la precariedad de los procesos de asistencia a las víctimas, la realización de retornos inmediatos de poblaciones desplazadas sin que haya análisis de riesgo ni garantías para un retorno seguro, la deficiente implementación integral del Acuerdo de Paz, entre otras causas. Otro aspecto a resaltar tiene que ver con que, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, las poblaciones más afectadas por el desplazamiento interno forzado son aquellas que histórica y estructuralmente se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es el caso de comunidades étnicas indígenas y afrodescendientes (las cuales serían víctimas en el 59% de los casos), y campesinas.
Perspectiva regional del desplazamiento forzado interno
El preocupante incremento del desplazamiento forzado en el país se ha dado, principalmente, por el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales (especialmente en los territorios más afectados por la guerra) y, también, por la situación de disputa que las poblaciones experimentan, en gran parte de los casos, por la presencia de múltiples actores armados que buscan hacerse al control del territorio y de los réditos de las principales economías ilegales que fueron el combustible de la guerra: el narcotráfico y la minería criminal a gran escala. Por supuesto, los combates con la fuerza pública también han generado eventos de desplazamiento.
La situación de disputas ha incrementado la mayoría de indicadores de violencia a nivel territorial. Este es el caso de Norte de Santander, en donde las disputas, en un primer momento, entre ELN y EPL y, posteriormente, entre el ELN y ‘Los Rastrojos’, han dejado un saldo humanitario sumamente complejo. En el caso del Chocó, la disputa entre el ELN y el ‘Clan del Golfo’ ha generado eventos de desplazamientos masivos y confinamientos prolongados, a los cuales se suma el accionar de las fuerzas militares a través de combates o bombardeos.
Por otra parte, en el departamento el Cauca, los grupos armados posfarc (GAPF) adscritos al Comando Coordinador de Occidente, estructura de ‘Gentil Duarte’, vienen consolidando su control a través del despliegue de violencias para eliminar la competencia armada y, también, para reafirmar su control frente a los procesos organizativos, impactando fuertemente a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. La multiplicidad de GAPF dispersos en la costa pacífica nariñense ha producido fuertes enfrentamientos por el control de la cadena de producción del clorhidrato de cocaína. El saldo han sido múltiples desplazamientos, masacres, asesinatos selectivos y sevicia sobre los cuerpos de los enemigos, entre los que se cuentan mutilaciones, incineraciones, agresiones sexuales, entre otras tácticas para generar terror en sus adversarios y en la población civil.
La situación del Bajo Cauca, el norte, nordeste y el Urabá, en el departamento de Antioquia, es dramática. Aquí, un solo grupo, el ‘Clan del Golfo’, controla el territorio: ha ganado la guerra contra ‘Los Caparros’ y, actualmente, no se mueve un dedo sin su consentimiento. Según algunas versiones del territorio, este grupo ha generado desplazamientos masivos de excombatientes de las FARC-EP, de personas señaladas de ser familiares o cercanas a ‘Los Caparros’ y, además, sería el responsables de múltiples asesinatos en contra de personas líderes y defensoras de derechos humanos, especialmente de quienes lideran procesos ambientales, territoriales y de apoyo a la implementación de la sustitución de cultivos de coca. La zozobra y el terror que genera el control hegemónico del ‘Clan del Golfo’ en el territorio impide la denuncia. Sumado a esto, existen múltiples cuestionamientos por supuestas complicidades entre sectores políticos, fuerza pública y esta estructura narcotraficante.
En síntesis, hay un recrudecimiento de la violencia organizada por cuenta del fortalecimiento de estructuras armadas ilegales, las disputas territoriales y un Gobierno que desaprovechó la posibilidad de construir legitimidad y confianza, a través de la implementación del Acuerdo de Paz, con una apuesta integral que permitiera mitigar la nueva espiral de violencia en Colombia. Una de las consecuencias que se desprende de este caldo de cultivo es el recrudecimiento de realidades como la del desplazamiento forzado interno.
El llamado de la CIDH: implementación integral del Acuerdo de Paz
Frente a esta realidad dramática del desplazamiento forzado en Colombia, aunque la CIDH reconoce medidas tomadas por el Estado al respecto (la «Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana», la «Estrategia de Protección para poblaciones vulnerables» y el «Sistema de Alertas Tempranas las Fuerzas Militares y la Policía Nacional»), reitera, una vez más, su llamado al Gobierno para que adopte medidas integrales, con perspectiva de género y enfoques diferenciales, que permitan la prevención de las causas estructurales de este fenómeno, así como para que se pueda garantizar la atención, protección y seguridad de las personas victimizadas.
En ese camino, la CIDH recuerda que la implementación del Acuerdo de Paz y las herramientas que este ofrece harían posible avanzar en la transformación de las condiciones que subyacen a esta problemática y la perpetúan en el tiempo. Precisamente, los acuerdos entre el Estado y las FARC-EP buscan abordar de forma estructural las realidades que generan procesos de violencia organizada. Un pequeño componente, teniendo en cuenta el grueso del Acuerdo, era el desarme de las FARC-EP, principal grupo insurgente del continente, garantizar su reincorporación y juzgar a los principales responsables de crímenes de guerra. No obstante, el Acuerdo traía consigo, también, posibilidades de modernización del campo colombiano a través de la reforma rural integral para generar desarrollo desde y para las comunidades; fortalecer la participación democrática de comunidades excluidas históricamente a través de la reforma política; construir instancias multisectoriales con fuerte participación de la sociedad civil para mitigar riesgos de violencia política y desmantelar estructuras criminales; sustituir los cultivos de coca acompañando a grupos campesinos en un proceso técnico para desarrollar alternativas económicas sustentables y dignificar a las víctimas del conflicto armado a través de las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Este conjunto de elementos es precisamente la hoja de ruta que tiene el país para buscar la salida de las violencias organizadas, como las que hacen posible las alarmantes cifras y realidades del desplazamiento forzado interno, y construir una sociedad menos desigual. De allí la necesidad de que el país retome el rumbo de la implementación de lo pactado en La Habana. Por supuesto, tomar este rumbo constituye un riesgo para quienes se lucraron de la guerra, como es el caso de sectores políticos, empresariales y narcotraficantes, muchas veces con fuertes relaciones entre sí. Es por esto que el Acuerdo encuentra y seguirá encontrando fuertes obstáculos para su implementación.
De modo que la voluntad y el compromiso por parte del Estado será indispensable para que la violación continua y múltiple de derechos humanos que se configura con un fenómeno como el desplazamiento forzado se detenga. Entre tanto, más de 8 millones de personas siguen esperando respuestas al respecto.
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