Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
Fotos tomadas de: RTVC noticias y W Radio
En medio de las últimas tensiones legislativas, las investigaciones judiciales de su campaña y los rumores de desestabilización, el presidente Gustavo Petro ha elevado el tono de sus advertencias sobre un presunto "golpe de Estado" en su contra, llegando incluso a denunciar un supuesto plan para atentar contra su vida. También señaló a ciertos sectores tradicionales del poder, tanto políticos como económicos, de orquestar un plan que busca sacarlo de la presidencia, una acusación que ha resonado en cada una de sus intervenciones públicas desde la semana pasada.
Este escenario de confrontación ha complicado las ya de por sí difíciles relaciones entre el ejecutivo y el legislativo. El discurso de un "golpe blando", que ha ganado fuerza dentro del gobierno, ha servido como marco para que Petro movilice nuevamente a sus bases sociales, apelando a la legitimidad popular frente a lo que él y sus aliados ven como una amenaza a la continuidad de su mandato.
La “nefanda noche septembrina” de Gustavo Petro
“Ponen el billete a ver si Petro desaparece en diciembre, se los voy a decir: con el dinero que ponen compraron dos volquetas, y la idea que tienen es llenarla de dinamita y explosivos, y con información interna de mis rutinas, hacer volar la volqueta a mi paso”. Estas fueron las palabras de Gustavo Petro, en medio del discurso que dio en el marco de la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, convocada por los principales sindicatos y las bases sociales del progresismo.
El discurso del potencial “golpe de Estado” viene gestándose desde la ruptura de la coalición de Gobierno y el primer remezón ministerial, a finales de abril de 2023. Allí, Petro denunció la posibilidad de que desde las altas cortes y el legislativo estuvieran pensando en un lawfare como alternativa para sacarlo del poder, en medio de las investigaciones alrededor del caso Laura Sarabia, que pronto salpicaron a Armando Benedetti y a la campaña “Petro Presidente” de 2022, y que tuvieron efecto en la apertura de una investigación dentro de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, tras varias denuncias presentadas por congresistas de la oposición.
No obstante, ya desde marzo de 2023 Ernesto Samper le había dicho al presidente sobre la posibilidad de que las instituciones buscaran generar las condiciones para dar un “golpe de Estado pasivo”, en la que buscarían afectar la matriz de información, junto con la desestabilización económica y el descrédito de la comunidad internacional cuyo efecto terminaría en una guerra jurídica que terminara sacando al presidente sin afectar la legitimidad de las instituciones y la integridad del Estado.
A partir de allí, Petro ha azuzado la posibilidad de que las instituciones estén buscando formas de sacarlo de la presidencia, en connivencia con los grandes medios de comunicación, los partidos políticos y las élites económicas del país. El 11 de mayo, en medio de una de las manifestaciones de la oposición de derechas, emergió el rumor que de un grupo de retirados del ejército se estaba cocinando un presunto golpe contra el gobierno, luego de que uno de los antiguos directores de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore) dijo en W Radio que indicó la posibilidad de “defenestrar” al presidente como se había realizado contra Pedro Castillo en Perú.
Luego, para el 9 de junio de 2023 Petro denunció una tesis muy similar a la que expuso la semana pasada en varios discursos en todo el país, en la que aseveró que la idea es llevarlo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara para investigarlo, juzgarlo y posteriormente poner al próximo presidente que tuviera el Congreso en esa legislatura.
Tras el inicio de la segunda legislatura, el gobierno abandonó el discurso del golpe blando y se concentró en tratar de construir su idea de “Acuerdo Nacional”, que poco a poco se fue decantando en el Congreso, especialmente frente a la batalla legislativa que la oposición y el gobierno sostuvieron para mover las reformas, que corrieron el riesgo de quedarse estancadas.
El foco posteriormente pasó de la disputa legislativa a los rifirrafes que hubo durante los meses finales de la Fiscalía de Francisco Barbosa, especialmente ante la posibilidad de que la entonces vicefiscal Martha Mancera terminara sucediendo a Barbosa como fiscal interina hasta que la Corte Suprema decidiera votar por alguna de las tres candidatas ternadas del gobierno. Este llamado a un potencial “golpe de Estado” terminó con una manifestación en las inmediaciones del Palacio de Justicia el 8 de febrero de este año, día en el que se reunía la corte para iniciar sus deliberaciones, y en la que algunos de los protestantes intentaron ingresar al edificio, lo que desató un enfrentamiento con la UNDMO.
Finalmente, el discurso de un “golpe blando” comenzó a tomar fuerza de nuevo, luego de que Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), radicaron una ponencia el 8 de mayo en la que piden que se abra una investigación contra la campaña “Petro Presidente 2022” por irregularidades en la financiación que llevaron a superar el tope de gastos establecidos por la ley electoral colombiana.
Ya el 1 de mayo pasado el gobierno denunciaba que denunciar irregularidades en la financiación de su campaña era una manifestación de que se prepara un golpe de Estado en su contra, al igual que el llamado de la Corte Suprema contra los 20 senadores del Pacto Histórico por presuntas irregularidades en su campaña al Congreso.
Esta tesis volvió a tomar fuerza de nuevo con la posibilidad de que los magistrados del Consejo Nacional Electoral voten la ponencia de Prada y Ortiz, y también abran otras investigaciones hacia la campaña, como la propuesta por el magistrado Alfonso Campo, que busca acusar a la campaña de proselitismo extemporáneo. Ayer 17 de septiembre finalmente no se votó, se rotó de nuevo la ponencia y se agendó una nueva sesión para el 30 de septiembre.
Mientras tanto, el gobierno, en un arranque frenético que no se observaba desde abril de 2023, quemó sus últimos barcos al acusar al establecimiento político y económico del país de querer matarlo, aumentando en gravedad su discurso e indicando que existe un desespero en las altas esferas de las élites en el país por sacarlo de cualquier modo.
Los “Santos Óleos” al Acuerdo Nacional
La principal apuesta que tenía el gobierno Petro con la llegada de Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior era calmar las aguas a nivel político, para tender los puentes entre el Congreso y el Ejecutivo y destrabar la agenda legislativa, que en la segunda legislatura dejó al gobierno con unas de cal (la aprobada Reforma Pensional) y otras de arena (la Reforma a la Salud tumbada en Comisión Séptima de Senado).
En un principio, la labor de Cristo logró los suficientes consensos como para que el gobierno se bajara de la idea de realizar un fast-track para aprobar en tiempo récord su agenda legislativa (idea a la cual el Congreso no iba a apoyar) y para disminuir la idea de que, si no se aprobaban las reformas, lanzaría una Asamblea Nacional Constituyente que incluyera la mayoría de los puntos fundamentales de su agenda legislativa en una nueva carta magna (que igual es distinta a la idea de poder constituyente).
Además, Cristo logró materializar la propuesta del gobierno de relanzar un Acuerdo Nacional por las reformas sociales, al reducir la agenda legislativa a 8 proyectos fundamentales, junto con la negociación de los articulados de esos proyectos con la mayoría de los partidos con representación parlamentaria antes de radicarlos.
No obstante, en menos de 2 semanas las tensiones entre el legislativo y el ejecutivo por definir la aprobación del presupuesto nacional, que viene desfinanciado por 12 billones de pesos (según los gremios empresariales y algunos congresistas como Angélica Lozano, la cifra puede ser de más de 26 billones de pesos), la respuesta del gobierno ante aquel hueco lanzando una nueva reforma tributaria —a la que el Congreso se ha negado a apoyar—, junto con la posibilidad de que se abra una investigación contra la campaña “Petro Presidente 2022” en el CNE, y tras un paro camionero que varios sectores del progresismo denunciaron que fue impulsado por la oposición de derechas y los grandes gremios empresariales del transporte, el gobierno respondió de manera radical pateando el tablero político.
La acusación de que presuntamente el presidente del Senado, Efraín Cepeda, busca quedarse con el poder tras un golpe de Estado, las presuntas denuncias de la DEA y de los Estados Unidos sobre un posible “magnicidio”, la temporalidad de 3 meses que señala para que se ejecute aquel golpe y el hincapié sobre que busca que se instale una narrativa de una destitución han mermado la confianza existente con el Congreso, lo que pone presión no solo sobre las apuestas legislativas del gobierno —que publicamos en esta historia y que, en su mayoría, aún no han iniciado su trámite—, sino sobre la posibilidad de que exista un bloqueo político, riesgo que se había consumado parcialmente desde mediados de 2023.
Esta vez, aquel riesgo de un bloqueo puede devenir del roce entre el Senado y la Cámara de Representantes, luego de que el Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara, le pidiera a Cepeda bajarle el tono a la confrontación política con el gobierno y evitara ponerse en el papel de buscar votos para un bloque político u otro. Esto, luego de que Cepeda indicara que tenía los votos para impedir cualquier intento de reforma tributaria en el Senado, y de hacer rueda de medios la semana pasada señalándole al gobierno de que el Congreso es independiente y autónomo del Ejecutivo.
Según El Espectador, esta postura mucho más moderada de Salamanca —quien terminó siendo elegido por la mayoría de la Cámara como su presidente y recibió el apoyo del gobierno frente a la candidatura de Katherine Miranda— es la que defiende el gobierno y la que ha llevado a que enuncie que, por ejemplo, fueron las comisiones económicas de Senado las que impidieron que se aprobara el presupuesto la semana anterior.
La discusión de la Reforma Laboral, junto con el trámite de los próximos proyectos de ley, debe denotar si el Acuerdo Nacional y la apuesta de Cristo para mover la agenda legislativa del gobierno pueden reponerse de esta crisis política, o si ya tiene acta de defunción.
La radicalización democrática: de nuevo, el gobierno busca las calles
Como respuesta ante el discurso del “golpe de Estado” y el “golpe blando”, el gobierno volvió a apelar a sus bases políticas y sociales como trinchera, buscando recomponer una relación que venía desgastándose desde mediados de 2023 y que, para mayo de 2024, como lo señalamos en este artículo, tenía a varios sectores —como el movimiento estudiantil, los colectivos feministas y las juventudes— distantes frente al núcleo de apoyo del presidente, que se concentra en los grandes sindicatos, los movimientos campesinos e indígenas y dos estructuras: el Comité Nacional para el Cambio (herederos del Comité Nacional del Paro de 2021), y el colectivo de Activistas del Cambio.
Asimismo, las bases internas del progresismo también habían tenido fuertes tensiones hace menos de un mes, a finales de agosto, cuando hubo varios choques, rifirrafes y disputas entre ciertos sectores políticos de la Colombia Humana, en el marco de la Asamblea de ese partido que terminó con la elección de Gloria Flórez como presidenta y la aprobación de la unión de la Colombia Humana al potencial partido del Pacto Histórico, historia que también analizamos aquí.
La convocatoria a esta Asamblea Nacional y Popular por las Reformas Sociales ya había sido objeto de controversia, pues inicialmente estaba proyectada para realizarse el 20 de julio, el mismo día de la instalación del Congreso. Sin embargo, se corrió para no generar suspicacias sobre una supuesta presión del gobierno hacia el legislativo.
Aunque no fue una convocatoria directa del ejecutivo, sí fue organizada por los movimientos sociales y algunas de las figuras políticas que componen al Pacto Histórico. La idea, según Gloria Flórez, es que estas asambleas populares terminen canalizando los diferentes intentos organizativos anteriores convocados por el gobierno para consolidar sus bases políticas y también se vuelvan en los principales escenarios de rendición de cuentas del gobierno.
Aun así, la presencia de figuras como Alexander López, María José Pizarro, David Racero y Daniel Quintero habla de que esta plataforma será uno de los principales escenarios donde las figuras presidenciables del Pacto Histórico buscarán consolidarse como potenciales precandidatos hacia el futuro. En parte, el ejercicio de rendición de cuentas podría buscar perfilarlos internamente ante un escenario de consulta futura para elegir a un candidato hacia 2026.
No obstante, las proyecciones de la Asamblea no fueron tan lejos, pues tuvieron sus ojos concentrados en la marcha del 19 de septiembre, la primera en este semestre que pretende inaugurar un nuevo ciclo de manifestaciones populares que “rodeen al poder”, tal como lo indicó el presidente Petro a los más de 1000 asistentes a esta Asamblea en la Concha Acústica de la Universidad Nacional.
Aunque esta marcha ya había sido anunciada como apoyo a la reforma tributaria, luego de que varios congresistas opositores la denunciaran ante la Corte Constitucional —se llama “La Marcha de las Canas”—, está claro que con las denuncias del presidente de un potencial “golpe de Estado”, la marcha será la respuesta del gobierno en las calles a la investigación que ya cursa en la Comisión de Acusaciones en su contra (que se reactivó la semana pasada), ante la posibilidad de que en dos semanas se vote finalmente la ponencia de investigación a su campaña en el CNE, y ante el riesgo de un bloqueo político parcial en el legislativo.
La fuerza de esa manifestación puede mostrar si estas asambleas funcionaron para que el gobierno volviera a estrechar sus lazos con sus bases, y si la radicalización democrática tiene suficiente fuerza para sostenerse en un escenario político mucho más adverso, especialmente si el gobierno sigue teniendo el impulso para sacar a una movilización social desgastada a las calles.
Sin embargo, las bases llaman a que esa radicalización democrática se materialice en nuevas Coordinadoras por el Cambio a nivel local, con capacidad de articulación, así como el llamado a nuevas manifestaciones en octubre y noviembre de este año, junto con el reconocimiento de que existen brechas entre el gobierno nacional y sus bases, además de pedir al gobierno que amplíe los escenarios de negociación de su Acuerdo Nacional con la presencia de estas bases allí.
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