Por: Redacción Pares
Foto tomada del: Colombiano y Zona Cero
Alirio Uribe arrancó en el Colectivo de abogados José Alvear en la década de los noventa. Ya el CAJAR había soportado épocas muy convulsas como la persecución que vivieron los defensores de derechos humanos desde 1978 a 1982 por culpa del Estatuto de Seguridad, en donde le entrega a los militares las llaves del país. El aporte de Alirio Uribe fue fundamental para recopilar los primeros datos sobre la creación de los grupos paramilitares en el Magdalena Medio y, también, sobre la penetración de estos grupos en organismos de seguridad del Estado como el DAS. Bumangués, nacido en 1960, le interesa Barrancabermeja. En los años ochenta viaja con frecuencia al puerto petrolero. Le interesa mucho el movimiento social allá. La capacidad que se tenía era impresionante. A los políticos les interesaba la gente, si llegaban de otras partes del Magdalena personas en condición de desplazamiento y se instalaban en un terreno baldío era inmediata la capacidad para ponerle servicios públicos a la gente. Una de las razones de visitar Barranca era atender los continuos atropellos que sufrían líderes barriales, gente de los sindicatos de Ecopetrol.
A medida que pasa el tiempo las agresiones por parte de agentes del Estado contra el movimiento social se recrudecen. Arrecian las masacres, los asesinatos selectivos. El 16 de mayo de 1998 ocurriría la peor de todas. En una tarde de sábado los paramilitares entraron al barrio El Campín y durante tres horas -sin que interviniera la Fuerza Pública- asesinaron a veinticinco personas.
El centro de operaciones de Alirio Uribe pasa a ser Bogotá. Con el colectivo José Alvear ayuda a senadores como Gustavo Petro a recoger pruebas que evidenciaran la infiltración de los paramilitares en la clase política tradicional de departamentos como Córdoba o Sucre. Desde el colectivo Alirio empieza a ganar renombre ya que se involucra en procesos como el asesinato de Jaime Garzón, instigado por José Miguel Narváez, quien fue nombrado por Álvaro Uribe subdirector del DAS, defiende a la familia del profesor universitario Alfredo Correa de Andreis, asesinado en plena calle en Barranquilla al lado de su escolta en el año 2002, en este hecho estaba implicado otro de los consentidos de Uribe, Jorge Noguera, director del DAS y un hombre defendido pública y enconadamente por el entonces presidente, Alirio ayudó a esclarecer el crimen del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado por orden de Carlos Castaño y quien habría contado con el apoyo de la cúpula militar. Todos estos casos fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero el caso de las Chuzadas lo enfrentó directamente con Álvaro Uribe. Este gobierno, quien veía subversivos hasta debajo de las piedras, se ensañó con uno de sus abogados, Reinaldo Villalba, quien en la actualidad es el hombre que representa a Iván Cepeda en el juicio que se le sigue al expresidente por manipulación de testigos. Villalba tenía sus comunicaciones interceptadas por orden de María del Pilar Hurtado, quien sería la mujer que reemplazaría a Jorge Noguera en la dirección del DAS y al secretario de presidencia de Uribe, Bernardo Moreno. El colectivo encontró además un seguimiento exhaustivo a Villalba y al propio Alirio Uribe evidenciado en fotos saliendo de sus casas, recogiendo a sus hijos al colegio. El gobierno les seguía sus pasos. Moreno y Hurtado, como Jorge Noguera y Narváez, fueron condenados gracias a la labor del colectivo de abogados José Alvear.
En el año 2011 Alirio Uribe le pidió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia compulsar copias para investigar al expresidente por la infiltración de los paramilitares en el DAS. Lo implicaron directamente como coautor de las chuzadas. El jurista fue mucho más allá: “El asesinato de la periodista Zully Codina y del sociólogo Alfredo Correa Andreis ocurrieron en el marco de ataques y señalamientos a periodistas opositores y defensores de derechos humanos por parte del mandatario”. El DAS necesitaba encontrar pruebas para demostrar el CAJAR pertenecía a las FARC o a otra guerrilla. Los militares, aupados por Álvaro Uribe, llamaron al CAJAR “brazo jurídico de la subversión”.
Las acciones de Alirio Uribe y el Cajar despertarían a un poderoso enemigo. El expresidente, de rencores largos, empezó a defenestrar al colectivo desde sus redes sociales. En trinos llamaba al CAJAR “Colectivo de abogados de las FARC”. Después de hacerle una visita en la cárcel a Maria del Pilar Hurtado, Uribe acusó al CAJAR de robarle un computador a la ex directora del DAS.
Tal vez el primer ataque que recibió el CAJAR por parte de Uribe fue el 8 de septiembre del 2003, cuando apenas tenía un año como presidente. Sus palabras fueron las siguientes durante la transmisión de mando del Comandante de la Fuerza Aérea: colectivos de abogados, bajo uno y otro nombre, voceros del terrorismo”. En esos años se desarrolló una campaña de desprestigio contra el colectivo de abogados, se llamaba Operación Transmilenio, que consistía en en realizar seguimientos ilegales, tortura psicológica, amenazas e intimidaciones a integrantes del Cajar y sus familias, con el objetivo de “neutralizar” su labor, como quedó consignado en documentos del DAS que hacen parte del proceso judicial por estos hechos.
Alirio, quien renunció al CAJAR en el 2013 para ser congresista, y estar al frente del Polo y luego meterse de lleno en la candidatura presidencial de Gustavo Petro que terminaría en victoria, sigue teniendo en Álvaro Uribe a un enemigo de cuidado. El país jamás olvidará que fue uno de los pocos que decidió ponerle una barrera cuando el país lo adoraba como si fuera un ídolo. Sin él la democracia Colombia hubiera quedado aún más mutilada después de los ocho años de Seguridad Democrática.