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Diversas organizaciones sociales y populares, eclesiales, religiones y espiritualidades, de defensores de Derechos Humanos, étnicas, de mujeres, sindicales y políticas hacen un llamamiento a la sociedad en general para construir una Mesa Social para la Paz que contribuya a la solución del conflicto social, político y armado. Invitamos a todos quienes estén interesados en la construcción de la paz y la democracia a dar forma a esta iniciativa.
Este llamado surge según los convocantes a este espacio, “ante la necesidad y posibilidad de que Colombia profundice la democracia”. Para que ello se haga realidad, el país requiere una amplia reforma política cuyos componentes esenciales son la realización de los derechos sociales y económicos de la población, la superación de la inequidad social y la adopción de transformaciones institucionales y culturales que rompan el largo ciclo de la violencia y la intolerancia políticas que hemos vivido. Esos imperativos solo podrán materializarse con la participación directa, vinculante y decisoria de la sociedad y el compromiso de los actores claves del país.
“Nos encontramos en un momento clave para resolver algunos de los conflictos del país, en tanto se desarrollan diálogos entre el gobierno y las insurgencias para terminar el conflicto armado, cuyo éxito depende en gran medida de la realización de transformaciones estructurales. Pero, justo en este proceso se corrobora que su principal debilidad es la escasa participación de la sociedad. Todos hemos resentido esta carencia y reconocido que la participación ciudadana es determinante para darle el impulso que requiere el proceso con las FARC en La Habana, posibilitar los diálogos públicos que se avecinan con el ELN y potenciar los agentes sociales que lideren transformaciones hacia una paz con justicia social”, dicen las organizaciones en su comunicado.
Quienes integran este llamado consideran a las regiones como eslabón determinante para la construcción de una paz estable y duradera en un escenario de posconflicto tras la eventual firma de un acuerdo final entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc en La Habana, por lo cual se plantea la necesidad de generar espacios de debate sobre temas urgentes que podrían quedar por fuera de la mesa de diálogos de La Habana.
En la búsqueda de este propósito, los convocantes consideran que es el momento de formalizar un espacio de diálogo y negociación nacional por la paz y la democracia que han llamado Mesa Social para la Paz. Se trata de un escenario donde se encuentren cara a cara el movimiento social popular y los poderes institucionales y económicos para debatir sobre los problemas que aquejan al país, tratando de acordar salidas eficaces a los conflictos sociopolíticos que determinan el conflicto armado y pactar las bases para una sociedad democrática, justa y en paz.
Esta propuesta busca ser un espacio complementario a los diálogos con la insurgencia, en la medida que puede abordar y resolver con legitimidad y consenso social problemáticas que no sean abordadas en la mesa entre el Gobierno Nacional y las FARC, así como ser uno de los escenarios de participación decisoria de la sociedad en la perspectiva que han venido acordando el ELN y el Gobierno Nacional. Sin embargo, serán el gobierno y las insurgencias quienes determinen el alcance práctico que tendrán los acuerdos sociales sobre sus propias negociaciones. La Mesa Social para la Paz deberá tener una permanente interpelación con las insurgencias y el gobierno para concertar esas formas específicas de complementariedad.
Es así como se espera que se desarrolle una negociación autónoma y transformadora entre el movimiento social, el empresariado, la academia, las comunidades basadas en la fe, los partidos políticos y el Gobierno Nacional en perspectiva de construir la paz y avanzar en grandes transformaciones.
De esta iniciativa hacen parte el Congreso de los Pueblos, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT), la Coordinación de Movimientos Sociales de Colombia (Comosoc), la Unión Sindical Obrera de la Industria Petrolera (USO), el Movimiento de Mujeres por la Paz, el Movimiento Social de Discapacidad de Colombia (Mosodic), la Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos y de Industrias, Similares de Colombia (Funtraenergética), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN), el Coordinador Nacional Agrario (CNA), el Movimiento Campesino de Cajibío, la Casa de la Mujer, el Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol) seccional Valle, la Mesa Ecuménica, la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Misioneros Claretianos, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev), la Red de Universidades por la Paz (Red Unipaz), el Movimiento Político de Masas del Centro Oriente Colombiano, la Red de Lucha contra el Hambre y la Pobreza, el Proceso Nacional de Identidad Estudiantil, la Minga Juvenil Nacional, el Tejido Juvenil Transformando a la Sociedad (Tejuntas), la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, el Sindicato Único Nacional de Mototrabajadores (Sumcol), la Corporación Claretiana Nórman Pérez Bello, el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, el Movimiento Político Poder y Unidad Popular (PUP), la Asociación Minga, el Instituto Nacional Sindical (INS), el Observatorio de Movimientos Sociales Suroccidente (Omsapt), Censat Agua Viva, el Colectivo Antonieta Mercury, el Colectivo Profes Nuevos 1278, el Colectivo de la Salud Epitelio, la Corporación Ensayos, Rocaso Estudiantil, la Zona Pública, el Instituto de Investigación Acción en Procesos Educativos y Sociales “Orlando Fals Borda (Iapes –º