Por: Katerin Erazo, Periodista
Foto tomada de: El Tiempo
Hace unos días la Defensoría del Pueblo ha emitido la Alerta Temprana (AT) 022 de 2024, dirigida a Neiva y a los municipios de Tello, Baraya y Colombia en el departamento del Huila, en respuesta a la creciente amenaza que representan los disidentes de las Farc en la región. Esta alerta es un reflejo de la intensificación del control territorial por parte de los frentes Iván Díaz y Darío Gutiérrez, ambos bajo el mando de alias Calarcá, quien se ha convertido en una figura clave dentro del conflicto armado en Colombia.
La región afectada es estratégica por su ubicación, ya que conecta al Huila con departamentos cruciales como Tolima, Cundinamarca, Meta, Caquetá y Bogotá a través del páramo de Sumapaz. Este corredor geográfico es vital para los intereses de los grupos armados, ya que facilita el movimiento de materiales bélicos, el fortalecimiento de economías ilícitas y el tránsito de sus miembros. La presencia de estos frentes disidentes en esta área no solo representa una amenaza para la seguridad rural, sino que también podría extenderse hacia las zonas urbanas, particularmente en Neiva, la capital del departamento.
La Alerta Temprana subraya que, además de las amenazas directas a la vida y seguridad de los habitantes, existe un riesgo latente de que estas facciones disidentes deleguen sus actividades criminales a bandas delincuenciales locales. Esta posible alianza no solo podría aumentar las tasas de criminalidad en la región, sino también agravar la ya tensa situación en la capital huilense, ampliando el alcance de la violencia y la extorsión.
En respuesta a esta alarmante situación, la Defensoría del Pueblo ha emitido 22 recomendaciones dirigidas a las autoridades nacionales y locales. Entre las principales sugerencias se encuentra la urgencia de garantizar el acceso a la justicia para las comunidades afectadas y la necesidad imperiosa de implementar medidas de prevención y protección. La Defensoría ha instado a los gobiernos, tanto locales como nacionales, a adoptar una postura firme y decidida para frenar la expansión de estos grupos armados y mitigar las amenazas que se ciernen sobre la población civil.
Estas recomendaciones no son meramente administrativas; son un llamado urgente a la acción. La Defensoría insiste en la importancia de fortalecer las capacidades institucionales en la región, especialmente en lo que respecta a la presencia y eficacia de las fuerzas de seguridad. La implementación de estas medidas es crucial para prevenir una mayor escalada de violencia y para proteger los derechos fundamentales de las comunidades que se encuentran en medio del conflicto.
Alias Calarcá, el cabecilla disidente al frente de los frentes Iván Díaz y Darío Gutiérrez, ha emergido como una figura de doble filo en el conflicto armado colombiano. Por un lado, ha mostrado una aparente disposición a entablar negociaciones de paz con el Gobierno nacional. Sin embargo, esta actitud no ha impedido que su grupo continúe con actividades de control territorial y extorsión, exacerbando la situación de inseguridad en el Huila.
Es importante señalar que las disidencias de las Farc están actualmente divididas en varias facciones, cada una con estrategias y objetivos distintos. En un extremo está Iván Mordisco, quien lidera una confrontación abierta y total contra la Fuerza Pública en departamentos como Cauca, Valle y Nariño. En el otro extremo, Calarcá ha adoptado una postura más conciliadora, al menos en teoría, apostando por una salida negociada al conflicto. Esta dualidad dentro de las disidencias refleja la complejidad del conflicto y las dificultades que enfrenta el proceso de paz en Colombia.
La muerte de alias Gentil Duarte en mayo de 2022 marcó un punto de inflexión para las disidencias. Calarcá asumió el control tras este hecho, lo que ha resultado en una reconfiguración de las dinámicas de poder dentro del grupo. No obstante, la guerra interna entre las disidencias, especialmente con la Segunda Marquetalia, ha intensificado la violencia en regiones como el Caquetá, lo que añade una capa adicional de incertidumbre y peligro para las comunidades.
La Alerta Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo tiene un enfoque humanitario, orientado a la protección de los derechos y la seguridad de las comunidades más vulnerables en la región. El documento subraya que la situación en el Huila no solo afecta a la seguridad física de los habitantes, sino que también tiene profundas implicaciones sociales y económicas. La extorsión, el desplazamiento forzado y la violencia están erosionando el tejido social de las comunidades, generando un ambiente de miedo y desconfianza que dificulta cualquier intento de desarrollo y paz en la región.
La Defensoría ha enfatizado la necesidad de una intervención integral y coordinada por parte de las instituciones gubernamentales. Esto implica no solo un fortalecimiento de la seguridad en la región, sino también el apoyo a las comunidades en términos de desarrollo social y económico. La protección de los derechos humanos debe ser una prioridad, y es esencial que se implementen mecanismos eficaces para garantizar que las voces de las comunidades afectadas sean escuchadas y respetadas.