Por: Redacción Pares
Los Yanomamis son el pueblo aislado indígena más numerosos de América del Sur. Viven en Brasil y en Venezuela. En este último país corren peligro. Ellos viven en la reserva de la Biosfera del Alto Orinoco-Casiquiare. 8.2 millones de hectáreas. Un santuario natural que sólo fue profanado por el hombre en 1940, cuando los Yanomamis por primera vez entraron en contacto con la gente blanca. Sus costumbres se empezaron a ver afectadas. Pero nadie podría imaginar lo que vendría en el 2016 cuando se puso en marcha el Arco Minero del Orinoco.
El pasado 9 de julio, en un hecho histórico, la CIDH concedió a las siguientes ONG: Provea, el Programa de Promoción de los Derechos Indígenas en la Amazonía Venezolana (WAYAMOUTHERI), el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes, Horonami Organización Yanomami, y el Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA), hicieron una valiente denuncia de lo que está pasando en la Venezuela de Maduro.
Un decreto de estado ayudó a que se impulsara la minería en un área de más de 112.000 km cuadrados en el estado de Bolivar. Poco importó, en ese año 2016, que existieran figuras de protección ambiental en ese territorio. En la Venezuela de Maduro la ley está para tumbarla, como los mismos árboles. Allí habitaban 14 pueblos, entre los que se cuentan los Yanomami, que no fueron sometidos a consulta. No hubo estudios de impacto ambiental, ni sociocultural. Las máquinas aparecieron como monstruos mitológicos. Se metieron bien adentro del Amazonas, en donde supuestamente respira el planeta.
Esto viola el estatuto de Roma y pone en riesgo no sólo a Venezuela sino a todo el mundo. Las ONG mencionadas están estudiando la posibilidad de, cobijadas bajo el Estatuto de Roma, analizar los crímenes contra el medioambiente en el régimen de Maduro como crímenes perseguibles internacionalmente.
Al genocidio cultural estas culturas indígenas están expuestas a la violencia de los grupos armados y hasta del mismo ejército. Las masacres se suceden, sobre todo en el municipio de la Gran Sabana. A los indígenas ubicados en poblaciones como San Martín de Turumbán, San Luis de Morichal y la Paragua, en el estado de Bolívar, no les ha quedado de otra que crear Guardias Territoriales, para ejercer la vigilancia y protección del territorio, frente a los ataques armados y ocupaciones ilegales por parte de terceros no indígenas.
Adportas de una nueva elección duele que se confirme que los militares venezolanos estén apoyando a mineros ilegales armados en vez de estar defendiendo a los indígenas. Según la documentación que ha realizado Provea, entre los años 2011 y 2023 fueron asesinados 68 indígenas pertenecientes a los pueblos Pemón, Warao, Jivi, Yukpa, Yanomami, Piaroa, Wayúu, Ye’kwana, Kurripako, Puinave y Baniva. Estos asesinatos han sido perpetrados por agentes de la fuerza pública y actores no estatales -incluyendo presuntos miembros de disidencias de las FARC y el ELN-, en diversos conflictos que se han desarrollado en territorios indígenas bajo control militar o disputados por gobernanzas criminales. Un 44% de los asesinatos de indígenas han ocurrido en manos de los entes militares y policiales del propio Estado, siendo los perpetradores con mayor incidencia. Amazonas es el estado con el mayor número de casos, donde han ocurrido 18 asesinatos de indígenas, seguido de Bolívar y Zulia, donde ocurrieron 16 en cada uno.
Como hemos informado desde Pares y Provea, uno de los golpes más duros que han sufrido los indígenas Piaroa es el asesinato de uno de sus líderes más destacados, Virgilio Trujillo, cuya muerte ya cumple dos años.
En una muestra de valentía, Inti Rodríguez de Provea, remató su intervención ante la CIDH poniendo en primer lugar a los indígenas y alertando sobre el peligro que corren en la Venezuela de Maduro: Finalmente, destacamos que, los pueblos indígenas se encuentran en una situación de total indefensión ante esta situación. Las organizaciones indígenas han realizado las denuncias correspondientes ante las instituciones competentes, incluyendo la Fiscalía General, sin obtener respuesta. Destacamos que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, han expresado su preocupación por la falta de garantías por parte del Estado venezolano en el respeto de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. Instamos a la CIDH a unirse a estas voces internacionales que condenan las violaciones a derechos humanos en contra de los pueblos indígenas en esta zona del país y exigen el pleno respeto a sus derechos internacionalmente reconocidos.