Por: Ghina Castrillón Torres, Investigadora Territorial
Oficina Pares Pacífico
Los recientes allanamientos y capturas a jóvenes manifestantes en ciudades como Cali, Bogotá, Medellín y Bucaramanga, generan alerta por parte de las organizaciones sociales y políticas a nivel nacional por posible intención provocadora por parte del Gobierno Nacional en contexto preelectoral, para estimular la alteración de orden público y así afectar la jornada de segunda vuelta presidencial del próximo domingo.
Durante los días 14 y 15 de junio la Fiscalía adelantó diferentes capturas en varias ciudades a jóvenes señalados de ser miembros de las denominadas primeras líneas y para el caso de Cali las capturas corresponden a jóvenes que identifican como voceros estudiantiles y barriales y artesanos de la zona Puerto Resistencia, que de acuerdo con uno de los abogados defensores consultado por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Pacífico se les acusa por algunos delitos como concierto para delinquir, secuestro simple agravado, tortura en contra de funcionario público y terrorismo.
Asimismo algunos liderazgos políticos de la ciudad han expresado su preocupación porque el Gobierno anunció el denominado Plan Democracia y horas después se presentaron 11 capturas en Bucaramanga y 9 capturas en Cali de jóvenes que han pertenecido al movimiento estudiantil y a organizaciones alternativas, dichas capturas responden a lo que parecería una persecución selectiva de jóvenes, lo que aparenta ser más casos de falsos positivos judiciales que buscan generar un clima de inestabilidad.
Investigaciones judiciales resultado del estallido social 2021
Durante el estallido social que vivió Colombia el año 2021 en el marco del Paro Nacional, ciudades como Cali se convirtieron en referente dada su movilización activa, por lo que se le denominó la Capital de la Resistencia. Los diversos movimientos en la ciudad lograron establecer puntos de manifestación que se convirtieron en íconos durante y posterior a la protesta, como lo es el denominado Puerto Resistencia, en donde se organizaron liderazgos juveniles para continuar con trabajos comunitarios y barriales una vez acabado el Paro Nacional.
Posterior al estallido social, la Fiscalía ha adelantado diferentes procesos de investigación contra diversas personas por hechos ocurridos durante el Paro Nacional. Sin embargo, los recientes allanamientos y capturas a líderes como los de Puerto Resistencia en Cali, según expresan defensores, responden a una persecución judicial y se dan en el marco de la orden que dio el director general de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas, el día 14 de junio, solicitando a los fiscales en todo Colombia adelantar las capturas que más puedan en contra de las denominadas primeras líneas, de cara a evitar posibles manifestaciones posterior a la segunda vuelta presidencial.
Asimismo diversas organizaciones sociales aseguran que los allanamientos y capturas a líderes juveniles de Puerto Resistencia corresponden a una provocación y retaliación por parte de la Policía Nacional, dado que el día 14 de junio se confirmó que 12 policías y varios civiles, entre ellos Andrés Escobar, están siendo formalmente investigados por la Fiscalía, por delitos como tortura agravada y privación de la libertad, pues según la investigación atacaron a los y las manifestantes durante el estallido social de 2021 en barrios como Ciudad Jardín, en Cali. Además, se evidencia una intención de afectar la dinámica de voluntariados en la campaña de Gustavo Petro en las principales ciudades del país.
Tensión en escenario preelectoral
A escasos cuatro días de la segunda vuelta presidencial es alarmante que los jóvenes del movimiento social en las principales ciudades del país, y más en puntos tan significativos como Puerto Resistencia en Cali, vivan lo que puede denominarse una persecución judicial. Desde el Gobierno Nacional y sectores políticos afines se ha estigmatizado la protesta social, por lo que se teme que los puntos de resistencia sean vistos como una organización criminal, y los allanamientos y capturas serían el resultado de temores infundados sobre supuestos actos violentos por parte de las denominadas primeras líneas, posterior a las elecciones del día domingo.
Igualmente lo manifiesta el analista y director de Pares, León Valencia “es muy grave la cacería de jóvenes de la Primera Línea ad portas de unas elecciones en las que precisamente se está expresando el repudio a la manera como el gobierno de Duque trató la protesta social y respondió a las urgentes necesidades de una juventud desesperanzada”. Esta situación ha sido calificada por varios sectores sociales y políticos como un acto de provocación por parte del Gobierno Nacional para que se viva un ambiente alteración y así afectar las elecciones, de ahí la necesidad de exigir garantías plenas tanto para el día 19 de junio como para el respeto a la protesta social.
¿Cómo garantizar el ejercicio democrático seguro y transparente?
El Plan Democracia anunciado por el presidente Iván Duque tiene como objetivo garantizar el pleno cumplimiento de la jornada electoral. Por consiguiente es de gran importancia que:
La Fiscalía brinde plena garantía jurídica a los y las manifestantes que participaron en el marco del Paro Nacional de 2021 y que hoy se encuentran siendo investigados, respetando las veedurías y el papel que cumplen los defensores y las defensoras jurídicas y de derechos humanos.
El presidente Iván Duque le garantice a las personas tanto individual como colectivamente su derecho a la protesta pública y pacífica en lo que resta del periodo de gobierno.
La Fuerza Pública atienda las alertas generadas por la Defensoría del Pueblo, dado que son casi 300 municipios que se encuentran en riesgo alto y extremo por posible accionar de grupos armados, alerta en la que instan al Estado colombiano a tomar medidas de seguridad urgentes y así evitar afectaciones a la vida e integridad de las personas el próximo 19 de junio.
La Registraduría Nacional, en cabeza del registrador Alexander Vega, permita la auditoría al software electoral que algunos sectores políticos han exigido desde la primera vuelta presidencial, en aras de responder al principio de transparencia y fortalecimiento de la democracia.
De no responder de manera oportuna a las alertas que han generado las organizaciones sociales y los órganos de control de cara a la jornada electoral del domingo 19 de junio, el país se enfrentaría a unas elecciones altamente cuestionadas por falta de transparencia, afectando directamente la legitimidad de la institucionalidad, así como la participación directa en los territorios por las condiciones de seguridad, y un continuo debilitamiento de la democracia en materia de derechos sociales y políticos.