Por: Laura Cano. Periodista Pares.
El pasado martes en horas de la noche se prendieron las alarmas. Desde la Defensoría del Pueblo alertaron que 12 concejales de Argelia, Cauca, se vieron obligados a desplazarse de manera forzosa por problemas de seguridad desde el municipio, pues como se ha informado, estos líderes políticos temen que las amenazas en su contra por parte de grupos armados ilegales se hagan efectivas.
Hay que señalar que como lo informó el Secretario de Gobierno, Luis Cornelio Angulo a través de RCN Radio, 11 de los concejales llegaron hasta Popayán, allí presentaron denuncias ante la Fiscalía – lugar en el que pasaron la noche- y la Personería de la capital caucana.
“Ellos están haciendo las denuncias, pero también se requiere que por parte de la Unidad de Protección se establezcan esquemas de protección colectiva e individual para que pueda haber cierta normalidad en el Concejo del municipio de Argelia. (…) Hoy hay una situación crítica en el municipio con los concejales y así debemos actuar desde las instituciones; la UNP tiene que hacer el estudio de riesgo lo más pronto posible, la Defensoría debe seguir acompañando y desde la Gobernación tenemos que atender con urgencia y proveer las ayudas humanitarias que se requieren”, aseveró Luis Cornelio Angulo.
Asimismo, y en medio de un contexto en el que ha sido una constante los hechos violentos, se instó a una mayor presencia del Gobierno Nacional: “El municipio de Argelia es una población que el 80% es rural y en sus corregimientos no hay esa presencia institucional adecuada, permanente y de gran cantidad para que esto avance. Si bien es cierto que está la fuerza pública, también se necesita que ese componente social esté presente”.
Vale la pena señalar que, según el sistema de información de la Fundación Paz y Reconciliación, Sipares, se reporta que, al menos, tres hechos de desplazamiento forzado se registraron en el 2020. El primero ocurrió el 07 de marzo tras presentarse enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc, lo que causó que cerca de 270 personas tuvieran que desplazarse hacia el casco urbano.
Luego, en el mes de abril, tras amenazas del Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, cinco (5) líderes y lideresas del Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay y 20 campesinos y campesinas de las comunidades de San Juan de Micay, El Plateado, Sinaí, Playa Rica y Huisitó, tuvieron que dejar forzadamente su territorio.
Adicionalmente, el 25 de noviembre se alertó desde la Defensoría del Pueblo que después de la circulación de panfletos firmados por el frente José María Becerra del ELN, ciudadanos venezolanos y habitantes de zonas rurales del municipio de Argelia abandonaron el municipio. En este hecho más de 170 personas salieron de la zona.
Ahora, iniciando este año, ya se registra un nuevo hecho, que además de poner sobre la mesa la crítica situación de violencia en el Cauca, también insta a que se preste atención a las amenazas e intimidaciones que son cometidas contra líderes políticos, pues como lo advirtió hace algunos días Ariel Ávila, “el 2021 que es un año preelectoral, y los años preelectorales tienden a ser muy violentos en Colombia”.
Una mirada al contexto actual
Hay que iniciar señalando que el desplazamiento de los 12 concejales tuvo como uno de sus motivos el asesinato de Fermiliano Meneses Hoyos, líder social y concejal del municipio, presuntamente cometido por el ELN el pasado 16 de enero en el corregimiento de El Plateado, luego que llegara a la zona para atender el llamado de auxilio de su comunidad por los combates que se registraron entre las disidencias de las Farc y el frente José María Becerra del ELN, los cuales, como había sido denunciado, completaban más de siete días.
Asimismo, no hay que olvidar que en esa misma zona en el mes de agosto del año pasado la concejal Nancy Santacruz fue amenazada y tuvo que abandonar forzadamente el territorio junto con su esposo Norbey Antonio Rivera, quien el 30 de diciembre del 2020 fue asesinado en el barrio La Ladera, en Popayán.
A esto se suma que solo durante este año en otras zonas del país han sido asesinados otros líderes políticos. Por un lado, Carlos Erlid González Cortés, exconcejal por el Partido Cambio Radical en el periodo 2016-2019, fue interceptado el 10 de enero por hombres desconocidos en la finca de su propiedad, ubicada en la vereda Cerro Rico, jurisdicción del municipio de Buga, Valle, donde fue asesinado.
Y, el 19 de enero en Cáceres, siendo cerca de las 9 de la noche en el barrio Villa San Roque de Guarumo, hombres armados llegaron hasta la vivienda de la lideresa social y política Linda Patricia Díaz Romero, estando allí dispararon en repetidas ocasiones contra ella, quien fue trasladada al Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia, a donde llegó sin signos vitales. Díaz Romero fue aspirante al Concejo de Cáceres en el 2015 por el Partido de la U, además, era reconocida por su trabajo comunitario.
Hay que recordar que previo a las elecciones regionales de 2019, y como parte de un ejercicio de veeduría de Pares, se encontró que, en un periodo de 349 días de época preelectoral, la Fundación había registrado en relación con la violencia electoral 230 víctimas de 177 hechos ocurridos en 28 departamentos y 136 municipios.
Se señalaba en ese momento que “la magnitud del problema es tal que, en poco menos de un año, puede decirse que se ha producido una víctima de violencia electoral cada 1,5 días”. Además, como lo escribió Ariel Ávila, “durante la campaña, entre el 27 julio y el 27 octubre de 2019, un total de 142 candidatos sufrieron de violencia política: siete (7) candidatos fueron asesinados (4 al concejo y 3 a la alcaldía), 113 fueron amenazados y 20 sufrieron atentados”.
¿Qué pasa en el Cauca?
Recientemente el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila hizo a través del diario El Nuevo Liberal, un análisis de la situación en Argelia, Cauca, zona en la que además, siguiendo lo denunciado el día de ayer por la Defensoría, desde 07 de octubre se emitió una alerta temprana por parte de esta institución en la que se hacían algunas recomendaciones a partir de la situación de violencia, en la que se identificó el riesgo inminente de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, la presencia y fortalecimiento de grupos armados ilegales en el municipio, además de otras problemáticas sociales resultado de este panorama.
Asimismo, bajo este contexto no se puede perder de vista respecto a la violencia política que las alarmas se encendieron desde el 2020 por el asesinato de seis (6) concejales, el ataque que sufrió el senador indígena Feliciano Valencia en el norte del Cauca y las denuncias de varios asesinatos y atentados contra líderes políticos locales.
Con esto, además del notorio deterioro de la seguridad nacional desde la posesión de Iván Duque como presidente que ha afectado especialmente a departamentos como el Cauca, Ávila indicó que en esta zona “se escurrió la paz de entre las manos, la “ventana de oportunidades” que abrieron las negociaciones y la firma de la paz nunca se aprovechó, hubo algo de tranquilidad por unos dos años, entre el 2016 y 2017. Pero todo se fue escurriendo. No basta con implementar PDET, PNIS, etc., ya no será suficiente para la situación vivida, es más, nadie tiene una fórmula mágica que le dé solución a la actual ola de violencia que vive el sur occidente del país”.
Esto, entre otras cosas, terminó acentuándose ante una ausencia institucional y estatal, que incluso una vez dejado este territorio por el Frente 60 de las Farc -uno de los de mayor importancia en la zona durante el conflicto armado- tras la firma del Acuerdo de Paz, nunca se hizo nada para copar este gran vacío, lo que permitió la entrada a otras estructuras armadas ilegales que hoy se disputan a sangre y fuego el dominio del Cauca.
“Hace dos años el recién creado Frente Carlos Patiño del Comando Coordinador de Occidente de las disidencias de las FARC realizó un primer intento de ingreso en el que se enfrentó muy fuerte con ELN entre marzo y mayo del 2018. Después de una arremetida muy fuerte “Los Patiños”, como les llaman en la zona, este grupo perdió esa batalla y se vio disminuido. (…) Para inicios del año 2020 el Frente Carlos Patiño hace un nuevo ingreso a la zona con más hombres, acompañado con la columna Jaime Martínez y comandados por Jonier y en esta oportunidad muy rápido hicieron control del Cañón del Micay, con el botín del cobro de impuestos al cultivo de coca y la producción de cocaína. Aprovecharon un mal momento que estaba pasando el ELN”, afirmó Ariel Ávila en su artículo.
Lo que ha dejado esta disputa por el poder es una comunidad completamente afectada por un número de muertes alarmante, que solo en el 2020, según datos de Medicina Legal se reportaron, al menos, 77 homicidios. De estos, siguiendo lo registrado en el Sipares, 05 fueron cometidos contra líderes sociales y firmantes de paz. Además, en lo corrido de esta guerra la comunidad ha sido afectada por los constantes señalamientos, paros armados continuados, impedimentos para trabajar la coca, desplazamientos masivos y amenazas; las cuales se volvieron parte del paisaje entre panfletos firmados por el ELN o las disidencias.
“El fenómeno más grave en este territorio es que es uno de los enclaves cocaleros más importantes y productivos del país con más de 10 mil hectáreas sembradas y con toda una estructura económica volcada a la producción de hoja de coca y cocaína. Según el último informe del SIMCI, la productividad por hectárea en el Cañón del Micay triplica a lo que se puede alcanzar en el Pacífico Nariñense”, expone Arel Ávila.
Adicionalmente, en la Alerta Temprana, la Defensoría del Pueblo enfatizó que la constitución geográfica y topográfica de los municipios como Argelia, permite la configuración de diversas estrategias de movilidad y comercialización de sustancias relacionadas con la cadena del narcotráfico De un lado, aunque en condiciones precarias, se encuentra una red vial de bastas dimensiones, que posibilita la movilidad de miembros de los grupos armados ilegales.
Por estos corredores, además del tránsito de hombres, circulan armas e de insumos para la transformación de coca para su comercialización. Existen también redes de comunicación que se extienden en dirección hacia el Océano Pacífico, el departamento de Nariño, el norte del departamento del Cauca y, por supuesto, hacia la vía Panamericana que interconecta todo el sistema de tránsito del país”.
Todo esto lo que demuestra es que el desplazamiento de estos concejales, que además afecta el tejido social y la actividad política en Argelia, donde es primordial contar con este tipo de acciones, responde a las consecuencias del abandono estatal y a las inexistentes medidas eficientes para atender esta ola de violencia, que incluso con las advertencias hechas desde distintos sectores no están siendo atendidas con la responsabilidad y efectividad que urge.