Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
La firma del Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Farc prometió tranquilidad a las regiones más golpeadas por el conflicto armado, había esperanza por parte del campesinado, de los líderes y lideresas sociales, así como de los defensores de la paz que no han vivido la guerra de cerca. Sin embargo, las dinámicas de violencia sobre todo en las zonas más apartadas muestran otra realidad.
Uno de los temas más preocupantes es el asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos. Según el Sistema de Información-SIPARES de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, desde noviembre de 2016 hasta el mes de junio de 2019 han sido asesinados 270.
A partir del 2017 cuando los excombatientes empezaron su caminata hacia las zonas veredales transitorias para el desarme y la reincorporación a la vida civil, más de 200 municipios que históricamente había ocupado y en los cuales tenían el control total quedaron libres y sin institucionalidad.
Así las cosas, se esperaba que el Estado llegara y no solamente con un pie de fuerza, pero en algunas de las zonas ni siquiera llegó de esta manera; ahora los los líderes y lideresas sociales están siendo objeto de amenazas y asesinatos, debido a, su participación en los proyectos surgidos del pacto para promover el desarrollo regional e impulsar propuestas asociadas a la construcción de paz.
Sellado el Acuerdo y con los excombatientes en las zonas de desarme, en Colombia empezaron a bajar los índices de homicidio, pero para infortuna de los líderes y lideresas, los hechos victimizantes se dispararon victimizantes en su contra.
Antioquia, la región más golpeada
En ese sentido, en el año 2017 se registraron 111 asesinatos contra líderes y lideresas sociales, los cuales se concentraron sobre todo en los departamentos del Cauca (15), Antioquia (14), Chocó (12), Nariño (11) y Valle del Cauca (8).
Sin embargo, en gran parte de los casos no se pudo determinar el grupo responsable y es por eso que la categoría de actor armado no identificado agrupa la mayor cantidad de víctimas, seguida por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) como los segundos responsables de estos hechos.
Asimismo, las cifras expresan que el tipo de líder más afectado es el líder de Junta de Acción Comunal (JAL), seguido del líder indígena, y del campesino. Ahora bien, en el primer semestre de ese mismo año se presentaron 56 asesinatos selectivos.
Ya en lo corrido del 2018 se registraron 106 asesinatos contra los defensores y defensoras, pero la región más afectada ese año fue la de Antioquia con 24 casos, y de segundo pasó Cauca con 18. Los nuevos departamentos que se adhirieron a esta lamentable cifra fueron los de Norte de Santander (12), Nariño (8) y Chocó (7).
Al igual que el anterior año expuesto, los perfiles de las personas más afectadas se mantuvieron, y el actor armado no identificado también como responsable. Ahora bien, en el mismo periodo del primer semestre de 2018 se presentaron 54 asesinatos, que si se compara con el mismo periodo de 2017 se puede deducir que disminuyó el asesinato en un 4%.
Cabe destacar que, pese a la pequeña disminución, no significa una tendencia a la baja de este fenómeno, sino que puede corresponder a un momento en el que un grupo armado mitigó los enfrentamientos a razón de que otro logró controlar el territorio.
ELN Y AGC
Tras la salida de las Farc de la contienda territorial, El Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla del país; y las Autodefensas Unidas de Colombia (AGC), creadas tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mantienen una confrontación constante para ganar y controlar las zonas estratégicas de producción o comercialización de la droga.
Un caso en particular es lo que ocurre en las zonas del bajo Cauca antioqueño y el Nudo de Paramillo donde las AGC o Clan del Golfo están disputándose todo el control, sin embargo, investigadores en la zona han señalado que dicha guerra la están ganando las AGC.
Y es que estos enfrentamientos afectan directamente a la población y tal como ha registrado Pares, en el último año se han incrementado los hechos victimizantes a manos de estos dos grupos armados ilegales.
Por ejemplo, el último semestre del presente año, se han registrado 40 asesinatos de líderes y lideresas sociales; y Antioquia, sigue siendo el departamento más afectado con 8 asesinatos, seguido por Cauca con 7, Nariño (6) y Caquetá (4).
Y aunque se percibe una leve disminución en cada uno de los tres periodos planteados desde 2017 al 2019, esto no indica que a lo largo del año pueda seguir bajando la tasa, sino que hay estructuras que se están reacomodando, y en ese sentido, podrían disminuirse los asesinatos ya que la comunidad y quienes lideran estos espacios se ven inmersos en un proceso de sometimiento.
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