Por: Katerin Erazo, Periodista
El Congreso de la República aprobó esta semana el proyecto legislativo que establece la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia. Con un contundente respaldo de 76 votos a favor y solo dos en contra, el Senado dio su aprobación en octavo debate a este acto legislativo, que modifica la Constitución para implementar una justicia especializada en asuntos agrarios y de tierras.
Este proyecto, que surge como resultado del primer punto del Acuerdo de Paz firmado en 2016, tiene como objetivo principal saldar la deuda histórica que el Estado Colombiano tiene con el campesinado, que ha sido una de las principales víctimas del conflicto armado en el país.
La aprobación de este proyecto en el Congreso, luego de haber pasado por ocho debates, representa un significativo avance en la implementación de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz. Es importante destacar que se logró la conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes, donde se unificaron los textos aprobados en un solo texto para que pase a sanción presidencial.
El proyecto legislativo introduce una jurisdicción agraria y rural encargada de administrar justicia, lo cual implica una modificación al artículo 116 de la Constitución. Sin embargo, es importante aclarar que este proyecto no implica la creación de una nueva corte, sino que se mantienen las funciones existentes de las cortes en relación a la resolución de conflictos, investigaciones de tierras y destituciones de propiedades. Además, redistribuye las nuevas funciones que dejó el acto legislativo a Corte Suprema y Consejo de Estado.
Una vez sancionada, la Jurisdicción Agraria y Rural será responsable de resolver los litigios relacionados con temas de tierras y asuntos agrarios. Esto supone un hito significativo para el reconocimiento y la protección de los derechos de los campesinos, así como para promover la igualdad con un enfoque de género, etario y territorial.
Cristian López, asesor del Ministerio de Justicia, afirmó a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que la aprobación de la Jurisdicción Agraria y Rural representa un cumplimiento por parte del Gobierno Nacional hacia el movimiento campesino. Además, destacó que esta medida honra los compromisos adquiridos por el Estado Colombiano en el Acuerdo Final de Paz (2016) y cumple con las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU288 de 2022.
En cuanto a su implementación, López mencionó que esta jurisdicción implica que las comunidades rurales y campesinas del país contarán, por disposición constitucional, con acceso a una justicia especializada en derecho agrario. Esto permitirá abordar de manera adecuada la especificidad y singularidad de los asuntos agrarios y rurales en Colombia. Asimismo, señaló que la Jurisdicción Agraria refuerza el compromiso del Estado para consolidar y unificar la jurisprudencia especializada en derecho agrario, facilitando la resolución pacífica de conflictos y brindando una mejor administración de justicia para las comunidades campesinas y los habitantes de las zonas rurales.
Los conflictos de naturaleza agraria y rural han sido una parte central del conflicto armado en Colombia. Por lo tanto, uno de los principales objetivos de la Jurisdicción Agraria, según López, será contribuir a la construcción de la paz a través del acceso a la justicia, la seguridad jurídica en las zonas rurales y la protección de los derechos de las comunidades campesinas. La creación de una jurisdicción especializada en derecho agrario es un paso fundamental para alcanzar estos propósitos.
En términos más concretos, el objetivo de esta nueva jurisdicción es establecer una infraestructura judicial sólida en el campo colombiano, con la capacidad de resolver de manera integral los asuntos relacionados con la agricultura y la ruralidad. Esto se logrará mediante el uso de criterios, principios y procedimientos propios del derecho agrario. El resultado esperado es una administración de justicia ágil y eficiente, con una presencia robusta a nivel territorial y plena comprensión de las particularidades que involucran los conflictos en el ámbito rural y agrario.
La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, destacó la importancia de esta ley para solucionar las crisis que Colombia ha enfrentado durante años en torno a la tenencia de la tierra. Se estima que más del 60% de las personas que poseen tierras en zonas rurales lo hacen de manera informal, lo que genera una gran inseguridad jurídica. Con la Jurisdicción Agraria, se espera brindar seguridad jurídica en la propiedad de la tierra y resolver los conflictos de manera rápida y efectiva.
Se espera que esta jurisdicción contribuya significativamente a la resolución de los conflictos de tierras en las zonas rurales. Cristián López hizo énfasis en que, en primer lugar, es importante recordar que hasta ahora los conflictos agrarios de naturaleza civil eran tratados por jueces civiles que tenían que lidiar con numerosos casos distintos a los de índole agraria o rural. Esto, en muchas ocasiones, resultaba en demoras en la atención oportuna de los conflictos y en el uso de criterios del derecho civil tradicional para resolver asuntos que requieren un conocimiento especializado en derecho agrario.
Además, la singularidad de los asuntos agrarios y rurales implicaba que un mismo predio pudiera estar involucrado en conflictos que, hasta ahora, requerían la intervención de dos jurisdicciones distintas: la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Esto a menudo conducía a interpretaciones divergentes por parte de ambas jurisdicciones y a la superación de plazos razonables para resolver los conflictos en su totalidad, a pesar de los esfuerzos de la Rama Judicial.
Con base en estas consideraciones, López mencionó que se espera que la Jurisdicción Agraria y Rural contribuya a la solución de los conflictos de tierras en las zonas rurales a través de los siguientes aspectos: el establecimiento de una sólida infraestructura judicial especializada en asuntos agrarios y rurales a nivel territorial en Colombia; la designación de jueces con dedicación exclusiva para resolver los asuntos agrarios y rurales, lo que promoverá una administración de justicia más ágil para el campo; la resolución de los conflictos agrarios y rurales utilizando criterios, principios y procedimientos propios del derecho agrario, lo cual garantiza una administración de justicia comprensiva de la singularidad de estos conflictos; y la consolidación de jurisprudencia y precedentes especializados en materia agraria y rural, lo que contribuirá a definir un marco legal sólido en los asuntos de referencia.
Cabe señalar que el proyecto establece que el Consejo Superior de la Judicatura será responsable de implementar gradualmente la ejecución de este acto legislativo, lo cual incluye la creación de tribunales y juzgados agrarios y rurales. Estos espacios de justicia agraria tendrán un enfoque prioritario en las zonas rurales y dispersas, conocidas como PDET, y recibirán recursos gubernamentales para su adecuada implementación.
Con la aprobación de este proyecto legislativo, se da un paso adelante en el fortalecimiento del sistema judicial y en la garantía de acceso a la justicia para todos los ciudadanos, especialmente aquellos que se dedican a la agricultura y enfrentan desafíos relacionados con la tierra. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, enfatizó que esta medida es fundamental en el proceso de construcción de la paz, ya que gran parte del conflicto colombiano ha estado ligado a la cuestión de la tierra.
Es importante destacar el respaldo recibido por parte de la Agencia Nacional Campesina, que considera que este proyecto de ley salda la deuda histórica que el Estado ha tenido con el campesinado. Como principal víctima del conflicto armado, el campesinado ha sufrido desplazamientos forzados, despojo de tierras y violencia, por lo que esta medida representa un avance significativo en el reconocimiento de sus derechos y en la búsqueda de justicia.
Según dicha Agencia, entre 1958 y 2019, al menos unos 7 millones de campesinos y campesinas han sido víctimas del conflicto, al igual que unos 6 millones de hectáreas fueron despojadas o abandonadas de manera forzada.
La Jurisdicción Agraria y Rural no solo se enfocará en la resolución de conflictos, sino que también buscará promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, tanto de manera individual como asociativa. Además, se establecerá un trazador presupuestal para hacer seguimiento al gasto e inversión destinados a la población campesina en las zonas rurales y rurales dispersas. Esto permitirá un mejor direccionamiento de los recursos para satisfacer las necesidades de las comunidades campesinas.
Con la conciliación y la sanción presidencial por venir, la implementación efectiva de esta ley será un hito trascendental en la consolidación de la paz y la justicia social en Colombia. La Jurisdicción Agraria y Rural abre un camino hacia la reparación y el reconocimiento de los derechos de los campesinos, quienes han sido fundamentales en la historia y el desarrollo del país.
Por último, es importante resaltar que, según destacó Cristian López, asesor del Ministerio de Justicia, la reforma constitucional establece en su artículo 3° que el Consejo Superior de la Judicatura llevará a cabo la implementación gradual y progresiva de los Juzgados y Tribunales Agrarios y Rurales en un plazo máximo de seis (6) meses posteriores a la aprobación del Acto Legislativo. Es fundamental destacar que esta implementación se realizará sin perjuicio de lo que la ley que desarrollará la Jurisdicción Agraria y Rural establezca. De esta manera, se busca garantizar una pronta puesta en marcha de la nueva jurisdicción especializada en asuntos agrarios y rurales, brindando un marco temporal definido para su establecimiento y funcionamiento eficiente.