Por: Katerin Erazo, Periodista
Foto tomada de: Ambito Juridico
Este 20 de junio ha marcado un hito significativo en la legislatura colombiana con la aprobación de la ley estatutaria de jurisdicción agraria en el Congreso de la República. Este proyecto, fundamental para el Gobierno Nacional, busca asegurar una distribución más equitativa y justa de la tierra, protegiendo los derechos de los campesinos y las comunidades rurales.
Uno de los aspectos destacados de esta ley es la creación de jueces especializados encargados de resolver disputas y aplicar el derecho vigente, específicamente diseñado para salvaguardar la propiedad rural. Esta medida ha sido bien recibida dentro del ámbito legislativo, destacando el compromiso por parte del Gobierno en buscar justicia para los sectores rurales del país.
La legislación, que será incorporada en la Constitución, establece la creación de juzgados de circuito, Tribunales Agrarios y Rurales, así como Centros de Servicios Judiciales y Administrativos, que trabajarán en apoyo a los jueces y tribunales agrarios. Además, define el proceso de selección y los requisitos para los jueces que desempeñarán funciones en estos nuevos organismos judiciales.
"Este proyecto tiene como objetivo primordial proteger la propiedad rural sin ninguna disposición relacionada con la expropiación. Es una medida que busca fortalecer nuestra estructura judicial para garantizar acceso equitativo a la justicia agraria", explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, durante el debate legislativo.
La importancia de esta ley radica también en su papel crucial en la implementación del Acuerdo de Paz, siendo el único proyecto que materializa este compromiso. Se espera que los nuevos jueces de tierras contribuyan significativamente a resolver conflictos históricos en torno a la tenencia de la tierra, proporcionando un marco legal claro y accesible para los campesinos y comunidades rurales que han carecido de justicia agraria durante mucho tiempo.
Tras la aprobación en el Congreso, diversas figuras políticas han expresado su apoyo y satisfacción. Humberto de la Calle, ex negociador de paz, destacó la importancia de que el proyecto no solo haya pasado el umbral requerido, sino que haya sido respaldado con un amplio consenso. "Esto envía un mensaje claro al Gobierno Nacional sobre la necesidad de diálogo y debate constructivo para el beneficio de todos los colombianos", mencionó De la Calle en sus declaraciones.
Por su parte, la Senadora Sandra Ramírez subrayó en redes sociales la aprobación del proyecto de ley durante la conciliación de la Jurisdicción Agraria y Rural, destacando los votos mayoritarios a favor. El siguiente paso, según Ramírez, será la implementación efectiva de un tribunal especializado para abordar los problemas de tierras con los campesinos.
Con esta aprobación, solo resta la sanción presidencial para que la ley estatutaria entre en plena vigencia. El gobierno de Gustavo Petro ha manifestado un claro interés en dar celeridad a este proceso, subrayando su compromiso con la justicia agraria como parte integral de sus políticas.
Finalmente, la conclusión de este proceso legislativo podría estar marcando el inicio de una nueva etapa para la jurisdicción agraria en Colombia, con la promesa de futuras leyes ordinarias que complementarán este marco legal recién establecido.