Por: Katerin Erazo, Periodista
Las tensiones en el suroeste de Colombia han alcanzado niveles alarmantes, con una escalada de violencia que ha sacudido los municipios de Morales en Cauca y Jamundí en el Valle del Cauca. En la mañana del pasado lunes 20 de mayo, nuevas explosiones sacudieron estas áreas, marcando la presencia y la acción de las disidencias de las FARC.
Trágicamente, estas explosiones han cobrado la vida de dos valientes oficiales de policía, recordando el peligro constante que enfrentan quienes luchan por mantener la paz en estas comunidades.
Sin embargo, la amenaza no se limita a estos dos municipios. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que abarca un espectro más amplio, señalando la preocupante inseguridad en varias comunidades en Argelia, Cauca. Esta alerta resalta la presencia del Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y una reactivación del ELN en la región.
La situación descrita por la Defensoría es sombría, advirtiendo sobre violaciones continuas a los derechos humanos debido a la presencia de estos grupos armados. La consolidación del Frente Carlos Patiño y la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, plantea un riesgo significativo para la población civil. Además, se señala una posible reactivación de facciones del ELN en el sur del Cauca, con el objetivo de retomar el control de áreas estratégicas y fortalecer lazos con la Segunda Marquetalia.
Carlos Camargo, defensor del Pueblo, ha subrayado la importancia de abordar esta crisis con urgencia. Los recientes informes de presencia armada del Frente José María Becerra del ELN en varios corregimientos subrayan la necesidad de medidas preventivas para proteger a la población civil.
La alerta también destaca un aumento en los casos de amenazas, estigmatización y homicidios dirigidos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en la región. Estos actos son denunciados como represalias por supuestos vínculos con los grupos armados en conflicto.
En respuesta a esta escalada de violencia, el presidente Gustavo Petro ha solicitado la instalación de un consejo de seguridad permanente en el departamento del Cauca. Este llamado a la acción busca evaluar la situación de orden público en la región y coordinar esfuerzos para proteger a las comunidades afectadas.
Con la presencia de las Fuerzas Militares y funcionarios del Ministerio de Defensa, encabezados por Iván Velásquez, se espera que se tomen medidas concretas para abordar esta crisis y restaurar la paz en estas áreas vulnerables.
En los últimos días, esta ola de violencia desatada por las disidencias de las FARC ha sacudido los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca, sumiendo a diversas poblaciones en un estado de intranquilidad y zozobra. La escalada de agresiones ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de estas regiones frente a los embates de grupos armados ilegales.
Además, recientemente, un video circula en las redes sociales ofreciendo recomendaciones a la ciudadanía sobre cómo actuar en situaciones de orden público, reflejando el temor latente que se vive en estos territorios. Los ataques perpetrados por estos grupos armados han puesto en jaque la seguridad y la estabilidad de los municipios del sur del país.
Entre los episodios más lamentables se encuentra el ataque al cabildo indígena en Toribío, donde la líder Carmelina Yule Paví perdió la vida hace aproximadamente un mes. Además, en los últimos días, las disidencias han perpetrado ataques con explosivos y ráfagas de fusil contra la estación de policía en Morales, Cauca, así como contra el Banco Agrario, evidenciando una estrategia de hostigamiento hacia la Fuerza Pública y la población civil en general.
Ante esta alarmante situación, el presidente Gustavo Petro ha manifestado su voluntad de continuar el diálogo de paz con la mayor disidencia de las FARC. Sin embargo, ha suspendido el cese al fuego con los militantes en tres departamentos gravemente afectados: Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
Esta decisión ha generado un deterioro en las conversaciones con los grupos armados, desencadenando un recrudecimiento de la violencia que ha cobrado vidas y ha dejado graves daños materiales en el Cauca y otras regiones del país.
La respuesta del Gobierno frente a esta situación ha sido contundente. El presidente, en un comunicado oficial, expresó: "No hay que jugar con la paz, si es guerra es guerra. Detener la guerra implica ser serio con la paz". Sin embargo, la realidad muestra la persistencia de los ataques violentos, como lo evidencia el reciente atentado que cobró la vida de cuatro soldados en el Cauca.
En este contexto de violencia creciente, la población civil se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. La presencia y el accionar de las disidencias de las FARC continúan representando un desafío para la seguridad y la paz en Colombia, exigiendo respuestas urgentes y coordinadas por parte de las autoridades gubernamentales y la sociedad en su conjunto.