Por: Daniela Garzón (investigadora nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad) y Laura Cano (periodista)
El registrador Alexander Vega levantó la polvareda la semana pasada, cuando en una visita al municipio de Soacha, para inaugurar una nueva registraduría auxiliar, le preguntó desafiantemente al DANE en dónde están cinco millones de colombianos, pues, de acuerdo a sus aseveraciones, solo hay cincuenta millones de personas censadas y 55 millones tienen registro civil. Aunque el registrador reconoció que hace falta una depuración en el censo electoral y que, en efecto, aún hay personas muertas que se encuentran inscritas como votantes; y a pesar de que se organizó una una mesa técnica, coordinada por el DANE y por la Registraduría, para la depuración del Censo Electoral, el debate siguió debido a otras declaraciones que ha realizado el registrador Vega, en las que ha afirmado que los partidos y movimientos políticos que tengan dudas sobre las garantías electorales deberían abstenerse de participar.
Ambos episodios muestran que el registrador aún no ha entendido que su papel, al frente de una entidad de la que dependen la identificación de los colombianos y las colombianas, el desarrollo de garantías electorales y que las personas puedan ejercer su derecho al voto de la forma más igualitaria posible, no es polemizar, y menos con otras instituciones como la autoridad estadística. La Registraduría cumple un papel esencial como árbitro de los procesos democráticos, y cualquier declaración emitida desde esta institución que pueda influir políticamente en las elecciones es inconveniente.
Sin embargo, desde el nombramiento de Vega se sabía que su mundo estaba muy cerca del de los políticos. Primero, porque antes de ser registrador fue magistrado del Consejo Nacional Electoral por el Partido de la U. Segundo, como revela La Silla Vacía, porque varios de los cargos dentro de su trayectoria profesional fueron trabajando de la mano de alcaldes, secretarios de Gobierno o de un polémico exmagistrado, Rodrigo Escobar Gil, condenado en 2018 por el escándalo de Fidupetrol.
El hecho de que el registrador se encuentre tan cerca de algunos partidos políticos, como el Partido de la U, es un problema porque su figura no garantiza imparcialidad y levanta suspicacias que solo contribuyen a aumentar la ya muy grande desconfianza de la ciudadanía respecto a los procesos electorales que se avecinan. La intención de ganar pulsos políticos por parte de Vega quedó demostrada con una denuncia que recibió Pares recientemente, en la que algunos funcionarios de la Registraduría se quejaron de que les invitaron a participar en una encuesta sobre la discusión entre Vega y el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, cuando nada de eso está dentro de sus funciones.
La indebida injerencia en asuntos políticos del registrador no son el único aspecto criticable de su gestión. Y es que hay que recordar que su paso por la Registraduría ha tenido varios cuestionamientos. Por ejemplo, poco después de que llegara a ocupar su puesto como registrador, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ya advertía sobre el negocio que se venía con la reforma electoral, pues con la llegada de Alexander Vega al organismo se habían despedido a más de 1.500 funcionarios de la Registraduría, nombrando en algunos de dichos cargos a fichas de los clanes políticos, contratistas de antaño de la Registraduría y hasta a sobrinos de magistrados del Consejo de Estado.
Sumado a esto, más recientemente, y ad portas a las próximas elecciones al Congreso de la República y a la Presidencia, se denunció una presunta irregularidad en el proceso de contratación de la empresa encargada de la organización tecnológica de las elecciones. Según lo denunciado por la W Radio, “varias empresas de renombre en el país enviaron una carta a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, en la que exigieron la suspensión del proceso de organización tecnológica de las elecciones. Según ellos, está hecho a la medida de la empresa que se ha quedado con todos los contratos de la Registraduría desde 2009: Thomas Greg And Sons”.
Esta afirmación estaba sustentada en que, de acuerdo a lo informado, la Registraduría pedía, para este proceso de contratación, un software especial, el cual solo lo tenía Thomas Greg & Sons. Además, entre la experiencia requerida, se exigía que las empresas hayan participado en elecciones anteriores, lo cual también sería un requisito que solo cumplía esta misma empresa (Te podría interesar: “Thomas Greg & Sons: un viejo conocido en las jugadas electorales”). Adicionalmente, como lo indicó el medio de comunicación, “el tiempo que les dio la Registraduría es extremadamente corto para al menos intentar obtener o crear un software similar con el que puedan participar”.
Justamente, el día de hoy, 26 de octubre, la Registraduría Nacional abrió el proceso con el cual se adquirirá el software propio de la entidad para el escrutinio. En medio de este acto fue que el registrador Vega pronunció las palabras que, de nuevo, lo ponen en la lupa de la opinión pública: “el que no sienta garantías, o cree que le van a hacer fraude, no debería presentarse. Las garantías están dadas”. Sus palabras han propiciado, incluso, que desde ciertos sectores se le pida su renuncia.